ECONOMIA
Pablo Guidotti, ex viceministro de Economía: “Se debe ser más flexible con el tipo de cambio y priorizar el equilibrio fiscal”
El Gobierno cumplió en tiempo y forma con la presentación al Congreso de la Nación de las pautas del Presupuesto de Gastos y Recursos para 2026, las cuales, como era de esperar, proyectan aumentos en ingresos y erogaciones no solo por la nominalidad que caracteriza a una economía aún con alta inflación, sino también por el esperado aumento del PBI.
Más allá de que se trata de una previsión elaborada en los últimos tres meses y, por tanto, no incorpora plenamente los efectos del freno del ritmo de actividad y la volatilidad de los mercados -financiero, cambiario y bursátil- del mensaje del Presupuesto que en apenas 15 minutos sintetizó el presidente Javier Milei por cadena nacional, la señal implícita es que la consolidación del equilibrio fiscal logrado desde el primer día de gobierno permitirá a partir de 2026 trasladar todos los efectos positivos derivados, principalmente a reducir las necesidades insatisfechas de gran parte de la población.
La partida social absorberá el 85% del gasto total y será la que más crecerá por encima de la tasa promedio de inflación del año, proyectada en 14% y en 10% entre extremos del año.
Pablo Guidotti fue secretario de Hacienda y viceministro de Economía de la Nación entre agosto de 1996 y diciembre de 1999. Es profesor pleno en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. En entrevista con Infobae, analiza la denominada “Ley de Leyes” en un contexto en el que, durante los dos primeros años de gestión de Milei, el Poder Ejecutivo no contó con un Presupuesto aprobado, dado que el Congreso se resistió a tratar las propuestas de equilibrio fiscal total y superávit antes del pago de intereses de la deuda.
— ¿Qué le pareció el mensaje del presidente Javier Milei sobre los lineamientos y objetivos del Presupuesto para el próximo año?
— Me pareció un buen mensaje, enfatizando la necesidad de mantener el equilibrio o superávit fiscal hacia el futuro. Haber logrado el equilibrio fiscal en muy poco tiempo es un pilar fundamental del programa económico y contribuye a reducir la volatilidad externa en un contexto político difícil.
“Es importante que la discusión en el ámbito del Congreso sea constructiva y que se mantenga el equilibrio fiscal”
Me parece importante también que el presidente Javier Milei haya enfatizado la introducción de reglas fiscales interesantes en el proyecto de ley, a la vez que anunció aumentos en términos reales en partidas del gasto social como educación, salud y jubilaciones.
Presentar el proyecto de ley de Presupuesto al Congreso es central desde el punto de vista institucional, y sirve para ordenar las distintas demandas de gasto en un contexto fiscal unificado que reconoce las limitaciones que imponen los recursos disponibles. Es importante que la discusión en el ámbito del Congreso sea constructiva y que se mantenga el equilibrio fiscal.
— ¿Cuál es su opinión sobre los supuestos macroeconómicos utilizados en el Presupuesto 2026, especialmente para la autorización de gastos y estimación de los recursos?
— El proceso de elaboración del Presupuesto es un ejercicio complejo que lleva varios meses y, por lo tanto, en un contexto volátil como es el de Argentina, puede que algunas proyecciones macroeconómicas deban sufrir ajustes. En mi opinión, los supuestos macroeconómicos incluidos en el proyecto de ley son razonables, principalmente en lo que respecta a la proyección de los recursos fiscales.
El tipo de cambio de fin de año parece que ha quedado desactualizado comparado con el nivel actual, aunque al final de la discusión lo que importará son las autorizaciones de gasto que el Congreso apruebe.
Dadas esas autorizaciones, la Ley de Administración Financiera otorga al Poder Ejecutivo flexibilidad como para adaptar la ejecución del presupuesto frente a posibles shocks que enfrente la economía argentina, ya sea por motivos externos o domésticos.
— El Congreso ha aprobado recientemente aumentos en partidas destinadas a sectores sensibles. ¿Piensa que el equipo económico debería reconsiderar su meta de superávit fiscal ante este escenario?
