ECONOMIA
Por qué el nuevo acuerdo firmado entre Argentina y el FMI es distinto a todos los anteriores
En la Argentina, cada nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) promete ser el definitivo. Como si fuera el N° 23 de la camiseta de Michael Jordan, se lo presenta con épico: «esta vez sí, esta vez vamos a encestar». Desde el retorno al Fondo en 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, pasando por los programas stand-by y de facilidades extendidas firmados por Mauricio Macri en 2018 y Alberto Fernández en 2022, cada entendimiento con el organismo ha sido presentado como un punto de inflexión. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las promesas de estabilidad terminaron chocando con correcciones abruptas del tipo de cambio, inflación acelerada y tensiones fiscales sin resolver.
En 2025, un nuevo acuerdo vuelve a poner el tema en el centro de la escena. Pero esta vez, el contexto macroeconómico parece haber cambiado: tras un año de fuerte ajuste fiscal, contracción monetaria y recomposición de reservas, Argentina llega al nuevo entendimiento con el FMI con niveles de estabilidad cambiaria y financiera que contrastan con los antecedentes recientes. Los números ya no muestran un punto de partida en crisis, sino un experimento económico en marcha.
En 2003, el primer acuerdo reciente con el FMI
El primer acuerdo reciente con el FMI fue firmado en septiembre de 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en un contexto de incipiente recuperación tras la crisis de 2001-2002. Se trató de un Stand-By por u$s12.550 millones, con exigencias fiscales ambiciosas que se cumplieron holgadamente. A diferencia de otros acuerdos posteriores, no implicó una devaluación abrupta ni un salto cambiario: el dólar se mantuvo prácticamente estable, con una suba acumulada de apenas 1,3% entre agosto y diciembre de 2003.
Esta estabilidad se sostuvo gracias a superávit gemelos, tipo de cambio competitivo y una economía en crecimiento. Sin embargo, el acuerdo no resolvió las tensiones estructurales, y el país, años más tarde, volvió a caer en desequilibrios que lo llevaron nuevamente al FMI.
El primer acuerdo reciente con el FMI fue firmado en 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner
En junio de 2018, la Argentina volvió al FMI con un acuerdo Stand-By por u$s50.000 millones, el mayor préstamo otorgado hasta entonces por el organismo. El objetivo era restaurar la confianza, reducir el déficit y estabilizar la economía, pero el efecto fue el opuesto. En mayo, antes del acuerdo, el dólar cotizaba a $23,73; un mes después ya valía $26,62 (un 12,2% más), y para diciembre trepaba a $37,83, lo que implicó una devaluación del 42,1% en apenas seis meses. El shock cambiario desató una espiral de inflación, pérdida de poder adquisitivo y crisis política. A pesar del volumen del préstamo, no se logró frenar la corrida ni estabilizar expectativas. El acuerdo se renegoció a los pocos meses y terminó siendo un parche más, con fuertes costos económicos y políticos.
Tras el fracaso del acuerdo de 2018, el gobierno de Alberto Fernández negoció un nuevo programa con el Fondo en condiciones extraordinarias. En marzo de 2022 se firmó un acuerdo de facilidades extendidas —el primero desde 2001— para refinanciar los vencimientos del préstamo anterior. A diferencia del esquema anterior, este nuevo acuerdo ofrecía plazos más largos para el repago (entre 4 años y medio y 10 años) pero exigía compromisos más estructurales: consolidación fiscal «creíble», reducción sostenida del financiamiento monetario del déficit, eliminación de subsidios energéticos y acumulación de reservas como ejes centrales.
En diciembre de 2021, antes del acuerdo, el dólar oficial promediaba $101,93; en abril de 2022 ya valía $113,34, una suba del 9% en apenas cuatro meses. Si bien la devaluación fue más gradual que en 2018, no alcanzó para anclar expectativas ni evitar la presión inflacionaria. El tipo de cambio oficial siguió corriendo por detrás de la inflación y del mercado, lo que alimentó tensiones financieras, brechas crecientes y expectativas de un salto discreto.
A diferencia de acuerdos previos, el programa de facilidades extendidas firmado por el gobierno de Javier Milei con el FMI llega en un contexto único para la economía argentina: equilibrio fiscal, superávit financiero, inflación controlada y un drástico freno a la emisión monetaria. El préstamo de u$s20.000 millones a 10 años, con cuatro años y medio de gracia y una tasa de interés del 5,63%, tiene como objetivo fortalecer las reservas del Banco Central y respaldar la emisión monetaria en dólares, dando certidumbre a la estabilidad económica del país.
