Luego del rechazo por parte del Capitulo XI del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 del jueves pasado, el Gobierno se vio obligado a realizar un control de daños.

En primer lugar la senadora Patricia Bullrich debió postergar su objetivo de darle media sanción al proyecto de modernización laboral antes de fin de año.

Es que sin el presupuesto garantizado, era muy difícil poder reunir los votos para aprobar una ley tan importante para el Gobierno.

El Gobierno busca aprobar el Presupuesto 2026 en febrero

Está postergación no le impidió a la jefa del bloque libertario garantizarse el dictamen del proyecto el jueves pasado y buscará llevarlo al recinto en febrero, previa convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del presidente Milei.

Las negociaciones para reunir los votos comenzarán a mediados de enero. Bullrich ya dijo que abrirá el texto a modificaciones y sabe que en minoría, aprobar leyes a libro cerrado es imposible hoy.

Lo concreto es que, luego varias idas y vueltas, y de diferentes posturas tomadas, los principales integrantes de la mesa política del Gobierno -que responden a Karina Milei- comenzaron con reuniones para intentar garantizar que se apruebe el Presupuesto 2026, que finalmente se sancionaría tal como viene de Diputados, sin nuevas modificaciones, ante la falta de apoyo para cualquier otro cambio en el texto.

El domingo en una entrevista con LN +, Javier Milei se manifestó al respecto y destacó que va a mantener el «déficit cero». No habrá nuevos impuestos para lograrlo sino que se reasignarán partidas para mantener el superávit fiscal primario de 1,5 % del PBI.

En diálogo con La Cornisa, conducido por Luis Majul, el jefe de Estado dijo que no vetará la norma y señaló: «Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas, lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas», ratificando así que que desde la Casa Rosada ahora apuestan por aprobar como está el proyecto en el Senado, sin modificaciones.

«Este presupuesto está construido sobre la base del déficit cero», valoró el Presidente. «Vamos a buscar la forma, por todos los medios, de conseguir el déficit cero sin subir impuestos», insistio.

Por lo que pudo saber iProfesional no se mantendrá el Capítulo XI y se eliminará el polémico el art 75 que hacía caer la ley de financiamiento de discapacidad y de la educación, que implicarían para el Gobierno un costo de 2,5 puntos del PBI.

Ante esta situación, se optó por priorizar la aprobación de la iniciativa, aunque no sea la que se pretendía, e insistir en un futuro con las derogaciones de esas normas, en un debate aparte.

¿Pero qué va a hacer el Gobierno para poder compensar los puntos de déficit que se supone que iban a tener con el Presupuesto votado? En el Gobierno afirman que reasignarán partidas. «Estamos obligados a hacerlo y podemos llegar a agarrar fondos de las provincias y ayudar para llegar a ese número», explicó la fuente.

La preocupación pasa ahora por no sufrir imprevistos de último momento, como pasó en Diputados, donde un grupo de gobernadores retiró inesperadamente su apoyo y evitó así que se aprobara el Capítulo XI.

Una fuente muy cercana al Gobierno explicó a este medio que «se va a tratar de aprobar el Presupuesto así como está, sin modificaciones del Capítulo XI.

Para ese objetivo, contarían con el respaldo de los tres miembros que tiene el PRO en el recinto, a pesar de que continúa el enojo en el partido por haber sido excluido del reparto de lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN).

En relación a este tema la fuente explicó que: «Esos puestos le tocan a la oposición, los candidatos los ponen ellos, son lugares que por su cupo en el Congreso lo tienen y nosotros no tenemos opción de elegir».

No obstante, al parecer no está garantizado el acompañamiento de este espacio para la otra medida que se va a debatir en la sesión del viernes, la ley de inocencia fiscal, que busca fomentar el uso por parte de los ciudadanos de dólares comprados en el mercado informal.

En tanto, esta semana volverá a reunirse en la Casa Rosada la mesa política para seguir analizando la estrategia parlamentaria.

Estarán allí la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Déficit cero: el Gobierno reasigna partidas

El proyecto de Presupuesto 2026 contemplaba un mecanismo que permitiría al Poder Ejecutivo calcular los ingresos que las distribuidoras eléctricas dejaron de percibir durante la emergencia tarifaria y utilizar ese crédito para compensar deudas con Cammesa, siempre que las empresas renunciaran a reclamos judiciales.

