ECONOMIA
Qué significa la sorpresiva norma del Gobierno que afecta a las tasas que pagan las billeteras y fondos comunes de inversión
La publicación de la Resolución General (RG) 1092 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) marca un giro inesperado para los inversores y usuarios de herramientas financieras digitales. Desde el 1º de diciembre de 2025, los Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI Money Market) tendrán permitido invertir únicamente hasta el 20% de su patrimonio en cauciones, una resolución que produce efectos inmediatos en la estructura del sistema financiero argentino.
El nuevo umbral representa una reducción relevante, considerando que estos instrumentos se convirtieron en piezas clave dentro de la operatoria transaccional tanto de inversores mayoristas como minoristas. Esos fondos son el instrumento a través del cual billeteras digitales como Mercago Pago, Personal Pay, Uala y otras remuneran los saldos en cuenta.
Esta restricción surge tras un período en el que el mercado de cauciones creció de forma sostenida. En este marco, el Banco Central (BCRA) recomendó restringir la participación de estos fondos en el mercado de cauciones, con el argumento de proteger la transmisión de la política monetaria y evitar lo que consideró una “ineficiencia” en el uso extendido de estos vehículos para fines estrictamente transaccionales.
El comunicado oficial presentado el 27 de noviembre confirma que el BCRA comunicó la necesidad de establecer límites para asegurar el correcto funcionamiento de sus estrategias. Tanto el Ministerio de Economía como la CNV respaldaron ese enfoque. La RG 1092 fija que el 20% del patrimonio neto es el nuevo máximo para invertir en cauciones, una decisión alineada con “los lineamientos indicados por el BCRA en su rol de organismo rector en materia monetaria”.
El impacto de la medida se desdobla en varias dimensiones. Uno de los puntos centrales de la lógica oficial apunta a inducir parte de la operatoria transaccional hacia el sistema bancario, siguiendo prácticas de otros países. Al restringir la proporción de inversiones en cauciones, los principales tenedores de liquidez quedan obligados a buscar alternativas dentro de la estructura tradicional, principalmente cuentas remuneradas bancarias, depósitos y títulos públicos. La consultora Oulier planteó que “el Gobierno busca que una parte de la operatoria transaccional migre desde los fondos money market hacia el sistema bancario”, ya que el uso extendido de estos fondos en contextos inflacionarios terminó generando distorsiones para la política monetaria.
La decisión llegó en un contexto de resultado negativo para los bancos en el tercer trimestre, en medio de una suba de tasas y de encajes destinada a contener la volatilidad cambiaria. La medida tuvo recepción positiva dentro del sector bancario, ya que representa una vía para recomponer el flujo de depósitos y el fondeo, ante una coyuntura marcada por márgenes comprimidos y presiones regulatorias sobre la liquidez. En palabras de operadores del mercado, “esto es leído como un alivio para los bancos”, que ganan mayor protagonismo en la captación de fondos y pueden encarar con más resiliencia el desafío de atraer depósitos remunerados.
Para los ahorristas, la resolución implica un efecto directo sobre el rendimiento de sus inversiones en FCI Money Market, así como sobre los intereses que ofrecen las billeteras digitales. El impacto opera en cadena: los productos de cuentas virtuales y digitales emplean FCI Money Market como sostén de los rendimientos que pagan por el dinero en cuenta a sus clientes. La reducción del 26% al 20% en la proporción invertida en cauciones exige a los fondos canalizar un volumen importante de liquidez hacia productos bancarios, que tradicionalmente presentan un menor rendimiento. De acuerdo al análisis de PPI, “el rendimiento de los MM caerá”, estimando que la caída rondaría el 0,5% para los tenedores minoristas. Esta diferencia repercute en la rentabilidad diaria de quienes utilizan billeteras digitales como forma de manejar su liquidez.
El Banco Central se posiciona como otro de los beneficiarios de la resolución. Hoy, el BCRA enfrenta un elevado costo en materia de pasivos remunerados, resultado de la utilización de instrumentos como la rueda de simultáneas para administrar la base monetaria y la liquidez. La limitación a los FCI Money Market en la colocación de cauciones reduce la cantidad de dinero que paga interés bajo esos instrumentos, optimizando la gestión del costo financiero estatal.
