Este domingo, el Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, donde la actualización de un 100.000% en el monto de las multas automáticas había generado un importante revuelo en los últimos meses, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Esto generó que las pymes expresaran una fuerte preocupación por el impacto de estas sanciones en su actividad diaria.

La instrumentación del Capítulo III, del título II de la Ley 27.799 se oficializó esta madrguada, mediante el decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Frente a la situación que enfrentan las pymes, el Gobierno instruyó eliminar la automatización en la emisión de intimaciones a contribuyentes que no sean considerados relevantes para la recaudación nacional. El objetivo es modificar los procedimientos de sanción y atenuar el impacto sobre las pymes, otorgándoles un trato diferencial en la aplicación de multas.

Así, las intimaciones automáticas no se remitirán a todos los contribuyentes por igual. En cambio, el análisis se realizará caso por caso, excluyendo a las pymes de la automatización y permitiéndoles corregir su situación antes de recibir una sanción formal. Esta diferenciación administrativa busca evitar que actores económicos de menor tamaño sean sometidos a las mismas reglas que los grandes contribuyentes.

En lugar de intimaciones automáticas, se enviarán recordatorios para que el contribuyente regularice su situación antes de que comience la instrucción del sumario para la aplicación de la multa

Explicaron que este mecanismo reemplaza la intimación automática por un aviso previo, incentivando la regularización voluntaria y equilibrando la fiscalización con la protección de la actividad económica de las pymes.

Por otro lado, las pymes estarán excentas de las sanciones cuando se presente la declaración jurada y se pague el tributo en tiempo y forma o; por el contrario se adhiera a un régimen de facilidades de pago. A su vez, aquellas pequeñas empresas que detecten algún error en sus documentos, tendrán un plazo para rectificarse. En el caso de que lo hagan antes de que ARCA identifique la diferencia, no será considerada una “discrepancia significativa”, por lo que no perderán la presunción de exactitud.

El consenso alcanzado en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal busca proteger a las pymes sin resignar la capacidad del Estado para controlar y fiscalizar. La instrucción de no automatizar la emisión de multas para los contribuyentes menos relevantes apunta a preservar el equilibrio entre la recaudación fiscal y la protección del empleo y la producción. Enfatizaron que los procedimientos de control y sanción deben aplicarse con criterios de razonabilidad, evitando que la automatización se convierta en una fuente de injusticias o agrave la situación de los sectores más vulnerables.

El Ejecutivo definió también los pasos que deberán cumplir los argentinos para ingresar al circuito formal los dólares almacenados fuera del sistema bancario y precisó los incentivos para quienes tributen en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La medida busca canalizar hacia el sistema financiero los aproximadamente USD 170 mil millones que se encuentran fuera del circuito formal, monto que representa casi el triple de los depósitos privados actualmente registrados en el país.

Las autoridades nacionales esperan que la reglamentación fortalezca el crédito y contribuya a la reactivación económica. El decreto también introdujo cambios en los umbrales penales asociados a la evasión fiscal: el mínimo para que una evasión simple sea considerada delito aumentó de $1,5 millones a $100 millones. Las causas previas a la publicación del decreto pueden solicitar la aplicación de la ley penal más benigna, siempre que la norma haya sido publicada en el Boletín Oficial. El nuevo umbral se ajustará anualmente bajo un método específico.

En cuanto a los procedimientos, el decreto establece que para utilizar los dólares guardados fuera del sistema, los contribuyentes deberán “bancarizarlos”, es decir, integrarlos al sistema financiero nacional. Esto podrá realizarse tanto en el origen como en el destino de los fondos.

Una fuente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) explicó a Infobae que los contribuyentes podrán optar por depositar los dólares en su cuenta bancaria antes de transferirlos o girar el dinero directamente a otra persona, siempre que el circuito sea trazable.

