La Constitución Nacional le otorga al Poder Ejecutivo la facultad exclusiva de reglamentar las leyes que sanciona el Congreso Nacional cuando afirma: “Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”.

En 2010 se sancionó una Ley de Glaciares que no existe en ningún otro lugar del mundo y no por casualidad; la gran mayoría de sus artículos nunca fue reglamentada. Esto demuestra la poca seriedad, los escasos conocimientos y la verdadera intención espuria de quienes impulsaron la norma. El asunto no era la protección hídrica; el objetivo principal era prohibir la industria minera en cordillera. El contraste con Chile evidencia que dicho objetivo fue alcanzado de manera contundente.

Desde 2014, luego de escuchar a los principales glaciólogos del planeta y de comprender, a partir del conocimiento científico, la dinámica de los ambientes en altura y su relación con el agua, propusimos una reglamentación de la Ley 26.639. Nos enfocamos en el objetivo declarado: resguardar las consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas, expuesto en su primer artículo, dejando de lado las emociones.

Prohibir la minería por el ínfimo consumo de agua que requiere -agua que incluso podría obtenerse del océano Pacífico- equivale a prohibir el uso de automóviles, colectivos y camiones que funcionan con nafta o gasoil por contaminar el aire con gases de efecto invernadero, que aumentan la temperatura del planeta y, en consecuencia, derriten glaciares.

Cuestionamientos y contexto

Vale analizar el significado de reserva estratégica: acciones que buscan reservar productos o artículos que gobiernos, organizaciones o empresas retienen del uso normal en función de una estrategia, ante eventualidades inesperadas. Así existen reservas de productos básicos como alimentos o petróleo, que en tiempos de escasez (por inundaciones, sequías, conflictos bélicos) permiten superar crisis temporales.

Sin embargo, no existe prueba teórica ni práctica de que los glaciares puedan convertirse en una reserva estratégica. Si dejaran de llover o nevar, ¿Cómo podrían utilizarse esas supuestas reservas? En los últimos cinco años, San Juan perdió un 27% de sus áreas glaciarias, y el aumento del caudal en sus ríos no pudo medirse por ser insignificante frente al volumen que aporta la nieve de invierno y su derretimiento en primavera.

Al parecer, los legisladores de 2010 omitieron decretar en la ley que el clima del país no aumente su temperatura y, con ello, evitar el derretimiento de gran parte de nuestros glaciares. Desde 1910, cuando comenzaron los registros de previsión anual del agua disponible en la provincia de San Juan, nunca se consideró el aporte hídrico de los glaciares.

Nuestros ríos responden a un régimen níveo térmico: dependen primero de la nieve, luego de escasas lluvias en un clima desértico y, finalmente, de reservas subterráneas que hoy están amenazadas por la sobreexplotación agrícola.

Debate legislativo y participación pública

Si dejara de nevar, ¿de dónde saldría el agua que necesitamos? ¿Derretiríamos glaciares como en Fahrenheit 451 se quemaban libros? ¿Alcanzaría para un año de consumo ese descongelamiento? ¿Y luego? Así de absurdas son las premisas en que se fundamenta lo legislado. Las estulticias que a diario escuchamos aún tienen espacio en un país donde el respeto por la Verdad como valor en el debate prácticamente se ha perdido.

No era necesario reformar ninguna ley en el Congreso. Bastaba con que el presidente Javier Milei hiciera uso de sus facultades constitucionales. Seguramente Greenpeace, diversas ONG y la Pastoral Social celebrarían la discusión, mientras algunos estudios jurídicos quedarían agradecidos. Los argentinos comunes están hartos de simulaciones, espectáculos y el desprecio por las normas y la ciencia. Las consecuencias: la industria minera postergando el inicio de grandes proyectos, miles de empleos retrasados, compatriotas abatidos en la pobreza humana.

