Luego de casi dos años de un gran ajuste en la obra pública y una deuda con las empresas constructoras que se fue acumulando, a pesar de que algunos proyectos continuaron, el Gobierno decidió hacer frente a ese pago con el objetivo de darle oxígeno a las compañías y comenzar a reactivar una industria que dinamiza fuertemente la actividad económica.

Fuentes privadas y oficiales confirmaron que el plan consiste en emitir un bono que cubra las obligaciones pendientes entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, aunque todavía restan conocer los detalles del instrumento. El monto a saldar rondaría los USD 200 millones y se trataría de deuda por obras viales y ferroviarias, en principio. El Gobierno ya se lo comunicó de manera informal al sector, que espera definiciones sobre si la deuda será actualizada y si sufrirá una quita, dado que el bono podría cotizar entre 70% y 80% de su valor nominal.

Trascendió que estaría incluida la deuda por obras viales y de ferrocarriles. Las hídricas, dijeron fuentes del sector, se saldaría al contado. Y las de viviendas fueron trasladados a las provincias. ¿Qué ocurrió? Si bien los atrasos en los pagos del sector han sido moneda corriente, cuando asumió el Gobierno Javier Milei la decisión inmediata fue paralizar toda la obra pública nueva y continuar con algunos proyectos que estaban en plena ejecución. “Pero también hubo atrasos en esas obras que el propio Gobierno nos dijo que continuáramos”, dijo un empresario a este medio.

Lo cierto es que ahora, a poco más de dos años de aquel comienzo de gestión, el equipo económico quiere comenzar a normalizar la situación para que también las empresas puedan utilizar ese dinero en financiar otras obras y que eso dinamice la actividad económica, ya que todavía no hay demasiadas señales de repunte.

El Ejecutivo está muy activo en licitar las concesiones de las rutas y seguirá por ese camino. Hasta ahora, están ya en marcha los procesos para los 9.000 kilómetros de rutas por donde transita el 80% de la población, pero el objetivo es continuar con otros 6.000 kilómetros, precisaron desde el Gobierno. En todos los casos, serán concesiones por lo que la financiación de las obras será privadas (propia o bancaria). También comenzará a revisar de qué manera reactivar las obras en viviendas, ya que es donde más mano de obra se genera, y de forma relativamente rápida.

El sector de la construcción festejó, el martes por la noche, los 90 años de vida de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), evento que reunió a figuras del ámbito político y empresarial. La celebración se realizó en el Teatro Colón, primero con un cocktail y luego con una exclusiva función de la obra Astor, Piazzolla Eterno. En ese contexto, funcionarios y empresarios tuvieron la oportunidad de dialogar sobre la marcha de la actividad y destacaron la necesidad de mantener la obra pública activa.

Al respecto, Gustavo Weiss, presidente de Camarco, explicó a Infobae en Vivo que el sector perdió miles de empleos y que las empresas deben adaptarse a un nuevo sistema económico. Señaló que, aunque la macroeconomía exige mayor orden y previsibilidad, el Estado sigue siendo clave para impulsar proyectos que reactiven la actividad y garanticen continuidad en el empleo. Weiss agregó que la obra pública constituye un motor de producción y que la falta de inversión afecta directamente a proveedores y contratistas vinculados a las compañías.

Sobre el empleo, el empresario recordó que el sector perdió “120.000 puestos de trabajo entre mediados del 2023 y mediados del 2024″ y que desde ese entonces, la actividad está amesetada y solo recuperó una muy pequeñísima parte de esa pérdida”.

Aunque las cifras oficiales del Indec muestran que la actividad total de la construcción había crecido durante 2025 (6,3% versus 2024), con algunos meses positivos que compensaron periodos de retrocesos, el indicador de demanda de insumos sugiere que el sector privado enfrentó una desaceleración en el comienzo del año.

Así, la actividad mostró un arranque con una caída mensual de 11,6% en la demanda de materiales en enero, según el índice que elabora el Grupo Construya. Ese dato también quedó 1,1% por debajo del mismo mes del año anterior, lo que reflejó menor dinamismo en las compras de insumos que suelen anticipar obra en desarrollo.

El índice incluye productos como cemento, ladrillos, acero y pinturas, y la baja mensual respondió, para los analistas, a un ajuste típico luego del cierre del año previo en un contexto aún cauteloso para la ejecución de proyectos.

Tras los recortes y cierres de plantas en los distintos sectores de la industria, golpeada de lleno por las importaciones y la caída del consumo, ahora se encienden luces de alerta en el sector financiero y de servicios profesionales.