— Creo que no se debe abandonar el objetivo del equilibrio fiscal. Está claro que la oposición en el Congreso tiene una postura destituyente y destructiva, tratando de romper el equilibrio fiscal porque sabe que hoy es el ancla del programa económico. Esta postura responde a intereses puramente políticos y tiene como objetivo debilitar al Gobierno antes de las elecciones.
“Está claro que la oposición en el Congreso tiene una postura destituyente y destructiva, tratando de romper el equilibrio fiscal porque sabe que hoy es el ancla del programa económico”
Espero que esa actitud se modifique luego de las elecciones y podamos ver una discusión constructiva del Presupuesto en el Congreso.
— En su análisis, ¿el sector privado podrá, a través del esquema de concesiones del Gobierno, compensar la menor ejecución de obra pública?
— La experiencia internacional con los llamados PPP (Private Public Partnerships) no ha sido muy exitosa. No es fácil lograr estos acuerdos cuando hay volatilidad, riesgo y poco respeto histórico al estado de derecho, y por ende, muchas veces este tipo de contratos termina siendo muy oneroso. Habrá que ser innovativos para que esta idea funcione en la realidad.
— ¿Cuáles son, a su juicio, las fortalezas y debilidades que identificó al analizar las nuevas partidas del gasto público?
— Creo que, en general, el proyecto de ley trata de mejorar partidas del gasto social, como jubilaciones, educación y salud, lo que es sin duda una fortaleza. En este sentido, se hace un esfuerzo por recepcionar demandas de la sociedad en un contexto de recursos limitados.
— ¿Y qué observaciones tiene respecto a la estimación de recursos en el proyecto presentado?
— La estimación de recursos depende mucho de las proyecciones de crecimiento económico e inflación. La proyección de crecimiento está en línea con lo previsto en el programa con el FMI y la proyección de inflación asume un proceso de desinflación importante. Cualquier proyección tiene riesgos.
En el caso de la actividad económica, es importante que luego de las elecciones baje significativamente el índice de riesgo país y que Argentina pueda volver a acceder al mercado internacional de capitales. También es muy importante que disminuya la incertidumbre con respecto al régimen monetario y cambiario y que esto permita que vuelvan a reducirse las tasas de interés domésticas.
— Hay quienes afirman que el programa de estabilización llega “agotado” a las elecciones y requiere ser recalibrado. ¿Comparte este diagnóstico? ¿Qué ajustes sugeriría?
— No comparto el diagnóstico de que el programa de estabilización está agotado. Sí hay que tomar nota que la volatilidad ha aumentado, especialmente desde los resultados de la elección en Provincia de Buenos Aires.
“La mayor volatilidad refleja en parte que el régimen monetario y cambiario se ha tornado más confuso, sin claridad sobre las intervenciones intra-banda y sobre cuál es el agregado monetario o variable que el BCRA ve como el ancla”
La mayor volatilidad refleja en parte que el régimen monetario y cambiario se ha tornado más confuso, sin claridad sobre las intervenciones intra-banda y sobre cuál es el agregado monetario o variable que el BCRA ve como el ancla del sistema. Creo que allí debe poner el énfasis el equipo económico.
También creo que la estrategia de manejo de activos y pasivos externos necesita ser reevaluada con el objetivo puesto en reducir la vulnerabilidad. Es necesario mejorar el manejo de la estructura de madurez (vencimientos) de la deuda doméstica. Son cambios que se pueden hacer dentro del programa actual.
En lo cambiario, el Gobierno debería aceptar más flexibilidad y no debería defender niveles específicos de tipo de cambio. La banda cambiaria debiera indicar que cuando se alcanza el tope el BCRA puede intervenir, pero no necesariamente se compromete a defender que el tipo de cambio no supere el nivel superior.
En mi opinión, el BCRA debe mantener la discreción de decidir cuánto y si interviene dependiendo de la evaluación que haga de la información que tiene en el momento. Hoy todavía da la impresión de que el Gobierno tiene miedo a flotar a pesar de que el tipo de cambio de mercado se haya movido en las últimas semanas.
— A pesar de avances como la eliminación del déficit fiscal, la baja de inflación y el impulso a las inversiones, muchas empresas no muestran mejores expectativas. ¿A qué lo atribuye y qué considera necesario para revertirlo?