Un decreto que reglamentara el artículo de la ley de glaciares hubiera sido suficiente. Solo hacía falta precisar el criterio de “significancia hídrica”. Así de sencillo:

Artículo 1°: Se considerará reserva estratégica a todo glaciar y/o ambiente periglacial que contribuya a la recarga de cuencas hidrográficas de manera significativa. Se entiende por contribución significativa al aporte hidrográfico que represente al menos 1% del total del aporte hídrico a una cuenca determinada. El total se determinará por la suma anual, en porcentaje, de los distintos aportes a la recarga: precipitaciones de agua y nieve, derretimiento de glaciares descubiertos y de aquellos de roca o escombros en el permafrost.

En 2010, en Uspallata, Mendoza, se realizó una audiencia pública por la Ley de Glaciares con más de 2.000 anotados que, en su mayoría, leían: “yo no le doy licencia social al proyecto San Jorge”. Ahora, son más de 80.000 inscriptos quienes participan; las órdenes de agrupaciones y corrientes ideológicas han surtido efecto. ¿Cuántos de ellos saben distinguir ambientes glaciarios, crióticos, permafrost o entender la importancia relativa de los aportes a una cuenca hídrica? Tal vez asistimos a un fenómeno nuevo de identificación colectiva con la causa, repleto de participantes que se autodenominan glaciólogos.

Desde 2014 lo hemos propuesto: era necesario reglamentar la Ley 26.639 con un instrumento constitucional y científico, pero las prioridades políticas se han impuesto sobre el conocimiento.

El autor es Diputado Nacional mandato cumplido y exsubsecretario de Minería de la Nación

Durante la primera mitad del mandato de Javier Milei se logró esquivar una hiperinflación inminente, ejecutar correcciones económicas y políticas de fondo, y alcanzar una buscada estabilidad en el proceso.

Estas medidas permitieron reencauzar la dinámica macroeconómica hacia una trayectoria de crecimiento después de quince años.

El cambio de paradigma fiscal se consolidó como núcleo del actual modelo de gestión: el equilibrio en las cuentas públicas eliminó la dependencia de la emisión para financiar gastos como salarios y jubilaciones, sustentando ahora esas erogaciones con la recaudación impositiva.

Esto facilitó un proceso histórico de desinflación que redujo la inflación desde máximos de más de treinta años hasta mínimos en ocho años.

Paralelamente, se avanzó con el cumplimiento del programa financiero y de las promesas de campaña -como la remoción del control cambiario, la eliminación de la brecha y el Impuesto PAIS, y la reducción de retenciones lo que impulsó una mejora reputacional visible en la caída del índice de riesgo país de más de 2.700 puntos básicos en la administración de Alberto Fernández hasta 600 pb en la actualidad. También es el nivel más bajo en ocho años.

Dudas sobre la continuidad de la mejora económica

El proceso de normalización tuvo una pausa: la mejora sostenida de los niveles de actividad, salarios y reducción de la inflación desde mediados de 2024 se detuvo a finales de 2025. Esta interrupción generó interrogantes sobre la trayectoria futura: ¿continuará mejorando la situación en los próximos veinte meses, o la fase de recuperación ya concluyó?

La incertidumbre sobre el rumbo económico se acentuó con el repunte de la inflación. Luego de alcanzar un mínimo de 1,5% en mayo de 2025, el índice subió a 2,9% en febrero de 2026. A pesar de que la inflación minorista pasó del 211% anual en 2023 al 31% en 2025 y la mayorista del 274% al 26%, en los últimos tres trimestres se observó una aceleración inflacionaria.

Los procesos de desinflación no son lineales y requieren tiempo prolongado. Israel demoró más de diez años en alcanzar inflaciones de un dígito anual, y Chile, más de veinte. La situación argentina, que partió de una inflación cercana al 300%, difícilmente podía converger a un solo dígito anual en apenas dos años de manera directa y sin sobresaltos.

Obstáculos que ralentizaron el proceso desinflacionario

Existen dos factores principales que hicieron que la inflación no descendiera más rápidamente:

El primero fue el riesgo político durante las elecciones legislativas. El incremento del índice de riesgo país antes de los comicios reflejó el temor a una reversión del actual rumbo económico, lo que generó una caída en la demanda de activos argentinos y de dinero, desatando volatilidad, dolarización de portafolios -el índice de riesgo país subió de unos 650 a 1.400 puntos básicos en solo cuatro meses- y una depreciación del tipo de cambio del 30% en ese período.