En paralelo, los Money Market enfrentan una competencia distinta a partir de la nueva regla. La demanda por cuentas remuneradas bancarias aumenta, lo que concede mayor capacidad de fondeo a las entidades financieras y, de modo indirecto, resta incentivos al crecimiento de los fondos orientados exclusivamente al corto plazo. En el contexto informado por PPI, el 26% del patrimonio de los money market se encontraba colocado en caución a principios de noviembre, sobre un AUM (activos bajo administración) de $40.200 millones. De mantenerse esa composición, alrededor de $2.400 millones deberían migrar desde cauciones a otros instrumentos, especialmente depósitos en cuentas a la vista y papeles del Tesoro.
- Afecta el rendimiento: Los ahorristas que usan fondos money market o billeteras digitales percibirán menores tasas.
- Alivio para el sector bancario: Los bancos recuperan flujo de depósitos y ganan margen para administrar su liquidez.
- Reducción de costos para el Banco Central: Baja la carga por pasivos remunerados al limitar fondos con acceso a cauciones.
- Competencia distinta para los fondos: Los money market deben reorientar liquidez a instrumentos bancarios, que rinden menos.
- Cambios en la operatoria diaria: Empresas y particulares analizan alternativas para administrar su dinero en un entorno con límites nuevos.
Este reordenamiento afecta la forma en que los actores del sistema bancario y bursátil gestionan la liquidez. Un operador de mercado describió que “las opciones que tienen los Money Market para aplicar liquidez de corto plazo no son muchas”, y detalló las alternativas disponibles: mercado de pases, cauciones y cuentas remuneradas. Los bancos, a diferencia de los FCI, deben cumplir exigencias de encaje más altas, lo que repercute sobre las tasas que pagan por los depósitos. El operador remarcó: “Es medio injusto porque no todos desarbitran tasas, en contra del depositante y a favor del tomador”, y agregó que “la tasa promedio a la que colocan los fondos cae”.
Desde otro ángulo, la medida podría empujar los spreads entre las tasas de los money market, las cuentas remuneradas y los instrumentos del Tesoro, incentivando parte del flujo hacia letras, aun cuando sea cierto que esos productos no resultan totalmente intercambiables dentro del ámbito operativo de los administradores de fondos. Según los analistas consultados, el cambio normativo tiene potencial de modificar la curva de tasas de corto plazo y de inducir presiones bajistas en el mercado de las cuentas remuneradas, lo que impacta en la oferta crediticia de los bancos y en los costos de financiamiento para empresas y personas.
Belisario Álvarez de Toledo, operador del mercado, cuestionó la eficacia de la segmentación del mercado de tasas y advirtió que la resolución impacta principalmente sobre el ahorrista. “El camino es bajar encajes e impuestos, no reprimir el mercado”, afirmó. El especialista enfatizó que “el que lo paga es el ahorrista. El rendimiento de los MMs va a caer cerca de 0,5%. Los bancos se quedan con parte de ese spread y el BCRA con la otra”. Detalló que hoy la caución paga una tasa del 20% a los money market, mientras que una cuenta remunerada bancaria paga apenas el 12%, diferencia explicada por los requisitos de encaje. A modo de ejemplo, una empresa puede acceder a fondos al 20% en caución, pero paga un 35% si toma crédito en un banco, lo que responde a las mayores exigencias legales y tributarias que enfrentan las entidades.
Álvarez de Toledo planteó interrogantes sobre la función crediticia de los fondos y la gestión del riesgo en el sistema. Según sus palabras, “hoy Byma le paga a los fondos 20% y ese depósito está garantizado no solo por Byma sino por el activo que deja el tomador en garantía”. Dejó abierta la pregunta de si la calidad crediticia de los money market mejora al forzar su exposición a bancos medianos con niveles de irregularidad crecientes.
La sociedad de bolsa PPI aportó datos adicionales en su informe más reciente. Tras un rollover del 96,3% en la última licitación de títulos, las tasas empezaron a responder de inmediato. Las LECAPs operaron con tasas efectivas mensuales entre el 2,2% y el 2,6%, mientras que los BONCAPs se ubicaron en el rango de 2,5% a 2,6%, y el más corto cerró en 1,9%. Este esquema evidencia una dinámica cambiante en la competencia por los depósitos, la gestión de balances y las tasas ofrecidas.
