La actividad industrial volvió a mostrar un retroceso en diciembre, aunque el balance del año terminó siendo positivo. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero (IPI) registró en el último mes de 2025 una caída interanual del 3,9%, mientras que el acumulado de enero a diciembre cerró con un aumento del 1,6% respecto de igual período del año anterior.

La dinámica mensual también reflejó una leve contracción. De acuerdo con la serie desestacionalizada, la producción industrial mostró en diciembre una variación negativa del 0,1% frente a noviembre.

De esta manera, los datos oficiales muestran que diciembre profundizó una secuencia de variaciones negativas en el tramo final del año. En noviembre, la industria ya había registrado una caída interanual del 8,7%, mientras que en octubre la baja había sido del 2,8%. Con este resultado, el sector cerró el año con un desempeño dispar entre meses, aunque con un saldo anual positivo.

En términos interanuales, el retroceso de diciembre se explicó por el comportamiento de la mayoría de las ramas industriales. Según el informe, diez de las dieciséis divisiones que componen el índice presentaron caídas respecto de diciembre de 2024.

Entre los sectores que más incidieron en la baja del nivel general se destacó el complejo automotor. La división “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” registró una caída interanual del 21,6%, siendo la de mayor incidencia negativa en el índice.

También se observaron retrocesos significativos en “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con una baja del 16,7%; “Maquinaria y equipo”, con una disminución del 14,8%; y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, que cayó 22,4% interanual.

El Indec informó además caídas en “Productos textiles”, que retrocedieron 25,7% respecto de diciembre de 2024; “Productos de caucho y plástico”, con una baja del 18,3%; y “Productos de metal”, que disminuyeron 7,5%. A estos se sumaron descensos en “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras” (-6,6%), “Productos de tabaco” (-7,6%) y “Otro equipo de transporte” (-2,9%).

A pesar del resultado negativo del nivel general, algunas divisiones mostraron un desempeño interanual positivo en el último mes del año. Entre ellas se destacó “Industrias metálicas básicas”, con una suba del 7,4%, que tuvo una incidencia positiva relevante en el índice.

También registraron variaciones interanuales positivas “Madera, papel, edición e impresión”, con un incremento del 4,6%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, que avanzó 4,0%; y “Alimentos y bebidas”, con una suba del 0,8%.

En el mismo sentido, el informe consignó aumentos en “Sustancias y productos químicos”, que crecieron 1,0%, y en “Productos minerales no metálicos”, con una variación positiva del 0,3%.

Más allá de los números mencionados, hay algunas ramas industriales en particular que vale la pena analizar más a fondo. El rubro de alimentos y bebidas, por ejemplo, mostró en diciembre un crecimiento interanual del 0,8% y cerró el año con un aumento acumulado del 2,1%. En su interior, se destacaron subas en la preparación de frutas, hortalizas y legumbres, productos lácteos y molienda de cereales, mientras que se observaron caídas en carne vacuna, molienda de oleaginosas y bebidas.

La refinación del petróleo registró un aumento interanual del 4,0% en diciembre y acumuló una suba del 2,2% en el año. Según el Indec, dentro de este sector se verificaron incrementos en la producción de gasoil, fueloil y asfaltos.

Por su parte, el bloque de madera, papel, edición e impresión creció 4,6% interanual en el último mes del año y acumuló un alza del 3,8% en el conjunto de 2025. El desempeño estuvo impulsado por la producción de madera y productos de madera y corcho, así como por papel y productos de papel.

Con indicadores de las bolsas de Nueva York que se recuperaron más de 2% este viernes, los activos argentinos aparecieron como más demandados después de una extendida serie negativa.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 1,5%, en los 2.977.118 puntos, para cortar con una racha adversa de siete rondas de negocios en las que acumuló una pérdida de 9,6% desde el 28 de enero.

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- subieron un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó seis enteros para la Argentina, en los 512 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York destacaron las alzas de Bioceres (+7,3%) y Edenor (+6,5%).

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, advirtió que el reciente descenso de precios de los activos argentinos se produjo en “en un contexto global adverso y en el que se evidencio el alto beta de Argentina. En el mes se acumula una perdida de 8,5%, llevando al acumulado de 2026 al terreno negativo luego de un buen enero”.

“Mientras tanto, el BCRA sigue acumulando reservas y compró el jueves USD 126 millones en el MULC, llevando al acumulado de 2026 por encima de los USD 1.400 millones”, añadió Juan Manuel Franco.