En abril, el dólar oficial promedió los $1.100,83, un aumento de solo 3% respecto al mes anterior ($1.068,97). Este comportamiento relativamente estable responde a la implementación de un nuevo régimen de bandas cambiarias móviles acordado con el FMI, que sustituye el sistema de crawling peg. Este régimen permite una flotación dentro de un rango de entre $1.000 y $1.400, actualizado mensualmente. Así, el nuevo acuerdo se enmarca en un proceso de normalización cambiaria, con la eliminación del cepo para personas humanas y una gradual flexibilización de restricciones para empresas e importadores.
A diferencia de acuerdos anteriores, marcados por devaluaciones abruptas y tensiones macroeconómicas, el de 2025 se inscribe en un contexto de estabilidad, donde la estabilidad cambiaria no es un objetivo a alcanzar, sino un punto de partida. Este acuerdo no está diseñado para evitar una crisis, sino para consolidar un régimen económico que, por primera vez en años, presenta signos claros de estabilidad.
Uno de los patrones más repetidos en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional es el siguiente: se firma el acuerdo, se corrige el tipo de cambio y, acto seguido, la inflación se acelera. El acuerdo stand-by firmado por Mauricio Macri en 2018 es un ejemplo claro. En los tres meses previos al entendimiento, la inflación mensual promediaba 2,37%. Tres meses después del acuerdo, ese promedio subía al 3,57%. Ese año cerró con una inflación del 47,6%, y 2019 trepó aún más: 53 por ciento.
El patrón se repite: se firma el acuerdo, se corrige el tipo de cambio y la inflación se acelera
La secuencia se repitió en 2022, cuando el gobierno de Alberto Fernández refinanció el préstamo original. En la previa al acuerdo, la inflación mensual venía en torno al 3,27%, pero en los tres meses siguientes saltó a un promedio del 5,09%. El mandato completo de Fernández terminó con una inflación acumulada de 1.020%, reflejo de una dinámica que el acuerdo no logró frenar.
El acuerdo N°23, un punto de inflexión
El caso del «acuerdo Jordan N° 23» firmado en 2025 marca un punto de inflexión. A diferencia de los anteriores, no llega con una inflación desbordada ni con una economía al borde del colapso. Por el contrario, se firma en un momento de desaceleración inflacionaria: el promedio mensual previo al entendimiento fue de 2,76%, y las proyecciones oficiales apuntan a que continuará bajando.
Por primera vez en mucho tiempo, un acuerdo con el FMI no se celebra en medio del fuego, sino después de haberlo apagado. Y eso, en el historial argentino, ya es una anomalía.
Si la inflación mide el calor de los precios, la brecha cambiaria mide el pulso de la incertidumbre. En los últimos acuerdos con el FMI, ese pulso llegó acelerado. En 2022, cuando Alberto Fernández reestructuró el préstamo stand-by de 2018, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo ya superaba el 100%. En julio de ese mismo año llegó a tocar el 126%, reflejo de la falta de confianza en la política cambiaria y de una economía que no encontraba anclaje.
La brecha cambiaria mide el pulso de la incertidumbre
Incluso el acuerdo de Mauricio Macri en 2018, firmado en un contexto todavía menos volátil, no logró despertar demasiada tensión en ese frente: la brecha se mantuvo contenida entre el 2% y el 3%, aunque el impacto se sintió más fuerte en el plano inflacionario y fiscal.
En contraste, el acuerdo de 2025 encuentra una brecha cambiaria significativamente menor: 18% antes del anuncio, con expectativas de reducción hacia adelante. Esto no solo refleja un mayor control del mercado cambiario, sino también que, por primera vez en años, el acuerdo no busca apagar una crisis, sino consolidar un esquema con credibilidad.
Por último, si hay un terreno donde todos los acuerdos con el FMI suelen hacer foco, es el fiscal. En la historia reciente, cada entendimiento incluyó metas de reducción del déficit primario y compromisos de orden en las cuentas públicas. Pero en la práctica, esos objetivos casi nunca se cumplieron del todo. En 2018, el acuerdo con Mauricio Macri se firmó con un déficit primario equivalente al 2,3% del PBI y un rojo financiero del 4,9%. Cuatro años más tarde, el programa de refinanciamiento que firmó Alberto Fernández no mejoró mucho ese panorama: el déficit primario cerró en 2022 en 2% del PBI y el financiero en 3,8 por ciento.