La consultora Outlier, por su parte, recalcó que históricamente el uso de los fondos money market como herramienta transaccional adquiere sentido en contextos de alta inflación, ofreciendo protección de valor a los ahorristas y mecanismos de administración ágil para empresas y personas. El nuevo tope del 20% lleva a los gestores a reevaluar las alternativas de inversión y obliga al mercado a modificar las estrategias para conservar atractivo frente a sus clientes.
La regulación ingresa en vigencia el 1º de diciembre de 2025. El contexto inmediato, marcado por incertidumbres macroeconómicas, subas de tasas y presiones propias de la política monetaria, incrementa la relevancia de la medida para todo el entramado financiero argentino. Tanto los comportamientos de los ahorristas como las estrategias oficiales y privadas ajustarán en función de este nuevo límite, que cuenta con el aval expreso del BCRA y del Ministerio de Economía y que impacta inmediatamente sobre la dinámica de las tasas, la rentabilidad y la competencia en banca y mercado de capitales.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta su prueba más delicada desde que asumió: la reforma laboral. En la Casa Rosada ya reconocen que el proyecto podría salir «acotado», quieren al menos la media sanción en diciembre, mientras la CGT endurece su posición, advierte por un diciembre conflictivo y los empresarios presionan para avanzar con cambios profundos.
Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales, «la negociación es delicada y promete un diciembre duro, porque hay que congeniar entre el Gobierno, los gobernadores, la CGT y las distintas entidades empresariales». El borrador del Pacto de Mayo sobre la «modernización laboral» fue directamente rechazado por la CGT.
«Así como está la reforma, no saldrá, pero nos sentamos a esperar para que el Gobierno negocie», señalan en la central obrera. En la Casa Rosada, admiten que si no logran los consensos necesarios con los diputados y senadores propios y aliados, Milei se conformará con «una reforma lavada».
Reforma laboral: el Gobierno avanza bajo presión de la CGT, empresarios y gobernadores
El rechazo frontal de la central obrera a los principales artículos del borrador oficial chocó de lleno con el respaldo explícito de sectores de la UIA, que ven en esta ley la oportunidad de modernizar los convenios, reducir la litigiosidad y recuperar competitividad. En el medio, las pymes quedaron atrapadas: coinciden en la necesidad de reformas, pero ven con alarma cierres masivos, caída de ventas y un Fondo de Cese laboral que «no cierra para nadie».
Implica, en rigor, un costo laboral más en el salario que ya paga un 50% en cargas sociales y la mayoría de las Pymes, cuando contrata, no piensan en despedir empleados sino en formarlos y mantenerlos en el tiempo.
Mientras tanto, en Washington observan el proceso como una señal de gobernabilidad: Milei quiere mostrar avances concretos antes de fin de año y el ministro de Economía, Luis Caputo, repite en su intimidad que «sin reforma laboral no hay 2026 posible«.
Esto es así porque el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, quiere ver señales de gobernabilidad de Milei para hundir las inversiones en el país sobre los recursos estratégicos: minería, cobre, litio, minerales críticos, uranio, energía nuclear y petróleo.
La CGT ya avisó que no acompañará ninguno de los puntos centrales que impulsa el Gobierno:
- convenios por empresa
- paritarias sostenibles
- salarios dinámicos
- banco de horas
- fondo de cese
- quita de la cuota sindical solidaria
- período de prueba de 3 a 6 meses
- regulación del derecho de huelga
- fin de la ultraactividad
- regulación de asambleas
El mensaje gremial es claro: si el Gobierno decide avanzar sin acuerdo, diciembre será un mes de «muy alta conflictividad».
Los puntos clave de la reforma laboral del Gobierno
Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, lo sintetizó con crudeza: «Este año se perdieron 276.000 puestos de trabajo y cerraron 20.000 pymes. Todos los días hay cierres. Así no se puede debatir nada.»
La central exige una mesa tripartita formal con la CGT, el Gobierno y los empresarios. El problema: la reunión prometida no llega, el llamado se dilata y los borradores filtrados encienden todas las alarmas.
Ayer, un dirigente sindical de alto nivel lo resumió, off the record, con una frase que recorrió todas las mesas políticas: «Nadie sabe nada. Están jugando por los medios. Lo que veo nunca pasó en mi vida. La política tiene que encontrar un liderazgo unipersonal y un marco de Justicia Social, Democracia y Trabajo. Así no hay diálogo posible.»
Si bien trascendió que el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con dos popes sindicales en secreto y les adelantó que hay espíritu de acuerdo, lo cual indicaría que la Casa Rosada está dispuesta a ceder muchas cosas, en el entorno del ministro no confirmaron ni desmintieron esa información.
