ECONOMIA
Plan «dólar colchón»: los puntos decisivos del proyecto de ley que Milei enviará al Congreso
En su conferencia de prensa de este jueves, el vocero presidencial y secretario de Medios, Manuel Adorni, manifestó que «es inminente el envío de un proyecto de ley para proteger los ahorros de los argentinos» y embistió con dureza contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Adorni adelantó que la Agencia de Control y Recaudación (ARCA) convocará a cada una de las provincias a firmar un nuevo convenio de intercambio de información. Las provincias que no adhieran al acuerdo perderán el acceso a la información de facturación de personas y empresas, y tampoco podrán conocer los consumos que superen los nuevos umbrales fijados por ARCA.
El vocero cuestionó con énfasis al gobernador bonaerense: «Un caso emblemático es el de la provincia de Buenos Aires, cuya agencia de recaudación local (ARBA) anunció hace unos días que no iba a respetar el nuevo régimen de información impositiva anunciado por el Gobierno nacional».
Además, acusó a Kicillof de mantener «un régimen persecutorio para despilfarrar los recursos de los bonaerenses» con programas estatales como «Mar Para Todas», «Masculinidades por la Igualdad» y «Ciencias sin Estereotipos».
«Por eso se le advierte al gobernador Kicillof y a todos los gobiernos provinciales que quieran pisotear la libertad de los argentinos que el Gobierno irá hasta las últimas consecuencias para que la gente elija qué hacer con sus ahorros», concluyó Adorni, cerrando con la frase: «Tus dólares, tu decisión, como ya dijimos».
Se espera la adhesión de los gobiernos provinciales
En este aspecto hay que señalar que el gobierno provincial que no adhiera al nuevo Régimen De Impuesto a las Ganacias no recibirá por parte de ARCA ninguna información impositiva y patrimonial de los contribuyentes y ahorristas que decidan gastar sus dólares sin declarar.
Esa adhesión implicará que las administraciones provinciales, como por ejemplo ARBA, no controlarán los consumos por debajo de los 10 millones de pesos y tampoco los incrementos patrimoniales de los contribuyentes.
Hay que recordar que las preocupantes declaraciones del lunes pasado del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y del Director de ARBA Cristian Girard en contra de la aplicación del Programa de Reparación Histórica de los Argentinos en llamado el «Plan Colchon Bank» generaron el miércoles pasado dos reuniones por zoom entre funcionarios del Gobierno de Javier Milei y varios Gobernadores para aclarar varios aspectos del programa anunciado el jueves de la semana pasada.
Un nuevo marco legal para el uso de dólares no declarados
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones a la prensa, brindó detalles sobre las principales características del proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso, con el objetivo de proteger jurídica e impositivamente a los ahorristas que decidan usar dólares o pesos no declarados.
«El Gobierno está centrado en aprobar un proyecto de ley que permita la movilización de estos fondos, facilitando que los ahorristas que han guardado sus dólares fuera del sistema financiero los usen para adquirir bienes sin repercusiones fiscales inmediatas. Creo que va a ser algo realmente revolucionario», explicó Francos.
También destacó que «muchas personas quieren acceder a un crédito hipotecario pero no cuentan con el monto inicial necesario para comprar un departamento en blanco», y que la medida busca quebrar la barrera de entrada al mercado inmobiliario.
Asimismo, remarcó que el movimiento económico extra beneficiará la recaudación provincial, siempre que exista coordinación con los gobiernos locales.
Las condiciones para las provincias: adhesión obligatoria al nuevo régimen
Desde el Gobierno se remarcó que las provincias que no adhieran al nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias no recibirán información impositiva ni patrimonial de los contribuyentes que usen sus ahorros no declarados.
Francos también se refirió al escepticismo de la oposición, particularmente de las autoridades bonaerenses, como Kicillof y Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.