Ese episodio quedó superado, al menos hasta el avance de 2027, cuando la incertidumbre electoral vuelva a ser relevante. El segundo obstáculo fue el programa financiero heredado. La deuda pública representaba el 100% del Producto Bruto Interno y el índice de riesgo país estaba por encima de 2.700 pb, junto a la deuda con importadores superaba los USD 50.000 millones que se resolvió utilizando los Bopreal. Hasta ahora, se ha encarado este desafío recurriendo a la colocación de nueva deuda para extender plazos y bajar tasas, y mediante la compra de dólares con fondos provenientes del superávit fiscal primario.

También se monetizó la economía mediante la reducción de los pasivos monetarios de corto plazo (antes llamados leliqs). La emisión de base bajó de un ritmo de 90% interanual a un 36% desde finales de 2023 a la fecha, aunque sigue en valores positivos, lo que contribuye a que la inflación no sea aún menor.

El pago de la deuda y la gestión del tipo de cambio

El Gobierno priorizó la acumulación de dólares y la extensión de plazos de deuda frente a una reducción más acelerada de la inflación. Entre 2026 y 2027, Argentina debe afrontar vencimientos por unos USD 35.000 millones.

El acceso limitado a los mercados voluntarios de crédito obliga a acumular divisas en el Banco Central, apalancado además por las metas de acumulación de reservas acordadas con el FMI.

Reducir la inflación del 300% al 30% era urgente. Bajarla del 30% al 10% corresponde a una etapa de consolidación macroeconómica. Por ello, la administración optó por canjear deuda para extender plazos y reducir cupones, y comprar dólares en el proceso.

La acumulación de dólares también cumple con el objetivo de evitar una apreciación excesiva del tipo de cambio.

El crecimiento de las exportaciones de energía y agro -con exportaciones récord de USD 87.000 millones en 2025- introduce presión para fortalecer el peso. Esto explica por qué el tipo de cambio se mantuvo en torno a $1.400 durante siete meses pese al aumento estacional de demanda de dólares y a una inflación mensual todavía próxima al 3 por ciento.

Además, la mayor oferta de divisas se proyecta para el segundo trimestre del año producto de la estacionalidad de las exportaciones, lo que sumará presión al tipo de cambio.

Permitir una apreciación pronunciada del peso perjudicaría al sector industrial y a economías regionales menos competitivas que el agro o la energía. Por eso, las compras de dólares actúan como freno de esa dinámica. El costo de esta estrategia es perceptible: la inflación desciende más lentamente, especialmente si continúa la inestabilidad internacional, lo que podría encarecer los combustibles y sumar presión inflacionaria.

Otras prioridades del Gobierno incluyen llegar a 2027 con reservas elevadas y un programa financiero robusto. Esto reduce el riesgo de crisis de balanza de pagos y limita la exposición ante la incertidumbre electoral. Llegar con más dólares al período preelectoral se percibe como un factor de tranquilidad para los mercados.

El efecto neto es que la inflación demorará algo más en converger a valores cercanos a un dígito, pero se mantiene la solidez en el saldo de divisas y la estabilidad financiera.

En 2025, la economía creció 4% interanual, acompañada de máximos en consumo privado y actividad económica.

Perspectivas para la segunda mitad del mandato

Se proyecta un ritmo elevado de compra de dólares por parte del Gobierno. En lo que va de 2026 se han acumulado cerca de USD 3.300 millones y, considerando el ciclo favorable de precios de las materias primas y cantidades exportadas, junto a la mayor oferta estacional de divisas en el segundo trimestre, es plausible que la acumulación de reservas supere los USD 8.000 millones antes de terminar la primera mitad de 2026. Esta cifra cubriría una parte relevante de los intereses de deuda de este año.

Respecto a la inflación, la persistencia de tasas cercanas al 3% mensual al inicio de 2026 ubica el pronóstico anual en torno al 25%, por debajo del 31 registrado en 2025, aunque algo por encima de estimaciones previas. Si las condiciones se mantienen constantes, los valores bajarían aún más en 2027.