Gerardo Martínez pateó el tablero del Pacto de Mayo
El jefe de la UOCRA endureció su postura y exigió primero discutir el modelo económico, no solo lo laboral.
«Hay destrucción de empleo por la apertura indiscriminada», advirtió Martínez, aludiendo a los casos Essen (30 despidos), Whirlpool (240), a lo que se sumó la metalúrgica Cramaco de Santa fé (35) y al derrumbe de la industria y de gran parte del comercio, como la cadena Frávega.
Ese mensaje cayó pésimo en el ala dura del oficialismo. Pero sectores dialoguistas, Santilli, el ministro de Trabajo, Julio Cordero, y los Menem (Lule y Martín), apadrinados por Karina Milei, piden frenar la escalada: «Si no se negocia ahora, no se negocia más».
UIA: apoyo al Gobierno, pero sin el fondo de cese laboral
Del otro lado del mostrador, la UIA -con Martín Rapallini a la cabeza- reclama aprobar cuanto antes una reforma que «modernice convenios de más de 50 años», reduzca la «industria del juicio» y extienda la competitividad.
Pero incluso entre los grandes empresarios apareció un cortocircuito inesperado: el fondo de cese laboral, impulsado por Federico Sturzenegger y defendido con moderación por Caputo, fue rechazado casi por unanimidad.
«No le cierra a nadie«, admitió una fuente del G6. Industriales, bancos, comercio y hasta la Sociedad Rural objetaron que el sistema encarece costos y desincentiva la contratación formal.
En paralelo, los bancos denunciaron que un artículo del borrador habilita que el pago de salarios pueda hacerse a través de «nuevas entidades», lo que interpretaron como un guiño a Mercado Pago. «Eso nos voltea las tasas y los créditos», advirtió un banquero.
En la última conferencia de la Unión Industrial Argentina, hubo dos voces que llamaron la atención del Gobierno y sonaron a alarmas. El dueño de Techint, Paolo Rocca, pidió una política de «industrialización».
Mientras tanto, Martín Cabrales, de Café Cabrales, leyó un mensaje del papa Leon XIV que pedía adherir a la Encíclica Rerum Novarum, donde la Iglesia sostiene que la empresa debe estar al servicio de la cohesión social y contemplar el bienestar de los trabajadores y no medir sus éxitos no sólo en función del resultado económico sino en la capacidad de generar nuevos propietarios que tengan lo necesario para su existencia.
En ese mensaje, puso como ejemplo «luminoso» como empresario al venerable siervo de Dios Enrique Shaw, que próximamente será canonizado como Santo, que «entendió que la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas».
Las pymes piden oxígeno: energía, logística, impuestos y un trato diferencial
CGERA y CAME se reunieron con la CGT y coincidieron en un diagnóstico común: sin alivio impositivo, sin financiamiento y sin un esquema productivo diferenciado, ninguna reforma laboral será sostenible.
Las pymes plantean:
- rechazo al fondo de cese laboral
- presión fiscal asfixiante
- tarifazos energéticos
- importaciones descontroladas
- infraestructura deteriorada
- burocracia paralizante
Piden una Gran Ley Pyme, distinta para los segmentos intensivos en mano de obra. Y advierten que muchas no podrán pagar aguinaldos y sueldos en 15 días.
En diálogo con iProfesional el vicepresidente de la CGERA, Raúl Zylverstein, dijo que «sabemos lo que se filtra. Y en lo que no estamos de acuerdo es que una reforma de este tipo, se hace con todos los actores sentados en la mesa, y no 4 iluminados, entre gallos y medianoche».
Señaló que «esto debiera ser una gran Paritaria Nacional. Y no existe una reforma laboral, sin una reforma impositiva, y reemplazar la ley de Riesgo de Trabajo. Las modificaciones siempre son parches, y nunca suelen ser buenas. En general, no hay problema con la ley de Contrato de trabajo, pero hay que derogar la ley de empleo».
«Lo primero que queremos hacer es segmentar a las empresas pymes en toda la legislación, no puede ser que no haya una, o varias posiciones intermedias entre un cuentapropista a una multinacional», explicó el empresario de una curtiembre.