En el caso de Edenor y Edesur, distribuidoras bajo jurisdicción nacional, la Secretaría de Energía debía calcular la diferencia entre lo efectivamente cobrado durante los años de emergencia y lo que debieron haber percibido según sus contratos de concesión.

Si de ese cálculo surgía un crédito a favor de la distribuidora, el Ejecutivo podía ordenar a Cammesa que lo aplicara para cancelar deudas por la compra de energía en el Mercado Mayorista.

Las dos principales distribuidoras nacionales buscaban saldar deudas con Cammesa cercanas a los 400 millones de dólares. Para las distribuidoras bajo jurisdicción provincial o municipal, el esquema era similar, aunque con una diferencia fundamental: la Nación no asumía la deuda. Las provincias debían aceptar el procedimiento fijado por Energía, reconocer como propia la deuda de sus distribuidoras con Cammesa y cancelarla aplicando directamente créditos que ya tuvieran contra el Estado nacional.

Superávit, jubilaciones y planes sociales: ¿qué contempla el Presupuesto 2026?

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presentado el 15 de septiembre pasado, que tendrá algunos cambios, prevé un superávit financiero para la Administración Pública Nacional de $0,2 billones, que sube a $2,7 billones para todo el Sector Público Nacional, universo que también incluye a las empresas públicas, los fondos fiduciarios y otros entes estatales.

El Artículo 1 del proyecto de Ley incluye la consideración explícita de que «el presupuesto para el ejercicio 2026 al cierre deberá presentar una ejecución con un resultado financiero equilibrado o superavitario».

Se incorporan además los presupuestos de ARCA y PAMI para la aprobación legislativa, al igual que se preveía en el proyecto de presupuesto 2025.

Las proyecciones macroeconómicas estimaban para el próximo año un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 5%, un Indice de Precios al Consumidor de 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar.

Pero luego de la primera revisión del acuerdo con el FMI hubo cambios en varias variables.

En ese revisión, el Gobierno proyectó para 2026 un aumento del PBI del 4,5%, una inflación anual de entre el 7% y el 12% y un superávit primario del 2,2% del PBI.

También se proyecta mantener los niveles de asistencia social en torno al 3,2% del PBI, un leve aumento del gasto en jubilaciones y pensiones (del 6,7% al 6,8% del PBI) y un incremento en la recaudación tributaria del 22,3% nominal (es decir, sin considerar la inflación) con respecto a 2025.

El Gobierno también prevé un incremento en la recaudación tributaria del 22,3% nominal (es decir, sin considerar la inflación) con respecto a 2025, un leve aumento de la presión fiscal (del 22,2% al 22,7% del PBI). Además, se espera un aumento del 4,8% de las exportaciones y del 3,1% de las importaciones.

Hay que recordar que en sus 2 primeros años de gestión, el Gobierno no consiguió aprobar el presupuesto, por lo que gobernó prorrogando por 2 años consecutivos la ley vigente para 2023, algo inédito en la historia argentina.

A finales de 2023, a pocos días de asumir la Presidencia, Milei prorrogó el presupuesto de 2023. El proyecto para 2024 había sido presentado por la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos) en cumplimiento con la ley de Administración Financiera, pero la nueva administración no promovió su debate en el Congreso.

En tanto, el tratamiento del presupuesto 2025 fue suspendido el 19 de noviembre de 2024 por el oficialismo, al alegar que no hubo acuerdos para aprobar un dictamen que permitiera tratar el proyecto en el recinto. Posteriormente las conversaciones no se retomaron y el Gobierno no convocó a sesiones extraordinarias para tratar el tema, por lo que el 30 de diciembre de 2024 decidió prorrogar nuevamente la ley de 2023.

El gasto en prestaciones sociales, rubro de gran incidencia en el total, sube 5,7% interanual real y este año los haberes sin bono tendrían una mejora real de 12,6%.

Se supone la continuidad del bono vigente para los haberes mínimos de $70.000 , sin aumentos durante 2026 y una caída de 155 mil titulares promedio mensuales menos en las pensiones por invalidez.

Las transferencias corrientes a provincias se incrementan 31,1% respecto del cierre previsto para este año y a universidades 8,8%. No se identifican giros a CABA por el servicio de seguridad.

Las empresas públicas recibirán de la APN $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital. Los ingresos totales permitirán un excedente, por lo que las necesidades netas de financiamiento serán de -$0,2 billones.