Si hay un terreno donde todos los acuerdos con el FMI suelen hacer foco, es el fiscal
El acuerdo de 2025, en cambio, se diferencia de entrada: no se firma para «ordenar las cuentas», sino como respaldo a un esquema que ya muestra superávit. En el primer trimestre del año, el gobierno de Javier Milei registró un superávit primario equivalente al 3% del PBI anualizado y un superávit financiero del 0,9 por ciento
Mientras los acuerdos anteriores llegaron como promesas de disciplina futura, el actual se presenta como validación de un orden ya puesto en marcha. En este «Jordan N° 23» del vínculo con el Fondo, el déficit fiscal ya no es el problema: es la carta ganadora del plan económico.
Después de tantos acuerdos firmados en tiempos de crisis, este nuevo entendimiento con el FMI se presenta como una rareza en la historia económica argentina: llega con las cuentas ordenadas, la inflación a la baja y una brecha cambiaria en retroceso. Si los anteriores programas fueron intentos fallidos de encestar desde mitad de cancha con la tribuna en contra, el acuerdo de 2025 arranca con el tablero estabilizado y la pelota en las manos. Falta ver si esta vez, finalmente, la jugada sale bien. Porque incluso el Jordan N° 23 necesitaba equipo, estrategia y constancia para ganar el partido.
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Mientras busca captar más obras y empleos en los sectores de minería y energía con la extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hasta 2027; la administración de Javier Milei mantiene vigente una medida que les impide a varias empresas inversoras poder actualizar por inflación los saldos del impuesto a las Ganancias que tienen a favor por quebrantos impositivos registrados en los últimos años.
Tras un dictamen emitido a fines de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desconoce los ajustes de los quebrantos impositivos por las variaciones inflacionarias que han realizado las empresas y considera que las diferencias surgidas hasta ese año entran en la categoría de «deudas tributarias» que se deben afrontar.
Impuesto a las Ganancias: una medida de ARCA preocupa a empresas con RIGI
En tanto, para los ejercicios fiscales iniciados a partir de 1 de enero de 2025,el artículo 190 de la ley de modernización laboral que aprobada por el Congreso en febrero dejó establecido que «los quebrantos generados desde esa fecha en adelante se actualizarán teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el INDEC».
Si bien el organismo recaudador, que conduce Andrés Vázquez, tiene abiertos distintos planes de pago para regularizar la situación de los años anteriores, los abogados de las medianas y grandes empresas afectadas resisten la interpretación oficial y advierten que el total de lo reclamado estaría en torno de u$s 5.000 millones que de pagarse dejarían de ir a las obras e inversiones comprometidas.
Según la normativa vigente, si una empresa cierra un ejercicio anual con pérdidas puede trasladarlas a los siguientes balances para que sean compensadas con las ganancias que se obtengan en esos períodos.
Al momento de liquidar los pagos de Ganancias, la mayoría de las empresas que habían acumulado resultados en los últimos años procedieron a actualizar sus quebrantos con los registros inflacionarios del 211% de 2023 y del 118% de 2024.
Tras no convalidar esas actualizaciones que presentaron compañías de distintos sectores que van desde productoras de alimentos hasta operadoras de servicios públicos; el titular de la ARCA avanzó con inspecciones integrales a todas las empresas que habían tomado la inflación como parámetro de ajuste a contramano del planteo oficial que establece que los montos de los quebrantos debían permanecer sin cambios.
La no actualización de los quebrantos impositivos anteriores a los balances de 2025 forma parte de los reclamos que la Unión Industrial Argentina (UIA) le viene planteando al Gobierno desde hace varios meses.
A fines del año pasado, por medio de una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, la entidad advirtió que la medida «genera efectos confiscatorios, particularmente para aquellas empresas que realizaron inversiones significativas o que operan con financiamiento en moneda extranjera. Esta situación afecta la competitividad, desalienta la inversión y compromete la sustentabilidad de proyectos estratégicos de largo plazo».