Santilli activa el operativo político y Karina Milei define todo
En Balcarce 50 reconocen que el éxito o el fracaso de la reforma dependerá de dos factores:
1. El apoyo de los gobernadores, negociado por Diego Santilli y la polea de transmisión sobre el Congreso, donde varios diputados de gobernadores provinciales se sumaron a La Libertad Avanza;
2. La decisión final de Karina Milei, árbitro del poder libertario.
En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso condiciones durísimas a los gobernadores:
- Aprobación del Presupuesto 2026,
- Media sanción de la reforma laboral,
- Adhesión provincial a la Transparencia Fiscal,
- Luz verde al Plan Colchón (ingreso de dólares no declarados)
- Una señal para EE.UU., que exige «orden institucional» antes de avanzar en cooperación financiera.
A cambio, el Gobierno ofrece ATN, obras, deudas, fondos retenidos y flexibilidades tributarias. Los gobernadores, a su vez, tienen un punto innegociable: recibir el 54% de la recaudación total que ronda los 7 billones de pesos. La pregunta del millón es cuánto de todo ello, que Santilli anota en su cuaderno, estará dispuesto a ceder Caputo. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que «por ahora el poncho no aparece».
Consejo de Mayo: el tablero de la disputa
La última sesión del Pacto de Mayo fue presidida por el jefe del gabinete, Manuel Adorni, y reunió al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, Martín Rapallini, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo y y el delegado de la CGT Gerardo Martínez, el único que no sonrió en la foto.
La CGT llegó con un mensaje duro: «Sin modelo económico, no hay reforma laboral.» El Gobierno apuesta a mostrar la adhesión de los 20 gobernadores del Pacto de Mayo como señal política hacia Washington y como herramienta para aislar a la CGT.
La advertencia dentro del Gobierno: «Sin leyes clave no hay 2026»
En el entorno presidencial resumen la situación con brutal sinceridad: «Todos necesitan algo, y nosotros necesitamos los votos. Es ahora o nunca.» Sin reforma laboral y sin Presupuesto, el plan económico del próximo año queda en el aire. El riesgo político es enorme.
La Casa Rosada quiere aprobar la reforma laboral -aunque sea «lavada»- antes de fin de año. Milei necesita mostrarle a EE.UU., al FMI y a los mercados una señal de gobernabilidad. La CGT, las pymes y los empresarios jugarán fuerte. Los gobernadores negociarán hasta el último minuto. Y Karina Milei definirá el texto final.
Diciembre será un mes clave. El margen de error es mínimo. La gobernabilidad del 2025 y la supervivencia del proyecto libertario dependen en gran medida de esta reforma, que siempre fue conflictiva en los gobiernos no peronistas, como los de Raul Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.
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El Gobierno flexibilizó las restricciones cambiarias para inversores extranjeros que pretendan realizar transferencias de valores negociables al exterior. La disposición tiene como objetivo principal facilitar ciertas operaciones financieras, aportando un marco de mayor flexibilidad en contextos de reinversión de títulos públicos argentinos.
A través de la Resolución General 1093, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estipuló que la nueva excepción permite a los no residentes superar el tope diario de $200 millones al transferir al exterior títulos públicos emitidos por el Tesoro Nacional, en la medida en que estos hayan sido adquiridos como resultado de la reinversión de los servicios de otros títulos públicos, pagaderos en pesos, cuyas fechas de amortización sean de al menos 180 días a partir de su emisión y que hayan sido suscriptos en colocaciones o licitaciones primarias.
Este cambio se estructura como un mecanismo destinado a fortalecer la confianza de los actores extranjeros y a brindar estabilidad a los movimientos de capital, en línea con la estrategia del organismo para proteger el funcionamiento del mercado de capitales argentino.
“Continuamos quitando restricciones, es un trabajo que hacemos de manera constante en línea con la política del Gobierno Nacional y los objetivos de nuestra gestión”, comentó Roberto Silva, el titular de la CNV. Y sumó: “Hace casi dos años nos propusimos como uno de los objetivos de corto plazo, impulsar la normalización del mercado de capitales, hoy lo seguimos cumpliendo, removiendo trabas innecesarias que obstaculizan la operatoria”.
El organismo de control había fijado anteriormente límites diarios para las transferencias de valores al exterior, buscando ordenar la operatoria y evitar presiones desestabilizadoras en el sistema financiero. El tope vigente establecía que cada operador podía transferir hasta $200 millones por día en títulos a entidades depositarias internacionales, tanto para residentes como para no residentes. Ante los recientes desafíos de liquidez y volatilidad en el mercado local, la CNV detectó la necesidad de implementar una excepción puntual y focalizada que permitiera distinguir transacciones genuinas de reinversión de otras operaciones, con el propósito de promover la reinversión de fondos en instrumentos públicos emitidos por el Estado nacional.