— Después de muchos años en los cuales los empresarios se acostumbraron a depender de la protección del Estado, es necesario que, tanto empresarios como los sindicatos, pongan un mayor énfasis en mejorar la productividad y que entiendan mejor los cambios estructurales que experimentará el país a futuro. También es necesario que se avance en reformas estructurales, en particular una modernización de la legislación laboral y una reforma tributaria.
— Se exige al Gobierno construir consensos para avanzar con reformas laborales, impositivas y previsionales en el Congreso. ¿Percibe unidad de criterio entre legisladores, empresarios y economistas? ¿Cómo evitar que el resultado sea un cambio meramente cosmético?
— Lamentablemente, en este momento parece difícil lograr el consenso en el Congreso para avanzar en las reformas estructurales importantes para el crecimiento económico argentino.
“Tanto empresarios como los sindicatos, pongan un mayor énfasis en mejorar la productividad y que entiendan mejor los cambios estructurales que experimentará el país”
Espero que después de las elecciones el Gobierno pueda implementar una estrategia de negociación con la oposición que permita avanzar en las reformas necesarias para lograr un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo.
— Desde su enfoque técnico, ¿qué elementos faltan o deberían incorporarse al Presupuesto 2026?
— Yo incorporaría al Presupuesto un artículo de la Ley Bases Original que se sacó en la discusión parlamentaria. Creo que los títulos públicos en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) deben ser transferidos al Tesoro y cancelados para evitar que la deuda pública bruta sea inflada por esta doble contabilidad.
Hay que entender que por su estatuto el FGS no garantiza nada ni tiene facultades para pagar pensiones o jubilaciones. Es un nombre de fantasía que intentó engañar a la población cuando, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se expropiaron los ahorros previsionales que la gente tenía en las AFJP y se dijo que esos fondos garantizaban el pago de las jubilaciones, algo para lo que el FGS no tiene facultades.
— En 2025, el Gobierno debió gestionar sin presupuesto aprobado. ¿Esto implicó, a su entender, un mayor margen de discrecionalidad en el manejo de gastos?
— Operar sin Presupuesto aprobado otorga más discrecionalidad pero, al mismo tiempo, le quita un marco institucional para ordenar la política fiscal. Sería muy bueno que pueda sancionarse una Ley de Presupuesto que mantenga el equilibrio fiscal como principio.
— Si la situación de minoría parlamentaria persiste tras las elecciones y no se aprueba el Presupuesto, ¿qué consecuencias tendría para el equilibrio fiscal y la gestión pública?
— Creo que el efecto más importante es que haría más improbable que se aprueben reformas estructurales. El equilibrio fiscal puede mantenerse, depende más del Poder Ejecutivo.
“El principal riesgo de tener un índice de riesgo país alto es que la actividad económica no pueda crecer en los niveles proyectados”
— Dados los actuales debates sobre la sostenibilidad de las metas proyectadas en el nuevo Presupuesto, especialmente en crecimiento y recaudación, ¿qué nivel de confianza le inspira el escenario oficial y cuáles son los principales riesgos?
— Como mencioné arriba, creo que el principal riesgo de tener un índice de riesgo país alto, que continúe el aislamiento del mercado internacional de capitales si se sostienen los niveles de volatilidad actuales, es que la actividad económica no pueda crecer en los niveles proyectados.
— Por último, ¿podría compartir una reflexión final sobre los desafíos y oportunidades para la economía argentina de cara al 2026?
— Creo que la discusión del Presupuesto 2026 ocurre en un momento muy importante. Es mi deseo que la clase política tenga una discusión constructiva, como existía en los años noventa, donde, a pesar de muchas diferencias políticas, se reconocía una responsabilidad central del Congreso en sancionar la ley.
Fotos: Martín Rosenzveig
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ECONOMIA
Confirmaron el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados: cómo quedan los haberes de diciembre
El Gobierno nacional, mediante el Decreto 848/2025, dispuso el otorgamiento del último bono extraordinario de 70.000 pesos destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones del sistema de seguridad social, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo en los haberes mínimos.
El decreto se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial. De esta manera, establecieron, como en ocasiones anteriores, que el beneficio alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas previsionales administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). También resultarán incluidos los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, los que reciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones asistenciales.
