ECONOMIA
Quebró emblemática marca que producía dulce de leche, yogurt y quesos: hay 150 personas en la calle

El juez a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes resolvió la quiebra de Lácteos Conosur S.A., elaboradora de la marca La Suipachense, una de las principales industrias lácteas de la zona norte bonaerense, tras constatar el incumplimiento del acuerdo preventivo que la firma había suscripto con sus acreedores en el marco de su concurso.
Según el fallo, la empresa acumulaba deudas impagas que incluían u$s293.857 en cuotas vencidas del acuerdo homologado, además de pasivos postconcursales por más de $8.458 millones en cheques rechazados y más de $1.000 millones con los gremios y obras sociales del sector, entre ellas ATILRA, OSPIL y AMPIL.
El magistrado consideró que «la ley resulta tajante» y que ante la mera circunstancia del incumplimiento «no cabe más que proceder conforme la normativa señalada y decretar la quiebra».
En su resolución, destacó además que la planta se encontraba paralizada desde hacía tres meses, lo que agravó la situación de los trabajadores y terminó de consolidar el cuadro de insolvencia.
El fallo inhabilitó a la empresa y a su principal directivo, Jorge Luis Borges León, dispuso la intervención de la Sindicatura y ordenó la clausura del establecimiento, así como la intercepción de la correspondencia y el bloqueo de todas las cuentas bancarias y activos a nombre de la firma.
El juez también instruyó a la Sindicatura a dar intervención a la Justicia Penal si se verificaran irregularidades en la administración o eventuales delitos cometidos por los socios. El proceso de verificación de créditos quedó abierto hasta el 10 de febrero de 2026.
Una quiebra más en la industria láctea
El caso de Lácteos Conosur no es aislado. Se suma a una serie de quiebras, suspensiones y cierres temporales que en los últimos meses afectaron a la industria láctea argentina, marcada por altos costos, baja rentabilidad y un fuerte deterioro del consumo interno.
La crisis se agravó luego del cese definitivo de operaciones de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa que fabricaba los postres, yogures y flanes con marca SanCor, cuya quiebra fue decretada a fines de octubre. En ese caso, más de 400 empleados quedaron sin empleo y las plantas industriales fueron abandonadas.
Ambos casos exponen la fragilidad estructural del sector, que combina sobreendeudamiento, caída de precios internacionales y atraso en los pagos a productores. Los altos costos energéticos y la suba de las tasas financieras complicaron aún más la ecuación de empresas que operan con márgenes mínimos.
En el caso de Lácteos Conosur, la producción estaba detenida desde mediados de año, y los gremios habían advertido sobre atrasos salariales y falta de aportes. La firma, que procesaba leche y derivados para marcas propias y de terceros, llegó a emplear a unas 150 personas, la mayoría de ellas en la planta de Suipacha.
Otro ejemplo es lo que sucede en Santa Fe con la planta santafesina de Sudamericana de Lácteos, que dejó de pagar la leche que recibe de un pool de 15 tambos ubicados en el departamento de Las Colonias, en pleno corazón lechero de esa provincia. Los productores reclaman deudas correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre, y la suma ya supera los $350 millones.
Quienes integran ese pool advierten que mientras algunas explotaciones más estructuradas pueden resistir la falta de ingresos, aquellas que ya venían con deudas o sin capital se ven «muy golpeadas». «Tenemos tres meses de deuda: agosto, septiembre y octubre. Esto nos genera un agujero financiero enorme, terrible», reconoció uno de los tamberos.
En este caso, la empresa está parada de pagos respecto del alquiler, los bancos y los sueldos, y los trabajadores de la planta directa e indirectamente se encuentran en estado de alerta. Los productores advierten que la planta sigue recibiendo leche, unos 35.000 a 40.000 litros diarios, pero sin dar señales de cuándo se normalizarán los pagos, lo que complica además la posibilidad de redirección de esa producción hacia otras usinas de la zona.