Ante las intimaciones lanzadas por ARCA para cancelar las «deudas tributarias» generadas en las presentaciones de Ganancias, solo la petrolera YPF y Pampa Energía decidieron aceptar el criterio oficial y saldar lo reclamo mediante planes de pago.
Empresas recurren a la Justicia para modificar medida de ARCA
La mayoría de las empresas decidió resistir la movida de ARCA con reclamos administrativos y judiciales. Una de ellas es PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia), la empresa controlada por las familias Cavallo y Brandi que tiene negocios en petróleo, gas y energía renovables.
Su reclamo contra la posición de ARCA se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación, el organismo administrativo que depende de la subsecretaría de Ingresos Públicos y que ahora tiene que resolver esta cuestión clave que es seguida de cerca por otras empresas energéticas que están en la misma situación y con proyectos de inversión encuadrados dentro del RIGI.
PCR es la segunda empresa generadora más importante en el sector de energías renovables. Opera cinco parques eólicos que tienen una capacidad de generación total de 530 MW y tiene en camino dos nuevos proyectos para instalar 572 MW adicionales en parques eólicos localizados en la provincia de Buenos Aires y un equipo generador solar en San Luis.
A mediados de marzo, la empresa consiguió de la IFC –la pata financiera del Banco Mundial—y otras entidades comerciales un crédito por u$s110 millones para la construcción del «Parque Eólico Olavarría» que demandará una inversión total de u$s 257 millones.
El parque -que alimentará de energía renovable a la siderúrgica ArcelorMittal Acindar- integra la lista de los proyectos del RIGI que ya cuentan con la aprobación de las autoridades económicas, mientras la empresa inversora sigue jaqueada por el reclamo que llevan adelante los funcionarios del ente recaudador.
RIGI: los proyectos aprobados hasta el momento
En lo que respecta al RIGI, hasta ahora se contabilizan cerca de 30 iniciativas presentadas y un total de 13 proyectos aprobados que se desarrollarán básicamente en las provincias de Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.
Los proyectos con visto bueno oficial se concentran principalmente en los sectores energético y minero, que representan más del 96% del total las inversiones proyectadas que llegan a casi u$s 30.000 millones.
Las iniciativas abarcan desde energías renovables hasta infraestructura petrolera y gasífera, además de proyectos de litio, cobre, oro y plata, junto con inversiones industriales y logísticas.
A mediados de febrero, el Gobierno extendió la vigencia del RIGI por un año más y permitió que se sumen proyectos vinculados a la exploración y producción de petróleo y gas con un monto mínimo de inversión de u$s 600 millones.
Entre los principales incentivos que ofrece el RIGI a las empresas inversoras sobresalen la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la deducción del IVA desde antes del inicio de las actividades y la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para la resolución de disputas legales.
Más allá de los anuncios oficiales sobre las bondades del RIGI, el economista Santiago Polo advirtió que «tras la extensión por un año y la ampliación del listado de proyectos aprobados, ahora el régimen le plantea desafíos al Gobierno en términos de seguimiento, control y evaluación de resultados».
En un análisis publicado en el sitio «ElAuditor», el economista alertó que «el principal interrogante no gira ya en torno al volumen de anuncios, sino a la capacidad de transformar compromisos de inversión en obras ejecutadas, producción efectiva y generación de divisas».
«En ese proceso—destacó Polo– también aparece la expectativa de que estos desarrollos impulsen el crecimiento de proveedores locales, evitando una dependencia excesiva de insumos importados y generando encadenamientos productivos en distintas regiones del país».
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El reacomodamiento de precios que se está dando en el mercado automotor argentino permite que la mayoría de los autos 0 km tengan, empezando abril, un precio prácticamente igual al de enero, incluso, con algunas bajar interesantes, porque van más allá de la eliminación del impuesto al lujo que rige desde este mes, sino que se dieron en modelos que no se veían afectados por ese tributo.
Los autos de acceso a la gama de cada marca siguen siendo los que dan volumen de ventas con muy bajo margen, con precios que van desde los 26 a los 33 millones de pesos, con algunos pequeños ajustes en torno al 1% en pocos casos.
Uno de los casos es el del Renault Kwid, el más barato del mercado desde diciembre de 2024, que aunque subió su precio un 1,1%, mantiene esa posición privilegiada que justifica plenamente por ser el auto más vendido de la marca en Argentina.
