El Ministerio de Economía anunció que ofrecerá un bono denominado en dólares junto a los instrumentos en pesos en las próximas licitaciones quincenales por hasta USD 2.000 millones y esos recursos se destinarán al pago de los vencimientos de deuda en moneda extranjera por más de USD 4.200 millones del próximo julio.

El nuevo título estará disponible por hasta USD 150 millones por subasta y podrá ampliarse en una segunda ronda, al día siguiente, por hasta USD 100 millones adicionales al precio de corte. El bono pagará un interés del 6% anual, liquidado mensualmente, y tendrá un programa de emisión total de hasta 2.000 millones de dólares. “Los recursos obtenidos a través de estas licitaciones quincenales se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026″, comunicaron desde Economía.

“Es interesante, hay que ver cuánto logra captar y a qué tasa corta. La realidad es que el mercado está inundado de MEPs. Si da buena tasa, puede llegar a tener buena aceptación”, sostuvo Nicolás Cappella, sales trader de Grupo IEB.

La Secretaría de Finanzas enfrenta esta semana un vencimiento de deuda pública de $7,2 billones, de acuerdo con operadores del mercado y reportes recientes. Este desafío surge tras un canje de títulos que modificó el perfil de vencimientos; sin embargo, el Tesoro mantiene la necesidad de asegurar altos niveles de refinanciamiento —o “rolleo”—, en un contexto de escasa liquidez y tasas elevadas.

La última operación de canje, realizada la semana pasada, permitió al Gobierno renovar la totalidad de los compromisos inmediatos, otorgando cierto margen de maniobra a corto plazo. La administración evitó inyectar pesos al mercado y logró reducir el costo financiero de los nuevos instrumentos. Este resultado impidió un aumento abrupto de la circulación monetaria y reforzó la señal de disciplina fiscal, aunque dejó planteado un nuevo reto debido a la magnitud de los vencimientos inmediatos.

El volumen de $7,2 billones corresponde al canje de títulos con legislación local realizado días atrás. Cappella explicó que vencen $7,2 billones debido al canje de títulos dollar linked efectuado la semana pasada. Considera que en esta oportunidad no se absorberán pesos del mercado, ya que recientemente hubo falta de liquidez y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debió intervenir pagando parte de las LECAPs para evitar una mayor suba de la caución. “Creo que en esta van a ir por algo más cercano a 90% / 100% de rolleo”, afirmó. La referencia a la intervención del BCRA evidencia la tensión en el sistema financiero, donde la demanda de efectivo presiona sobre las tasas de corto plazo y condiciona la dinámica de renovación de títulos públicos.

El proceso de rolleo implica que el Gobierno logre que los inversores con títulos próximos a vencerse los renueven por nuevos instrumentos, en vez de exigir el pago en efectivo. Esta práctica resulta fundamental para evitar la expansión de pesos en la economía, un factor que incide directamente sobre la presión cambiaria y la inflación. Para los operadores del mercado, la estrategia del Ministerio de Economía será garantizar niveles elevados de refinanciamiento, próximos al 90% o más, a fin de evitar sobresaltos en la emisión monetaria y sostener el equilibrio de caja.

La última licitación resultó favorable para el Gobierno. Christian Buteler, especialista en finanzas, recordó que se necesita un rollover del 90% en adelante, ya que en la operación anterior se superó el 100%. “Eso le da un poco más de aire, pero para mantener el equilibrio necesita ese porcentaje o más, así no enfrenta sobresaltos con los vencimientos. Por otro lado, las tasas están bastante altas; en los últimos días de la semana pasada superaron el 40%. Ahí surge un problema, porque no puede convalidar tasas tan elevadas sin afectar la actividad, que ya viene debilitándose”. Las declaraciones de Buteler reflejan la doble restricción del equipo económico: sostener un elevado refinanciamiento sin convalidar tasas crecientes, que encarecen la deuda y afectan la actividad.

La Secretaría de Finanzas cuenta con cierto respaldo tras las últimas licitaciones. El informe diario más reciente del Banco Central de la República Argentina señala que, al 18 de febrero de 2025, los depósitos en pesos del Tesoro nacional ascienden a $4,8 billones. A esto se suman posiciones en moneda extranjera equivalentes a $446.164 millones al tipo de cambio oficial de $1.401,8091. Este volumen de depósitos representa un respaldo parcial para afrontar obligaciones inmediatas, aunque la proporción frente a los vencimientos destaca la importancia de lograr una alta tasa de rolleo en la próxima licitación.

