ECONOMIA
Proponen una ley para transparentar los aumentos de precios de los combustibles en la provincia de Buenos Aires

La Legislatura bonaerense comenzó a tratar un proyecto de ley que apunta a transparentar la formación y comunicación de los precios de los combustibles en la provincia. La iniciativa propone que las empresas productoras y expendedoras estén obligadas a informar con al menos 72 horas de anticipación cualquier modificación en los valores de venta de naftas, gasoil y gas natural comprimido.
De acuerdo con el proyecto, el objetivo es garantizar el derecho de los consumidores a contar con información adecuada y veraz. “Los aumentos sorpresivos, de la noche a la mañana, afectan al trabajador, al comerciante, a quien utiliza el auto como herramienta de trabajo para llegar a fin de mes”, expresó la diputada de Fuerza Patria Ayelén Rasquetti, al defender su propuesta.
El proyecto establece que las empresas abastecedoras deberán notificar a la autoridad de aplicación provincial cualquier cambio en los precios con al menos 72 horas de anticipación. A su vez, las estaciones de servicio deberán publicitar esas modificaciones en cartelería visible al público, en surtidores y en sus canales digitales oficiales con un plazo no menor a 48 horas antes de que entren en vigencia.
Para garantizar el cumplimiento, la norma incluye un esquema de sanciones. Las petroleras que no informen en tiempo y forma podrán enfrentar multas equivalentes al precio de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. En caso de reincidencia, también se contempla la suspensión temporaria de la habilitación comercial. Por su parte, las estaciones de servicio podrían recibir multas equivalentes a entre 100 y 500 litros de nafta, además de la clausura preventiva si repiten incumplimientos.
“Las petroleras dolarizaron el precio y en un año lo triplicaron frente a la inflación. Mientras algunos defienden el mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de las petroleras ni de los grandes operadores del rubro”, agregó Rasquetti durante la presentación del texto.
Entre los fundamentos, el proyecto señala que la derogación a nivel nacional de la obligación de informar aumentos de combustibles generó un vacío normativo que afecta a los usuarios. En ese marco, la provincia busca recuperar atribuciones en defensa de los consumidores, apoyándose en lo establecido por la Constitución Nacional y en normas como la Ley 26.197, conocida como “Ley Corta de Hidrocarburos”.

El texto recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos como Provincia de La Pampa c/ Mendoza (2017), ratificó la titularidad provincial sobre los recursos naturales y la potestad de adoptar medidas de control. Asimismo, cita la jurisprudencia del caso Halabi (2009), que reafirmó el carácter colectivo de los derechos vinculados al acceso a la información.
“El combustible no es un lujo. Es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás. Por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados”, subrayó la legisladora autora de la propuesta.
El proyecto también destaca que la fijación de sanciones en litros de nafta permite que las multas se actualicen de manera automática, evitando que pierdan eficacia frente a la inflación. De esta forma, se busca garantizar que la norma conserve su capacidad de disuasión a lo largo del tiempo.
En caso de aprobarse, la ley entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo provincial será el encargado de definir la autoridad de aplicación y podrá celebrar convenios con los municipios para fiscalizar el cumplimiento.
Rasquetti sostuvo que la iniciativa es parte de una agenda orientada a “recuperar el rol del Estado como regulador, protector y garante de derechos”. En su exposición, advirtió: “Los bonaerenses no tenemos que ser rehenes de las decisiones de cuatro empresarios petroleros que suben los combustibles saqueando la economía de cada familia”.
Con este proyecto, el massismo busca instalar en la agenda legislativa bonaerense un tema sensible para consumidores y empresas, en un contexto en el que los precios de los combustibles son determinantes para el transporte, la producción y la vida económica de la provincia.
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ECONOMIA
Empleo público: cuáles son las provincias que más empleados tienen y cuáles pagan los sueldos más altos

