La participación del Estado sobre la renta del campo registró un nuevo incremento y se ubicó en 62,5%. La cifra, correspondiente al tercer mes de 2026 de acuerdo con el último relevamiento de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), implica una suba de 6,1 puntos frente a diciembre y expone un escenario más exigente para el sector.

El indicador sintetiza el peso combinado de tributos nacionales, provinciales y municipales, en un contexto en el que producir resulta cada vez más costoso.

Un escenario internacional que encarece los insumos

Uno de los factores clave detrás de este deterioro es la situación global. Las tensiones en Medio Oriente, particularmente en el estrecho de Ormuz, impactaron en los precios de insumos estratégicos para el agro.

El aumento de la urea y del combustible se trasladó rápidamente a los costos productivos. Según detalló este lunes la Sociedad Rural Argentina (SRA), el precio de este fertilizante nitrogenado avanzó 42%, al escalar de 530 a 750 dólares por tonelada. Al mismo tiempo, el precio del gasoil registró un alza del 22% entre fines de febrero y la tercera semana de marzo, al subir de $1.775 a $2.166 por litro.

Menor rentabilidad, mayor peso de los impuestos

El resultado de esta combinación es claro: una renta más ajustada sobre la que recae una carga tributaria creciente.

Desde FADA aseveran que «esta edición está, más que nunca, marcada por la coyuntura nacional e internacional: suba de costos como el combustible que impacta en los fletes, actualizaciones de impuestos provinciales y baja rentabilidad».

Traducido a números concretos, por cada $100 generados en el campo, $62,5 se destinan a obligaciones impositivas.

Brechas entre provincias

El peso fiscal no es uniforme en todo el país. Entre Ríos lidera el ranking con 67,6%, mientras que otras provincias muestran niveles también elevados:

• Córdoba (60,2%)
• Buenos Aires (60,4%)
• La Pampa (60,4%)
• Santa Fe (57%)
• San Luis (55,7%)

Cabe recordar que el índice había marcado 56,3% en diciembre, tras una baja vinculada a la reducción de retenciones dispuesta previamente por el Gobierno.

El doble efecto: costos en alza y tributos actualizados

Desde FADA explican que el salto del indicador responde a dos fuerzas simultáneas: por un lado, el encarecimiento de los insumos reduce los márgenes; por otro, las actualizaciones impositivas de comienzos de año incrementan la carga efectiva.

En ese marco, los tributos provinciales y municipales ganaron protagonismo: pasaron de representar el 6,4% a fines de 2025 a cerca del 10% en el inicio de 2026. En promedio, el tributo inmobiliario rural subió un 79%, en tanto que las tasas locales aumentaron alrededor del 32%.

Cultivos bajo presión: el trigo, en zona crítica

El análisis por actividad revela que la situación es heterogénea, aunque con una tendencia general a la baja en la rentabilidad.

• En soja, el Estado capta el 61,6% de la renta
• Maíz: el 56,8%;
• Girasol: el 80,3%

Pese a ello, el caso más complejo es el del trigo, donde la carga fiscal supera incluso la renta generada: 10,4%. En otras palabras, la presión fiscal excede los ingresos generados, dejando un resultado insuficiente incluso para pagar impuestos.

Este cultivo, altamente dependiente de la fertilización, es uno de los más afectados por la suba de la urea, cuyo precio se disparó en los últimos meses en línea con las tensiones internacionales.

Logística e insumos, otro frente de aumento

A los fertilizantes se suman otros costos que presionan sobre la actividad. Las tareas agrícolas subieron 33% desde diciembre, superando ampliamente la inflación prevista para ese período (8,6%).

El transporte también se encareció: los fletes aumentaron 8,4% en pesos y 12% en dólares, impulsados por el gasoil. Este impacto es mayor en zonas alejadas de los puertos.