En su despacho de Casa Rosada, Francos, el viceministro del Interior Lisandro Catalán, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular de ARCA Juan Pazo se comunicaron por Zoom con los mandatarios provinciales para explicar en detalle el plan y despejar dudas.
La iniciativa de estas reuniones surgió tras las reiteradas consultas de los gobernadores luego de las declaraciones de Kicillof y Girard. Las videollamadas fueron organizadas para aclarar el contenido del plan y transmitir la intención del Gobierno de fomentar el uso de los dólares ahorrados fuera del sistema formal.
La fuente destacó que se trata de una forma para que el Gobierno nacional cuide a los contribuyentes provinciales de los abusos fiscales y tributarios que impuso el Kircnerismo y que quiere mantener Kicillof en su distrito.
Desde ARCA anticiparon que se prevé firmar con las provincias un acuerdo de intercambio de información fiscal, garantizando las condiciones del nuevo régimen. Se preservarán los datos personales y patrimoniales en cada una de las 24 jurisdicciones.
Al respecto, explicaron a iProfesional que aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA.
«De esta forma, el Gobierno avanza en garantizar la decisión histórica de devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran», afirmaron desde ARCA.
El pedido del presidente Javier Milei a los gobernadores fue claro: adherir al nuevo régimen simplificado, que regirá desde el 1 de junio. En caso de no hacerlo, ARCA no compartirá información fiscal ni de consumo de los contribuyentes provinciales.
Una fuente oficial remarcó que el objetivo es proteger a los ciudadanos de «abusos fiscales y tributarios heredados del kirchnerismo».
¿Qué gobernadores participaron y qué se espera?
En las primeras reuniones no participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Ziliotto (La Pampa), ni Ricardo Quintela (La Rioja). Sin embargo, se prevé que sean convocados en los próximos días. También se mencionó una posible reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Los gobernadores invitados al primer zoom fueron: Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
En el segundo encuentro participaron: Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Estas reuniones son parte de una primera etapa de diálogo, antes de que se presenten los proyectos de ley que integran la segunda fase del programa anunciado por Caputo.
El objetivo es que los dólares ahorrados informalmente ingresen al sistema financiero para ser utilizados en consumo, inversión y crédito, sin persecución fiscal. «El Estado ya no perseguirá al argentino que trabaja y ahorra, sino a los narcotraficantes y criminales que viven del delito», fue el mensaje de los funcionarios, quienes señalaron que las personas físicas y jurídicas podrán ingresar hasta 50 y 30 millones de pesos, respectivamente, sin tener que justificar el origen de los fondos ni que el banco informe a ARCA.
Desde el Gobierno sostienen que se buscará devolverle la libertad de manejar sus ahorros al contribuyente y cuidarlo por si viene una administración futura, como ya ha pasado, a dar vueltas lo que hizo un gobierno pasado y para eso es la ley que se va a estar mandando, para blindar a los ciudadanos contra eventuales futuras administraciones que quieran nuevamente perseguir y revisar el pasado de gente que se adhirió al sistema que se está implementando.
Para este punto, el oficialismo necesitará que las iniciativas sean aprobadas en ambas Cámaras y para eso será importante el apoyo de los gobernadores, que tienen especial influencia en el Senado, aunque también en Diputados.
Rechazo bonaerense: críticas de Kicillof y Girard
Kicillof rechazó públicamente el «Programa de Reparación Histórica de los Ahorros» y generó malestar en el Gobierno nacional, que respondió convocando rápidamente a los mandatarios provinciales para advertirles sobre las consecuencias de no adherir al nuevo régimen.
El gobernador expresó que «pareciera ser un intento de blanqueo permanente, pero sin aprobación legislativa. La normativa sobre investigaciones patrimoniales y sobre el origen de los fondos no ha cambiado».
Remarcó que «lo único que varió fue el régimen informativo, que actuaba como una alerta temprana ante operaciones sospechosas, como la compra de bienes por montos más altos respecto de los ingresos declarados«.
