En caso de que la reforma laboral obtenga la otra media sanción de la Cámara de Diputados, el costo laboral argentino experimenta una reducción significativa con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) como ejes principales del nuevo esquema normativo. Pero a pesar de ello, el país se mantendrá entre aquellos con mayor presión tributaria sobre el empleo formal.

La propuesta oficial prevé una reconfiguración de la estructura de aportes y contribuciones a través del FAL, destinado a cubrir los pagos de indemnizaciones y obligaciones legales de los empleadores privados —excluyendo a los trabajadores no registrados—, y del RIFL, que otorga beneficios a quienes formalicen nuevas relaciones laborales. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la carga fiscal laboral previa a la reforma ascendía al 34,6% sobre el costo laboral total, ubicando a la Argentina en el tercer lugar entre los países con mayor presión, solo detrás de Austria y Francia. El promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se situaba en 21,6%, mientras que países como Nueva Zelanda, Dinamarca y Colombia presentaban cargas prácticamente nulas.

Con la reforma, la carga para grandes empresas en la Argentina permanece en 34,6%, pero para pymes baja a 33,3% y para empleados incluidos en el RIFL se reduce a 27,8%. Este ajuste traslada al país al quinto puesto para grandes empresas, al séptimo para pymes y al decimosexto para trabajadores bajo el régimen de incentivo, de acuerdo con el informe del IARAF.

El FAL debe ser constituido por cada empleador a través de una cuenta específica en una entidad autorizada por la Comisión Nacional de Valores, conforme a la reglamentación dispuesta por el Ministerio de Economía. Los fondos se integran con contribuciones mensuales obligatorias, ingresos de inversiones, aportes voluntarios y otros recursos compatibles con la ley. Para grandes empresas, la contribución obligatoria representa el 1% y para pymes, el 2,5% del costo laboral, aunque el Poder Ejecutivo puede elevar estos porcentajes.

El RIFL, en tanto, otorga una reducción relevante en las cargas patronales durante 48 meses para empleadores que formalicen trabajadores previamente no registrados o inactivos en el sector formal durante al menos seis meses. El beneficio es optativo y apunta a incentivar la registración. El informe del IARAF detalla que la reducción de cargas es particularmente marcada durante los primeros cuatro años para los empleados alcanzados por el RIFL: las contribuciones patronales bajan de 27% a 15%, lo que implica que la carga laboral total desciende del 44% al 32% sobre el salario bruto. En el caso de las pymes, el costo total disminuye del 44% al 41,5%, y para grandes empresas, del 44% al 43%.

La administración de los fondos recae en entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actúa como agente de derivación, sin responsabilidad sobre la disponibilidad de las cuentas individuales, para canalizar los recursos.

El análisis del IARAF también compara la denominada cuña fiscal —la suma de aportes personales, contribuciones patronales e impuesto a las ganancias menos las transferencias estatales— en relación con el costo laboral total. Antes de la reforma, la Argentina ocupaba el puesto 25 entre 39 países, con una carga del 34,6%, por debajo del promedio de la OCDE. Tras los cambios, la cuña fiscal baja a 34,1% en grandes empresas, a 33,4% en pymes y a 27,8% para empleados bajo el RIFL, manteniendo el puesto 25 para el régimen general y desplazando al país al puesto 32 bajo el régimen de incentivo.

En cuanto a la carga patronal sobre el costo laboral total —sin aportes sindicales—, el porcentaje previo a la reforma era del 21,2%, ubicando a la Argentina en el décimo lugar entre los países evaluados. Con las modificaciones, la carga patronal desciende al 20,6% en grandes empresas y al 19,7% en pymes, llevando al país al puesto 11. Para los empleados bajo el RIFL, la carga patronal cae al 13%, lo que equivale al puesto 20 entre los 39 países analizados.

El informe subraya que, pese a la reducción de la presión fiscal sobre el empleo formal, la diferencia con los países de menores cargas —como Nueva Zelanda, Chile y Colombia— continúa siendo significativa. En esos casos, la carga fiscal sobre el empleo formal es prácticamente nula, mientras que la Argentina sostiene una estructura de presión tributaria elevada respecto al promedio de la OCDE.

La nueva legislación mantiene sin cambios la estructura y el régimen indemnizatorio vigente: los fondos creados solo cubrirán a trabajadores registrados con al menos doce meses de antigüedad, excluyendo a quienes no estén formalmente incorporados. El IARAF concluye que, aunque las reformas desplazan la posición relativa del país en los rankings internacionales, la carga tributaria sobre el empleo formal en la Argentina para 2024 sigue siendo elevada en términos comparativos.

La confirmación de un paro general de 24 horas para el próximo jueves 19 de febrero generó una inmediata preocupación en diversos sectores productivos. La medida de fuerza coincidió con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, un proyecto que impulsó cambios en el sistema de indemnizaciones y la creación del Fondo de Asistencia Laboral. En este contexto, los datos estadísticos y los informes técnicos permitieron anticipar el volumen de las pérdidas económicas que enfrentó la Argentina durante jornadas de inactividad total o parcial.

El análisis del impacto económico de estas medidas se basó en una metodología que discriminó el comportamiento de cada sector de manera individual. El Instituto de Economía de la UADE señaló que el costo de un paro no resultó de una simple división del Producto Bruto Interno anual por la cantidad de días del calendario. Por el contrario, la cifra final dependió de variables como la recuperabilidad de la producción y, fundamentalmente, de la adhesión de los gremios del transporte.

