El ministro de Economía, Luis Caputo, afronta esta semana vencimientos por USD 4.200 millones con bonistas y todavía debe cubrir la mitad. En los próximos días se definirá el mecanismo para obtener esos fondos. Una de las opciones que gana impulso es un préstamo con bancos internacionales por hasta USD 7.000 millones, alternativa que presenta ventajas y desventajas para los analistas, sobre todo por las garantías que se ponen sobre la mesa.

En medio de los feriados por las fiestas, y luego del intercambio de títulos en dólares (AL35 y AL38) por bonos en pesos indexados por inflación entre el Tesoro y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), corrió la versión de que el Gobierno estaría más cerca de concretar un repo por USD 2.000 millones para cubrir el vencimiento del próximo 9 de enero.

Si bien fuentes oficiales del Ministerio de Economía le restaron importancia, al asegurar que “es normal” que se hagan por solicitud de una u otra parte para administración de su portafolio o para tener flexibilidad para hacer alguna operación en particular, eso no hizo más que aumentar el ruido.

El hecho de que el equipo económico concrete un préstamo con bancos internacionales para enfrentar vencimientos tiene, según los analistas, más contras que pros. Entre las ventajas se destaca que el Tesoro o el BCRA no tendrían que salir a comprar divisas, a riesgo de hacer subir el tipo de cambio si se hace en el mercado, y que no se usarían reservas internacionales, ya en un bajo stock.

El problema radica en las garantías que se ofrecerían, que suelen ser bonos, y en que no se daría certezas sobre cómo se enfrentarán los restantes vencimientos del 2026.

“Para conseguir USD 2.000 millones es posible que deban entregarse títulos por un valor mayor a ese monto. También (en este caso tal vez no pase) cuando los bonos que se entregar en garantía caen de precio hay que reponer garantías sumando más deuda registrada con el sector privado”, comentó –off the record– un importante economista.

“En el antecedente más reciente, la garantía han sido los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), que es un bono que tiene menor riesgo porque lo paga el BCRA con las reservas y nunca ha habido un default de este tipo”, explicó un exfuncionario de Economía, que también pidió reservas de nombre. Además, destacó que dar bonos en garantía “ensuciaría” la hoja del balance del BCRA, que el propio Gobierno se ocupó de limpiar y tuvo como gran objetivo. “Nada es gratis y el objetivo del Gobierno es, como sea, tratar de conseguir financiamiento”, agregó la fuente.

“Lo más probable es que pongan de vuelta de garantía los Bopreal, porque poner bonos muy descontados hace que lo que obtengas sea menos crédito”, afirmó sobre la posibilidad de que Caputo elija el préstamo con los bancos internacionales para conseguir los dólares que faltan. Se trataría, en todo caso, de una operación de muy corto plazo, “un puente a los pagos” a realizar. Cuando, en su visión, hoy hay liquidez y se podría afrontar con las reservas, pero con el costo de que las netas caen cada vez más.

En caso de concretarse, del repo con los bancos internacionales no conocerá la letra chica, pues se trata de acuerdos entre partes. Quienes pasaron por la administración pública nacional señalan que una garantía usual, entre otras, suelen ser bonos.

“Generalmente, cuando después caen los bonos, tenés que subir garantías. Y si tenés que subir garantías, casi que tenés que poner efectivo; ahí prácticamente no te están prestando; estás devolviendo parte del préstamo y te conviene desarmarlo”, comentó otro exfuncionario, pero de la gestión de Sergio Massa. Fue lo que le sucedió al gobierno de Mauricio Macri en 2019, recordó.

En esa línea, esta fuente sostuvo que los repos solo se activan cuando “no queda otra cosa” y que, en caso de suceder, expondría cómo está la relación con EEUU. “Si tuvieran el swap tan firme y fluido, directamente lo activarían y se traerían los dólares para poner en la cuenta y trabajarían para tener un riesgo país más bajo para el vencimiento que viene”, comentó.

Hay quienes consideran, o eligen creer, que el silencio del equipo económico en las últimas semanas forma parte de una estrategia hasta la próxima revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero.

“Esta especie de silencio me hace pensar que hay una estrategia por detrás o que todo está pendiente de las negociaciones con el Fondo sobre cuál va a hacer la estrategia de financiamiento y también la regla cambiaria”, planteó el exfuncionario de gestión más cercana. A pesar de que el pasado 1º de enero de 2026 inició la nueva fase del programa, en donde las bandas se ajustan por la inflación (con dos meses de retraso) y el BCRA podrá comprar reservas en función de la demanda de dinero.