El trabajo estatal tiene un peso destacado en la ocupación en Argentina y presenta grandes contrastes entre provincias. La mayoría de los empleados públicos trabaja en los niveles provinciales y municipales, con fuertes diferencias en cantidad de personal y salarios según la zona.
En regiones patagónicas y algunos distritos del norte el empleo público resulta más numeroso, en tanto que en las provincias con economías más grandes predomina el sector privado y hay menos presencia estatal.
Según datos del Indec, al segundo semestre de 2025 el 15,8% de los ocupados trabaja en el sector público. De ese total, un 21% pertenece al ámbito nacional, un 66% al provincial y un 13% al municipal.
“Esto refleja el alto grado de descentralización del empleo estatal en el país, donde los gobiernos subnacionales son responsables de la mayor parte de los servicios estatales como educación, salud y seguridad, por lo que concentran la mayor dotación de personal”, señaló un informe de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Tierra del Fuego encabeza el ranking, con 130 empleados cada 1.000 habitantes. Le siguen La Rioja (114), Catamarca (106), Neuquén (105) y Santa Cruz (104)
De acuerdo con la información más reciente de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), en diciembre de 2024 se registraron 50 empleados públicos provinciales por cada 1.000 habitantes en Argentina.
Este promedio nacional esconde notorias diferencias: Tierra del Fuego encabeza el ranking, con 130 empleados cada 1.000 habitantes. Le siguen La Rioja (114), Catamarca (106), Neuquén (105) y Santa Cruz (104).

En el otro extremo, Córdoba (33 cada 1.000 habitantes), Buenos Aires (37), Santa Fe (42) y Mendoza (44) son las provincias con menor peso del empleo público sobre la población.
Ecosur destacó que, de este modo, el top 5 de provincias con más peso del empleo público cuentan con entre 3 y 4 veces más trabajadores provinciales por habitante que las últimas del ranking.
“Estas diferencias responden tanto a factores estructurales (como la densidad poblacional o la estructura productiva), como a las decisiones adoptadas por los gobiernos provinciales a lo largo del tiempo. Provincias menos pobladas, como las patagónicas, La Rioja o Catamarca, registran una elevada cantidad de empleados públicos por habitante, pero también se destacan otras del norte y noreste argentino que, pese a tener mayor densidad poblacional, mantienen una fuerte presencia del Estado como empleador”, subrayó el informe.

En cambio, las jurisdicciones más grandes en términos de producción (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) presentan una menor proporción de empleo público sobre la población, reflejando economías mayor participación del sector privado.
En línea con lo que sucede con la cantidad de trabajadores del sector público, existe una amplia dispersión del gasto en personal entre provincias. Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz fueron las de mayor gasto per cápita en 2024.
En contraste, Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba se ubican entre las provincias con menor gasto en personal por habitante.
La brecha entre ambos extremos es amplia: mientras estas últimas gastaron menos de un millón de pesos anuales per cápita (a precios de agosto de 2025), todas las patagónicas gastaron el triple o más.

A partir del gasto total en personal y la cantidad de empleados públicos, Ecosur estimó el costo laboral promedio de cada administración provincial. Aclararon que, aunque los valores no equivalen al salario promedio por incluir aportes patronales y otros conceptos vinculados a distintas formas de contratación, representa una estimación válida del ingreso medio en el empleo estatal provincial y facilita comparaciones entre diferentes jurisdicciones.
En ese sentido, se evidencian fuertes diferencias entre jurisdicciones. Neuquén y Santa Cruz son las de costo laboral más alto, con un gasto mensual promedio de $3,1 y $2,8 millones por empleado, seguida por CABA ($2,3 millones), Chubut ($2,2 millones) y Tierra del Fuego ($2,2 millones). En base a estas cifras, se tratarían de las provincias con los niveles salariales más altos del sector público provincial.
Además, “Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz se destacan por combinar elevado costo laboral y alta dotación de personal por habitante, lo que las posiciona entre las provincias con mayor gasto en personal en relación con su población”, resaltó Ecosur.