“Seguimos favoreciendo la exposición a activos en moneda dura, apoyados en la acumulación sostenida de reservas internacionales y en la expectativa de una compresión del riesgo país”, indicó el equipo de Research de Adcap Grupo Financiero.

“El Gobierno está señalando que no está dispuesto a emitir a los spreads actuales, en torno a los 500 puntos básicos, ni a pagar cupones en el rango de 8,75%–9,25%, como hizo Ecuador. Por eso, creemos que Argentina buscará volver a los mercados más cerca de mayo, una vez que la acumulación de reservas alcance aproximadamente USD 4.000 millones en el año y se traduzca en condiciones de emisión más favorables», agregó Adcap.

A comienzos de la semana, el ministro de Economia Luis Caputo afirmó: “No tenemos intención de emitir nueva deuda en los mercados internacionalesˮ, postura que luego fue reforzada por un mensaje del presidente Javier Milei orientado a generar “escasez de bonos argentinosˮ.

“El principio de ‘círculo virtuoso’ que se ha puesto en movimiento por el cambio en las condiciones financieras necesita retroalimentarse desde el lado del sector real de la economía, pero las secuelas de tres trimestres de estancamiento del nivel de actividad complican la recuperación de la inversión pública, del crédito al sector privado -con excepción de los préstamos en dólares- y del empleo. Esto en un contexto en el que el gobierno está volviendo a recurrir al “ancla cambiaria”, preocupado por el hecho de que, desde septiembre, la inflación se ha instalado por encima del 2% mensual», explicó Jorge Vasconcelos, economista del IERAL de la Fundación Mediterránea.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el representante de Comercio norteamericano, Jamieson Greer, firmaron el acuerdo Argentina–EEUU sobre comercio e inversión recíprocos.

El acuerdo busca reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover inversiones en sectores estratégicos como minería, minerales críticos, infraestructura y tecnología.

“Entre otras disposiciones, el acuerdo contempla una apertura recíproca de mercados para productos clave. Por un lado, EEUU eliminará aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles domésticamente y sobre insumos no patentados para uso farmacéutico”, precisaron desde max Capital.

Por otro lado, “Argentina otorgará acceso preferencial al mercado estadounidense para exportaciones que incluyen productos farmacéuticos, químicos, maquinaria, bienes de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos y diversos productos agropecuarios. Ambos países también mejorarán las condiciones de acceso bilateral para la carne vacuna, con EEUU otorgando trato preferencial a 100.000 toneladas de carne argentina. Además, EEUU se comprometió a revisar los aranceles al acero y al aluminio. El acuerdo ahora requiere aprobación del Congreso”, puntualizó Max Capital.

En 1992 la Fundación Pro Vivienda Social empezó a trabajar en microcréditos para la construcción de viviendas en barrios populares. A fines de esa misma década, por experiencia acumulada y demanda de las propias familias, derivó hacia temas de infraestructura: acceso a redes de servicio.

Así, por caso, participó en planes de electrificación en el “Barrio 31” en Retiro y organizó fideicomisos para acceso a gas domiciliario de los vecinos de “Cuartel V”, un megabarrio del partido de Moreno, lindante con José C.Paz y al sur de Pilar, en el conurbano bonaerense.

Con las redes cloacales a más de 30 kilómetros, se priorizó el acceso a gas, cuya red troncal estaba a solo 2 kilómetros, contó María Pazo, directora de la Fundación. El proyecto de gasificación benefició a más de 10,000 familias a través de fideicomisos vecinales, posibles gracias al trabajo y la organización de los propios vecinos.

En muchos casos, contó Pazo, para las tareas de conexión domiciliaria los vecinos eligieron gasistas locales, remunerados por cuenta y orden de las familias a través de los fideicomisos administrados por la Fundación y fondeados con recursos del Foncap, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras.

“Los gasistas locales trabajaban como monotributistas, realizaban las conexiones internas de gas y eran remunerados por cuenta y orden de los vecinos, con la Fundación como administradora del fideicomiso”, recalcó Pazo.

Los vecinos pudieron así financiar en hasta 48 cuotas, en las facturas de gas posteriores, las obras de conexión a sus hogares.

A pesar de ese modelo comunitario, un gasista inició en 2016 una demanda contra la Fundación, alegando “relación de dependencia”. Y convenció a otros cuatro gasistas que hicieran lo mismo, además de testimoniar en su demanda.