El deterioro también se observa en la capacidad de compra de insumos. Actualmente, se necesitan 3,9 toneladas de maíz o 3,8 de trigo para adquirir una tonelada de urea, una relación menos conveniente que la registrada un año atrás. Este indicador resume el desafío que enfrenta el sector: costos crecientes, presión fiscal elevada y una rentabilidad cada vez más ajustada.

La histórica fábrica Rigolleau, principal fabricante de vidrio en la Argentina redujo parte de su producción local y empezará a importar vajilla terminada desde China. La decisión de la empresa llega en un entorno de competencia creciente con productos del exterior de menor costo y luego de haber presentado un balance para 2025 con pérdidas que superaron los $5.500 millones.

Según informó el directorio de la empresa en un informe que envió a inicios de febrero a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa está en busca de sostener su competitividad y proteger el empleo industrial; es por eso que reconoció que esta decisión implica “cambiar su modelo de negocio tradicional”.

En su presentación oficial, la compañía reconoció “problemas con proveedores locales” y señaló que “tuvo que renegociar precios de manera constante para sostener el flujo de fondos. Al mismo tiempo, empezó a reemplazar compras en el mercado interno por importaciones de insumos y repuestos, con el objetivo de reducir costos y mantener la producción en un contexto de mayor apertura y presión de productos del exterior.”

En el ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2025, Rigolleau acumuló un pasivo previsional de $700.837.252 y registró un resultado final negativo de $5.596 millones.

Las exportaciones, en tanto, se contrajeron un 37,8% interanual y las ventas totales cayeron un 19%, alcanzando $112.088 millones, una baja significativa que coincide con el descenso sostenido del consumo interno y la profundización de la crisis industrial nacional, según datos del informe de la empresa y de la consultora Scentia, que estimó una retracción del consumo masivo del 13,9% en 2024.

Horno apagado y 100 empleados menos

Actualmente, Rigolleau funciona al 60% de su capacidad instalada, tras haber apagado uno de sus hornos industriales el año pasado, medida que implicó también la reducción de cerca de 100 puestos de trabajo.

Este tipo de hornos requieren funcionamiento ininterrumpido y su reinicio implica largos procesos técnicos, por lo que la decisión tiene efectos duraderos en la estructura productiva de la firma. Aunque no se prevén despidos adicionales inmediatos, la reestructuración impacta sobre el personal y eleva las preocupaciones entre los trabajadores.

Se trata de un escenario similar al de Lumilagro, la empresa argentina de termos para mate que recientemente reconfiguró su negocio ante la posibilidad de importar el producto terminado desde China, presionada por los costos locales y la competencia de productos más baratos del exterior.

El volumen de producción de la planta de Berazategui evidenció la magnitud de la situación: descendió de 132.700 toneladas entre 2023 y 2024 a 114.305 toneladas en 2024 y 2025.

Mientras tanto, las líneas de negocio dirigidas al consumo doméstico y a la vajilla, particularmente afectadas por los costos internos y la competencia de productos importados, serán abastecidas ahora principalmente por importaciones chinas que resultan —incluyendo flete y embalaje— más económicas que los productos elaborados localmente.

La empresa mantiene en funcionamiento sus líneas industriales vinculadas a los sectores farmacéutico y alimentario, donde la demanda se mantiene relativamente estable. Sin embargo, el documento remitido a la CNV advierte que “la caída en ventas es la principal explicación del resultado del trimestre frente a los números anteriores”, y que “las mejoras de los primeros meses de 2025 son respuestas a la caída del 2024 y aun así no alcanza para recuperar esa caída”.

La apertura de importaciones, la volatilidad de las tasas de interés y la inestabilidad de la economía nacional figuran como factores determinantes en la pérdida de competitividad de Rigolleau. En el último trimestre del ejercicio, los costos financieros se vieron afectados por “saltos de 100 puntos porcentuales en el lapso de 24 horas” derivados de la política monetaria y el calendario electoral, como detalló la propia empresa al presentar su balance ante la CNV.