La exigencia responde a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que sostienen que la trazabilidad de los fondos reduce riesgos vinculados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La magnitud del ahorro informal fue subrayada por Caputo en diálogo con Radio Mitre, donde estimó que existen USD 170 mil millones fuera del sistema, mientras que los depósitos privados alcanzan los USD 67 mil millones. El ministro afirmó: “Hay casi tres veces el nivel de depósitos que hay en el sector privado en los colchones. Imaginate si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero, ni te digo todo, la mitad de eso, los problemas de la Argentina se solucionarían”.

Para adherir al RSG, la normativa exige ingresos anuales menores a $1.000 millones, un patrimonio inferior a $10.000 millones y no estar calificado como gran contribuyente. Solo se computan ingresos propios, sin contemplar los percibidos como intermediario. Entre los beneficios para quienes se incorporen al régimen figuran la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago, junto con detalles sobre los casos en los que se aplica la figura de discrepancia significativa.

El impacto para los monotributistas resulta especialmente relevante. Los pequeños contribuyentes interesados en ingresar dólares al sistema deben inscribirse previamente en el RSG; de lo contrario, quedarán sujetos a eventuales controles fiscales. Una fuente oficial advirtió: “Los pequeños contribuyentes tendrán que evaluar qué les conviene más: sacar los dólares del colchón y pagar más impuestos o no hacerlo y correr el riesgo de ser investigados”. Las autoridades confían en que la mayoría de este sector optará por regularizar su situación.

Aún está pendiente de confirmación si los lineamientos definidos en la reglamentación satisfacen las expectativas de las entidades bancarias privadas, o si la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá emitir nuevas instrucciones, en un contexto de transición en su dirección. Se prevé que en los próximos días ARCA publique nuevas Resoluciones Generales para ajustar y precisar el régimen en marcha.

El “tapón fiscal”, implementado por la Ley 27.799 —conocida como de Inocencia Fiscal— a través del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias constituye una herramienta de protección para ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El sistema introduce la presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas presentadas y abonadas bajo este régimen, lo que implica un blindaje jurídico sobre los períodos impositivos ya declarados y aceptados.

Quienes adhieren y cumplen con los requisitos del régimen adquieren el derecho a que sus declaraciones sean consideradas correctas y suficientes por ARCA. Esto significa que, una vez aceptada y abonada la declaración, ARCA no puede reabrir, ajustar ni cuestionar la determinación del impuesto en esos períodos, salvo que exista una “discrepancia significativa”. De esta forma, se abandona la antigua presunción de culpabilidad fiscal y se establece que la carga de la prueba recae exclusivamente en el organismo recaudador.

La Ley de Inocencia Fiscal representa un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los ciudadanos en materia tributaria. El objetivo central es la reparación histórica del ahorro nacional mediante la simplificación del sistema impositivo y la protección del ahorro formal. Las nuevas reglas buscan incentivar la reintroducción de fondos informales a la economía, lo que puede fomentar el consumo, la inversión y el acceso al crédito en el mediano y largo plazo.

El mecanismo de protección abarca tanto el Impuesto a las Ganancias como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos no prescriptos, incluso cuando el contribuyente no tenía obligación previa de declarar, siempre que cumpla con los requisitos fijados por la normativa. La presentación y el pago en término, ya sea en efectivo o mediante un plan de facilidades dentro del plazo legal, activan automáticamente la presunción de exactitud y el efecto liberatorio para el contribuyente.

El acceso al régimen está reservado a personas y empresas cuyos ingresos totales no superen los $1.000 millones y cuyo patrimonio no exceda los $10.000 millones en los últimos tres ejercicios. Estos límites se verifican individualmente por año y son independientes de la condición previa del contribuyente. La adhesión se realiza a través del servicio “Sistema Registral” en la web de ARCA, seleccionando “Ganancias PH Simplificada”. El sistema emite una constancia digital que acredita la incorporación al régimen y puede ser utilizada ante entidades financieras como antecedente favorable.