A estas críticas se sumaron las del director de ARBA, Cristian Girard, quien en declaraciones radiales y mediante un comunicado oficial, cuestionó la falta de claridad del nuevo programa: «Pese a las declaraciones oficiales, no se produjeron cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes en la provincia. La Agencia continuará aplicando las herramientas de fiscalización con las que ya viene trabajando. Frente a los anuncios del Gobierno nacional sobre un supuesto Plan de Reparación Histórica de los Ahorros, no hay modificaciones concretas en términos normativos», concluyó Girard.
«La Agencia continuará aplicando las herramientas de fiscalización con las que ya viene trabajando y frente a los anuncios del Gobierno nacional sobre un supuesto Plan de Reparación Histórica de los Ahorros no hay modificaciones concretas en términos normativos» dijo y agregó que «las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa».
El titular de ARBA señaló además que lo único implementado hasta ahora fue la derogación o reformulación de ciertos regímenes de información y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. En este último caso, las personas alcanzadas ya no deben declarar variaciones patrimoniales, sino únicamente ingresos y gastos deducibles».
En declaraciones radiales Girad manifestó que «se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados. No apunta a ahorros acumulados, sino que apunta a que no se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo. Pero la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue intacta. Eso deja a las y los contribuyentes en un limbo legal, porque no se explicita si este anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales».
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Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló un cambio significativo en los hábitos de consumo de los argentinos. Por primera vez en la historia, el 46% de las compras de alimentos en supermercados se realizaron con tarjeta de crédito, lo que marca un hito en los patrones de consumo de la población. Este dato, que refleja la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, fue destacado por el analista económico del CEPA, Martín Epstein, en el marco de un debate sobre el impacto del aumento del dólar en los precios.
En declaraciones radiales, Epstein se refirió a la suba del dólar a principios de agosto, que el presidente de la Nación había sostenido que no afectaría los precios de los alimentos. Sin embargo, el analista refutó esta idea, asegurando que «ya hay varias consultoras que relevan un aumento de precios muy significativo, sobre todo en alimentos en la primera semana de agosto».
El impacto del dólar en los precios y las proyecciones de inflación
Según Epstein, los comercios ya registraron aumentos de precios de entre el 3,5% y el 9%, dependiendo del rubro. El economista señaló que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir la inflación, «en principio no está ocurriendo». Para el analista, la inflación «se estabilizó entre el 1,5% y el 2% mensual, un nivel más bajo que en el pasado», pero que aún es relevante y podría repuntar.
Citando al economista Orlando Ferreres, Epstein proyectó que la inflación de agosto podría superar el 2,5% y alcanzar hasta el 3,5%. El analista destacó que el control del tipo de cambio es un factor clave para contener la inflación, un fenómeno que, históricamente en Argentina, ha influido de manera directa sobre los precios. «En la medida en que el gobierno pueda controlar la presión sobre el tipo de cambio, va a tener más éxito en mantener la inflación a raya. En la medida en que no lo pueda hacer y el dólar se le vaya para arriba, esto va a tener efecto sobre los precios«, concluyó.
De cuánto podría ser la inflación de julio: una consultora publicó su previsión
El economista Maximiliano Ramírez, director de Lambda Consultores, afirmó que su firma prevé una inflación del 1,9% para el mes de julio. Según Ramírez, este número, si bien es bajo, marca el inicio de un repunte inflacionario que se intensificará en agosto. «Estamos viendo un dato de inflación en torno al 1,9%, y del 2,2% o 2,3% con respecto a agosto, marcando una leve suba con respecto a julio», aseguró en diálogo con Radio Rivadavia.
Ramírez explicó por qué el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,5% en julio, es superior a la proyección nacional. La clave está en la composición de cada índice: mientras que en la Ciudad el peso de los servicios es del 60%, a nivel nacional ese número se ubica en un 30%. La diferencia, según el economista, es lo que hace que el IPC nacional sea menor.