En el ejercicio 2026, las provincias recibirían recursos por $77.541.682 millones de acuerdo con lo que surge del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional (PLP2026).

De ese total, $73.914.241 millones (95,3%) corresponden a transferencias automáticas, es decir, a aquellas que se giran a las provincias y a la CABA de acuerdo con los índices de coparticipación federal de impuestos y sobre la base de la estimación de Recursos de Origen Nacional. No están sujetas a la aprobación del Congreso de la Nación y el PLP las presenta en el Mensaje de elevación a modo informativo.

El resto, $3.627.442 millones (4,7%), son las transferencias no automáticas que se incluyen en el PLP en el marco de diferentes programas y que son aprobadas por el Congreso de la Nación al momento de la sanción de la Ley.

Los proyectos de inversión que se prevé realizar en 2026 con fondos del Estado Nacional se presenta por provincia y totalizan $3.786.731 millones.

El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2026-2028 (PNIF complementa y amplía la información relativa a la inversión pública contenida en el PLP).

Las transferencias a universidades nacionales también se encuentran detalladas por universidad en planilla anexa al artículo 12 por un total de $4.785.118 millones. Se prevé una reserva del Tesoro por $405.000 millones sin distribuir para eventuales necesidades.

Existen 11 conceptos o programas sociales distribuidos geográficamente que, en su conjunto, representan aproximadamente el 60% del crédito total aprobado para la APN.

El artículo 50 otorga avales del Tesoro Nacional a las provincias por operaciones de crédito público para destinos específicos y por un monto máximo de USD 900 millones.

Javier Milei gana poder en el Congreso: un guiño de gobernadores peronistas

Milei quedó luego de su contundente triunfo en la elecciones de medio término en una situación mucho más favorable que la que se imaginaba.

En la Cámara de Diputados hoy suma entre 110 y 115 legisladores junto con Pro y el radicalismo.

En el Senado, la cuenta con los aliados se acerca a la treintena, así que estaria a un puñado de bancas de poder definir la agenda. Con solo acordar con cinco gobernadores podría lograr su objetivo.

Quienes podrían prestarle ayuda son mandatarios que fueron aliados, como Gustavo Sáenz, de Salta; Hugo Passalacqua, de Misiones; Rolando Figueroa, de Neuquén (estos tres derrotados y debilitados); Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca que ganaron en sus provincias.

Luego del categórico triunfo del 26 de octubre Martín Menem bajó la supervisión de Karina Milei puso en marcha el llamado «operativo violeta» para dominar la Cámara de Diputados. El plan consistiría en formar un interbloque oficialista, con todas las fuerzas aliadas, y romper a UP para llegar al quorum.

En el primer bosquejo, Menem apuesta a llegar a tener mayoría propia (129 votos) para su continuidad, sin siquiera tocar la puerta de Provincias Unidas, el flamante bloque que armó un grupo de gobernadores y apiló derrotas este domingo. Se trata de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes), el único que se anotó un triunfo.

Estos mandatarios, con socios y junto Nicolás Massot, Miguel Pichetto y Emilio Nonzo de EF podrían alcanzar entre 15 y 19 votos y buscar la aprobación de la ley de leyes antes del 10 de diciembre.

Para evitar que sean árbitros de ese qorum, el oficialismo apuesta a todos los aliados posibles y a quebrar UP, para lograr que los gobernadores de esa fuerza armen un bloque satélite dispuesto a ayudar a Milei después del 10 de diciembre.

La mira está puesta en Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), quien se muda en diciembre al Senado, donde el Gobierno busca un esquema similar.

La obsesión de Menem es tener primera minoría (el bloque más grande) hoy estarían con 96 el Kircnerismo y 94 el ofcimismo pero se buscaría un potencial de qorum propio de 129 diputados de desde el 10 de diciembre, mediante un interbloque que es una figura aceptada en Diputados, aunque no figura en el reglamento, ya que de esa manera podría distribuir mayoría de espacios en las comisiones a figuras afines.

Esto permitiría controlar las presidencias y la agenda de cada semana. Por fuera de este esquema, además, el oficialismo confía en afianzar el acuerdo con los gobernadores de Salta (Gustavo Sáenz), Misiones (Hugo Passalacqua) y Neuquén (Rolando Figueroa), que sumarán ocho votos. La novedad de esta semana sería que 2 Diputados de Entre Ríos que responden a Rogelio Frigerio se pasarían del Pro a al oficialismo.