El control de la cantidad de pesos en circulación es un objetivo central del Gobierno, que intenta evitar presiones adicionales sobre el mercado cambiario y contener la inflación. La política de renovar vencimientos sin inyectar nuevos pesos ayuda a frenar la demanda de divisas y modera el impacto en los precios internos. El equilibrio es delicado: una menor renovación obligaría a emitir moneda para cancelar vencimientos, reactivando la tensión cambiaria y acelerando la inflación.

El mercado observa con atención la evolución de las tasas de interés. En los últimos días, el costo de financiamiento de corto plazo superó el 40%, según Buteler. Este nivel refleja la percepción de riesgo y la búsqueda de cobertura ante la inestabilidad macroeconómica. El BCRA intervino para evitar incrementos mayores en la tasa de caución, instrumento clave en el mercado de dinero. La intervención oficial busca mantener cierto orden y evitar un encarecimiento excesivo del crédito, que impactaría directamente en la actividad.

Las expectativas del mercado respecto al porcentaje de rolleo en la próxima licitación rondan el 90% al 100%. Cappella considera posible alcanzar ese rango, aunque las condiciones de liquidez y el nivel de tasas presentan desafíos adicionales. El antecedente inmediato, con un rolleo superior al 100%, aportó señales positivas, aunque la magnitud del vencimiento actual impone nuevas exigencias a la estrategia oficial.

El contexto inflacionario y la volatilidad cambiaria agregan presión al manejo de la deuda en pesos. La política de no emitir para cubrir vencimientos y, en cambio, buscar la renovación de los títulos, se ha transformado en un pilar de estabilización. El uso eventual de los depósitos en pesos y moneda extranjera del Tesoro por parte del BCRA aparece como un respaldo parcial, pero no garantiza cobertura total frente al volumen de los próximos vencimientos.

El Gobierno enfrenta la necesidad de mantener altos niveles de rolleo evitando tasas excesivas, en un escenario de liquidez restringida, costos financieros en aumento y actividad económica débil. El resultado de la próxima licitación será determinante para el pulso del financiamiento público y será seguido de cerca por operadores locales e internacionales.

En el bando de los que consideran que el dólar sub $1.400 es nocivo para la economía se esgrime un argumento clásico: con ese nivel de tipo de cambio, los productores agrícolas otra vez se refugiarán en las silobolsas y retendrán su producción, por más que el gobierno les haya atenuado las retenciones a la exportación.

Es un tema que se discute con acaloramiento entre los empresarios del agro, que siguen quejándose de los reducidos márgenes de rentabilidad, y que ya están previendo que cuando llegue el momento de la cosecha de soja, tendrán precios más bajos incluso que los del año pasado.

A primera vista parece extraño ese escepticismo, dado que en este momento el precio del mercado internacional está viviendo un repunte, con la tonelada a u$s421 en las pantallas del Chicago Board of Trade, después de haber tocado mínimos en torno de u$s350.

Y, además, para el principal producto de exportación argentino rige ahora una retención de 24% -lo cual sigue dejando a los agricultores argentinos en desventaja- pero que implica una notable mejora respecto del 33% que se pagaba hasta hace poco más de un año.

Es por eso que se plantea la cuestión de si la mejora en el precio internacional, sumado a la menor carga de retenciones, podrá compensar el «dólar barato» y convencer a los productores de vender masivamente.

Récord de cosecha, ¿y de exportación?

Es el tema en debate: con una cosecha estimada por la Bolsa de Comercio de Rosario en 48 millones de toneladas -levemente por debajo de los 49,4 millones obtenidos el año pasado-, los economistas afines al gobierno se entusiasman con el potencial de exportación del campo. Si se considera, además, la excelente campaña de maíz y trigo, podría llegarse a un total de 140 millones de toneladas, lo que la convertiría en récord histórico.

Esa expectativa va de la mano con una proyección de mayor acumulación de reservas en el Banco Central, que en lo que va del año ya superó los u$s2.500 millones comprados en el mercado cambiario.

El influyente consultor Salvador Di Stefano apunta que «podría representar una liquidación de granos de u$s40.000 millones, algo muy similar al récord de liquidaciones que ocurrió en el año 2022 cuando se liquidarán u$s40.438 millones». Y compara contra la exportación agrícola de u$s31.337 millones del año pasado, lo cual lo lleva a sostener el argumento de que el tipo de cambio no sólo no está atrasado, sino que tiene chances de caer aun más.