Por un lado, la firma global PwC habría desvinculado entre 40 y 60 personas en los últimos días en la Argentina, según distintos posteos en redes sociales, donde incluso se habló de hasta 200 puestos afectados.

Por otra parte, el banco Santander cerró o está en proceso de cerrar unas 40 sucursales en los últimos meses y desde el sindicato remarcan que esta reducción podría impactar en unos 500 empleados.

Despidos en PwC Argentina y la versión de la empresa

Por el lado de PwC, los testimonios comenzaron a multiplicarse luego de que circulara un telegrama de despido fechado el 24 de febrero, en el que se informaba la desvinculación «por cuestiones organizativas», bajo los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). También surgieron menciones a cesantías en el área que la compañía denomina internamente AC (Acceleration Center).

Los comentarios se sucedieron y se llegó a hablar de 200 despidos, aunque otras versiones indican que las desvinculaciones rondan entre los 40 y 60 empleados.

Fuentes de la compañía relativizaron la magnitud de los recortes. Señalaron que en Argentina cuentan con 6.300 empleados y que «nunca se hizo un ajuste mayor al 1% de esa dotación».

En un comunicado, la firma explicó que: «La dinámica propia del sector a nivel global redefine permanentemente las habilidades y servicios requeridos por los clientes. Como parte de ese proceso, algunas actividades dejan de ser necesarias y se suman otras nuevas de forma constante».

La empresa destacó que durante 2025 incorporó 750 personas y anticipó que sumará otras 750 este año, principalmente en el PwC Acceleration Center Buenos Aires (ACBA), que cuenta con más de 3.500 profesionales y brinda servicios a clientes de Estados Unidos y Canadá desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario.

Sin embargo, a nivel global la compañía reconoció en su último reporte fiscal -cerrado a fines de 2025- que recortó alrededor de 5.600 puestos de trabajo y dejó atrás su plan de contratar 100.000 personas hacia mediados de 2026.

El foco pasó a ser la eficiencia operativa y la inversión en Inteligencia Artificial, con un desembolso anunciado de u$s1.500 millones, lo que está transformando tareas que antes realizaban perfiles junior.

Puertas adentro del sector vinculan estos movimientos con el ajuste que vienen aplicando en todo el mundo las llamadas Big Four (PwC, Deloitte, EY y KPMG), en un contexto de mayores costos y redefinición de servicios.

Alerta en el sector bancario: despidos y cierre de sucursales en Santander

En paralelo, el gremio Asociación Bancaria encendió alarmas por retiros voluntarios masivos en el Banco Santander Argentina, en el marco de un proceso de cierre de sucursales.

De acuerdo con los últimos datos públicos del sector, la entidad pasó de operar cerca de 395 sucursales en 2022 a aproximadamente 297 hacia fines de 2025. Es decir, eliminó casi 100 puntos de atención en poco más de dos años, lo que representa una contracción superior al 25%. La magnitud del recorte no tiene parangón entre los principales bancos privados.

El repliegue tomó mayor velocidad en los últimos meses. Tal como informara iProfesional, la Asociación Bancaria alertó que el banco cerró o está en proceso de cerrar más de 40 sucursales en distintas provincias, lo que generó estado de alerta en el gremio. Desde el sindicato sostienen que la reducción no solo impacta en la atención a clientes, sino también en puestos de trabajo y condiciones laborales.

La Asociación Bancaria advirtió que el ajuste podría impactar en más de 500 personas, entre empleados propios y tercerizados, y sostuvo que los retiros voluntarios funcionan en la práctica como despidos encubiertos.

Desde el banco relativizaron las cifras difundidas por el sindicato. Reconocieron el cierre de 9 sucursales en lo que va del año y señalaron que no necesariamente implicaron desvinculaciones. También explicaron que se trata de «sucursales de última milla», donde la atención presencial perdió peso frente a los canales digitales.

Según la entidad, actualmente el 90% de las transacciones se realizan de manera digital y la concurrencia a sucursales cae 30% interanual, lo que enmarca el proceso en una transformación estructural del modelo de negocios más que en un ajuste coyuntural.

Lo concreto es que, entre eficiencia operativa, digitalización e inversión en IA, tanto en consultoría como en banca el mercado laboral atraviesa una etapa de reconfiguración. Aunque las empresas niegan despidos masivos, el repliegue en algunas áreas convive con nuevas contrataciones en otras, en un escenario de transición que genera preocupación en los trabajadores.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció nuevas actualizaciones para los límites, rangos y montos de las asignaciones familiares a partir de marzo, mediante la resolución 55/2026 publicada este jueves en Boletín Oficial.

