En la transmisión exclusiva de Infobae en vivo, la atención se centró en el impacto de la reforma laboral sobre el impuesto a las ganancias, una variable que, según explicó el equipo, define el futuro de las finanzas provinciales y la viabilidad del nuevo esquema propuesto por el Gobierno nacional. La llave que define el futuro de la reforma laboral es el debate sobre el impuesto a las ganancias, planteó el análisis inicial.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería, se desmenuzó la arquitectura actual del impuesto y su proyección bajo la nueva ley. Aziz introdujo el debate con una placa ilustrativa: “Hoy el esquema de impuesto a las ganancias tiene básicamente para sociedades tres tramos: los que ganan hasta 100 palos por año en materia neta, que están pagando el 25 % en concepto de impuesto a las ganancias. El tramo dos, que agrupa a los que facturan neto por año entre cien millones y mil millones de pesos, están pagando un fijo de 25 millones de pesos por año, más un 35 % sobre el excedente. Y por último, un tramo tres, que son los que facturan más de mil millones de pesos netos por año, que pagan un fijo de 300 millones de pesos más un 35 % sobre el excedente”.

Según el artículo 191 del proyecto oficial, la modificación en los tramos recae de lleno sobre las empresas de mayor facturación. “El tramo uno queda fuera. ¿Quién gana cien palos neto por mes? Bueno, un laburante no lo gana. Por eso estamos hablando de sociedades que tienen un rango de ganancia muy importante. La ley va directo a los que están en el tramo dos”, detalló Aziz en su explicación. De acuerdo al esquema, el tramo dos pasaría a pagar un veintisiete por ciento sobre el excedente, en vez del treinta por ciento actual, y el tramo tres, del treinta y cinco al treinta y uno por ciento.

La discusión no solo es técnica, sino eminentemente política. El staff de Infobae al Regreso explicó: “El proyecto está poniendo de un lado al presidente y a su gobierno y del otro a un cúmulo de gobernadores que entienden que con el proyecto así como está, habrá una merma recaudatoria en su provincia que va a dificultar la gestión como mínimo para los próximos dos años, eventualmente gobernando Milei”.

El análisis sobre cómo se distribuye la recaudación por tramos reveló la raíz del conflicto. “Hoy tramo uno, que son los que no están contemplados en la ley, los que facturan menos de 100 millones por año, son 146 mil empresas. Es un total de 89 % de la torta completa de sociedades registradas. Pero miren lo que aportan. Aportan apenas un siete coma nueve por ciento de la torta recaudatoria”, precisó Aziz.

La situación cambia drásticamente en los tramos superiores: “El tramo dos, que acá es donde la ley empieza a aplicar un efecto concreto, son 15.474 sociedades inscriptas. Es apenas el 9 % nueve por ciento del total de las sociedades inscriptas, pero empiezan a ocupar un rango más importante en la torta recaudatoria. Aportan el quince coma nueve por ciento”.

El verdadero núcleo del debate, sin embargo, está en el tramo tres: “Acá vamos a la cosa más jugosa, que es el tramo tres, los que facturan más de mil palos netos por año. Son 1.856 sociedades inscriptas. Repoquito, es el uno por ciento del total de las sociedades registradas, pero atenti con esto: aportan a la torta recaudatoria el setenta y seis por ciento de la recaudación”.

La principal preocupación de los mandatarios provinciales radica en la coparticipación. “Cuando estamos hablando de un impuesto que es coparticipable, inmediatamente esto toca las finanzas provinciales”, subrayó el análisis. La proyección de pérdida fue aportada por un gobernador, según relató Aziz: “Las provincias vamos a perder por año un total de uno punto siete billones, con B larga, de recaudación por impuesto a las ganancias con la propuesta que hace el Gobierno al Congreso de la Nación”.

La tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores se cristaliza en este punto: el nuevo esquema fiscal amenaza con reducir de manera sustancial los recursos coparticipables que sostienen a los distritos en un contexto de ajuste y recesión. Así, la reforma laboral aparece atada de manera ineludible al debate por la distribución del impuesto a las ganancias y su impacto federal.

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Bunge formalizó en la Argentina la integración con Viterra, completando así uno de los procesos de consolidación más relevantes del negocio agroindustrial de los últimos años. La operación, valuada en torno a los u$s18.000 millones a nivel global, implica la unificación de dos plataformas con fuerte presencia en originación, procesamiento y exportación de granos y subproductos.

El cierre local marca el fin de una etapa transitoria en la que ambas compañías continuaron operando de manera separada mientras se resolvían las aprobaciones regulatorias en distintas jurisdicciones.