Claro que esa opinión está lejos de generar consenso: hay productores que no sólo tienen desconfianza en el esquema cambiario del gobierno, sino que tampoco creen que los actuales precios de la soja sean sostenibles, y prevén una brusca caída en el corto plazo.

Bajos incentivos para la venta

De hecho, hasta la polémica sobre Fate terminó exacerbando el debate, porque desde el gobierno, como argumento defensivo, destacaron que durante el peronismo se cobraban retenciones a la exportación industrial. Es decir, una afirmación que lleva implícito el concepto de que no tiene sentido gravar la exportación de la industria pero sí la del campo.

Eso llevó a un contrapunto entre Felipe Núñez -uno de los principales funcionarios en el equipo del ministro Toto Caputo- y Santiago del Solar, un productor rural que, durante la gestión macrista, ocupó la jefatura de gabinete en el ministerio de Agricultura. Del Solar sostiene que se debería tener un esquema de rebajas de retenciones, que permitan al productor una planificación de largo plazo. «Nadie invierte más si no hay un cambio de expectativas», sostuvo el ex funcionario.

Lo cierto es que abundan las advertencias de empresarios agrícolas que se quejan sobre la «inviabilidad» del negocio por la combinación de retenciones y, además, un tipo de cambio en baja. Algunos productores manifiestan su temor de que la tonelada de soja en el mercado local caiga debajo del nivel de $300.000.

Actualmente, los precios del mercado de Rosario marcan $456.000, aunque con tendencia a la baja. Y en los contratos a futuros de A3, hay posturas por $320.000 para los próximos meses.

Super cosecha de soja en el mundo

¿A qué se debe atribuir ese escepticismo sobre los precios? Para empezar, al escenario internacional. La especulación sobre el acuerdo entre China y Estados Unidos, sumada a la decisión de la Corte Suprema que rechazó las subas arancelarias de Donald Trump llevaron a una reacción del mercado. Así, los fondos de inversión que intervienen en los mercados de futuros compraron 15 millones de toneladas en pocos días, con lo cual se presionó la cotización al alza.

Pero, más allá de la especulación política, los «fundamentals» del negocio siguen mostrando una vigorosa oferta que supera a la demanda.

Brasil tuvo una cosecha mejor a la esperada, con más superficie sembrada y mejores rindes. Hablando en cifras, se espera que la oferta de soja brasileña llegue a 180 millones de toneladas. Esto se agrega al dato de que Estados Unidos -según la estimación del Departamento de Agricultura- llegará a 121 millones de toneladas de soja, un volumen 4,4% superior a la última cosecha.

En otras palabras, la percepción generalizada es que la reciente suba en las cotizaciones obedece a especulaciones geopolíticas más que a razones de mercado, por lo que será difícil el sostenimiento de los precios actuales.

Precio versus tipo de cambio

Pero además, claro, está el factor argentino. Los productores, como el resto de los argentinos, asisten diariamente al debate entre quienes creen que habrá «una lluvia de dólares» que hará que la apreciación del peso sea la «nueva normalidad» y los que, por el contrario, creen que hay una distorsión cambiaria generada por los controles cambiarios y la ola de emisiones de deuda corporativa.

De manera que, como siempre, dependiendo de cuál sea la expectativa devaluatoria, los productores se apurarán a vender o esperarán con su stock en los silobolsas.

Hoy, los sojeros reciben $456.000 por tonelada, lo cual equivale a u$s332 considerando el tipo de cambio oficial, pero de u$s320 si se toma el mercado «contado con liquidación», que es el que está realmente disponible para el agricultor en caso de querer redolarizar su ingreso.

En definitiva, lo que le queda en el bolsillo al productor es un 76% del precio internacional, que es el que reciben los productores brasileños, paraguayos y uruguayos. Podría argumentarse que no es una mala cifra, dado que durante los regímenes de incentivo exportador que implementaba Sergio Massa se obtenía apenas un 50% del precio internacional, pero los productores igual se muestran cautelosos.

A esta altura del año, solamente hay ventas anotadas por unas 5,2 millones de toneladas, un 11% del volumen de la cosecha proyectada, y esto ocurre a pesar de que el precio para los contratos de futuros se ubican unos u$s20 por encima de los de hace un año.

Para quienes crean que es inevitable una caída en las cotizaciones, podría ser un momento ideal para asegurarse el precio y ya anotar ventas a futuro. Pero la contracara de esa decisión es la expectativa sobre el tipo de cambio: mientras más atrasado esté el dólar, peor será el precio del mercado interno.