La normativa detalló que para acceder al bono extraordinario, los beneficiarios “deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación y el mismo no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”, teniendo en cuenta que en diciembre también se paga el aguinaldo. En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos serán considerados como un único titular a los fines de la percepción, señala el texto oficial.
De acuerdo con la reglamentación, quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado, recibirán el monto total del bono extraordinario. Para los titulares que superen ese umbral, el refuerzo se ajustará para que la suma de haberes y bono no exceda el mínimo más el máximo previsto en el decreto. El monto será abonado en el corriente mes, tal como se viene otorgando desde hace más de un año.
“La referida Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta noviembre de 2025, inclusive”, según expuso el decreto.
A su vez, indicaron que ANSES quedará facultada para dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para implementar el pago, administrar, supervisar y eventualmente recuperar percepciones indebidas vinculadas al bono extraordinario. La vigencia de la medida se establece desde el día de su publicación oficial y será implementada en el mensual de diciembre.
El jueves de la semana pasada, el Gobierno oficializó el último ajuste del año para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, a través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025 publicadas en el Boletín Oficial. La medida, que entra en vigencia este mes, responde al mecanismo de actualización mensual vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) elaborado por el INDEC.
El nuevo incremento aplicado es del 2,34% sobre los valores vigentes y corresponde a la inflación registrada en octubre, según detallaron desde ANSES. A partir de esta actualización, el haber mínimo garantizado para las jubilaciones quedó establecido en $340.879,59, mientras que el haber máximo será de $2.293.796,92. La base imponible mínima utilizada para el cálculo de aportes se fijó en $114.808,17 y la máxima, en $3.731.212,01. A estos valores, se le sumará el monto del bono. De esta manera, quienes cobren la mínima percibirán $410.879,59.
Los aumentos no solo abarcan a los haberes jubilatorios regulares, sino también a las prestaciones básicas del sistema previsional. Así, la Prestación Básica Universal (PBU) alcanzará $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $272.703,67 desde diciembre, detallaron fuentes oficiales.
Para los ingresos de las asignaciones familiares que otorga el Estado nacional, el incremento será el mismo que se aplicó sobre los beneficiarios del sistema previsional. También se actualizaron en igual proporción los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso y el monto a percibir.
A su vez, el Gobierno aclaró que cualquier integrante del grupo familiar que supere los $2.511.024 excluirá automáticamente a la familia del cobro de asignaciones, aunque la suma total no sobrepase el máximo estipulado en los nuevos anexos.
ECONOMIA
Modificaron el Presupuesto 2025, con refuerzos en las partidas de Seguridad, Defensa, Salud y Educación
El Gobierno dispuso una reestructuración del Presupuesto 2025, con el objetivo de responder a la persistente emergencia económica y social que atraviesa el país. La medida, formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 849/2025, introduce modificaciones en la asignación de recursos a lo largo de la Administración Pública Nacional, abarcando ministerios, organismos descentralizados y empresas estatales, y contempla tanto refuerzos como recortes en partidas clave. Los principales refuerzos van dirigidos a las carteras de Seguridad, Defensa, Salud —incrementando específicamente los valores que recibe la ANDIS— y Educación.
La medida se enmarca en la falta de una ley presupuestaria para el año en ejercicio y la prórroga de la última vigente. En este contexto, argumentaron la decisión en la necesidad de garantizar la continuidad de servicios esenciales y de atender obligaciones ineludibles del Estado, como el pago de jubilaciones, pensiones y sentencias judiciales firmes.
El decreto autoriza al Ministerio de Economía a modificar, transformar, disolver o liquidar el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS), con el propósito de optimizar el financiamiento de obras de transporte de gas. Energía Argentina S.A., en su carácter de fiduciante del fondo, deberá colaborar con la Secretaría de Energía para facilitar la transición.
En materia de los empleados estatales, la norma ajusta la distribución de cargos en la administración nacional. Se transfieren agentes entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad Nacional, reflejando cambios en la estructura organizativa y en la órbita de competencias de determinados organismos, como la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
El refuerzo presupuestario alcanza a áreas sensibles como la salud pública, con incrementos para el sostenimiento de hospitales de alta complejidad, el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, el Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce – Dr. Néstor Carlos Kirchner”, el Hospital de Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, el Hospital Dr. René Favaloro, el Hospital S.A.M.I.C. “Presidente Néstor Kirchner” y el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría. Además, se incrementan los fondos para la Agencia Nacional de Discapacidad, destinados al pago de pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios.