El superávit primario muestra perspectivas firmes de continuidad hasta el final del actual mandato, lo que marcaría una novedad en la historia fiscal reciente del país.

Las exportaciones seguirían creciendo y el superávit comercial se consolidaría.

Los precios internacionales de las materias primas atraviesan una fase especialmente favorable (Bloomberg Commodity Index sube 28% interanual) y los incentivos para producir y exportar se fortalecieron luego de la reducción de retenciones, la eliminación de la brecha cambiaria y la desregulación económica.

Entre las reformas, destacan la eliminación del sistema barril criollo -que fijaba precios locales del petróleo por debajo del internacional- y de la 125 para el sector energético, que imponía retenciones móviles.

Un factor que podría reactivarse es la intermediación financiera: el restablecimiento de préstamos hipotecarios, debido a la caída de la prima de riesgo local y la normalización del sistema bancario, potenciaría el crédito y la actividad económica a partir del segundo semestre de 2026.

En este contexto, la actividad económica mantiene potencial de expansión igual o superior al 3% en 2026 y 2027, sustentada por el desarrollo del agro, la minería, la energía y el sector financiero.

El autor es Economista

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a colocar a los mercados financieros frente a un escenario conocido: tensiones geopolíticas que impactan de forma inmediata en los precios de la energía, generan movimientos hacia activos considerados refugio y producen reacciones iniciales de cautela en los mercados accionarios.

El mercado energético es uno de los que reacciona con mayor intensidad ante episodios de conflicto. En los primeros días posteriores a las hostilidades, los precios del petróleo registraron movimientos particularmente volátiles: el Brent llegó a superar momentáneamente los USD 119 por barril, mientras que el WTI mostró subas superiores al 30% en las primeras operaciones, reflejando el aumento del riesgo percibido sobre el suministro global de energía.

La magnitud de la reacción se vincula con la importancia estratégica de la región para el mercado petrolero internacional, en particular el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo consumido a nivel mundial.

Los datos comparativos de distintos episodios recientes muestran que la reacción del petróleo depende en gran medida del riesgo percibido sobre la oferta energética global.

Durante la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, los precios del Brent y del WTI registraron subas semanales en torno al 26%. En la escalada actual entre Estados Unidos, Israel e Irán, el movimiento fue incluso más marcado, con avances de 29,17% en el Brent y 36,92% en el WTI en la semana posterior al inicio del conflicto.

En contraste, cuando los conflictos no implican un riesgo directo para la oferta energética global, la reacción del petróleo suele ser más moderada o incluso negativa.

El ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023 se acompañó de caídas cercanas al 6% en el Brent y al 4,5% en el WTI en la semana posterior, mientras que durante el ataque de Irán a Israel en abril de 2024 las variaciones también fueron negativas, con retrocesos cercanos al 4,6 por ciento.

Esta comparación indica que el factor determinante para el mercado energético no es únicamente la existencia de un conflicto, sino su potencial impacto sobre la producción, el transporte o las exportaciones de hidrocarburos.

Más allá del petróleo, los conflictos geopolíticos suelen provocar movimientos hacia activos considerados refugio. Entre ellos se encuentran el oro, el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El fenómeno es conocido en los mercados como “fuga hacia la calidad” (flight to quality, tendencia de los inversores a buscar instrumentos percibidos como más seguros en contextos de incertidumbre internacional).

Activos refugio: tendencias ante la guerra

En los episodios analizados, el oro mostró subas moderadas en la semana posterior a los eventos geopolíticos. Durante la invasión de Ucrania el metal avanzó cerca de 3,4%, mientras que tras el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023 registró una suba cercana al 4%. En otros eventos recientes las variaciones fueron más acotadas, con movimientos de entre 0% y 2% en los días posteriores al inicio de las hostilidades.

Aunque estos movimientos suelen ser menores que los observados en el mercado energético, confirman el papel del oro como reserva de valor en momentos de tensión.

El dólar estadounidense también tiende a fortalecerse en este tipo de escenarios, impulsado por la demanda global de activos denominados en esa moneda. Sin embargo, las variaciones tienden a ser limitadas: en diversos episodios de tensión geopolítica, el índice del dólar registró apreciaciones generalmente inferiores al 3% en la semana posterior a los eventos.