Pero hay un condicionante para que se mantenga el statu quo y es un dólar todavía bajo que permite, a medida que pasan los meses, que los vehículos importados que se publican en dólares, se acerquen cada vez más a aquellos que dominaron este particular ranking.
Así, un modelo de origen chino y propulsión 100% eléctrica, entró al Top 10 que hasta hace poco tiempo estaba reservado exclusivamente a autos Mercosur, tanto argentinos como brasileños. Y lo más llamativo es que, dependiendo de la cotización del dólar en el próximo mes, podría pasar a ser el auto más accesible del mercado.
Los 10 autos más baratos de febrero
1. Renault Kwid: $26.360.000
El Renault Kwid, en efecto, se mantiene e como el auto más barato del mercado, pero con la sombra de un vehículo chino que podría desplazarlo ya el próximo mes al segundo puesto. Viene importado desde Brasil y tiene dos versiones diferentes aunque sólo en su enfoque hacia el cliente pero con el mismo precio. Motor naftero aspirado y caja manual en ambas versiones.
2. Jmev EV3: USD 18.900 / $26.838.000
Este es el auto que puede desbancar al Kwid en mayo si el dólar se mantiene debajo de los $1.410 y Renault actualiza el precio como ocurrió en abril. Es chino, lo importa el Grupo Antelo y su principal cualidad distintiva es que ee trata de un auto 100% eléctrico. Su precio está en dólares, razón por la cual su posición en el ranking depende de la cotización oficial de cada día.
3. Fiat Mobi: $27.350.000
Este es el segundo Citycar de las marcas regionales en el mercado y también tuvo un leve incremento de precio del 0,5%. Como la mayoría de los modelos más accesibles, se trae importado de Brasil, pero tiene un menor volumen de ventas porque comercialmente es un auto que se prioriza para plan de ahorro. Funciona con caja manual y tiene solo la versión Trekking como opción de equipamiento.
4. Hyundai HB20: $27.600.000
Con este B-Hacth se da una especial situación de penetración en el mercado como el auto compacto más barato desde su lanzamiento un año atrás. Parte de esa estrategia es mantener el precio sin alteraciones desde noviembre pasado, lo que le permitió subir el volumen de ventas que casi llega a las 700 unidades en marzo. Se fabrica en Brasil y tiene versiones con caja manual y automática y con carrocería de dos y tres volúmenes.
5. Fiat Argo: $29.930.000
Es el primer escalón de Fiat en el ranking y el primero en el segmento B. El Argo es similar al Cronos pero sin baúl. Comparten la plataforma y la motorización, pero este hatchback se produce en Brasil, llega desde este año en dos versiones que sumó la caja automática tipo CVT a la ya conocida de accionamiento manual. El motor es aspirado 1.3 litros en ambos casos.
6. Fiat Cronos: $31.120.000
El tercer Fiat del ranking es también el primer y más barato modelo de fabricación nacional en la lista. El Fiat Cronos se renovó estéticamente en mayo de 2025 y se mantiene como uno de los dos autos más vendidos del mercado. Es un sedán fabricado en la planta de Córdoba de Stellantis y se comercializa en 4 versiones, dos con caja manual y dos con caja automática tipo CVT, todas con el motor naftero 1.3 aspirado.
7. Citroën C3: $31.360.000
Este es otro modelo que tuvo un leve ajuste de precio hacia arriba en abril, de apenas el 0,5% para las dos primeras versiones. El Citroën C3 es el más pequeño de la familia que componen otros dos modelos dentro del programa CCubo, lanzado en 2023 para reposicionar la marca entre las que ofrece vehículos accesibles. Se fabrica en Brasil y tiene tres versiones con motorizaciones aspirada y una con motor turbo.
8. Peugeot 208: $31.460.000
Este es el segundo y último modelo de fabricación nacional que está entre los 10 más baratos del mercado. También tuvo una suba del 0,5% en abril, aplicada a las tres versiones más accesibles de la gama. El 208 se produce en la planta de Stellantis en Palomar, y tiene cinco opciones, tres con motor aspirado y dos con el turbo T200 del grupo.
9. Chevrolet Onix: $31.505.900
Por tercer mes consecutivo, General Motors mantuvo para abril los precios de todos sus modelos, lo que le permitió al Onix ser tercero entre los autos compactos detrás del Peugeot 208 y el Fiat Cronos, es decir que fue el mejor auto del segmento B entre los importados de Brasil. El Onix se ofrece tanto en versión hatchback como sedán. Todos sus modelos están propulsados por motor turbo 1.0 litros y tienen opciones de caja manual o automática CVT.