En el ámbito de la seguridad social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibe partidas adicionales para el pago de prestaciones previsionales, la aplicación de la Ley de Movilidad Previsional, asignaciones familiares, seguro de desempleo y el Programa 1000 Días de nutrición infantil. También se refuerzan las transferencias al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) y a la prestación mensual de oncopediatría para familias con niños en tratamiento.
A su vez, el Ministerio de Capital Humano recibirá un refuerzo económico que estará dirigido para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con el fin de fortalecer la Prestación Alimentar, y para la Secretaría de Educación, que destinará recursos a la política salarial universitaria, la adquisición de computadoras, becas del Programa Progresar, comedores escolares y la universalización de la jornada extendida.
En el área de Defensa y Seguridad, se refuerzan los créditos para el pago de haberes y sentencias judiciales previsionales de personal militar y de las fuerzas de seguridad, así como para la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal y el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares. El Ministerio de Seguridad Nacional recibe partidas para la atención de desastres y emergencias socio-naturales, la lucha contra el narcotráfico, la formación y capacitación, y la articulación federal de la seguridad.
El Ministerio de Economía ajustará sus partidas para actividades centrales, el INDEC, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Hacienda y la política geológico-minera, entre otras áreas. En este punto, se incluyen las transferencias para el sostenimiento de empresas públicas y fondos fiduciarios, como la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Nucleoeléctrica Argentina S.A., Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria S.A. (SOFSA) y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Por otro lado, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano contará con un presupuesto ampliado para el desarrollo de la educación superior, la gestión educativa, la infraestructura y equipamiento, la innovación tecnológica, el Plan Nacional de Alfabetización, la mejora de la calidad educativa y la formación docente. Dentro de esta reasignación de recursos, el Gobierno enviará más dinero a las universidades nacionales y a instituciones provinciales y municipales.
El Gobierno indicó que esta reestructuración del Presupuesto 2025 se financiará con los ingresos impositivos, no impositivos, aportes y contribuciones a la seguridad social, rentas de la propiedad, transferencias corrientes y de capital, y diversas fuentes financieras, incluyendo la obtención de préstamos de organismos internacionales y la disminución de activos financieros.
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ECONOMIA
Aumentan 4,3% los colectivos, subtes y peajes en CABA y 14,8% los colectivos en la Provincia
Desde este lunes 1 de diciembre, regirán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un nuevo aumento de las tarifas de colectivos, subtes y peajes. Será del 4,3%, producto del 2,3% de inflación de octubre más un extra de 2 puntos porcentuales hasta que se llegue a la eliminación de subsidios.
En la provincia el ajuste será mayor, debido a la aplicación de un ajuste adicional que llevará el aumento al 14,8 por ciento.
En efecto, en CABA el boleto mínimo de colectivos pasará a costar $593,52 y en la provincia 658 pesos. De este modo, habrá tres tarifas distintas en las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): las tarifas de los de jurisdicción ya habían aumentado hace dos semanas y en ellos el boleto mínimo cuesta desde entonces 494,83 pesos.
En CABA también aumentará el subte: desde mañana costará $1.206 pesos por viaje. En tanto, el costo del peaje para autos en hora pico será de $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la Autopista Illia. Fuera de horas pico los valores serán respectivamente de 3.466,55 y 1.444,25 pesos. La fundamentación de la suba de peajes es un plan de obras a cargo de AUSA, hoy en sus etapas iniciales y que ganaría ritmo en los próximos meses.
Aumento en colectivos, subtes y peajes: de cuánto es
Las autoridades de la Ciudad en colectivos y subtes argumentan que los aumentos sirven para recomponer el atraso tarifario, pues en los colectivos la actual tarifa cubre solo el 70% del costo del servicio, en tanto en el subte la cobertura supera levemente el 76 por ciento.
En las 30 líneas de colectivos reguladas por CABA desde 2024 el boleto mínimo será de $593,52 para trayectos de hasta 3 kilómetros, aumentará a $659,50 para trayectos de 3 a 6 kilómetros, a $710,31 para viajes de 6 y12 kilómetros y a $761,15 en recorridos superiores a los 12 kilómetros.