La reacción de los mercados accionarios resulta más heterogénea. En los primeros momentos de un conflicto, las bolsas tienden a registrar caídas por el aumento de la aversión al riesgo. No obstante, la magnitud de estos movimientos suele ser menor que la observada en el mercado energético.

En los primeros días de la reciente escalada en Medio Oriente, los principales índices bursátiles marcaron retrocesos moderados: las bolsas estadounidenses cayeron cerca de 2,5% en la semana posterior al inicio del conflicto.

Impacto en acciones y sectores estratégicos

La experiencia revela que este tipo de reacciones iniciales suelen moderarse con el paso de los días. A medida que los inversores evalúan el impacto económico real del conflicto y ajustan sus expectativas, los mercados tienden a estabilizarse. En varios episodios recientes, las Bolsas recuperaron parte de las pérdidas iniciales una vez disminuida la incertidumbre sobre la evolución de los acontecimientos.

Dentro del mercado accionario existe un segmento que suele beneficiarse de los conflictos geopolíticos: las empresas vinculadas al sector defensa. Las acciones de compañías como Lockheed Martin y Northrop Grumman registraron subas en la mayoría de los episodios analizados.

Durante la invasión de Ucrania ambas compañías avanzaron cerca de 18% en la semana posterior al inicio del conflicto, mientras que en la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 las subas fueron de 14,1% y 9% respectivamente.

Incluso en episodios de menor intensidad, como los intercambios de ataques entre Irán e Israel en 2024, estas acciones registraron avances moderados.

Otro mercado que puede mostrar cambios en contextos de tensión geopolítica es el del gas natural. Sin embargo, a diferencia del petróleo, su comportamiento suele ser menos uniforme por la regionalización del mercado.

Durante la invasión de Ucrania el gas natural registró un aumento cercano al 11,8% en la semana posterior al inicio del conflicto, mientras que en otros episodios los movimientos fueron más moderados. En algunos casos incluso se observaron caídas importantes, como ocurrió tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, cuando el precio del gas retrocedió cerca del 22 por ciento.

Repercusiones macroeconómicas y respuestas institucionales

Más allá de la reacción inmediata de los mercados, los conflictos que afectan a regiones energéticas estratégicas también generan preocupaciones macroeconómicas más amplias. Un aumento sostenido en los precios del petróleo suele trasladarse a los costos de transporte y producción, lo que puede presionar al alza la inflación global y complicar los procesos de estabilización de precios en distintas economías.

En este contexto, los gobiernos y organismos internacionales suelen evaluar medidas destinadas a estabilizar los mercados energéticos. Entre ellas está la liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de Energía, una herramienta utilizada en episodios previos de disrupciones en el suministro global.

La sensibilidad de los mercados frente a la evolución de los conflictos también queda reflejada en la reacción a señales políticas. Declaraciones sobre posibles negociaciones o la duración esperada de las hostilidades pueden generar movimientos inmediatos en los precios de los activos. En distintos momentos de la escalada reciente, comentarios sobre un eventual acercamiento diplomático provocaron caídas en el precio del petróleo y recuperaciones en los mercados bursátiles, poniendo de manifiesto el peso de las expectativas en la dinámica financiera.

El análisis de los distintos episodios recientes muestra algunos patrones:

• el petróleo registra fuertes subas cuando se compromete el suministro global energético;
• los activos considerados refugio, como el oro y el dólar, tienden a experimentar subas moderadas asociadas al aumento de la incertidumbre;
• los mercados accionarios presentan reacciones iniciales negativas que, en la mayoría de los casos, se corrigen con el tiempo; y
• el sector defensa es una de las áreas del mercado que suele registrar subas ante este tipo de eventos, reflejando las expectativas de mayor gasto militar.

En el escenario actual, la evolución del mercado energético continúa siendo uno de los principales factores a seguir para evaluar el impacto económico del conflicto en Medio Oriente, y la magnitud de los movimientos recientes en el precio del petróleo pone de relieve la importancia estratégica de la región para el suministro global de energía.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market