“La CNV sigue utilizando el conjunto de normativas que conforman el esquema de control de cambios local, conocido como cepo, para generar incentivos que faciliten el financiamiento del Tesoro en pesos. Aplica a la demanda de no residentes y al BONTE que ya se emitió en junio, buscando que reinviertan los servicios”, sintetizó Gabriel Caamaño, director de Outlier.
En concreto, esto implica que un inversor extranjero que cobre intereses o amortizaciones en pesos de bonos públicos nacionales y que decida reinvertir esos fondos en nuevos bonos emitidos por el Tesoro podrá transferirlos al exterior sin el límite diario, hasta el monto efectivamente reinvertido. Para lograrlo, será indispensable acreditar el origen de los fondos y demostrar, de acuerdo con la documentación exigida por la CNV, la trazabilidad de la operación desde la percepción de los pagos iniciales hasta la suscripción de los nuevos valores negociables.
La medida supone un cambio relevante para los actores internacionales, quienes en muchas oportunidades manifestaron la necesidad de contar con reglas claras y procedimientos ágiles para la toma de decisiones de inversión en mercados emergentes como el argentino. La CNV expone que “la excepción al límite diario no aplicará a otras operaciones que no cumplan con los requisitos de reinversión previstos por la resolución”, delimitando el universo de beneficiarios únicamente a inversiones canalizadas a través de este circuito de reinversión y adquisición en licitaciones primarias de instrumentos públicos.
Según los considerandos expuestos por la CNV, la decisión de flexibilizar el tope diario para estos casos obedece a la búsqueda de mejores condiciones para la reinversión de los flujos generados por servicios de títulos públicos nacionales, reconociendo el papel de los inversores no residentes en el desarrollo del mercado de capitales local. El organismo sostiene que esta herramienta apunta a fortalecer la posición argentina ante fondos internacionales y administradores de portafolios, otorgando una posibilidad concreta de reinvertir utilidades dentro del país sin la restricción habitual del límite diario, para después canalizar los fondos nuevamente al exterior si lo consideran necesario.
Esta dispensa operativa contribuye, por un lado, a estimular el flujo de capitales hacia el financiamiento del Tesoro Nacional, lo que podría repercutir en la demanda de títulos públicos en futuras licitaciones. Por otro, también satisface condiciones de competitividad que exigen los inversores internacionales para elegir mercados emergentes en escenarios globales de búsqueda de rendimiento y diversificación.
ECONOMIA
Multa de tránsito: cómo evitar pagar infracciones superiores a los $3 millones desde el celular
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un mecanismo que promete transformar la forma en que los conductores gestionan sus multas de tránsito. Se trata de un sistema de audiencias virtuales que permite realizar descargos por videollamada, sin necesidad de acudir a una sede física.
La herramienta apunta a simplificar trámites, reducir tiempos de espera y brindar una vía más accesible para quienes enfrentan sanciones económicas elevadas.
Desde su implementación, el servicio resolvió más de 5.000 consultas en poco más de un mes, lo que evidencia una demanda creciente y la necesidad de opciones que eviten la presencialidad. Las multas más graves, especialmente las vinculadas a excesos de velocidad, pueden superar los $3.194.040, motivo por el cual la posibilidad de presentar pruebas y argumentar un descargo de forma remota representa un alivio para miles de conductores.
Una modalidad pensada para ahorrar tiempo y evitar traslados
El sistema busca agilizar procedimientos que históricamente exigían largas esperas y trámites engorrosos. La audiencia se realiza por videollamada y queda registrada en video, garantizando el derecho de defensa y la transparencia del proceso.
Además, se puede realizar desde cualquier celular, tablet o computadora, lo que permite resolver la situación desde el hogar, el trabajo o incluso durante un viaje.
El propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó el objetivo del programa: «Menos burocracia significa más libertad«. Con esta premisa, la Ciudad avanza en un proceso de digitalización que también incluye la futura incorporación de un asistente de inteligencia artificial para facilitar aún más la gestión de infracciones.