Un espejo del deterioro productivo
El fallo judicial marca el cierre de una etapa que había comenzado con expectativas de reestructuración, pero terminó convertida en liquidación. En los fundamentos, el magistrado recordó que «el juez no puede ser un fugitivo de la realidad» y que debe considerar «el clima económico-social» que rodea cada caso. Esta quiebra refleja un contexto económico adverso que deja sin salida a muchas pymes industriales del rubro.
En la práctica, la caída de Lácteos Conosur profundiza la crisis de un sector que alguna vez fue símbolo de arraigo productivo en el interior bonaerense. Con las plantas cerradas y los trabajadores en la incertidumbre, la decisión judicial se convierte en una postal más de la recesión que atraviesa la industria láctea argentina, un rubro donde cada vez más empresas sobreviven con dificultades extremas o directamente dejan de producir.
Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el precio promedio de la leche al productor medido por el sistema SIGLeA en septiembre de 2025 fue de $474,60 por litro, con un equivalente de $6.506,73 por kilo de sólidos útiles. Ajustado por inflación, se ubica entre los valores más bajos de los últimos cinco años, y el propio organismo señaló que agosto fue «el peor mes en siete años» para el tambo argentino.
A pesar de una producción nacional que creció cerca del 6% interanual, los márgenes industriales y primarios continúan en terreno negativo, afectando tanto a las usinas como a las cooperativas y productores.
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ECONOMIA
En el primer bimestre del año hubo récord histórico de pesca de calamar, la especie que más atrae a la flota china

En el primer bimestre del año la captura de calamar illlex, una de las especies más valiosas y atractivas del Mar Argentino superó las 120.000 toneladas, casi duplicando los registros de igual período de 2025, informó la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación.
Los niveles de captura de la especie, por volumen la más abundante de la pesca marítima del país, pasaron de 62.221 a 123.679 toneladas. “El crecimiento se observó en todos los puertos, alcanzando en estos dos meses, casi la totalidad de lo desembarcado en todo el 2025”, dice el comunicado oficial.
Además, el informe resalta que el aumento de los niveles de captura se observa “en todas las flotas, tanto la de dedicación exclusiva en esta especie (los llamados “poteros”), como la de arrastre”.
La flota potera, que en 2025 ya había tenido muy buenos rendimientos, alcanzó en los dos primeros dos meses el 60% de lo capturado en todo el año pasado, en tanto que la flota arrastrera ha superado el 75% de su marca anual.

Según el informe de la Secretaría, el fenómeno responde al incremento de la abundancia de los recursos. La pesca de calamar se efectúa durante su “temporada” que va de enero a agosto, pero en los últimos años se ha concentrado mayormente en el verano. Este año ha encontrado concentraciones récord con respecto a la serie histórica. Otras especies también mostraron una suba en el primer bimestre de este año, como diferentes áreas de captura de merluza hubbsi, que tuvieron aumentos interanuales de captura interanuales de 21 a 96 por ciento. También de raya y abadejo mostraron una buena performance.
Estos datos se complementan con los del Indec, que registró en enero un aumento interanual del 53,7% en pesca marítima y un 32,5% en acuicultura. La situación impactó sobre el índice de producción industrial pesquero (IPP) que ya en enero había mostrado un aumento del 49,9% interanual, propulsado por el incremento del 53,7% del mismo indicador referido a la pesca marítima y en particular por la captura de moluscos, familia a la que pertenece el calamar illex argentinus o pota argentina, un molusco cefalópodo considerado uno de los invertebrados marinos más importantes para la pesca comercial en el Atlántico Sur.

A su vez, el calamar es la especie que más atrae el interés de la flota pesquera china “de aguas distantes” que pesca al borde y ocasionalmente al interior del “Mar Argentino”, como se denomina el área de hasta 200 millas marinas desde la costa continental que es “Zona Económica Exclusiva” para los buques de bandera nacional.
Como informó recientemente Infobae, los movimientos medidos en los últimos doce meses evidencian el abrumador dominio de la flota china pescando en las narices del Mar Argentino. Sobre 776 buques de pesca de aguas distantes cuyos movimientos observó el sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina (PNA), 418 son de bandera china, aunque también es posible que también todos o la mayoría de los 28 con bandera de Vanuatu sean en realidad propiedad de empresas chinas.