Por el contrario, La Rioja ($1,1 millones), Jujuy ($1,2 millones), San Luis ($1,3 millones) y Santiago del Estero ($1,4 millones) registran los costos laborales más bajos del país.
“Todas estas provincias presentan una proporción de empleo público superior al conjunto de las 24 las jurisdicciones, aunque con remuneraciones significativamente menores. Se destacan particularmente La Rioja y Jujuy, que ocupan el segundo y séptimo lugar, respectivamente, entre las provincias con mayor cantidad de empleados públicos por habitante”, analizó el reporte.
El cruce entre cantidad de empleados públicos y nivel de remuneraciones muestra que las provincias patagónicas reúnen tanto una gran dotación de personal como salarios elevados, lo que implica un mayor gasto estatal por habitante.
En tanto, distritos como Jujuy y La Rioja presentan alta presencia de empleo público, aunque con sueldos bajos. A su vez, las jurisdicciones de mayor tamaño, excepto la Ciudad de Buenos Aires, exhiben una proporción reducida de trabajadores estatales por habitante y niveles salariales próximos al promedio nacional.
Desde 2012, el empleo público provincial se mantuvo en una tendencia de crecimiento estable y moderado, con una tasa promedio anual del 1,2%, apenas por encima del aumento poblacional (0,9%). En cambio, el empleo público nacional exhibió una evolución más irregular, marcada por fuertes contrastes según las decisiones de cada gobierno.
Durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), la cantidad de trabajadores en la Administración Nacional aumentó un 34%; bajo Mauricio Macri cayó un 10%; con Alberto Fernández creció un 4%; y en lo que va del gobierno de Javier Milei se redujo un 16 por ciento.
Aunque el empleo provincial no varió de manera significativa en función del signo político del gobierno nacional, el gasto en personal de las provincias sí replicó, en parte, la dinámica del sector público nacional.
En términos reales, alcanzó su punto máximo en el segundo mandato de CFK, con un incremento acumulado del 20%; avanzó 4% durante la gestión de Fernández; retrocedió 11% en el período de Macri; y, en el primer año del gobierno de Milei, se contrajo un 15%, baja similar a la del gasto total provincial.
En el ámbito nacional, el costo laboral se mantuvo relativamente estable durante el segundo mandato de CFK, pero registró una fuerte reducción entre 2015 y 2020. Tras la salida de la pandemia, repuntó un 32% hasta diciembre de 2023, aunque volvió a caer un 21% a lo largo de 2024.
En el plano provincial, el indicador aumentó un 11% entre 2011 y 2015, pero luego inició una tendencia descendente sostenida. Así, en diciembre de 2024 el costo laboral promedio fue 15% inferior al nivel de diciembre de 2011 en el conjunto de las provincias, y 40% menor en la Administración Nacional.
Esta evolución se corresponde con la caída del salario público reflejada en el Índice de Salarios del Indec, que muestra una disminución real del 39% en el mismo período, superior a la registrada en el salario privado formal (-23%).
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ECONOMIA
El influencer que desafió a los empresarios de IDEA: “Ustedes se retiraron de la conversación pública, no conversan y no dialogan”