En su última comunicación al regulador, Rigolleau advirtió que la apertura comercial y la importación a precios sustancialmente inferiores provocaron un punto de inflexión en la competitividad y la viabilidad del negocio, particularmente en el segmento de productos para el hogar. Adicionalmente, la empresa subraya que la dificultad para trasladar íntegramente los aumentos de costos al precio de venta acentúa la erosión de márgenes y complica la recuperación.

Aunque la empresa celebró cierta desaceleración en la inflación que permite “comparaciones más estables” entre trimestres, atribuye cualquier mejora parcial de ventas a una débil recuperación tras el pronunciado descenso registrado en 2024, pero no a una reactivación estructural del consumo.

La propia Comisión Fiscalizadora destaca, en el informe del 30 de noviembre de 2025, que el deterioro financiero está razonablemente reflejado en los balances presentados. No obstante, la mención explícita a la necesidad de evaluar la capacidad de Rigolleau para “continuar como empresa en funcionamiento” expone la magnitud del desafío que enfrenta una de las industrias más emblemáticas del conurbano bonaerense.

Si se analiza el peso relativo del gasto público primario nacional, una primera comparación entre el acumulado de 12 meses a febrero de 2026 y el acumulado de 12 meses a diciembre de 2023 determina una caída equivalente a 5,2 puntos porcentuales del PBI. En efecto, entre ambos periodos el peso relativo del gasto pasó de 19,50% del PBI a 14,32% del PBI. En términos porcentuales, la reducción fue del 26,5%, es decir, algo más de la cuarta parte. El hecho de que esta enorme caída se haya dado en tan solo dos años implica un gran ajuste de corto plazo sobre el flujo económico.

A esto debe sumarse una baja del peso relativo del gasto anual en intereses de deuda. Más allá de la controversia existente con relación a la contabilización o no sobre la línea de una parte de los intereses, lo real hoy en día es que el gasto anual en intereses (sobre la línea) pasó de representar un 1,7% del PBI en el acumulado a diciembre de 2023 a hacerlo con un 1,2% del PBI en el acumulado de 12 meses a fines de febrero de 2026. Esto implica una caída de 0,5 puntos porcentuales del PBI entre ambos periodos.

Entonces, si a la baja de 5,2 puntos porcentuales del PBI del gasto público primario se suma la baja de 0,5 puntos porcentuales del PBI del gasto en intereses, se tiene que la baja del gasto total fue de 5,7% del PBI entre ambos periodos de 12 meses. La caída porcentual en este caso también es del 26,5%.

¿Qué pasó con cada uno de los gastos nacionales?

Lo primero que resulta importante destacar es que solamente dos gastos aumentaron su peso relativo entre ambos periodos, cayendo en consecuencia el de los catorce gastos restantes.

Al analizar los cambios de los gastos más relevantes, se considera apropiado clasificarlos en tres grupos.

El primero está integrado por las Transferencias no automáticas a provincias (23 provincias), Programas sociales, Inversión real directa, Subsidios a la energía y gasto salarial, que sumó una pérdida relativa de 4,07 puntos porcentuales del PBI. De esto surge que la mayor variación negativa de peso relativo la tuvieron las Transferencias no automáticas a provincias, con un 83%. De estar en 1,11 puntos porcentuales del PBI en los 12 meses de 2023, bajaron a 0,19 puntos porcentuales del PBI en los últimos 12 meses.

El segundo componente con mayor caída de peso relativo fue la Inversión real directa, con un 73% y el tercero los Programas sociales con un 56%.

En orden de importancia de caída, le siguieron los subsidios a la energía, las transferencias a universidades, los subsidios al transporte, el gasto salarial, las asignaciones familiares, el consumo de bienes y servicios, las pensiones no contributivas y el PAMI. Este último con baja del peso relativo del 3%.