Con sus luces encendidas, los “poteros” chinos pescan de noche (el calamar es una especie fotosensible) y su número y concentración semeja las luces de una ciudad al borde del Mar Argentino.
Para combatir el azote de la flota potera china un arma de utilidad sería el Acuerdo de Medidas del Estado Rector de Puerto, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Esta semana, las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitieron dictamen favorable para que la Argentina adhiera a ese acuerdo internacional. Allí se consideró que esa pesca constituye una amenaza directa sobre la sustentabilidad de los recursos pesqueros y sobre la competitividad de la flota argentina, en especial frente a la presión que ejerce la actividad extractiva sobre el calamar en el límite de la Zona Económica Exclusiva (esto es, “la Milla 201”).
El acuerdo impulsado por la FAO busca fijar estándares mínimos y mecanismos de cooperación entre Estados para reforzar controles, exigir información anticipada a los buques y facilitar el intercambio de datos entre autoridades portuarias, buscando entre otras cosas evitar la proliferación de “puertos de conveniencia” y cerrar espacios operativos a las flotas asociadas con la pesca ilegal. La flota china “de aguas distantes” tiene el apoyo de buques de recarga de combustible y de descarga de captura y utiliza como “conveniencia” el puerto de Montevideo.

El acuerdo establece un sistema de controles portuarios que permite a los Estados, inspeccionar buques extranjeros antes de permitir su ingreso o descarga. Entre las medidas previstas se encuentra la obligación de que las embarcaciones presenten información detallada sobre el barco, su carga, la bitácora de navegación, las operaciones de pesca realizadas, la cantidad de capturas y las autorizaciones correspondientes.
Además, prevé mecanismos de intercambio de información e inteligencia entre los países parte, lo que busca cerrar los circuitos logísticos que utilizan las flotas que operan al margen de las regulaciones. En un contexto marcado por la creciente presión de flotas extranjeras en el Atlántico Sur, la adhesión al instrumento es considerada por distintos sectores como una herramienta adicional para fortalecer los mecanismos de control y cooperación internacional en la lucha contra la pesca ilegal, principalmente de centenares de buques chinos, impulsada y subsidiada por el propio estado chino.
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ECONOMIA
Bitcoin le sacó amplia ventaja al oro y a Wall Street durante las peores crisis desde 2020

Bitcoin superó al oro y al S&P 500 en las ventanas de 60 días posteriores a siete eventos geopolíticos clave desde 2020. Esto pone en evidencia un cambio de patrón que desafía décadas de comportamiento tradicional en los mercados.
Durante años, el oro ocupó el lugar del refugio clásico cuando estallaba la incertidumbre global. La renta variable, por su parte, solía reaccionar con mayor sensibilidad al riesgo. Ahora, los datos sugieren que Bitcoin empieza a competir con fuerza frente a esos instrumentos tradicionales.
En un estudio de River Financial se incorpora siete episodios que marcaron la agenda internacional. Entre ellos figuran la escalada entre Estados Unidos e Irán en enero de 2020, el brote de COVID-19 en marzo de ese mismo año, la invasión rusa de Ucrania en 2022, la crisis bancaria regional en Estados Unidos en 2023, el desarme del carry trade del yen en 2024, el llamado «Liberation Day» en 2025 y el conflicto con Irán en 2026.
En todos los casos analizados, Bitcoin registró el mayor retorno a 60 días frente al oro y al S&P 500, una señal que refuerza la idea de que el activo digital compite con mayor fuerza en momentos de máxima volatilidad.
Cómo reaccionó Bitcoin frente al oro en las crisis más duras
Tras la escalada entre Washington y Teherán en enero de 2020, Bitcoin subió un 20%. En el mismo periodo, el oro avanzó apenas un 6% y el índice bursátil estadounidense cayó un 7%.
