ECONOMIA
Punto clave de la reforma laboral para terminar con la industria del juicio y bajar cargas sociales
Varios ministerios están trabajando a todo vapor para tener listo un proyecto de reforma laboral cuyo principal objetivo será crear puestos de trabajo, algo que la Argentina no logra desde hace 15 años.
El objetivo es incentivar a las empresas a invertir sin que corran el riesgo de caer en la trampa de la industria del juicio, que sigue gozando de buena salud en el país y complica la subsistencia de decenas de pymes cada día.
Contratar un empleado se convirtió en una trampa mortal para muchas empresas que caen en la voracidad de estudios jurídicos dedicados a los juicios laborales.
A pesar de que se aprobó una ley en 2017 que buscaba evitarlos, los juicios laborales siguen creciendo en la Argentina.
Con el fin de incentivar a las compañías a tomar personal, se trabaja en distintos frentes, que incluyen lo impositivo y las leyes laborales.
Reforma laboral: incentivar el trabajo formal con reducción de cargas patronales
A los salarios dinámicos, el banco de horas, los convenios por empresa y el fraccionamiento de indemnizaciones y multas laborales en hasta 12 cuotas, se sumarán otras iniciativas que, desde el punto de vista de la Casa Rosada, permitirá incentivar la contratación de personal.
El principal eje busca incentivar la formalización del empleo mediante la reducción de cargas patronales. En eso trabaja el Ministerio de Economía, para que sea más atractivo para una empresa tomar personal.
En esa línea, se evalúa bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese, de manera que a los empleadores no les cueste más dinero, pero tengan mayor certidumbre respecto a la disminución de sus costos y de la litigiosidad laboral.
La propuesta busca dar previsibilidad sin aumentar erogaciones y, de paso, reducir los conflictos judiciales laborales.
Además, se trabaja en el régimen de deducciones del impuesto a las Ganancias, para permitir que cualquier contribuyente pueda descontar más ítems.
Esto, creen en Economía, brindará más incentivos para pedir factura y eso formalizará todavía más la economía, que es uno de los grandes objetivos de la reforma laboral.
Para el Palacio de Hacienda, ampliar el universo de bienes y servicios deducibles promoverá mayor transparencia en las transacciones y acelerará la bancarización.
Las principales iniciativas que impulsa el Gobierno con la reforma laboral
Régimen de nuevo empleo, uno de los ejes del proyecto de reforma laboral
Otro de los ejes está vinculado con la creación de un régimen de nuevo empleo.
En Economía dicen que será muy ventajoso para los empleadores. Y recuerdan que en la Argentina no se crea empleo desde 2011.
Sostienen que reducir la carga tributaria requiere primero crecimiento económico y mayor formalidad en una economía donde el 30 por ciento de la actividad está en negro.
Los funcionarios dicen que, para bajar impuestos, se necesita que el país crezca, y ratifican que subir impuestos no es una opción.
En esa línea, se apunta a que crezca el nivel de formalidad y la economía. Si crece la base, habrá muchos más recursos para bajar impuestos, razonan.
Según un estudio del centro Cippec, desde 2010 se atraviesa un estancamiento en la creación de empleo registrado privado y un cambio estructural hacia actividades de menor productividad.
A pesar de los ciclos de crecimiento y caída, el número de asalariados formales se mantuvo casi igual, lo que redujo su peso dentro del total de ocupados de casi el 60% a menos del 50%.
En paralelo, el sector manufacturero perdió participación y crecieron el comercio minorista y otros servicios de baja productividad.
También aumentaron los monotributistas (64%) y la informalidad, consolidando a la Argentina entre los países con mayor caída de productividad laboral en la región.
En conjunto, la tendencia revela que el país no logra crecer económica ni laboralmente.
Crecimiento económico y legislatura moderna para apuntalar el aumento del empleo
El desafío es cómo lograr que más argentinos tengan trabajo decente en un contexto de alta informalidad y escasa creación de empleo.
El motor del empleo es el crecimiento económico, pero una legislación moderna puede acompañarlo, hacerlo más productivo y facilitar la contratación, señala el trabajo.
Y advierte que cuando las reglas son inciertas, los costos poco claros o la justicia imprevisible, el resultado es siempre el mismo: menos empleo formal y más precaución.
En esa lógica, la política laboral tiene tres patas: las leyes, la negociación colectiva y la justicia.
El Cippec considera que la negociación colectiva debe modernizarse para incorporar nuevas formas de organización y producción.
Y el sistema judicial tiene que ser más eficiente y previsible. De nada sirve cambiar las leyes si las interpretaciones judiciales siguen generando incertidumbre o si los convenios no se adaptan a los cambios tecnológicos y productivos, advierte.
Y coincide con que uno de los puntos más sensibles del sistema es la alta litigiosidad.
Juicios laborales, un tema clave que dificulta la contratación de empleados
Los juicios laborales se multiplican y para muchas pymes representan un riesgo que pone en jaque su continuidad. La ambigüedad legal genera costos que perjudican a empleadores y trabajadores.