Para conservar el blindaje, es necesario ratificar anualmente el cumplimiento de las condiciones legales. El falseamiento de datos o el incumplimiento de los requisitos implica la exclusión del régimen y la pérdida de sus beneficios. Mientras se cumplan las obligaciones de presentación y pago, ARCA solo podrá fiscalizar la facturación y los gastos deducibles, sin intervenir en la variación patrimonial ni en los consumos personales como consumidor final.

La declaración jurada simplificada se basa en un esquema precargado por ARCA, que el contribuyente puede revisar, ajustar o aceptar. Solo se permite impugnar la información declarada si se detecta una discrepancia significativa, definida por la existencia de una diferencia de al menos el 15% en el saldo del impuesto, la superación del umbral vigente en el Régimen Penal Tributario (hoy $100 millones) o la utilización de facturas apócrifas, sin importar el monto.

En todos los casos, la carga de la prueba corresponde a ARCA, que solo puede utilizar la información declarada, la que obre en su poder o la que provenga de terceros. Si la diferencia surge de un error subsanado espontáneamente por el contribuyente antes de una notificación formal, no se abre impugnación.

La falta de presentación o el impago de la declaración jurada simplificada priva automáticamente al contribuyente del blindaje, habilitando la fiscalización plena. Si una impugnación de ARCA es revocada en sede administrativa o judicial, se restablece la presunción de exactitud y se considera que nunca debió abrirse la verificación sobre los períodos protegidos.

Cada año, al ratificar la permanencia y cumplir los requisitos, el nuevo período fiscal queda protegido, mientras que los anteriores pasan a integrar el conjunto de ejercicios blindados, salvo que exista una orden de intervención notificada sobre alguno de ellos.

En plena etapa crítica para la soja de primera, las lluvias de los últimos días llevaron alivio a amplios sectores de la región núcleo y permitieron frenar, al menos de manera parcial, el deterioro que venía acumulándose por el estrés termo hídrico. Sin embargo, el impacto no fue homogéneo: mientras algunas zonas lograron recomponer expectativas de rinde, otras continúan con daños significativos y dependen de nuevas precipitaciones para evitar mayores pérdidas. Según el último relevamiento, el área con soja de primera en condición regular a mala subió al 20% en la región núcleo.

La situación se volvió más delicada durante la última semana, cuando el cultivo atravesó días claves de definición de rendimiento. En ese contexto, el desplazamiento del centro de alta presión permitió el regreso de las lluvias, con pronósticos que anticipan nuevas tormentas en los próximos días. “La convalidación de estos pronósticos significaría el comienzo de una normalización del patrón pluvial de febrero”, explicó el consultor Elorriaga.

Durante el jueves se esperan chaparrones y tormentas aisladas e intermitentes en la región. A partir del lunes, el ingreso de un frente frío provocaría precipitaciones aisladas, principalmente en el oeste de la región agrícola. Hacia el miércoles volvería a aumentar la probabilidad de lluvias aisladas en el área GEA. La continuidad de estos eventos resulta clave para sostener la evolución del cultivo en una fase determinante.

La soja de primera de la región núcleo mostró una nueva desmejora en su estado general. El área con lotes en condición regular a mala aumentó cinco puntos porcentuales y alcanzó el 20%. En paralelo, un 42% de los cuadros se encuentra en buen estado, un 35% en muy buen estado y apenas un 3% es considerado excelente.

Desde el punto de vista fenológico, el 75% de la soja de primera transita la etapa de fructificación, entre R3 y R5. Además, un 15% ya inició la formación de la semilla (R5) y un 10% permanece en floración (R2). En este escenario, los técnicos advierten que la definición de rindes viene mostrando un deterioro que se intensifica semana tras semana.

Las zonas más comprometidas se ubican en la franja central de la región núcleo, con un daño que se profundiza hacia el este. En esos sectores, las estimaciones indican una caída del rinde potencial de entre 20% y 40%. En el resto del área, el impacto sería menor, cercano al 10%. Aun así, la necesidad de nuevas lluvias es generalizada. Los técnicos coinciden en que contar con al menos 10 a 15 milímetros permitiría ganar tiempo hasta los eventos previstos para la próxima semana.