Durante el inicio de la pandemia, Bitcoin también lideró con un alza del 21%. El oro subió un 3% y el S&P 500 apenas un 2%.
La misma dinámica se repitió tras la invasión de Ucrania. Bitcoin avanzó un 15% mientras el oro retrocedió un 9%. El S&P 500 también mostró debilidad en ese periodo.
La crisis bancaria regional en Estados Unidos en 2023 profundizó la tendencia. El activo digital registró una subida del 32%, muy por encima del 11% del oro y del 4% del S&P 500.
El episodio del desarme del carry trade del yen en 2024 también dejó a Bitcoin en la cima. El oro y Wall Street quedaron rezagados en esa ventana de análisis.
Qué pasó con Bitcoin en el conflicto más reciente con Irán
El caso más reciente incluido en el análisis corresponde al conflicto con Irán iniciado a finales de febrero de 2026. Este episodio permite observar si la tendencia identificada en eventos anteriores se mantiene en el contexto geopolítico actual.
De acuerdo con los datos compartidos, hasta el 13 de marzo Bitcoin acumula un avance del 14% desde el inicio del episodio. En contraste, el S&P 500 retrocede un 3% y el oro cae un 4%.
Estas cifras forman parte de la ventana de análisis de 60 días utilizada por el estudio. En este caso, el periodo todavía no se ha completado.
El resultado llama la atención porque contradice la reacción tradicional que muchos inversores suelen esperar del oro en periodos de tensión internacional. La divergencia sugiere que parte del mercado podría comenzar a percibir a Bitcoin no solo como un activo especulativo, sino también como una alternativa capaz de atraer flujos cuando aumenta la incertidumbre global.
Por qué Bitcoin empieza a ganar espacio como refugio de valor
Aunque el análisis no sugiere que Bitcoin haya reemplazado al oro como refugio clásico ni elimina su historial de volatilidad, sí ofrece una señal relevante. Al observar ventanas de 60 días posteriores a eventos de alto impacto, su rendimiento ha superado de forma consistente al del oro y al S&P 500.
Estos dos activos son referencias tradicionales del mercado. El patrón empieza a reforzar una narrativa que gana terreno entre inversores e instituciones.
Bitcoin podría estar consolidando un rol propio dentro de carteras expuestas a riesgo sistémico y geopolítico. En un entorno marcado por shocks recurrentes, su comportamiento reciente sugiere que el activo ya no se analiza únicamente como una apuesta especulativa.
Cada vez aparece con mayor frecuencia en la conversación sobre posibles refugios de valor, un cambio de percepción que desafía décadas de dominio absoluto del oro en momentos de pánico.
El análisis de River pone sobre la mesa una pregunta incómoda para los defensores de los activos tradicionales. ¿Qué tan sostenible es el patrón observado? ¿O se trata de una fase transitoria del mercado de criptomonedas?
Por ahora, los datos muestran consistencia. Siete episodios, siete veces en el podio. Bitcoin lidera el rendimiento en crisis globales desde 2020, y la tendencia no da señales de revertirse en el corto plazo.
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ECONOMIA
El gobierno de Estados Unidos volvió a apoyar a la Argentina en el juicio por YPF

La Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza el exsecretario de Justicia, Sebastián Amerio, informó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un Memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en respaldo de la moción de emergencia interpuesta por la República Argentina para suspender el proceso de discovery post sentencia en el caso YPF.
Cabe recordar que, en su moción de emergencia presentada el 6 de marzo, la República Argentina solicitó la suspensión de la etapa de producción de documentos (discovery), del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026.
En su presentación, el Departamento de Justicia sostiene que el discovery actualmente en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad. Señala que este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos. Asimismo, destaca que, al evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y, en ese marco, otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.
En consecuencia, el memorándum solicita que, al resolver la moción presentada por la República Argentina para suspender el discovery, el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores.
La Procuración del Tesoro agradeció el respaldo del Departamento de Justicia de EEUU y señaló que seguirá “ejerciendo la representación del Estado Nacional con rigor técnico y responsabilidad institucional, en defensa de los intereses de la República Argentina”.