El impacto del dólar en la inflación de julio fue menor de lo esperado, a pesar de que la divisa subió más del 13% en el mes. Sin embargo, las proyecciones de las consultoras y entidades financieras, que esperan una inflación del 1,8% para julio según el Relevamiento de Expectativas Económicas (REM) del Banco Central (BCRA), coinciden en que la suba del dólar podría tener un efecto más marcado sobre los precios del mes de agosto.
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Esta semana, el INDEC revelará de cuánto fue la suba del IPC en el último mes, donde la suba del dólar en los últimos días de julio jugó su papel
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El mercado está en vilo por la próxima licitación de bonos del Tesoro, donde se juega mucho más que la capacidad de renovación de deuda: será un verdadero test sobre la credibilidad del plan económico.
Vencen unos $22 billones -el doble que en la desastrosa licitación de fines de julio, cuando a pesar de haber convalidado una alta tasa nominal anual de 65%, igualmente los bancos dejaron un 24% sin «rollear». En otras palabras, quedaron circulando en el mercado unos $2,8 billones, lo que forzó al Banco Central a endurecer su política de encajes, de manera de absorber una peligrosa liquidez que podía presionar a los precios y al dólar.
Pero, acaso más grave que la volatilidad del mercado y las críticas por la manera en que se desarmó la «bola de LEFIs» que estaban en poder de los bancos, lo que más perjudicó al gobierno fue el hecho de que varias de sus frases de cabecera quedaron en tela de juicio.
Para empezar, la condición de «endógena» de la tasa de interés. Lo que quedó en evidencia es que el gobierno ha intervenido de varias formas indirectas, tanto para influir sobre el dólar como sobre la tasa. En el momento en que le preocupó la devaluación, llevó arriba la tasa de interés como forma de volver a hacer atractivo el «carry trade» y contener al dólar.
También quedó devaluada la argumentación del «punto Anker», que en otros tiempos llevaba a Toto Caputo a festejar cuando un «rolleo» era inferior al 100%, porque se interpretaba que los bancos preferían canalizar la liquidez hacia el crédito, en el marco de una economía pujante.
Por lo pronto, la expectativa del mercado para la próxima licitacióin es que el gobierno se resignará a pagar una tasa muy alta, como forma de mantener la estabilidad. Hablando en plata, se estima que no podrá haber un interés menor al 55% anualizado, porque se arriesgaría a que los bancos vean el «rolleo» más bajo que su costo de fondeo financiero.
La tasa, variable de ajuste
Lo cierto es que ya no hay celebraciones cuando una licitación termina inyectando pesos al mercado. De hecho, los economistas hablan sobre una ralentización del crédito -coincidente con una suba en la morosidad bancaria-. Y el episodio de las LEFIs dejó en claro que los pesos excedentes trajeron efectos secundarios negativos, como la disparada en el costo de la liquidez inmediata para las empresas por descubiertos en cuenta corriente.
Es una práctica común en empresas que deben afrontar un volumen alto de pesos concentrado en pocos días -salarios del personal, pagos a proveedores, entre otros- y que se financian con su banco por quedar unos días con la cuenta en negativo. Esa tasa se ubicaba en 32% a inicios de julio, subió abruptamente a 54% nominal anual cuando se produjo la crisis de las LEFIs y siguieron su camino ascendente hasta superar el 80% en algunos bancos. Actualmente está en torno de 63%.
En definitiva, ahora parece estar ocurriendo lo opuesto a la situación de hace unos meses, cuando fuera cual fuera el resultado de la licitación, el gobierno encontraba la forma de presentarlo como un dato positivo. Ahora, si no se llega al «rolleo» total en un vencimiento tan alto y luego de la reciente suba de tasas, se lo interpretará como una falta de credibilidad sobre el sostenimiento del plan económico, y particularmente del esquema cambiario post elecciones.