Para esta fuente, la principal meta a acordar con el FMI es la de acumulación de reservas -que ya fue renegociada. “Eso no es si vas a comprar dólares en el mercado o utilizar pesos del superávit fiscal, si no cuánto vas a acumular. El tema es dar una idea de cómo se van a cubrir las necesidades financieras del 2026, que son parte pago de intereses y parte de amortizaciones que totalizan unos USD 20.000 millones y luego del pago de enero se reducirían en unos USD 16.000 millones. La estrategia viene amigada a la discusión con el FMI no puede ser independiente de cuál es el sistema cambiario, monetario. Los números no dan por haber flexibilizado en el margen la banda cambiaria”, planteó.

El inicio de 2026 abre un nuevo capítulo para las estrategias de inversión con fondos líquidos, en un mercado doméstico que no da respiros y, por regla general, se niega a convalidar consensos.

Las apuestas de mercado apuntan a expectativas de devaluación moderadas, proyecciones de crecimiento de la actividad -aunque dispares según el sector- y tasa de inflación en descenso que contagiará a las tasas de interés.

El triunfo del oficialismo en los comicios de medio término brindó mayor base política en el Congreso al presidente libertario Javier Milei, condición que le permitirá ahondar en 2026 en su plan de gobierno basado en reformas y desregulaciones sin empeñar el equilibrio fiscal.

Un dato valorado por los inversores fue que el Congreso aprobó en el epílogo de diciembre el Presupuesto 2026, que incluye el gasto de $148 billones (equivalentes a unos USD 101.800 millones), expansión de la economía del 5% y tasa de inflación anual del 10,1% -entre extremos-.

Desde el primer día de 2026 comenzó a regir la nueva banda de flotación cambiaria que sigue el ritmo de la inflación mensual, que comenzará con un 2,5% desde el 1% actual, al tiempo que el próximo 9 de enero el Tesoro nacional deberá afrontar vencimientos de deuda por unos USD 4.300 millones.

El año anterior fue decepcionante para los activos líquidos. Las acciones quedaron dispares medidas en sus valuaciones en dólares -el S&P Merval porteño descontó 6% en moneda dura-, mientras que los bonos en dólares recuperaron sus niveles máximos, aunque con un índice de riesgo país elevado que aún bloquea nuevas emisiones del Gobierno.

Sin embargo, para los analistas están sentadas las bases para un entorno positivo para las acciones por sus resultados operativos, con varios sectores atractivos para aquellos inversores en busca de dividendos.

“Después de la volatilidad preelectoral, el escenario para los activos en Argentina está cambiando y mostrando la consolidación necesaria para que 2026 sea un año bueno para los activos domésticos en general ya que tanto las dinámicas locales como internacionales se alinean en este sentido”, vaticinó Balanz Capital.

En un reporte, sus expertos de research “ven valor en los bonos soberanos en dólares, particularmente en los de largo plazo, a medida que el riesgo país continúe reduciéndose. En los bonos en pesos les gusta la parte larga de la curva, mientras que los bonos corporativos en dólares tienen menos ‘jugo’ que el soberano, a la vez que los retornos de convergencia favorecen a las acciones argentinas. Dentro de la renta fija soberana en dólares, el atractivo estaría en los bonos con vencimiento en 2041, a la vez que el bono de Córdoba 2032 luce atractivo”.

Balanz puntualizó: “Las acciones argentinas parecen algo rezagadas en comparación con el desempeño del resto de los activos locales. Simplemente una vuelta a los máximos de este año generaría retornos de dos dígitos en dólares, aunque no de manera uniforme en las empresas que componen al Merval. Los bancos deberían verse beneficiados ya que parecen haber dejado atrás su momento más difícil en términos de calidad de balance y, desde una óptica bottom-up, destacamos Vista Energy (VIST), Central Puerto (CEPU), Telecom Argentina (TEO) y Ternium Argentina (TXAR)”.

José Ignacio Thomé, analista senior de Equity del Grupo SBS, destacó al sector utilities (servicios públicos), el cual de la mano de la normalización tarifaria ha logrado recomponer sus ingresos que, en combinación con balances que ya venían sanos financieramente, habilitan a que continuemos viendo por los próximos años una distribución estable de dividendos. Además, resaltó: “Dado que aún actualmente no cotizan a ratios exigentes versus comparables de la región, vemos en este sector dividend yields (rentabilidad por dividendo) muy atractivos hacia 2026 que en varios casos alcanzan los dos dígitos».

Entre sus favoritos, Thomé mencionó a Transportadora Gas del Norte (TGN) que, si bien distribuyó como adelanto del Ejercicio 2025 un dividendo cercano a los $160 por acción, espera un dividend yield total que supere el 12% una vez concluida la distribución de dividendos hacia el segundo trimestre de 2026.