10. Citroën Basalt: $32.260.000
Al igual que otros modelos de Stellantis, el Basalt también tuvo un ajuste de precio del 0,5% este mes, aunque sin alterar su posición en el ranking de los 10 más accesibles del mercado. Es el segundo Citroën de la lista y el único SUV del segmento B. El Basalt pertenece a la misma familia del C3 y el Aircross con una propuesta de cuatro versiones, dos con motor aspirado y dos con motor turbo y viene importado desde Brasil al igual que los otros dos modelos.
Dos modelos chinos están en la puerta del ranking. El primero es el BYD Dolphin Mini, modelo 100% eléctrico que podría sumarse a la lista por su precio de USD 22.990 que equivale a unos $32.518.000. Este auto es un compacto de segmento A, tiene un motor de 88 CV (65 Kw), una batería de 30.1 kWh y una autonomía declarada de 380 km. El otro es el Chery Tiggo 2 Pro Max, que es un vehículo hatchback propulsado por un motor 1.5 litros aspirado y tiene un precio de USD 23.000, es decir unos $32.660.000.
También hay dos utilitarios con un precio que le permitiría entrar al ranking, peor por su diferente uso y características, se pueden mencionar en un apartado. Se trata de dos productos de Fiat que llegan desde Brasil. La más accesible es el furgón chico Fiat Fiorino, que tiene motor aspirado 1.3 litros y un precio de $29.460.000. El otro modelo es la versión de acceso de la pick-up compacta Fiat Strada que tiene motor 1.3 litros aspirado, caja manual y un precio de $33.050.000.
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El Gobierno autorizó anticipos de coparticipación por hasta $400.000 millones a provincias, en busca de recomponer vínculos y asegurar respaldo legislativo
03/04/2026 – 11:44hs
El gobierno de Javier Milei habilitó un adelanto millonario de fondos a las provincias y reactivó el diálogo con los gobernadores, en una jugada clave para consolidar apoyos en el Congreso y acelerar el tratamiento de reformas estructurales.
La medida contempla la entrega de hasta $400.000 millones en concepto de adelantos de coparticipación para unas 12 provincias, incluyendo tanto distritos aliados como otros con vínculos más tensos con la Casa Rosada.
Javier Milei envía fondos a provincias: busca apoyo de gobernadores
En el oficialismo reconocen que la relación con los gobernadores es determinante para sostener la agenda legislativa. Por eso, el adelanto de fondos aparece como un gesto concreto para fortalecer esos vínculos y garantizar respaldo en votaciones clave.
El Ejecutivo busca aprovechar una «ventana política» en la que todavía cuenta con aliados dispuestos a acompañar las reformas, al menos en el corto plazo.
Además, la decisión apunta a evitar que las provincias deban financiarse en el mercado a tasas elevadas, lo que suma un componente financiero a la jugada política.
Ley de Glaciares y otras reformas, en la mira
En la Casa Rosada consideran urgente recuperar la iniciativa política y ganar protagonismo en la agenda pública. En ese marco, el Congreso se convierte en el principal escenario para impulsar proyectos que permitan al Gobierno retomar centralidad.
La estrategia también busca dejar atrás tensiones internas y mediáticas recientes, mientras se intenta mostrar dinamismo en la gestión y capacidad de avanzar con reformas.
Entre los proyectos que el oficialismo pretende tratar en las próximas semanas aparecen iniciativas sensibles, como modificaciones en la Ley de Glaciares y otros cambios regulatorios vinculados a sectores productivos.
El plan del Gobierno incluye un paquete amplio de reformas que necesita sí o sí del respaldo de gobernadores y legisladores dialoguistas para avanzar. En ese contexto, la negociación política se vuelve tan relevante como la estrategia económica.
La Casa Rosada apuesta a consolidar mayorías circunstanciales para aprobar leyes clave, en un escenario donde las provincias mantienen un rol central tanto por su peso legislativo como por su incidencia en sectores estratégicos como la minería o la energía.
Así, el adelanto de fondos no solo busca aliviar las cuentas provinciales, sino también ordenar el frente político y garantizar gobernabilidad en una etapa donde el oficialismo necesita mostrar resultados concretos.
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