Pero si se produce la renovación total de los vencimientos, igual habrá críticas, porque ese dato abonará los temores de quienes denuncian un enfriamiento en la actividad industrial y comercial, y una creciente dificultad de acceso al crédito para los clientes que no sean de primera línea.
Lo cierto es que llamó la atención de los analistas la presión alcista de las tasas de vencimiento corto, con rendimientos mayores a 3,5% efectivo mensual -en términos anualizados supera el 50%-. Es decir, más del doble de la inflación proyectada.
Muchos ven allí una política deliberada para favorecer la estabilización cambiaria. «Las tasas en pesos jugarán un rol clave, y de hecho el propio FMI las caracterizó como una de las herramientas para contener eventuales presiones del sector externo. En ese sentido, resaltamos que, dado el incremento en el requerimiento de encajes a los bancos, podría verse cierta presión sobre la liquidez y las tasas, incrementando estas», apunta la gestora de fondos SBS.
Endógena, pero no tanto
Una de las formas de intervención consiste en la postura de contratos en el mercado de futuros del dólar -a un costo de $400.000 millones en julio-, de manera de revertir expectativas devaluatorias. Pero, sobre todo, lo que se logra de esa forma es abaratar el costo de la cobertura para los inversores.
Es decir, se vuelve a hacer posible lo que en la jerga financiera llaman «tasa sintética», que consiste en invertir en un título en pesos y, simultáneamente comprar un contrato en el mercado de futuros, una especie de «seguro anti devaluación». Para que esa operación tenga sentido, la tasa que paga el bono tiene que ser mayor que el costo de la cobertura en futuros.
Como esa tasa implícita de futuros venía en alza y tornaba demasiado caro el «carry trade», hubo una fuerte intervención que llegó al equivalente por u$s3.750 millones.
La otra forma de incidir sobre la «tasa endógena» es endurecer las condiciones de liquidez monetaria. Es algo que se está notando en el cambio de estrategia del BCRA, que está absorbiendo pesos después de un período de expansión.
Los últimos informes indican que el agregado monetario «M2 transaccional privado» -incluye el dinero circulante, las cuentas corrientes de bancos y las cajas de ahorro- tuvieron una baja nominal de 2,3% en lo que va del mes.
También se redujeron otros agregados que miran los analistas, como el M3 -incluye, además, los depósitos a plazo fijo y los depósitos del sector público-. En este caso, la variación negativa es de 1,9%.
¿Con qué pesos?
Lo que algunos analistas críticos están interpretando es que el gobierno cambió su definición sobre cuál es el indicador relevante para hablar del «congelamiento monetario» y decidió no correr más riesgos.
Lo cierto es que los funcionarios del equipo económico ya no muestran la confianza de otros momentos. Y el mayor blanco de los ataques fue el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a quien le gusta polemizar en las redes con los críticos del plan económico. Muchos le recordaron con sorna que en otros tiempos, el secretario había propuesto que se estamparan remeras con la inscripción «¿Con qué pesos?». Las chicanas indican que esas remeras bajaron drásticamente de precio.
También abundaron los memes vinculados a la sigla TMAP, que en la intimidad del gobierno significa «todo marcha acorde al plan», pero que en el mercado financiero acaba de ser resignificada como «Tasas Muy Altas, Pablo».
Luego de la última licitación en la que se convalidó la tasa anualizada de 65%, y en medio de la renovada carrera entre el dólar y las tasas, un analista que le preguntó al secretario Quirno de dónde saldrían los fondos para pagar los intereses de Lecap a su vencimiento, el funcionario respondió con un lacónico «se refinancia».
Es en ese contexto que se comenzó a hablar de una «bomba de Lecaps» y que lo que el gobierno presenta como una mejora en el perfil de deuda no fue más que cambiar el déficit cuasifiscal -las Leliqs y pases a un día que pagaba el Banco Central- por una nueva deuda.
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