La administración del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostiene que además de descontar el atraso respecto de los costos de operación, la actualización tarifaria apunta a sostener un programa de modernización de más de 1.600 unidades incorporando validadores que aceptan tarjetas de crédito y débito, la SUBE y teléfonos celulares, además de la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.
Además, CABA apunta una «migración» hacia energías limpias, en base a incentivos para que las empresas incorporen colectivos a gas o eléctricos a medida que renueven su flota. La propia Ciudad ya lanzó a la calle, en áreas turísticas como el Microcentro y San Telmo, unidades eléctricas, que además por el color amarillo se distinguen por su andar completamente silencioso.
En el sector privado empezó a recoger el desafío de las «energías limpias»: la empresa Metropol anunció la compra de 150 unidades a gas para las líneas que recorren la Ciudad. Además, desde 2027 será obligatorio, cuando se retire una unidad a gasoil, reemplazarla con otra en base a «energías limpias», a gas o eléctrica. Ya en 2026, sin embargo, no menos de 15% de la flota debería ser de unidades eléctricas o a gas, proporción que se duplicaría el año siguiente.
El costo del viaje en subte se va a $1.206 y para morigerar el impacto el gobierno porteño dispuso que al menos un molinete por estación acepte tarjetas de crédito y débito, además de la SUBE. Y se incorporaron pagos sin contacto como billeteras de teléfonos móviles con tecnología NFC y QR.
Según Emova, ese tipo de pagos ya llega al 30% de las transacciones y confirma que muchos usuarios achican costos usando promociones bancarias y de billeteras virtuales, con descuentos y reintegros sustanciales. También se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, que abonando con el mismo medio de pago reciben descuentos cuando superan el viaje número veinte. De 21 a 30 viajes, el costo del pasaje baja a $964,80, de 31 a 40, a$ 844,20 pesos y desde el viaje 41 se abonan $723,60 pesos. Además, el Premetro cuesta 422,10 pesos.
La suba de los transportes en Provincia
En tanto en la provincia de Buenos Aires, el aumento del 14,8% responde a un nuevo esquema tarifario que aumenta el costo de los colectivos urbanos, a partir de una consulta ciudadana que se hizo a mediados de noviembre. El nuevo cuadro de tarifas rige exclusivamente para las líneas que circulan íntegramente por territorio bonaerense y no ingresan a CABA.
Sucede que las líneas que recorren sólo la provincia usan tarifas fijadas por la gobernación, mientras los colectivos que solo viajan por CABA dependen del gobierno porteño y los servicios nacionales, que atraviesan ambos distritos, tienen sus tarifas definidas a nivel federal.
La estructura tarifaria que entra en vigor apunta a recomponer los ingresos de las empresas concesionarias y afrontar los mayores costos asociados a la operación, entre ellos el valor del combustible y el mantenimiento del parque automotor. La resolución 342, publicada el viernes previo a la implementación del nuevo tarifario, marca el inicio formal de estos aumentos. El Ministerio de Transporte bonaerense explicó que el ajuste incluye un aumento extraordinario del 10%, sumado a un mecanismo de actualización mensual vinculado a la inflación más dos puntos porcentuales, en línea con el sistema vigente desde marzo. De este modo, la suba total para diciembre llega al 14,8 por ciento.
La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) consideró «acertada» la medida del gobierno bonaerense de desacoplarse de las tarifas nacionales y de CABA. «Con el anuncio de este aumento de tarifa para las líneas provinciales, junto con el próximo desacople de los cálculos de subsidios por parte de la Provincia (quién asumirá, según nos informa, las plenas competencias en la materia de cálculos y determinación desde enero) se abre un nuevo escenario, que entendemos ofrece mejores garantías ante la vocación de diálogo que percibimos), para asegurar la continuidad de los servicios». AAETA dijo ser consciente de la «incomodidad» de la medida del gobierno bonaerense, pero un «servicio esencial» -concluyó- «requiere este tipo de decisiones.