Cómo solicitar una audiencia virtual: el proceso paso a paso
La modalidad propone un circuito sencillo dividido en tres pasos:
- Pedir turno: el vecino debe escribir «multas» o «infracciones» al WhatsApp de BOTI (11-5050-0147). Desde allí, el sistema guía al usuario para obtener una cita.
- Conexión: una vez asignada la audiencia, se envía por correo electrónico un enlace único y personal. El acceso puede hacerse desde cualquier dispositivo con cámara.
- Realización del descargo: la audiencia dura hasta 20 minutos y permite presentar documentación, fotos, videos o cualquier elemento que respalde el descargo.
Este procedimiento elimina la necesidad de trasladarse a una oficina de faltas, lo que implica un beneficio directo para quienes cuentan con agendas ajustadas o viven lejos de los centros administrativos.
Ventajas, advertencias y cuándo conviene usar esta modalidad virtual
Una de las principales ventajas del sistema es la posibilidad de reducir o incluso anular sanciones que pueden alcanzar cifras millonarias. Infracciones como cruzar un semáforo en rojo o circular a más de 140 km/h tienen multas que llegan a los $3.194.040, por lo que contar con un espacio para argumentar errores o situaciones excepcionales puede resultar determinante.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia porteño advierte una condición importante: quienes optan por la audiencia virtual pierden automáticamente el beneficio del 50% de descuento por pago voluntario. Por este motivo, se recomienda utilizar este canal únicamente cuando el conductor tenga pruebas sólidas para respaldar su descargo.
Aunque esta restricción puede desalentar su uso en casos menores, el sistema se vuelve indispensable para quienes consideran que la infracción fue aplicada erróneamente o necesitan explicaciones adicionales frente a multas de alto valor.
Las multas de tránsito, más caras: qué infracciones ya cuestan más de 1 millón de pesos
El régimen de penalizaciones de tránsito en la Ciudad se calcula a partir de las Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza cada seis meses en función del precio del litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA).
Desde septiembre de 2025 y hasta el 2 de marzo de 2026, cada UF tiene un valor de $798,51. De esta manera, el monto final de cada multa surge de multiplicar la cantidad de UF correspondientes a la infracción por este valor vigente.
A partir de este mes, manejar a más de 140 km/h dentro de CABA es la conducta que activa la sanción más alta, con montos que van desde $319.404 hasta $3.194.040, según el valor vigente de las Unidades Fijas (UF). Con esta penalización, se busca desalentar conductas de alto riesgo y proteger la seguridad vial.
En materia de alcoholemia, las sanciones económicas figuran entre las más severas y las más caras. Además de la retención del vehículo y la posible suspensión de la licencia de conducir, quienes registren entre 0,5 g/l y 0,99 g/l enfrentan multas que van de $119.776,5 a $798.510 (150 a 1.000 UF). Para los conductores que superen 1 g/l de alcohol en sangre, la penalización puede escalar hasta $1.597.020 (2.000 UF).
Cruzar la barrera baja es otra de las infracciones cuya multa puede superar el millón de pesos. En este caso, la penalización es de 400 a 2.000 UF, es decir de $319.404 a $1.597.020.
Una por una, el valor de las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires
A continuación, el ranking de las multas más caras en la Ciudad de Buenos Aires:
- Superar los 140 km/h (400 a 4.000 UF): $319.404 a $3.194.040
- Conducir con más de la cantidad de alcohol permitida (150 a 2.000 UF):$119.776,5 a $1.597.020
- Cruzar una barrera baja (400 a 2.000 UF): $319.404 a $1.597.020
- Violar un semáforo (300 a 1.500 UF): $239.553 a $1.197.765
- Tapar la patente (1.000 UF): $798.510
- Estacionar en lugares reservados para discapacitados (300 UF): $239.553
- Prestar el vehículo a un menor (200 UF): $159.702
- Enviar mensajes de texto (200 UF): $159.702
- Intentar evadir el pago en peajes de AUSA (150 UF): $119.776,50
- No cumplir con el grabado de autopartes (150 UF): $119.776,50
- Uso del celular al volante (100 UF): $79.851
- No usar cinturón de seguridad (100 UF): $79.851
- Circular sin la VTV vigente (100 UF): $79.851
- Superar la velocidad máxima hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas (70 UF): $55.895,70
- No respetar la velocidad mínima (70 UF): $55.895,70
- Conducir sin licencia (50 UF): $39.925,50
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