Definir conceptos salariales y multas que den previsibilidad a los fallos de la justicia puede reducir la litigiosidad. Cuando las normas son predecibles y las obligaciones están bien definidas, las relaciones laborales son más estables y crece la confianza.
«La ley laboral debe servir de marco, no de obstáculo. Tiene que proteger al trabajador, pero también permitir que las empresas crezcan y produzcan. En la Argentina conviven sectores muy distintos -industria, agro, servicios, economía del conocimiento-, y pretender una única norma para todos es un error», señala el trabajo.
Por eso, considera que la ley debería establecer principios generales y dejar que cada sector, mediante la negociación colectiva, adapte sus reglas.
Un caso emblemático es el empleo joven, ya que los menores de 24 años muestran tasas de desempleo e informalidad muy superiores al promedio, lo que revela una dificultad estructural para acceder a empleos formales.
Aquí, según el Cippec, el desafío central es fortalecer la formación profesional, articular educación, empresas y sindicatos, y ordenar los incentivos a la contratación, priorizando a las MiPymes y sectores de baja productividad.
También hace falta mejorar la intermediación laboral mediante Oficinas de Empleo más activas y crear espacios de diálogo tripartito que adapten las políticas a las realidades locales.
Por eso, considera clave avanzar hacia medidas de fondo, como segmentar las cargas sociales por tamaño de empresa o nivel salarial, para introducir progresividad en los costos laborales.
En la actualidad, una pyme paga prácticamente la misma proporción que una multinacional, y un trabajador de bajos ingresos aporta igual que uno de altos.
Existen alivios parciales, pero no una estructura progresiva que dé aire a las pymes y mejore la distribución del esfuerzo contributivo. Ese esquema regresivo desalienta la formalización. Un sistema más progresivo permitiría aliviar a las empresas chicas, impulsar nuevas contrataciones y distribuir mejor la carga.
Hacia allí parece apuntar el gobierno con los cambios que irán al Congreso a mediados de diciembre.
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ECONOMIA
El Gobierno colocó un nuevo bono en dólares a una tasa de 8,5% y refuerza el plan para pagar los vencimientos de julio
El Ministerio de Economía colocó USD 300 millones en dos bonos en dólares y adjudicó un total de $11,04 billones durante la última licitación de deuda. De esta manera, el oficialismo no liberó pesos al mercado y busca hacerse de dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda de julio por más de 4.200 millones de dólares.
La Secretaría de Finanzas anunció que recibió ofertas por $12,53 billones y terminó colocando $11,04 billones, lo que equivale a un rollover del 138,52% respecto a los vencimientos que operaban este viernes.
El interés del mercado se reflejó especialmente en los instrumentos en dólares, donde el Gobierno emitió dos títulos: el AO27, con vencimiento en octubre de 2027, por un monto de USD 150 millones a una tasa de 5%, y el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, también por USD 150 millones y un rendimiento anual de 8,52 por ciento.
Ambos títulos en dólares concentraron la atención de los inversores, en un contexto donde el acceso a financiamiento en moneda extranjera resulta clave para la estrategia oficial. El nivel de demanda permitió al Gobierno captar el máximo previsto para cada bono y establecer referencias de tasas para futuras colocaciones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó a través de su cuenta de X que en la subasta de este viernes se recibieron ofertas por USD 466 millones para el bono con vencimiento en octubre de 2027 (AO27), con una tasa nominal anual (TNA) de 5,02% y de USD 226 millones para el título que vence en octubre de 2028 (AO28) con una TNA de 8,5 por ciento.
De acuerdo a los cálculos realizados por el titular del Palacio de Hacienda, la primera opción equivale a un riesgo país de 117 puntos básicos bajo la gestión Milei. En tal sentido, consideró que el riesgo país al décimo mes de 2028 es de 460 unidades y adjudicó la diferencia al “riesgo kuka”.
El bono AO28 prevé el pago total del capital al vencimiento, fijado para el 31 de octubre de 2028, y ofrece pagos mensuales. Al igual que el AO27, el límite total de colocación es de USD 2.000 millones, aunque en cada licitación no puede superar los USD 250 millones (USD 150 millones en la primera y USD 100 millones en la segunda ronda). Esta estrategia apunta a cubrir obligaciones cercanas y a fortalecer la disponibilidad de dólares en el sistema financiero local.
La evaluación entre el AO27 y el AO28 evidencia una mayor inclinación de los inversores hacia el primer bono, ya que su vencimiento se produce antes de las próximas elecciones presidenciales, lo que implica un riesgo político más bajo. El AO28, por su parte, implica asumir compromisos que trascienden el actual ciclo de gobierno.
Noticia en desarrollo…
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Los cambios se reglamentaron mediante la Resolución 172/2026. Las fechas clave para inscribirse a cada línea de las Becas Progresar. ¿Cuánto pagan en 2026?