A partir de ahora, la estructura integrada comienza a operar como un único actor en el mercado argentino, con impacto directo sobre la competencia, la logística y la dinámica comercial del complejo cerealero-oleaginoso.

Bunge y Viterra se unen en Argentina: nuevo liderazgo y reconfiguración operativa

La integración viene acompañada por un nuevo esquema de conducción en la región. Vladimir Barisic, hasta ahora al frente de las operaciones de Viterra en Argentina, Paraguay y Uruguay, asumió como Country Manager de Bunge para el Cono Sur, quedando a cargo de la nueva organización integrada.

El cambio no es solo nominal. Implica la convergencia de equipos, activos industriales, terminales portuarias, redes de originación y sistemas logísticos, en un proceso que apunta a capturar sinergias operativas, reducir costos y fortalecer la capacidad comercial frente a productores, exportadores y compradores internacionales.

A nivel global, la compañía combinada continúa bajo el liderazgo de Greg Heckman como CEO, quien viene impulsando una estrategia de mayor escala y diversificación, en un contexto de creciente competencia entre plataformas globales del comercio de commodities.

¿Lluvia de dólares para el campo: más concentración en un sector clave

Desde el punto de vista del mercado argentino, la fusión consolida un nivel de concentración aún mayor en uno de los sectores más estratégicos para la macroeconomía. El complejo sojero-cerealero es el principal generador de dólares comerciales del país, y la nueva Bunge integrada con Viterra pasa a tener un peso determinante en ese flujo.

Con volúmenes exportados que, en conjunto, la posicionan como el principal operador del mercado, la nueva estructura gana capacidad para influir en la formación de precios, en la competencia por la originación de granos y en la utilización de la infraestructura portuaria e industrial, particularmente en el Gran Rosario, principal nodo agroexportador de la Argentina.

Este nuevo equilibrio de fuerzas también reaviva el debate sobre el grado de concentración del sector, el poder de negociación frente a productores y cooperativas y el rol de los grandes traders internacionales en la dinámica del comercio exterior argentino.

Una señal para el mercado financiero y los inversores

El cierre de la fusión también es leído por el mercado financiero como una señal clara de consolidación y búsqueda de escala en un negocio caracterizado por márgenes ajustados, alta volatilidad de precios y crecientes exigencias regulatorias, logísticas y ambientales.

En ese marco, la integración apunta a fortalecer la posición competitiva de Bunge frente a otros grandes jugadores globales, mejorar su eficiencia operativa y ampliar su capacidad de respuesta frente a cambios en los flujos comerciales internacionales, en particular en un escenario marcado por tensiones geopolíticas, cambios en la demanda asiática y una mayor presión sobre las cadenas de suministro.

Para la Argentina, el movimiento refuerza el peso del país dentro de la estrategia global de las grandes compañías de agronegocios, pero también subraya la creciente dependencia de un puñado de grandes grupos para canalizar buena parte de las exportaciones agroindustriales.

Un proceso que se inscribe en una ola global de megafusiones

La integración entre Bunge y Viterra se suma a una tendencia más amplia de consolidación en el mundo de los commodities, donde las empresas buscan ganar escala, integrar verticalmente sus operaciones y reducir riesgos en un contexto de mayor incertidumbre global.

Quién es Bunge

Bunge es uno de los actores históricos del comercio mundial de granos, con más de dos siglos de trayectoria. Cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene su sede corporativa en St. Louis, con oficina registrada en Ginebra. Opera en más de 50 países y cuenta con alrededor de 37.000 empleados.

Su modelo de negocios integra originación, almacenamiento, procesamiento, logística y comercialización de granos y oleaginosas, además de la producción de aceites vegetales, proteínas y soluciones para los mercados de alimentos, alimentación animal y biocombustibles. En la Argentina, es un actor estructural del complejo exportador, con fuerte presencia industrial y portuaria.

Quién es Viterra

Viterra es uno de los grandes traders y procesadores globales de commodities agrícolas, con una plataforma de alcance internacional y un perfil históricamente más bajo en términos de exposición pública, pero con enorme peso operativo.

En la Argentina, se consolidó como uno de los principales jugadores en molienda de soja, exportación de granos y logística portuaria. Su integración con Bunge la inserta ahora dentro de una de las mayores plataformas agroindustriales del mundo, con impacto directo sobre la estructura competitiva del mercado local y regional.

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, analizó el escenario actual y los desafíos de la economía argentina en una entrevista con Infobae En Vivo. Durante la conversación, abordó temas centrales como el cepo cambiario, la situación del dólar, la evolución de la inflación y la reforma laboral, además de advertir sobre señales de alerta vinculadas a las reservas y el mercado laboral.

