Mientras que desde el Gobierno se apunta contra los empresarios por los altos precios de la ropa, las importaciones de indumentaria y calzado totalizaron USD 1.506 millones en 2025, lo que ha puesto en jaque a la industrial local.

Más en detalle, según un informe de Analytica, las compras externas registraron subas interanuales muy marcadas: crecieron 97,3% en indumentaria —unos USD 336 millones adicionales—, 121,2% en otros textiles —USD 94 millones más— y 25,2% en calzado y sus partes —USD 166 millones extra frente al año previo—.

A este desempeño se agregan las importaciones vía courier, que no se limitan exclusivamente a la indumentaria pero ganan peso de la mano de plataformas como Shein y Temu, con un incremento interanual acumulado del 274,2% en 2025.

En ese contexto, las importaciones de indumentaria totalizaron USD 681 millones en 2025, el valor más alto de la serie histórica a precios constantes, mientras que las de calzado y sus partes sumaron USD 825 millones, apenas por debajo del récord de 2017 (USD 857 millones).

“Estos movimientos reflejan un cambio profundo en la fisonomía local del mercado de indumentaria y calzado, con un desplazamiento de la producción nacional por bienes importados. Con un marcado impacto en dos variables: precios y empleo”, indicó Analytica.

En relación con el resto de la economía, los precios de indumentaria y calzado se encuentran en su nivel relativo más bajo desde 2016. Desde noviembre de 2023, el rubro se abarató un 30,6% frente al promedio general de precios. En el acumulado, mientras la inflación total trepó al 259,4% desde el inicio de la gestión, la de indumentaria y calzado avanzó 149,4%.

El reverso de este alivio para los consumidores aparece en el empleo: entre noviembre de 2023 y octubre pasado —último dato disponible— se perdieron 18.333 puestos de trabajo registrados en textiles, confecciones, cuero y calzado, lo que implica una contracción del 15,1% y marca el nivel más bajo de toda la serie iniciada en 2009. A esto se suma que el sector presenta elevados niveles de informalidad, especialmente en confecciones, donde rondan el 72%.

Esto derivado de la fuerte caída de la industria: los niveles de producción de noviembre quedaron muy por debajo de los registros previos: en productos textiles se ubicaron 47,6% por debajo de noviembre de 2023, mientras que en confecciones y calzado la caída fue del 19,3%.

Si la comparación se hace contra el promedio histórico de 2016–2023 —sin considerar el período de pandemia—, la producción de noviembre resultó 40% menor en textiles y 18,1% inferior en confecciones y calzado.

Dentro del complejo, los segmentos más golpeados son el curtido y la fabricación de artículos de cuero, con una baja del 44,1% en 2025 frente al promedio 2016–2023; los tejidos y acabados textiles, con un retroceso del 34,7%; y el preparado de fibras de uso textil, que cae 33,7%.

En paralelo, el tema quedó en el centro de la discusión pública luego de declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. “El sector textil es también un caso emblemático de un sector que ha sido protegido durante muchísimos años, con el cuento de que hay 150.000 familias que trabajan en esto. Pero hay 47 millones de argentinos que han tenido que pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo”, dijo.

El proteccionismo “es una medida zonza y que perjudica a los que menos tienen. Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera”, señaló el titular del Palacio de Hacienda en diálogo con Radio Mitre.

“Entonces, convengamos que las 150.000 familias que trabajaban en esto no es que sean millonarias ni que le hayan dado un impulso impresionante al país. O sea, los que se beneficiaron fueron los dueños, que los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho”, afirmó el ministro.

“Si vos pagás cinco dólares una remera en vez de 50, ahora tenés 45 dólares para gastar en otra cosa. Entonces, irás a comer afuera, te tomarás un helado y esos recursos se destinarán a otras industrias”, consideró.

Claudio Drescher,presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), manifestó “desilusión y tristeza” por las declaraciones y desde la Fundación Pro Tejer remarcaron qe cerca del 50% del valor de una remera, por ejemplo corresponde a impuestos. Otro 30% del precio final se explica por los alquileres de los locales y el costo financiero.

En tanto, alrededor de un 12% se destina a logística, marketing y márgenes de rentabilidad, mientras que el 8% restante queda en manos de la industria.

Advierten que si se habilita el cobro de sueldos en billeteras se comprometerá la seguridad de los haberes y se desfinanciará el sistema de créditos

08/02/2026 – 10:16hs

La disputa entre el sistema financiero tradicional y las plataformas digitales sumó un nuevo e intenso capítulo en la Argentina. En el marco del debate por la reforma laboral, las principales asociaciones bancarias del país elevaron un reclamo formal para frenar el artículo que permitiría a los trabajadores percibir sus haberes directamente en billeteras virtuales, una facultad que hoy es exclusiva de las cuentas bancarias.

Desde el sector argumentan que esta modificación no solo altera las reglas de juego, sino que pone en riesgo la protección de los ingresos de millones de asalariados. Según las entidades, la robustez del sistema bancario actual garantiza una seguridad jurídica y financiera que las fintech aún no pueden equiparar, debido a las diferencias en los regímenes de regulación y supervisión vigentes.