Desde Mar del Plata – “La confianza se gana en la cancha” fue uno de los paneles de la última jornada del 61 Coloquio de IDEA, que se hace en esta ciudad.
Coordinados por Carlos Pérez, de One Step Ahead, fueron protagonistas dos influencers: Rosendo Grobocopatel, joven politólogo y fundador de Constelaciones, y Lara López Calvo, economista y magíster en Finanzas. El objetivo fue contar cómo le hablan e interactúan con sus comunidades, integradas por los millones de seguidores en las redes sociales.
En ese contexto, Grobocopatel -hijo de Gustavo, llamado en su momento “rey de la soja” y fundador de Los Grobo- desafió a los empresarios y levantó aplausos.
Destacó que cuando comenzó el Coloquio Argentina tenía menos del cinco por ciento de pobreza y menos del cinco por ciento de desempleo. “Correlación implica causalidad, nos enseñan en economía. Pero desde que está el Coloquio de Idea, Argentina solo va para abajo”, expresó y la platea se rio fuerte.
Grobo se puso serio: “Me gusta que nos lo tomemos con actitud positiva. A mí un poco a veces me angustia, pero eso de alguna manera nos tiene que ser un llamado de atención. Yo creo que Argentina tiene un problema grande y ustedes son parte del problema. Nosotros somos parte del problema. ¿Qué vamos a hacer para proponerle a nuestra generación? ¿Cómo vamos a hacer para hacer que Argentina de verdad esté a la altura de lo que puede ser? Y creo que hay muchos que tocaron este tema, lo dijo Lauría, Scola, Cambiaso. La conversación está, pero no alcanza con las buenas intenciones», expresó.
Y en ese momento lanzó una crítica a los presentes: “Yo pienso que el empresariado decidió retirarse de la conversación pública. Ustedes decidieron retirarse de la conversación pública. No conversan, no dialogan. Y no sirve lo institucional, porque lo institucional va ocupando un rol cada vez menor”. Otra vez hubo aplausos.
“El Coloquio de IDEA está muy bien y es un espacio en donde hay que conversar, pero hay que conversar con la sociedad. El problema de legitimidad empresarial está con la sociedad, no está en el círculo rojo. Hay que dejar de conversar entre nosotros. Entonces, yo celebro e invito a que hagan este ejercicio que hace Lara, que hago yo, que hacen muchos con distintos tonos y que salgan a conversar. No estamos planteando que todos se conviertan en influencers porque nos dejan sin laburo, pero estamos planteando que la sociedad está esperando entender qué hacen sus empresas. No lo entienden. Y qué hace el sector privado, no lo entiende. Y su respuesta en general es endogámica y es autocomplaciente. Ya hacemos demasiado, hacemos responsabilidad social empresarial, ya estamos en el coloquio, ya hacemos. No alcanza, porque si alcanzara veríamos a la Argentina creciendo, y hace 61 coloquios de IDEA que estamos más abajo», explicó.
López Calvo completó: “A lo de Rosendo, agrego dos cosas: arriesguen y no hay que mentir a la hora de construir confianza”.
Grobocopatel cerró con un mensaje positivo. “El diagnóstico es duro, pero el talento también está. Hay que subirse a ese tren. Argentina va a cambiar y yo voy a estar ahí empujando. Buena parte de mi generación quiere que las cosas sean distintas. Tenemos que ponerle más, no alcanza. Soy optimista porque tenemos todo para que eso ocurra”.
ECONOMIA
“Competencia desigual de monedas”: desde la apertura del cepo, los ahorros se dolarizaron cada vez más rápidamente

El dólar como refugio y la consiguiente caída en la demanda de pesos, casi una huida de la moneda nacional, un problema cíclico de la Argentina que se acentúa en momentos pre-electorales, se potenció debido a la eliminación del “cepo” a las personas a mediados de abril, cuando el gobierno alcanzó el acuerdo vigente con el FMI e inauguró la política de bandas cambiarias.
Desde entonces, dice la consultora Quantum, se libró una competencia de monedas cuya desigualdad se refleja en el cambio de composición de los portafolios.
“Ese proceso se profundizó a principios de agosto, cuando pasaron a tener mayor influencia otros factores, tales como una lectura del tipo de cambio de mediano plazo distinto al existente, cuestiones precautorias ante la percepción de riesgos en períodos electorales y alteraciones en la política monetaria, entre otros”, dice el último reporte semanal de la consultora. “Entre abril y agosto este año, en función de los últimos datos disponibles, el rubro “Formación de Activos Externos Netos” (esto es, básicamente, dolarización de ahorros) por residentes del balance cambiario promedió compras netas de billetes y monedas por USD 3.600 millones mensuales”, precisa.