El juicio se planteó en CABA y aunque la demanda original en 2016 fue por $1,1 millones, el fallo en segunda instancia de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que la Fundación debe pagar al gasista $184,6 millones, monto al que llegó aplicando indexación e intereses y que excede en 16.682% la demanda original y en 1.885% el monto sin capitalizar, de $9,3 millones, según un fallo de la misma Cámara, según consta en el escrito presentado por la Fundación al Tribunal Superior de Justicia porteño.

El impagable fallo por parte de la ONG podría multiplicarse por la demanda de los otros 4 gasistas, que testimoniaron en el primer juicio.

Solo la primera demanda bastaría para el quiebre de la Fundación y -dijo María Pazo- sería un precedente muy desalentador para otras ONG y Fundaciones de trabajo social. Los vecinos están indignados, contó a Infobae.

De hecho, a mediados de diciembre, decenas de vecinos y organizaciones sociales solicitaron públicamente al TSJ que revoque el fallo de la Cámara Nacional del Trabajo, al que calificaron de “arbitrario” y advirtieron que si la sentencia se mantiene, no solo cerraría la Fundación Provivienda Social, sino que se agravaría la falta de un marco laboral adecuado para las entidades sin fines de lucro, debido a interpretaciones judiciales “arbitrarias e injustas”. La solicitada fue respaldada por vecinos y entidades comunitarias.

En el juicio, la Fundación presentó los contratos de adhesión a los fideicomisos, facturas de los gasistas y comprobantes de pago por servicios para demostrar la inexistencia de relación laboral.

El fallo de la Cámara Laboral, dice la directora de la ONG, desconoce el funcionamiento de los modelos comunitarios y, en particular, la figura del fideicomiso, clave en planes de tipo social.

Invocando fallos que reconocen al Tribunal Superior de Justicia de CABA como tribunal competente en ciertos litigios, la Fundación presentó un recurso extraordinario.

El escrito alega que la Cámara hizo una interpretación inconstitucional del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y que esa interpretación “viola la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad”, significa un “despojo” y “violenta los artículos 17 y 18 de la Constitucional”.

El escrito, al que accedió Infobae, denuncia, entre otras cosas:

• Exorbitancia de la condena: la liquidación arroja la suma de $184,6 millones pero según un fallo de la Cámara, sin capitalizar el monto sería de $9,3 millones, además de que en primera instancia ante el mismo fueron la demanda prosperó por $1,1 millones. “Esto es –dice- el fallo llega a una suma más de 100 veces superior a la demanda original (en rigor, como precisó Infobae, el monto defl fallo es 18.360% superior a la demanda nominal de origen)
• Que el fallo afirma una relación laboral que se sostiene “dogmática y únicamente sobre testimonios de gente que tiene interés en el resultado del pleito, por la sencilla razón de que  esos testigos mantienen, con idéntico patrocinio que el actor, pleitos semejantes contra los mismos demandados. No existe otra prueba”.
• Declara la inconstitucionalidad del artículo 10 de la “Ley Bases” que impulsó el gobierno nacional.
• “Al fallar contra la Ley Bases y aplicar las normas allí derogadas, aplica sin cortapisas las leyes 25.343 y 25.343 a pesar de que esas normas han sido derogadas por la ley Bases”. Aplicar nomas derogadas, dice el escrito, “abulta la indemnización dramática y desproporcionadamente, ignorando un fallo del propio TSJ porteño.
• Ignora los testigos de la parte demandada “quienes desmienten al demandado” y argumentos decisivos, como que mi demandado era el administrador fiduciario de un fideicomiso de vecinos” y que, según el Código Civil y Comercial de la Nación “el fiduciario no responde por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso”.

En un pasaje clave, la presentación afirma: “No existe prueba válida alguna (…) que acredite la relación de dependencia del actor con mi mandante (…) tampoco respeta el debido proceso una decisión contraria a una ley nacional, basada en normas derogadas y que declara la inconstitucionalidad de dos leyes federales que han sido convalidadas constitucionalmente por V.E. en fecha no muy lejana”.

Está en juego no solo la existencia de la Fundación, sino un modo de trabajo de otras organizaciones que ayudan en barrios populares: más de 30% de las conexiones a gas domiciliario en Moreno se realizaron vía fidecomisos, precisó María Pazo.

El fallo laboral, concluyó, “pone en riesgo un modelo de desarrollo comunitario y desalienta a otras organizaciones de hábitat a emprender proyectos ambiciosos con vecinos, lo que anularía 30 años de trabajo”.