En su documento, el Departamento de Justicia de EEUU, que encabeza Pam Bondi, una de las funcionarias clave del gobierno de Donald Trump, dice que los litigios en Tribunales de Estados Unidos contra estados extranjeros “pueden tener importantes implicancias en materia de relaciones exteriores para Estados Unidos y afectar el trato recíproco que recibe el gobierno estadounidense en los tribunales de otras naciones”.
Esa práctica litigiosa, dice, “está generalmente regida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA por sus siglas en inglés), que, entre otras cosas, establece que los bienes de estados extranjeros en EEUU son, en general, inmunes a la ejecución”.
Por eso, prosigue, “aunque la Corte Suprema sostuvo en Republic of Argentina v. NML Capital (un juicio por el default de 2002) que la FSIA no limita el alcance del descubrimiento posterior a la sentencia sobre los bienes de un estado extranjero, la Corte también reconoció que pueden existir otros fundamentos que limiten dicho descubrimiento”.
Según el Departamento de Justicia norteamericano, “Estados Unidos tiene un interés sustancial en asegurar que los tribunales estadounidenses que supervisan el descubrimiento posterior a la sentencia sobre bienes de estados extranjeros presumiblemente inmunes se adhieran cuidadosamente a los principios básicos de relevancia y sean sensibles a las importantes cuestiones de cortesía internacional, reciprocidad y relaciones exteriores que plantea un descubrimiento potencialmente gravoso”.
Y ahí va al centro de la cuestión, el llamado “Discovery”.
“En este caso -afirma- los demandantes realizaron solicitudes de descubrimiento en el Tribunal de distrito buscando comunicaciones de altos funcionarios argentinos relacionadas con entidades estatales, exigencias que son incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios que involucran a soberanos extranjeros. Al no estar satisfechos con los esfuerzos de Argentina para cumplir, los demandantes han presentado ahora una moción en el tribunal de distrito solicitando la imposición de sanciones monetarias y de otro tipo contra Argentina”.
Los demandantes, se extiende el documento oficial del gobierno de Trump, “también han solicitado información sobre la ubicación de las reservas de oro soberanas en poder del banco central de Argentina; Argentina sostiene que esos activos son inmunes a la ejecución por ser propiedad de un banco central extranjero, y también afirma que carece de información sobre la ubicación de las reservas de oro en poder de una entidad jurídica separada. Exigencias de descubrimiento intrusivas en áreas sensibles, particularmente en lo que respecta a la propiedad soberana y a las comunicaciones de funcionarios extranjeros, junto con la amenaza de sanciones y desacato por incumplimiento, pueden causar una fricción significativa con gobiernos extranjeros y abrir la puerta a órdenes recíprocas contra Estados Unidos en tribunales extranjeros. Estados Unidos respetuosamente sostiene que los tribunales deben considerar, al evaluar una solicitud para suspender el descubrimiento en una acción contra un soberano extranjero, las preocupaciones relacionadas con la cortesía internacional, la reciprocidad y las relaciones exteriores que plantean solicitudes de descubrimiento potencialmente gravosas e intrusivas dirigidas a un estado extranjero o a sus funcionarios”.
Hace una semana, en su primera acción como Procurador del Tesoro en el caso YPF, Amerio había presentado ante la Cámara de Apelaciones neoyorquina “la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery), del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026″, recprdamdp además que el 26 de febrero, el Departamento de Justicia de EEUU ya habia presentado un escrito en respaldo de la posición argentina.
Esa presentación es lo que reforzó ahora el Deparamento de Justicia norteamericano.
Cabe consignar también que en la semana la Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001. Así lo informaron am bas partes a la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York. El entendimiento involucra a los demandantes con sentencia firme a favor, quienes mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias y buscaban embargos sobre activos nacionales. Esto, en alguna medida, le permite aislar y encapsular el litigio por YPF, para concentrar allí sus esfuerzos jurídicos, políticos y diplomáticos
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