27/03/2026 – 13:08hs
El Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello oficializó el jueves los nuevos montos y requisitos de las Becas Progresar 2026. Los beneficiarios de las líneas más conocidas de este plan cobrarán 35.000 pesos por mes, siempre que cumplan con todos los requerimientos para cobrar el 100% del beneficio.
Los cambios se reglamentaron mediante la publicación de la Resolución 172/2026 en el Boletín Oficial, con firma del Secretario de Educación de la Nación, Carlos Horacio Torrendell.
Cuánto pagan las Becas Progresar en 2026
A diferencia de lo que ocurrió en año anteriores, esta vez la Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano decidieron no actualizar los montos que abonan las becas progresar.
Es decir que, pese a la inflación superior al 31% interanual registrada por el mismo Instituto Nacional de Estadística y Censos, este beneficio educativo seguirá pagando los mismos montos que el año pasado.
Esto significa que se mantienen en 2026 los montos en $35.000 mensuales para todas las líneas de Progresar (Obligatorio, Superior, Enfermería y Trabajo).
Método de pago
En 2026 se mantiene la retención del 20% mensual. Esto significa que el estudiante cobra $28.000 netos por mes, y los $7.000 restantes se acumulan para ser pagados al final del ciclo lectivo, siempre que se acredite la regularidad académica.
Quienes se anoten en esta primera convocatoria cobrarán hasta 12 cuotas. Y quienes lo hagan en la segunda vuelta (agosto/septiembre), cobrarán solo 6 cuotas.
Requisitos para las Becas Progresar 2026
Los requisitos de inversión varían de acuerdo a la línea del programa Progresar a la cual se aplica. Pero la resolución del jueves mantuvo el Tope de Ingresos familiares para solicitar las Becas Progresar en 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Con el SMVM de marzo 2026 en $352.400, el tope familiar queda aproximadamente en $1.057.200 para calificar a la asistencia de estudios.
Las pensiones no contributivas por invalidez quedan excluidas de este cálculo.
A la vez, se vuelve obligatorio acreditar el esquema de vacunación completo según la edad del beneficiario.
Los beneficiarios ahora tienen un plazo de 30 días para informar cualquier cambio en su situación laboral, académica o patrimonial a través de la plataforma Progresar o Mi Argentina.
En cuanto a la continuidad, se dispuso que la beca podrá renovarse hasta cuatro años para quienes cursen la educación obligatoria. En el caso de Formación Profesional, el beneficio solo podrá extenderse hasta dos cursos por ciclo lectivo.
Fechas de inscripción a las Becas Progresar 2026
A diferencia de otros años donde la fecha era unificada, en 2026 se han definido ventanas específicas:
- Progresar Obligatorio: 27 de marzo al 24 de abril
- Educación Superior: 6 de abril al 30 de abril
- Progresar Enfermería: 6 de abril al 30 de abril
- Formación Profesional: 27 de abril al 27 de noviembre
Para inscribirse a las Becas Progresar es necesario tener actualizado el perfil del beenficiario en la aplicación Mi Argentina, ya que la resolución especifica que la validación de datos biométricos y de domicilio se hará a través de esa plataforma antes de permitir la carga en el sitio de Progresar.
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En el segundo mes del año, los argentinos adquirieron más de USD 2.300 millones, de acuerdo con los registros oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Así, las operaciones de compra realizadas por individuos acumulan un total superior a USD 31.000 millones desde que se relajaron las restricciones cambiarias en abril de 2025.
En febrero, las compras brutas de dólares realizadas por personas físicas ascendieron a USD 2.368 millones, mientras que las ventas brutas totalizaron 280 millones de dólares. Cerca de 1,5 millones de personas adquirieron divisas, en tanto que aproximadamente 718.000 optaron por vender.
Durante el cuarto mes del año pasado, tras la flexibilización del cepo cambiario para los ahorristas, las compras de dólares por parte de personas físicas alcanzaron los 2.077 millones, según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central. Durante los primeros días después de que se levantaron las restricciones, aproximadamente un millón de personas ingresaron al mercado oficial.
La demanda de divisas continuó en ascenso en los meses siguientes: en mayo se adquirieron USD 2.283 millones, en junio USD 2.468 millones y en julio la cifra trepó a 3.473 millones. Agosto marcó una baja a USD 2.448 millones, pero en septiembre se produjo el mayor volumen del período con USD 5.130 millones, en un contexto de alta dolarización por la proximidad de las elecciones legislativas y la incertidumbre política.
En octubre, mes de las elecciones de medio término, el monto operado se mantuvo alto aunque descendió levemente a 4.731 millones de dólares. Para noviembre, las compras brutas de billetes cayeron de manera significativa a USD 1.597 millones, con operaciones realizadas por poco más de 1,1 millones de personas.
En diciembre, la demanda se reactivó: cerca de 1,5 millones de argentinos compraron 2.186 millones de dólares. En el primer mes de 2026, 1,6 millones de individuos realizaron compras de divisas por 2.613 millones de dólares. Desde la apertura del mercado cambiario, el total de compras de divisas en el circuito formal sumó 31.373 millones de dólares.
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