El segundo grupo está integrado por los gastos cuyo peso relativo prácticamente no tuvieron variación proporcional entre ambos periodos, que son las jubilaciones y pensiones contributivas, que pasaron de 6,15% del PBI a 6,13% del PBI. Es importante destacar que este es el gasto más importante que tiene el gobierno nacional en la actualidad, con una participación relativa del 43%. Este comportamiento evidenciado es consecuencia de que luego del gran ajuste de 2024, la implementación de una suba nominal en función de la inflación de dos meses previos derivó en suba real, dada la baja de la tasa de inflación durante el año 2025.

Por último, el tercer grupo está constituido por los únicos dos gastos cuyo peso relativo aumentó en los últimos dos años. Las transferencias no automáticas a CABA aumentaron 0,04 puntos porcentuales del PBI (56% de incremento) y la Asignación Universal para Protección Social 0,33 puntos porcentuales del PBI (88% de incremento).

¿De cuánto fue el cambio acumulado del peso relativo de cada gasto durante los últimos 26 meses?

Es posible acumular las diferencias de peso relativo, ya sean negativas o positivas, entre el promedio mensual del año 2023 y los 26 últimos meses. Concretamente, se puede calcular cuánto ha bajado o subido de manera acumulada el peso relativo de cada uno de los principales gastos nacionales. Del análisis surge que la caída acumulada del gasto público primario nacional fue de 10,4 puntos porcentuales del PBI durante los últimos 26 meses.

Se aprecia que tres gastos terminaron los 26 meses con una diferencia acumulada de peso relativo positiva. En efecto, la asignación universal para protección social aumentó 0,5% del PBI y las transferencias no automáticas y el PAMI lo hicieron con 0,1% del PBI.

Los trece gastos restantes acumularon una baja de peso relativo. El gasto que más cayó es el relativo a las transferencias no automáticas a las 23 provincias, con 2 puntos porcentuales del PBI. Le siguieron los programas sociales con 1,9 puntos porcentuales, la inversión real directa con 1,8 puntos porcentuales y los subsidios a la energía con 1,5 puntos porcentuales del PBI.

¿De cuánto fue la disminución del gasto medida en pesos reales y dólares?

Otro análisis de interés es el relacionado con el tamaño real del gasto público. Se determina que el gasto primario se redujo $62 billones, comparando el año 2023 con lo acumulado durante los últimos 12 meses.

El de mayor caída real fue, lógicamente, el de transferencias no automáticas enviadas a las 23 provincias. De ser de $11,2 billones en moneda de febrero de 2026 en los 12 meses acumulados de 2023 pasaron a ser de $1,9 billones en los últimos 12 meses.

En el segundo se presentan el gasto del PAMI y de las jubilaciones y pensiones contributivas, que tuvieron caídas reales del 1,7% y del 3,5%, respectivamente.

Por último, en el tercero se presentan los gastos reales en asignación universal para protección social y en transferencias nacionales no automáticas a CABA. Los aumentos fueron del 74% y del 73% respectivamente.

En términos acumulados, la caída de los últimos 26 meses asciende a $122 billones de pesos, medidos en moneda de febrero de 2026. Los programas sociales y las transferencias a provincias se redujeron en casi en $21 billones cada uno.

Si se hacen los cálculos en dólares corrientes, se determina que el gasto primario se redujo USD 32.800 millones, comparando el año 2023 con lo acumulado durante los últimos 12 meses. Si se acumulan los 26 meses transcurridos entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la caída asciende a USD 67.000 millones.

Los gastos que más cayeron en el acumulado de 26 meses, es decir, transferencias no automáticas y programas sociales, lo hicieron en aproximadamente USD 13.000 millones cada uno.

En el otro extremo, los gastos que aumentaron fueron asignación universal para protección social, PAMI y transferencias no automáticas a CABA. Los aumentos acumulados fueron de USD 3.700 millones, USD 400 millones y USD 700 millones, respectivamente.