En primer lugar, el economista planteó que existen «luces amarillas» vinculadas a las reservas netas y al desempeño del empleo privado y la producción. En diálogo con Infobae Al Regreso, Lacunza remarcó que se observa un año de virtual estancamiento laboral con diferencias marcadas entre sectores, y subrayó que mientras algunos muestran signos positivos, otros permanecen rezagados.

Consultado sobre el cepo cambiario y la política respecto al dólar, el entrevistado consideró que el país atraviesa una instancia propicia para avanzar hacia la eliminación total de las restricciones. “Sería una oportunidad para terminar con ese mecanismo de transición que son las bandas y terminar de liberar el cepo, y que el mercado lleve el dólar a lo que tenga que valer”, afirmó.

El director de la consultora Empiria recordó que el control cambiario para personas físicas ya se levantó en abril de 2025 y sostuvo que la oportunidad para completar la normalización cambiaria se presenta, sobre todo, después del contundente triunfo electoral del oficialismo en octubre. “Si tenés apoyo popular, condiciones macros ordenadas, apoyo externo (FMI más Tesoro estadounidense), ¿qué más vas a esperar? Las ventanas de oportunidad no suelen ser enormes y el ciclo electoral juega”, advirtió. A su vez, diferenció el momento del ciclo político para avanzar con la medida: “Una cosa es que lo hagan cuando faltan 24 meses para las próximas elecciones, otra cuando faltan 18 y otra cuando faltan 8, que es tarde”.

Sobre el valor del dólar, el ex funcionario nacional recalcó que no existe un consenso sobre si está atrasado o no. “Nadie sabe si el dólar está atrasado; el Gobierno tampoco. Como nadie lo sabe, hay que dejarlo libre apenas tenga la oportunidad”, opinó. Bajo su perspectiva, liberar el tipo de cambio evitaría la distorsión de precios, aunque reconoció que una volatilidad excesiva tampoco es deseable, ya que “genera un ruido nominal en la inflación”. En ese sentido, puntualizó: “Lo que estoy seguro es que no es $2.000 ni $1.300”.

La entrevista también abordó la cuestión de la inflación y la credibilidad de las estadísticas oficiales tras la renuncia de Marco Lavagna al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la suspensión de la nueva fórmula para calcular los precios. Lacunza sostuvo que el principal activo del actual gobierno reside en la desaceleración inflacionaria.

No obstante, criticó la no aplicación de la nueva fórmula, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) 2017-2018 al advertir que la administración libertaria “se metió en un laberinto gratuito con el índice de inflación”. A su juicio, la medición de la evolución de precios “es un bien público, no de un gobierno”, y la metodología debe centrarse en cuál índice mide mejor la realidad de consumo. “Si la canasta de consumo de 2018 se parece más a la actual que la de 2004, tenés que usar la más nueva. No importa si da más o menos porque el índice no es la política antiinflacionaria”, evaluó Lacunza.

Respecto a la dinámica de los ingresos y el salario disponible, el ex titular de Hacienda trazó un panorama de recuperación parcial tras el ajuste. “Es mejor que hace un año pero peor que hace 2. Lo de fin del gobierno anterior era ficticio: no pagábamos la luz y el gas, nos quedaba más dinero para ir al restaurante. Era insostenible y nos llevó a una inflación de 200%. Eso había que corregirlo, ganara quien ganara”. Según su óptica, tras la fuerte caída de ingresos al inicio del gobierno de La Libertad Avanza, se verificó una recuperación paulatina en 2024, aunque “no alcanzó el nivel previo” y posteriormente se estabilizó. Ilustró la situación con un ejemplo: “Si una familia compraba en 2023 diez changuitos por mes, ahora compra nueve y medio”.

En el plano de la actividad económica, Lacunza advirtió sobre la falta de dinamismo. “La actividad estuvo planchada el año pasado y, en los últimos meses, los indicadores preliminares muestran que empieza a bajar. Hay un estancamiento, aunque no una recesión aguda. Tampoco hay una expansión en el promedio de la economía”, evaluó.

Sobre la situación fiscal, tras varios meses de caída de la recaudación, el economista consideró que “no se va a quedar sin nafta fiscal, no se va a fundir el motor”, aunque remarcó que “tampoco tiene margen para bajar más impuestos, que es algo que le permitiría ganar más competitividad”.

Finalmente, al referirse a la reforma laboral, Lacunza destacó que el proyecto oficial “aborda los puntos neurálgicos del problema del mercado de trabajo: los costos, las rigideces y las contingencias de los juicios laborales”. Calificó la iniciativa como bien orientada y ambiciosa en su aspecto laboral, aunque consideró que la parte impositiva resulta menos ambiciosa.