Peor aún, datos preliminares señalados por Infobae estiman que en octubre el monto de compra de divisas por parte de individuos y familias podría ser de USD 5.000 millones, tal el apetito de dólares en medio de la incertidumbre electoral y la percepción de muchos de que el tipo de cambio “está atrasado” (ergo, de que el peso está, al contrario de lo que afirmó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobrevaluado).
¿En qué se usaron esos dólares? “Su aplicación, en parte, fueron depósitos en bancos locales, utilización para atender gastos en el exterior o también atesoramiento en divisas. Los depósitos en dólares de los bancos locales aumentaron en USD 3.400 millones en ese período”, dice el informe de Quantum, que también destaca que según datos más recientes entre septiembre y el 8 de octubre pasado los depósitos subieron USD 2.000 millones más.
“Con esos incrementos -precisa- el total de depósitos en dólares del sector privado alcanzó un nivel que supera los USD 34.400 millones, cuando previo al momento del blanqueo en septiembre 2024, estaban en niveles de USD 18.500 millones”.

La contrapartida del crecimiento en la demanda de dólares, ahora en parte abastecida por la venta de dólares a cambio de pesos o de bonos soberanos de la Argentina por parte del Tesoro de EEUU, es la caída de la demanda de pesos. Esto es, los argentinos “huyen” de la moneda nacional.
“El agregado monetario M2 en pesos señala una disminución de 4,9% real entre el 6 de agosto y el 8 de octubre”, precisa Quantum. “En el mismo período, el circulante en poder del público cayó 4,3% en términos reales y el total de los depósitos en pesos creció 0,6% real. En este total, el componente transaccional –cuenta corriente y caja de ahorro- cayó 5% real, pero los depósitos a plazo fijo crecieron 6,5% real, al impulso de una tasa de interés muy alta -promedio 2% real mensual, acumulando 4,2% real en algo más de 2 meses- y la continuidad de las restricciones cambiarias para personas jurídicas”.
La única parte de la demanda de pesos que no cae es aquella remunerada a una tasa superior a la inflación, lo que a su vez se refleja en el encarecimiento del crédito
Esto es, la única parte de la demanda de pesos que no cae es aquella remunerada a una tasa superior a la inflación, lo que a su vez se refleja en el encarecimiento del costo de financiamiento a los demandantes de crédito, que a su vez traba la actividad económica.
“Parte del incremento de los depósitos a plazos fijos puede atribuirse al rol de los fondos de money market, que actúan como cuentas a la vista remuneradas y que tienen depósitos a plazo en bancos entre sus activos. Estos fondos aumentaron el 7,4% en términos reales en el periodo considerado”, dice el informe que considera “evidente” la preferencia por dolarizar, aunque con algunas diferencias respecto de otros episodios: la gente huye de la moneda, pero no del sistema bancario.
“En esta ocasión se nota que el sector financiero local, bancos y el mercado de capitales, están siendo canal de preservación de los activos que se convierten a esa moneda (…) muchos de los montos transformados de pesos a dólares permanecen vía depósitos en la banca local o son captados por Obligaciones Negociables emitidas en moneda extranjera por compañías del país”, dice al respecto Quantum.
Las dificultades para contener las presiones en el mercado de cambios se manifiestan en las ventas de divisas netas de BCRA y el Tesoro y en el “ayudín” que recibió el gobierno del Tesoro de EEUU.
Contener la demanda de cobertura “precautoria” de dólares y poner al peso en mejor posición competitiva -concluye Quantum- exigirá “despejar ciertas dudas sobre aspectos de gobernabilidad, sobre la continuidad y sostenibilidad del actual esquema cambiario-monetario y seguir trabajando sobre mejoras estructurales”.
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