En una entrevista concedida al equipo de Infobae en Vivo, el economista Carlos Melconian analizó la actualidad del programa económico e hizo hincapié en las razones detrás de la persistente demanda de divisas por parte de los ahorristas argentinos.

Para Melconian, el escenario actual representa un régimen de transición entre un modelo “agotado” y un futuro que definió como un “signo de interrogación”. En este contexto, subrayó que el fenómeno político de Javier Milei respondió a un momento histórico de ruptura con lo anterior, pero advirtió que la gestión carece de la estructura humana necesaria para las tareas de gobierno. Esta falta de solidez institucional se traduce, según su visión, en una incapacidad para revertir la conducta histórica de los argentinos frente a la moneda extranjera.

El eje central del análisis de Melconian se situó en la relación entre la credibilidad gubernamental y el mercado cambiario. Al ser consultado sobre la continua compra de divisas por parte de los ciudadanos, el economista fue categórico al afirmar que “todavía este no es un gobierno que genere confianza”. Según su diagnóstico, existe una vinculación directa entre la falta de seguridad en el rumbo oficial y la decisión de dolarizar ahorros, una conducta que, lejos de detenerse, se mantiene en niveles que comprometen las metas del Banco Central.

Melconian vinculó esta desconfianza con una historia de inestabilidad donde el ahorrista “ha sido estafado en numerosas ocasiones”, lo que ha consolidado una cultura bimonetaria. Sin embargo, enfatizó que la gestión actual ha cometido errores de política económica, como la liberación del mercado a personas humanas en el mes de abril. Bajo su perspectiva, la dinámica actual es insostenible si no se logra un cambio en la percepción social: “A USD 2.000 millones por mes que compre la gente, no dan los números”, advirtió y aseguró que “la dolarización va a continuar”.

En este sentido, el economista explicó que la desconfianza no se manifiesta solamente en la adquisición del billete, sino en el hecho de que esos dólares son retirados del circuito financiero. Además, señaló que el Gobierno ha “forzado” el valor de la moneda estadounidense a un nivel que no corresponde, lo que incentiva el drenaje de divisas a través de gastos en el exterior.

“En la Argentina pasó siempre lo mismo y vuelven a forzar el valor del dólar. La desconfianza no es sólo comprar dólares, sino también sacarlos del circuito”, insistió.

Al comparar el programa económico vigente con el que él mismo diseñó para una eventual gestión, Melconian marcó distancias profundas. Aseguró que ambos planes solo se parecen en el “título” de ser modelos capitalistas occidentales de mercado libre, pero que difieren totalmente en la instrumentalidad, la secuencia y la implementación.

Su propuesta contemplaba un régimen cambiario de convivencia de dos monedas, apoyado en reformas al Código Civil y un paquete de doce leyes para el Parlamento, en contraposición al formato de leyes con cientos de artículos del oficialismo. Melconian destacó que su plan buscaba un dólar realmente libre desde el primer día que pusiera al Banco Central en funciones, sin utilizar el tipo de cambio para “tapar la basura” de sectores no productivos.

Respecto a la situación del sector industrial, el economista se refirió al concepto de “zona de confort” que utiliza el Ejecutivo. Si bien reconoció que conoce a “200 tipos a los que les va muy mal” por la situación actual, también señaló que el desafío del sector es superar el “achanchamiento” de los créditos subsidiados y demostrar competitividad frente al mercado externo.

Melconian analizó también el impacto del ajuste fiscal, destacando una diferencia en la aceptación por parte de la sociedad durante el primer semestre, periodo marcado por una “licuación fuertísima” del gasto público. No obstante, advirtió que el superávit que ostenta el Gobierno “se ha construido sobre la interrupción de la obra pública y el recorte de transferencias a las provincias”.

De cara al futuro inmediato, el economista alertó que el esfuerzo para el próximo año se trasladará de forma directa al sector privado. “Este ajuste del 2025 es un ajuste al sector privado”, sentenció. A pesar de que la inflación pueda mostrar signos de descenso debido a la disciplina fiscal y la austeridad monetaria, Melconian remarcó que el verdadero desafío es la capacidad de la población para resistir ese proceso hasta que se logre la estabilidad.