También el analista ve con buenos ojos a las distribuidoras de gas ya que tanto Ecogas (ECOG) como Camuzzi Gas Pampeana (CGPA) y también Naturgy BAN (GBAN) han estado adelantando dividendos del Ejercicio 2025 en las ultimas semanas, y proyectamos que sus dividend yields terminarán estando en torno al 11-14 por ciento.

“El otro sector que se perfila como distribuidor constante de dividendos en el corto y mediano plazo es el de ´Mercados Financieros’, integrado tanto por Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) como A3 Mercados. Ambos salen favorecidos del actual proceso de desregulación y de un contexto más pro mercado que facilita la expansión de sus negocios, estimamos un dividend yield que se encontrará en la zona de 8-10%“, según Thomé.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron: “Tras el respaldo holgado que consiguió el oficialismo para aprobar el Presupuesto 2026, incluida la restitución de la facultad del Poder Ejecutivo para acceder a los mercados internacionales sin pasar por el Congreso (Ley Guzmán), los Globales retomaron impulso”.

Los analistas de PPI agregaron: “El retorno del soberano al mercado de crédito internacional debería ser propulsor de un alza en las acciones, al permitir ‘rollear’ vencimientos sin usar dólares adquiridos por mercado, lo que facilitaría la acumulación de reservas, y reduciría el índice de riesgo país. Ello, a su vez, disminuye el riesgo percibido sobre los corporativos, aminorando no solo la tasa de descuento -mayor valor presente para igual flujo-, sino también la tasa de interés demandada sobre su deuda, lo que impulsa la viabilidad y rentabilidad de diversos proyectos en cartera”.

El analista Salvador Di Stefano expresó: “Cada compra de dólares que el Banco Central haga en el mercado contra emisión de pesos incrementara las reservas en el activo, y la base monetaria en el pasivo, esto va a generar un efecto neutro sobre el patrimonio. No obstante, el mercado ve con buenos ojos tener más reservas, y esto podría hacer disminuir la tasa de riesgo país. Si este escenario ocurre, no sería descabellado ver el índice de riesgo país debajo de 400 puntos básicos para el segundo semestre. Esto traería aparejado una fuerte suba en bonos y acciones”.

Di Stefano subrayó: “En este contexto, 2026 está llamado a mostrar fuertes subas en bonos y acciones locales, tasa de inflación en baja, tasas de interés positivas contra la inflación, y un dólar estable aumentando menos que la inflación. Todos los caminos conducen al mercado de capitales como la mejor opción financiera 2026″.

Los analistas de IOL (InvertirOnline) observaron que “las elecciones legislativas de octubre funcionaron como un catalizador de confianza. A pesar de la histórica recuperación del último trimestre, la suba aún no fue suficiente para volver a los máximos históricos en dólares del Merval”, registrados en enero de 2025.

Los analistas de IOL (InvertirOnline) remarcaron: “Reforzamos nuestro view positivo sobre el sector de Oil & Gas en Argentina a pesar de la evolución poco positiva del precio del petróleo. Creemos que no perder de vista el horizonte de largo plazo resulta clave. Así, tanto YPF como Vista Energy -así como también otras compañías como Pampa Energía o TGS- continúan avanzando con ambiciosos planes de expansión en Vaca Muerta, con expectativas de incrementar exponencialmente su producción de petróleo y gas en los próximos años. En este sentido, consideramos que el potencial del sector trasciende el ruido político, producto de que constituye un factor trascendental para la cuenta corriente nacional».

Gustavo Ber, economista, aportó: “El objetivo a corto plazo parecería seguir focalizado en lograr profundizar la compresión del riesgo país, ya que a unos 150 puntos básicos adicionales podría empezar a reabrirse el mercado internacional de deuda para la refinanciación de vencimientos, más allá de que la intención de las autoridades sería ir desarrollando en el tiempo un mercado de capitales local más profundo”.

Ber dijo: “La expectativa que despierta entre los operadores la estrategia financiera hacia el 9-E, y posterior, así como el nivel de potencial reinversión de fondos de los inversores que se podría activar y ante ello contribuir a continuar reduciendo el riesgo país”.

Respecto a la renta fija, GMA Capital advirtió que “con un índice de riesgo país estacionado en 570 puntos, el margen para subas explosivas es naturalmente más acotado. Entonces, ¿qué podemos esperar para 2026 en la cartera del inversor? Por el lado de los activos en dólares, si el Global 2035 (GD35) comprimiera hasta rendir 8% en dólar MEP, la ganancia de capital sería del 8,5%. Mientras tanto, el carry trade ha rendido hasta un 16% anual en los últimos 20 años iniciando la posición al actual tipo de cambio real».