El incremento en los valores es del 2,88% y abarca tanto a trabajadores en relación de dependencia del sector privado y público nacional como a beneficiarios de la Ley sobre Riesgos de Trabajo, del Seguro de Desempleo, monotributistas, integrantes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a perceptores de Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo para Protección Social. La modificación excluye las asignaciones que corresponden a la ayuda escolar, cuyo pago se formalizó a través del decreto 115/2026, publicado esta madrugada.

El ajuste dispuesto en la resolución se basa en la fórmula que considera las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor Nacional (INDEC) y ratifica que la percepción de un ingreso superior a $2.722.595 por parte de uno de los integrantes del grupo familiar excluye a ese grupo del cobro de las asignaciones, aun cuando la suma total de ingresos no supere el límite máximo estipulado en los anexos de la normativa.

La actualización detallada en el anexo que acompaña la medida alcanza a las asignaciones familiares por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, maternidad, matrimonio, nacimiento y adopción.

Los valores de los montos de acuerdo a cada zona del país, quedaron de la siguiente manera:

IGF hasta $1.028.268:

• Valor General: $66.414
• Zona 1: $66.414
• Zona 2: $143.205
• Zona 3: $132.638
• Zona 4: $143.205

IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055:

• Valor General: $44.799
• Zona 1: $59.167
• Zona 2: $88.621
• Zona 3: $117.851
• Zona 4: $117.851

IGF entre $1.508.055,01 y $1.741.100:

• Valor General: $27.097
• Zona 1: $53.329
• Zona 2: $80.025
• Zona 3: $106.497
• Zona 4: $106.497

IGF entre $1.741.100,01 y $5.445.190:

• Valor General: $13.980
• Zona 1: $27.335
• Zona 2: $40.908
• Zona 3: $54.128
• Zona 4: $54.128

IGF hasta $1.028.268:

• Valor General: $216.240
• Zona 1: $216.240
• Zona 2: $324.042
• Zona 3: $431.930
• Zona 4: $431.930

IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055:

• Valor General: $152.975
• Zona 1: $208.587
• Zona 2: $312.578
• Zona 3: $416.634
• Zona 4: $416.634

IGF desde $1.508.055,01:

• Valor General: $96.547
• Zona 1: $200.828
• Zona 2: $300.993
• Zona 3: $401.206
• Zona 4: $401.206

IGF hasta $1.028.268:

• Valor General: $66.414
• Zona 1: $66.414
• Zona 2: $143.205
• Zona 3: $132.638
• Zona 4: $143.205

IGF entre $1.028.268,01 y $1.508.055:

• Valor General: $44.799
• Zona 1: $59.167
• Zona 2: $88.621
• Zona 3: $117.851
• Zona 4: $117.851

IGF entre $1.508.055,01 y $1.741.100:

• Valor General: $27.097
• Zona 1: $53.329
• Zona 2: $80.025
• Zona 3: $106.497
• Zona 4: $106.497

IGF entre $1.741.100,01 y $5.445.190:

• Valor General: $13.980
• Zona 1: $27.335
• Zona 2: $40.908
• Zona 3: $54.128
• Zona 4: $54.128

IGF hasta $5.445.190:

• Valor General: $77.414
• Zona 1: $77.414
• Zona 2: $77.414
• Zona 3: $77.414
• Zona 4: $77.414

IGF hasta $5.445.190:

• Valor General: $462.845
• Zona 1: $462.845
• Zona 2: $462.845
• Zona 3: $462.845
• Zona 4: $462.845

IGF hasta $5.445.190:

• Valor General: $115.913
• Zona 1: $115.913
• Zona 2: $115.913
• Zona 3: $115.913
• Zona 4: $115.913

Estos valores corresponden a los montos vigentes a partir de marzo de 2026 según el cuadro oficial de ANSES.

El jueves, el organismo confirmó un nuevo pago del bono de $70.000 para jubilados y pensionados, tras el anuncio de una nueva suba para los beneficiarios de la ANSES. La medida quedó formalizada tras la publicación del decreto 109/2026 en el Boletín Oficial. De este modo, el bono se suma a los que ya se entregaron desde 2024, destinados a atenuar el efecto de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores.

Las normativas anteriores establecieron ajustes mensuales para los haberes previsionales a partir de julio de 2024, actualizándolos en función de la variación registrada por el INDEC.