En el tramo final de la entrevista, Melconian evaluó las posibilidades de una reactivación económica. Sostuvo que, en la coyuntura actual, el único elemento capaz de dinamizar la economía es la monetización a través de una “emisión virtuosa” generada por la compra de dólares por parte del Banco Central.

Asimismo, reconoció el mérito de haber aprobado una reforma laboral que estuvo estancada durante décadas, aunque advirtió sobre la paradoja que atraviesan las cuentas externas: “En el medio de esta discusión de la reforma competitiva, se derrumbaron las importaciones. Es insólito. Tiene que subir la importación y bajar la dolarización”.

Finalmente, el economista se refirió a la estrategia política del oficialismo, señalando que las banderas originales de campaña como el cierre del Banco Central, la dolarización y el combate a la “casta” siguen “vivitas y coleando” sin haberse ejecutado.

A las iniciativas presentadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE) contra la Ley de Modernización Laboral, se sumó la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que también avanzará con acciones judiciales contra la reforma, una vez que la norma sea promulgada oficialmente.

Desde la organización gremial que lidera Pablo Biró detallaron que presentará una medida cautelar ante la Justicia Nacional del Trabajo para suspender la aplicación de la ley de la reforma laboral, al considerar que varios de sus artículos son «manifiestamente inconstitucionales». Remarcaron que existen disposiciones que afectan de forma directa la actividad aeronáutica y que vulneran derechos colectivos esenciales, como el derecho a huelga y la realización de asambleas.

A través de un documento, subrayaron que «no permaneceremos pasivos frente a un intento de retroceso en derechos», advirtiendo que defenderán «con firmeza, en todos los ámbitos necesarios» los intereses y garantías de los pilotos.

Cuándo Pilotos concretará la presentación ante la Justicia 

Biró es uno de los referentes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que encabezan los dirigentes Abel Furlán (Unión Obrera Metalúrgica, UOM), Rodolfo Aguiar (Asociación Trabajadores del Estado) y Daniel Yofrá (Federación de Aceiteros). Además, participan gremios como Vialidad, Marítimos, Portuarios y Jerárquicos de Energía, y las conducciones de las dos CTA (de los Trabajadores y Autónomos).

Según fuentes de APLA, la presentación ante la justicia se concretará una vez que la ley sea promulgada, instancia que habilitará la presentación del recurso y el pedido de suspensión de su vigencia mientras se analiza el planteo de fondo. La misma estrategia será llevada adelante por la CGT y AGAE.

En pleno debate de la reforma laboral, Biró expresó: «Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a este proyecto porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva en nuestra actividad».

Qué significa la reforma laboral para la CGT

Sobre la ley de la reforma laboral aprobada por amplia mayoría en el Congreso, Cristian Jerónimo -uno de los cotitulares de la CGT- expresó: «No estamos dispuestos a resignarnos ni a rendirnos» frente a un gobierno que «lo único que le interesa es la especulación financiera y deja desguarnecidos a los sectores más pequeños de nuestro país». Sostuvo que la nueva normativa está dirigida a «una economía que excluye, y que lo único que prioriza es concentrar la riqueza en los que más tienen y romper la matriz productiva».

Destacó que «ojalá estuviésemos hablando realmente que incluye a todos esos trabajadores y trabajadoras que están en el sector informal», pero que, por el contrario, se va a profundizar una realidad en la que «todos los que están en el sector formal están perdiendo su trabajo».

Sobre la movilización que realizaron frente a Tribunales, dijo que sirvió para «demostrar el rechazo y el repudio a esta ley» y para rechazar que «todos los días nos levantamos con menos puestos de trabajo, con menos empresas», en el contexto de «una crisis social que es bastante crítica».