Los nuevos costos por trayecto
El nuevo cuadro tarifario se detalla según las escalas de kilómetros recorridos. Para servicios urbanos del Gran Buenos Aires, el pasaje mínimo (correspondiente a trayectos de 0 a 3 kilómetros) se establece en $658,44. Los tramos escalonan los precios en función de la distancia: 3 a 6 kilómetros, $733,50; 6 a 12 kilómetros, $790,00; 12 a 27 kilómetros, $846,57; y trayectos mayores a 27 kilómetros, $902,73.
Para quienes abonan el pasaje con una tarjeta SUBE sin nominalizar, el costo resulta considerablemente mayor, con valores mínimos que parten desde $1.046,92 y alcanzan un techo de $1.435,34 según la distancia recorrida. Este diferencial busca incentivar la nominalización de la SUBE para establecer una correspondencia entre usuario y tarjeta, y limita el uso de subsidios a cada pasajero registrado.
Existe también una categoría específica para beneficiarios del Atributo Social, destinada a personas en situación de vulnerabilidad, quienes conservan descuentos en el boleto. Para diciembre, el cuadro social propone los siguientes montos: hasta 3 kilómetros, $296,30; de 3 a 6 kilómetros, $330,08; de 6 a 12 kilómetros, $355,50; de 12 a 27 kilómetros, $380,96; y, por encima de los 27 kilómetros, $406,23. Estos importes representan un beneficio orientado a reducir el peso del transporte en los presupuestos de los sectores más afectados por la suba general de precios.
En el segmento de colectivos interurbanos de media distancia, que conecta áreas aledañas a CABA y cumple un rol estratégico en la conexión metropolitana, también se observan nuevos valores. El boleto mínimo para este tipo de servicio se modifica: antes costaba $753,99 y ahora asciende a $866,28 con SUBE nominalizada. Si el pasajero utiliza SUBE sin registrar, el boleto mínimo llega a $1.377,39. Además, el cobro por kilómetro fija una base de $33,46 (SUBE nominalizada) frente a $53,20 (no nominalizada), mientras que la tarifa base en terminales inicia en $219,05 ($348,29 con SUBE sin nominalizar).
El alcance del aumento es exclusivo para las líneas provinciales, es decir, en aquellas que no ingresan en Capital Federal, y por tanto no afectan a los servicios regidos por el gobierno porteño y el nacional. El esquema implementado responde a la necesidad, según especificaron fuentes oficiales, de recomponer el equilibrio operativo de las empresas de transporte, que actualmente sufren presiones por el costo de insumos clave. Entre los factores señalados, aparecen la volatilidad del tipo de cambio, los ajustes frecuentes del precio del combustible y el incremento en los insumos para el mantenimiento y renovación de flotas.
Puntualmente, el nuevo esquema tarifario establece así, para cada segmento, los siguientes valores:
Gran Buenos Aires (tarifa plena con SUBE registrada):
- 0-3 km: $658,44
- 3-6 km: $733,50
- 6-12 km: $790,00
- 12-27 km: $846,57
- Más de 27 km: $902,73
Gran Buenos Aires (SUBE sin nominalizar):
- 0-3 km: $1.046,92
- 3-6 km: $1.166,27
- 6-12 km: $1.256,11
- 12-27 km: $1.346,04
- Más de 27 km: $1.435,34
Tarifa Social:
- 0-3 km: $296,30
- 3-6 km: $330,08
- 6-12 km: $355,50
- 12-27 km: $380,96
- Más de 27 km: $406,23
- Interurbanos de media distancia (tarifa plena):
- Terminal: $219,05
- Base pasajero/km: $33,46
- Boleto mínimo: $866,28
Interurbanos de media distancia (SUBE sin nominalizar):
- Terminal: $348,29
- Base pasajero/km: $53,20
- Boleto mínimo: $1.377,39
La nueva política tarifaria que aplica la provincia de Buenos Aires no modifica el cuadro de tarifas de otros servicios urbanos o metropolitanos ni afecta los valores a cargo de otras jurisdicciones. El aumento impacta exclusivamente en recorridos que se desarrollan íntegramente en territorio bonaerense y que se identifican por sus números superiores al 200. El resto de los servicios quedó sujeto a sus propias mesas de negociación y a las políticas tarifarias definidas por las autoridades específicas de CABA y el gobierno nacional.
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