En síntesis, contra el optimismo del gobierno, que espera una lluvia de divisas producto de la exportación agrícola, en el campo las opiniones están mucho más divididas, y volvió la clásica especulación respecto de si es mejor adoptar una actitud conservadora y esperar a una corrección devaluatoria o un nuevo «tax holiday» como el que implementó Caputo el año pasado ante la sequía de dólares.

El sistema de transporte público en Argentina mantiene un esquema de subsidios focalizados destinado a aliviar el impacto del costo de movilidad en los sectores más vulnerables. En ese marco, la Tarifa Social Federal continúa vigente en 2026 y permite abonar un 55% menos en el valor del boleto de colectivos y trenes en todas las jurisdicciones donde funciona la tarjeta SUBE.

El beneficio no sufrió modificaciones en su alcance durante el presente ciclo y conserva su carácter automático para quienes ya realizaron el registro y la validación en años anteriores. A diferencia de otros programas que exigen renovaciones periódicas, la Tarifa Social permanece activa mientras el titular mantenga su condición de beneficiario ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En términos prácticos, el impacto es directo en el bolsillo. Si el boleto mínimo de colectivo, por ejemplo, se ubica en $1.000, el usuario alcanzado por la Tarifa Social pagará solo $450 al apoyar la tarjeta en el validador. El descuento se aplica automáticamente al momento de la validación.

Quiénes pueden acceder al descuento en la SUBE

El universo de beneficiarios es amplio e incluye distintas situaciones de vulnerabilidad social, laboral y previsional. Actualmente pueden acceder al descuento del 55%:

• Jubilados y pensionados.
• Personal de trabajo doméstico registrado.
• Veteranos de la Guerra de Malvinas.
• Monotributistas sociales.
• Titulares de prestaciones de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC) y las becas Progresar.
• Beneficiarios de programas sociales nacionales, como el Seguro por Desempleo y otros planes de empleo.

La clave es que el titular figure activo en las bases de datos de ANSES bajo alguna de estas categorías. Una vez validada la información, el sistema vincula automáticamente ese estado con la tarjeta SUBE registrada.

Paso a paso: cómo gestionar la Tarifa Social desde cero

Para quienes ingresaron recientemente en alguno de los grupos mencionados o aún no solicitaron el beneficio, el trámite puede realizarse de manera completamente digital.

El primer paso es generar el PIN SUBE, un código numérico de seis dígitos que permite vincular la base de datos de ANSES con el sistema de transporte. Este código se obtiene ingresando al portal Mi ANSES, dentro de la sección «Programas y beneficios».

Una vez generado el PIN, el usuario debe ingresar a la web oficial argentina.gob.ar/SUBE y registrar su tarjeta, o bien asociarla a su perfil si ya estaba cargada. El proceso concluye con la activación del denominado «atributo social», indispensable para que el descuento sea reconocido por los validadores de colectivos y trenes.

La activación puede realizarse de dos maneras:

• Apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS), disponibles en bancos, estaciones de tren y dependencias gubernamentales.
• Utilizando la aplicación oficial SUBE en un teléfono celular con sistema operativo Android y tecnología NFC, seleccionando la opción «Ver saldo» o «Acreditar cargas».

Sin este último paso, el beneficio no se activa, aunque el usuario figure como habilitado en el sistema.

Diferencias con beneficios provinciales y locales

Es importante distinguir la Tarifa Social Federal de otros descuentos que pueden existir a nivel provincial o municipal. Existen programas como el Boleto Estudiantil, pases para personas con discapacidad o beneficios para adultos mayores en determinadas jurisdicciones.

En esos casos, las condiciones de acceso, vigencia y requisitos de renovación dependen exclusivamente de cada autoridad local. A diferencia de la Tarifa Social Federal —que es nacional y automática mientras se mantenga la condición ante ANSES— los beneficios regionales suelen requerir la presentación de documentación anual o semestral.

Por ello, se recomienda consultar periódicamente el estado de los atributos cargados en la tarjeta para evitar interrupciones en los descuentos aplicados.

Además del acceso a la rebaja en el boleto, registrar correctamente la tarjeta SUBE ofrece ventajas adicionales: permite recuperar el saldo en caso de pérdida, robo o rotura, y facilita la gestión de reclamos ante posibles errores de cobro.

En un contexto de aumento de tarifas y presión sobre los ingresos, la Tarifa Social Federal se consolida como una herramienta clave para garantizar el acceso al transporte público a millones de usuarios en todo el país, reduciendo significativamente el costo de traslado diario para los sectores que más lo necesitan.