Jerónimo aseguró que «es responsabilidad de todos nosotros poder construir una alternativa que vuelva a enamorar a un conjunto y que vuelva a generar previsibilidad y esperanza para transformar los destinos de la Argentina» y aseguró que «la CGT es un actor preponderante para garantizar un proceso que le devuelva la dignidad a nuestro pueblo, que le devuelva el trabajo, que priorice la producción, el desarrollo y el trabajo, la inversión productiva y que cuide nuestros recursos naturales, nuestra soberanía».

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York programó para el 16 de abril una audiencia clave en el juicio por la expropiación de YPF, donde se discutirán tanto las apelaciones de entrega del 51% de las acciones a los beneficiarios del fallo por USD 16.100 millones como la solicitud de discovery sobre chats de funcionarios y ex funcionarios. En ese contexto, la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina recibió una confirmación inusual: el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó participar activamente en la audiencia para exponer oralmente en defensa de la posición argentina.

La intervención de la cartera judicial estadounidense constituye un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que pide formalmente un espacio para hablar en favor de la Argentina en el marco del proceso judicial que enfrenta al país con Burford Capital. El pedido oficial de la Procuración incluyó una solicitud para ampliar el tiempo de exposición, con el objetivo de que el representante estadounidense cuente con una mayor intervención durante la audiencia.

La decisión de Estados Unidos de presentarse “codo a codo” junto a la defensa argentina representa la segunda señal concreta de apoyo del país norteamericano en la causa tras el escrito presentado a fines de febrero ante la Corte de la jueza Loretta Preska para manifestar su oposición al pedido de los fondos demandantes de declarar al país en desacato y aplicar sanciones económicas.

La jornada del 16 de abril incluirá las apelaciones por el fallo de Preska que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF (turnover), la presentación realizada por la ONG Republic Action for Argentina (RAFA) y el discovery sobre chats de funcionarios y ex funcionarios.

Este nuevo movimiento del Departamento de Justicia no es un hecho aislado, sino la profundización de un giro estratégico que comenzó a visibilizarse a fines de febrero. En aquel entonces, la administración de Donald Trump ya había marcado la cancha ante la jueza Loretta Preska mediante un escrito de 29 páginas que funcionó como un “escudo” diplomático para la Casa Blanca.

En ese documento, Washington fue tajante al advertir que castigar a un Estado soberano en tribunales locales podría generar un efecto bumerán, afectando la reciprocidad que el propio gobierno estadounidense espera recibir en cortes extranjeras.

La disputa se centró en la fase de intercambio de pruebas o discovery. Los demandantes habían solicitado a la justicia neoyorquina la aplicación de multas coercitivas de USD 1 millón por día y la ejecución de “sanciones de preclusión”.

¿Qué buscaban con esto? Que la jueza asumiera como un hecho que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas son simples “alter egos” del Estado, facilitando así el embargo de sus activos. Sin embargo, el respaldo de EE.UU. subrayó dos puntos que la defensa argentina, liderada por la Procuración del Tesoro, sostiene como banderas.

Por un lado, el Departamento de Justicia consideró que exigir comunicaciones privadas de altos funcionarios (como chats de WhatsApp o correos de Gmail) resulta incompatible con las normas de cortesía internacional.

Por otra parte, se destacó que el país ya entregó más de 115.000 páginas de documentación, demostrando voluntad de cooperar dentro de los límites de su inmunidad soberana.

Si bien en febrero la Casa Blanca intervino mediante una “presentación de interés espontánea” (sin llegar a ser un amicus curiae formal), lo que ocurrirá el 16 de abril escala la apuesta. Por primera vez, el apoyo dejará de ser solo de papel para convertirse en una defensa oral frente a los tres jueces de la Cámara de Apelaciones.

Para los analistas del caso, como Sebastián Maril, este patrón muestra que Estados Unidos ha decidido jugar un rol activo en temas específicos como la entrega de acciones (turnover) y el desacato, aunque todavía mantiene cautela respecto al fondo de la apelación principal por los USD 16.100 millones. Aun así, para la estrategia argentina, contar con el representante del Departamento de Justicia hablando “codo a codo” en la audiencia es un activo político y legal que busca inclinar la balanza en un momento de máxima tensión financiera.