Bancos vs. billeteras virtuales: riesgo para los depósitos y sistema de protección

Uno de los puntos centrales del reclamo radica en la seguridad de los fondos. Desde la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABBAPRA) elevaron un pedido formal a la senadora libertaria Patricia Bullrich y al presidente de Diputados, Martín Menem, solicitando que se quite del proyecto de reforma laboral el artículo 35, que equipara las cuentas de pago (CVU) con las bancarias (CBU), lo que posibilitará el pago de sueldos en billeteras virtuales.

Señalaron, entre otras cuestiones, que las cuentas sueldo tradicionales cuentan con un sistema de «triple protección». Este esquema incluye el Seguro de Depósitos (SEDESA) -$25.000.000 por persona-, el estatuto de pasivo privilegiado y un régimen de resolución especial que asegura que, ante cualquier eventualidad, el trabajador no pierda sus haberes.

Las entidades sostienen que las billeteras virtuales operan bajo modelos de negocios que no cuentan con estas garantías de solvencia. «Dicha arquitectura normativa no responde a un rezago tecnológico, sino a una decisión de política pública orientada a garantizar un estándar mínimo de seguridad para los trabajadores», afirmaron voceros del sector. Advierten que, de aprobarse el cambio, la seguridad de los salarios quedaría subordinada a plataformas sin el mismo nivel de respaldo regulatorio.

Impacto en el crédito y la disponibilidad de efectivo

Otro de los argumentos fuertes tiene que ver con la capacidad de financiamiento de la economía. Cuando los sueldos se depositan en bancos, esos fondos permiten a las entidades otorgar créditos a empresas y particulares. En cambio, si el dinero fluye masivamente hacia las billeteras virtuales —que suelen derivar saldos a Fondos Comunes de Inversión con encajes del 100%—, esa capacidad de intermediación financiera se vería seriamente afectada, encareciendo o reduciendo la oferta de préstamos.

Finalmente, los bancos destacaron su rol en la logística del efectivo en todo el territorio nacional. Muchas entidades públicas realizan el «delivery de cash», recorriendo miles de kilómetros para abastecer cajeros en localidades remotas. Advierten que, si los depósitos dejan de estar en el sistema formal, será económicamente inviable sostener la presencia de efectivo en las regiones del interior, perjudicando la capilaridad del servicio financiero en todo el país.

Martín Rappallini de la UIA, señaló que la presión fiscal y la legislación laboral antigua frenan la capacidad de competir frente a la apertura comercial

08/02/2026 – 09:53hs

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), afirmó que la competitividad del sector privado depende de un ordenamiento macroeconómico urgente ante un escenario de caída en la actividad y una transición hacia la integración global.

La realidad industrial argentina atraviesa una transición crítica marcada por una apertura económica significativa y un escenario de actividad profundamente heterogéneo. «Si bien el año 2025 registra un leve crecimiento del 1,5% respecto al anterior, esto ocurre tras un 2024 de fuerte ajuste donde todos los rubros sufrieron caídas. Sectores como la construcción, el textil, el calzado y la metalmecánica mantienen estándares de retracción, mientras que la energía, la minería y el sector automotriz muestran signos de recuperación», manifestó Rappallini en declaraciones radiales

En este contexto, el referente del sector sostuvo que la apertura obliga a las empresas a adaptarse a precios internacionales con márgenes reducidos: «Los sectores que no recuperan no solamente están impactados por la actividad, sino también por la apertura. Estoy vendiendo a mucho menos cantidad y también a un precio mucho más bajo con motivo de tener que adaptarse a precios internacionales».

El dirigente se manifestó convencido de que «la integración al mundo es el único camino para lograr un sector sustentable, aunque remarcó que el Estado debe acompañar este proceso corrigiendo las fallas estructurales que arrastra el país». A pesar del ordenamiento macroeconómico y la baja de la inflación, Rappallini denunció que «la presión impositiva continúa en niveles insostenibles». 

«Seguimos acumulando distorsiones»

«Seguimos acumulando distorsiones. Seguimos con 50 puntos de presión fiscal. En algunos casos ha habido suba de impuestos a nivel de muchas municipalidades», afirmó, a la vez que destacó la necesidad de aprobar una legislación laboral moderna para otorgar previsibilidad. Para el industrial, el éxito de la apertura depende de equiparar las condiciones domésticas con las de los competidores externos, enfatizando que «hoy en el mundo no compiten las empresas, sino también compiten los sistemas que las rodean».__IP__

Respecto a las críticas oficiales hacia ciertos sectores, como el textil, Rappallini defendió la complejidad de las cadenas de valor locales y atribuyó los altos precios a la acumulación de impuestos en cada etapa productiva. Asimismo, tomó distancia de los conflictos públicos entre el Gobierno y grandes conglomerados, abogando por rodear al empresariado de prestigio social para que funcione como motor de la economía. 

Sobre el reciente acuerdo con Estados Unidos, el dirigente vislumbra una oportunidad estratégica ante la decisión de Washington de diversificar sus proveedores fuera de China. «Ellos necesitan de proveedores globales que no estén en China y ahí es donde está la oportunidad argentina de proveerlo de acero, aluminio e infinidad de productos», concluyó, proyectando un rol protagónico para la industria nacional como aliado global.