Las precipitaciones registradas en los últimos siete días dejaron un mapa con fuertes contrastes. El sudeste de Santa Fe continúa consolidándose como el epicentro de la sequía, mientras que otras zonas recibieron aportes significativos que cambiaron el panorama productivo.

En Pergamino, las lluvias alcanzaron los 52 milímetros y permitieron una mejora sustancial en el estado del cultivo. “Tal vez nos dejamos en el camino un 10% del potencial. Pero con una lluvia así, el cultivo avanza 10 días por lo menos y se ve otra lluvia en camino… O sea, la campaña está solucionada acá”, señalaron técnicos de la zona. En Teodelina, los registros oscilaron entre 15 y 20 milímetros, considerados determinantes para sostener buenos rindes. El norte bonaerense y el extremo sur de Santa Fe recibieron entre 10 y 50 milímetros, un volumen que llegó a tiempo para detener el deterioro y permitir una recuperación parcial de la soja de primera.

En contraste, los sectores que quedaron al margen de las lluvias continúan en una situación compleja. En el centro-sur y el extremo sudeste de Santa Fe, los técnicos remarcan la urgencia de precipitaciones importantes para frenar la caída del potencial productivo. Desde María Susana hasta Bigand, y en áreas cercanas a Rosario como Aldao, Figuera y San Jerónimo, se reporta un fuerte ataque de arañuela y trips, con controles permanentes y pérdidas de rinde estimadas en torno al 20% del potencial.

“Vamos a tener menos rindes que la campaña pasada. Las sojas de primera no cerraron el entresurco”, advierten en la zona. En Carlos Pellegrini se observa un freno en el llenado de granos, inicio de vaneo y plantas con escaso desarrollo. Hacia el departamento Constitución, el daño estimado se ubica entre el 30% y el 40%.

La soja de segunda presenta un escenario más ajustado. El 30% de los lotes se encuentra en condición regular a mala, mientras que un 35% está en buen estado, un 30% en muy buen estado y solo un 5% en condición excelente. La falta de agua durante enero afectó de manera directa el crecimiento del cultivo. “Las plantas no han cerrado los surcos y no superan a la paja de trigo”, describen los técnicos.

En Bigand se observan lotes con plantas prácticamente marchitas y pérdidas de plantas. “Aún con una lluvia importante, no se van a lograr los rendimientos máximos que pensábamos a fines del 2025”, advierten. Allí se estima que ya se perdió más del 30% del potencial productivo. En María Susana, la merma se calcula en torno al 20%. En cambio, en Carlos Pellegrini y Teodelina, la soja de segunda muestra una mejor respuesta. “Está aguantando”, resumen los técnicos, aunque remarcan que necesita nuevas lluvias para expresar gran parte de su potencial.

Más allá de la soja, la preocupación también se extiende a los maíces tardíos y de segunda, con unas 200.000 hectáreas comprometidas por la falta de agua. “El cultivo más comprometido es el maíz tardío y de segunda”, señalan los técnicos. En el centro-sur santafesino, muchos lotes se encuentran en condición regular a mala y dependen de lluvias inmediatas, aun sin haber ingresado en floración.

En zonas como Aldao, Figuera, San Jerónimo y alrededores de Carlos Pellegrini ya se mencionan recortes de rendimiento de hasta el 50%. “Es gravísimo el estado de los maíces de segunda, sobreviven no sabemos cómo”, indican en Bigand. En Teodelina, el estrés hídrico ya se refleja en las panojas, mientras que en el noroeste bonaerense, como en Junín y Pergamino, las lluvias recientes permiten esperar una recuperación del cultivo.

En contraste, el maíz temprano, pese al déficit hídrico de enero, muestra un rinde medio de 108 quintales por hectárea en la región núcleo. La cosecha se adelantaría a mediados de febrero, con fuertes diferencias según la zona, reflejando el impacto desigual de la falta de agua durante el llenado de granos.