GMA Capital concluyó: “Estos números no están escritos en piedra y dependerán en gran parte del éxito del nuevo marco monetario y cambiario. El delivery político en el Congreso y la acumulación de divisas en las arcas del Central serán las variables críticas del 2026. Solo cumpliendo con estas premisas se podrá mantener al dólar a raya y sostener el índice de riesgo país de forma estable debajo de los 500 puntos básicos“.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, expresó que “el Gobierno concluyó su segundo año de gestión con un respaldo político y económico de peso: la aprobación del Presupuesto 2026, una señal relevante para los mercados. Sin embargo, la atención estará centrada en la capacidad del Tesoro para reforzar sus tenencias de dólares y enfrentar los próximos vencimientos de deuda (USD 4.200 millones para el 9 de enero). La sanción del Presupuesto habilita a Economía a avanzar con emisiones de deuda en dólares bajo legislación extranjera, en un escenario en el que el Gobierno busca reducir aún más el riesgo país para acceder a mejores tasas y facilitar el roll over de los compromisos en moneda dura”.

“En medio de versiones que comenzaron a circular en los últimos días, desde la Procuración del Tesoro de la Nación aclararon que la Argentina no se encuentra en desacato en el litigio vinculado a la expropiación de YPF que tramita ante los tribunales de Nueva York”.

Al filo del comienzo del 2026, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), un organismo que encabeza Santiago Castro Videla, emitió un comunicado dando su opinión sobre las últimas novedades del juicio por la expropiación de YPF.

Se trata de una compleja y extensa demanda que tramita hace más de una década en EEUU y por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones por mala praxis expropiatoria. Esa condena está apelada y, en paralelo, Burford Capital, quien compró hace 10 años los derechos para litigar en esta causa y es el principal beneficiario del fallo, insistió con diversas medidas para cobrar. Entre ellas, pedir las acciones que el Estado tiene en la petrolera, o demostrar alter ego entre ambas –básicamente, que el Gobierno y la empresa son lo mismo– para intentar embargar activos del país en el exterior.

“La República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”, señalaron fuentes del organismo que defiende al Estado en el país y el exterior, y remarcaron que las afirmaciones en sentido contrario “son falsas y carecen de todo sustento jurídico”.

Desde la Procuración del Tesoro desmintieron de manera enfática las versiones sobre eventuales sanciones o un supuesto desacato. “Hablar de desacato es absolutamente falso y especulativo”, afirmaron. Detallaron que, a partir del 15 de enero, se acordó un cronograma procesal en el que ambas partes intercambiarán escritos, y que cualquier eventual decisión quedará exclusivamente sujeta a la evaluación razonada del tribunal.

La PTN –que lleva el caso por medio de los dos subprocuradores, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira– se refiera a algunas decisiones que tomó la jueza Loretta Preska, que encabeza la causa principal y condenó al país en primera instancia.

Como detalló este medio, Burford se prepara para pedirle formalmente a Preska que declare al país en desacato en un proceso cuya agenda autorizó la jueza y se dará desde marzo. Restan saber aún los argumentos finales del demandante y si Preska decidirá en ese sentido, pero Burford argumenta que el país nunca presentó comunicaciones de chats y mail de funcionarios y ex funcionarios que demostrarían el alter ego, y por eso pide sanciones y que se declare al país en desacato.

Una desobediencia de ese calibre no sería buena noticia para la estrategia del gobierno de Javier Milei de hacer que los grandes inversores vuelvan a mirar al país o pensar en emitir deuda bajo legislación americana. Además, cuando Preska va a decidir sobre el tema se estará desarrollando en Nueva York la Argentina Week, un evento para inversores globales al que tiene planeado asistir el propio Presidente.

“En relación con el proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska sobre comunicaciones personales de funcionarios y ex funcionarios, es preciso remarcar que dicha medida fue apelada por el Estado argentino por considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como bajo el derecho estadounidense”, detalló la PTN, que remarcó que el país “actúa de buena fe”.

“Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”, indicaron, al tiempo que destacaron que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”. Para Burford no es suficiente.

Sin embargo, el Gobierno cree que ese proceso de discovery es “un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios” y que se trata de una maniobra “para desviar la atención del momento adverso que atraviesa en el litigio”.

Las autoridades remarcaron que las acciones de Burford se derrumbaron 29% en este año, sobre todo después de la audiencia por la apelación de la causa “madre”, la condena en primera instancia. Fue en octubre y el estado cree que salió beneficiado antes los jueces de la Cámara de Apelaciones del segundo Circuito de Nueva York.

“La defensa del interés nacional y del orden jurídico argentino exige seriedad, rigor y apego a la verdad”, concluyeron desde la Procuración del Tesoro, y remarcaron que “la Argentina está actuando conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley, lejos de cualquier escenario de desacato”.