Durante el año pasado, el paro del 10 de abril de 2025 sirvió como un antecedente directo para comprender estas variaciones. En aquella oportunidad, el normal funcionamiento del servicio de colectivos amortiguó la caída de la actividad. El costo económico se ubicó en USD 194 millones, lo que representó apenas un 6,4% del PBI diario. Sin embargo, los modelos técnicos advirtieron que, si el transporte no funcionaba, esa misma jornada habría costado USD 539 millones. Esta diferencia de casi el triple de dinero subrayó la importancia de la movilidad de los trabajadores para el sostenimiento del comercio y la industria.

Martín Álvarez, coordinador del Instituto de Economía de la UADE, explicó con precisión esta dinámica estructural. Sobre los valores habituales de estas protestas, el economista afirmó: “Nosotros siempre calculamos, más o menos, que un paro general así anda en quinientos millones de dólares, entre quinientos y seiscientos millones”. Esta estimación coincidió con los registros históricos de otros paros masivos, como el ocurrido el 9 de mayo de 2024, cuando la inactividad total le costó al país USD 544 millones, alcanzando un pico del 24,3% del PBI de ese día.

El factor determinante para el jueves próximo residió en la presencia de los colectivos en las calles: y los gremios de transporte ya anunciaron que adherirán. Álvarez destacó este punto al señalar: “El problema es cuando hay o cuando no hay colectivos. Por lo que estuve viendo, no va a haber colectivos, así que sí andará entre quinientos y seiscientos millones. Es más o menos lo que calculamos nosotros siempre, de pérdida de actividad en cada paro”. Esta previsión colocó a la medida de fuerza en el rango más alto de impacto económico, debido a que la falta de transporte impidió que los empleados de sectores no sindicalizados llegaran a sus puestos de trabajo.

La industria manufacturera y la construcción figuraron como los sectores que explicaron la mayor parte del saldo negativo. Estos rubros perdieron producción que resultó difícil de retomar sin incurrir en costos adicionales de logística o energía. El comercio minorista también sufrió consecuencias directas, aunque su capacidad de revancha fue mayor a la de otros servicios. Álvarez remarcó que el escenario cambió drásticamente según la movilidad: “Cambia mucho cuando hay colectivos, que ahí, más o menos, baja hasta los doscientos millones de dólares, porque la gente sale a trabajar igual”.

Otro componente esencial del análisis fue el concepto de recuperabilidad. Este indicador midió qué porcentaje de lo perdido se pudo rescatar en los días subsiguientes. En el paro de mayo de 2024, la economía solo recuperó el 20,1% de lo perdido, lo que marcó un impacto profundo y duradero. En cambio, para el paro del año pasado en abril, las proyecciones de recuperación fueron más optimistas, situándose por encima del 60%. Los servicios de hoteles y restaurantes mostraron siempre una recuperación del 0%, ya que el consumo no realizado en el momento se perdió de forma definitiva.

La administración pública, la enseñanza y los servicios de salud también integraron el cuadro de pérdidas directas. Cada hora de inactividad en estos sectores sumó presión a un número final que afectó la competitividad y la recaudación de impuestos. La huelga del jueves 19 de febrero se perfiló como un evento de alto impacto, donde la ausencia de transporte garantizó, según las métricas de la UADE, que la economía argentina resignara una cifra cercana a los seiscientos millones de dólares en apenas veinticuatro horas. El registro de paros anteriores, como los de Mauricio Macri en 2018 y 2019, mantuvo niveles similares de afectación, confirmando una estructura de costos constante ante la parálisis del transporte público.

El crédito hipotecario alcanzó niveles récord tras un largo periodo de estancamiento: en 2025 cerró con 44.305 préstamos otorgados, lo que lo convierte en el cuarto mejor volumen anual desde 2004, solo detrás de los picos históricos de 2017, 2018 y 2007. Este repunte señala un cambio sustancial en el acceso a la vivienda y aporta dinamismo al mercado inmobiliario.

Según un informe de Tejido Urbano, la recuperación no solo impactó en la cantidad de créditos, sino también en la centralidad que el crédito hipotecario recobró en el sistema financiero y en el mercado inmobiliario urbano. En definitiva, el 2025 estuvo marcado por una consolidación operativa tras años de inactividad.

En la Provincia de Buenos Aires, en 2025 se concretaron 147.393 escrituras, de las cuales 23.395 operaciones (15,9%) se realizaron mediante crédito hipotecario. El monto movilizado fue de USD 2.390 millones, con un ticket promedio de 102.000 dólares.

“Desde el punto de vista temporal, 2025 estuvo marcado por cierta volatilidad hacia el último tramo del año. Noviembre mostró una desaceleración asociada a la incertidumbre electoral, pero diciembre cerró con un repunte claro, volviendo a niveles similares a los de julio. El pico anual se alcanzó en octubre, con 2.600 escrituras hipotecarias, mientras que diciembre finalizó con 2.161 operaciones, consolidando un cierre sólido”, indicó Tejido Urbano.

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostró un crecimiento destacado: de menos de 5.000 escrituras hipotecarias en 2024 saltó a 13.953 en 2025. Así, los créditos explicaron el 20% de las transacciones, moviendo USD 1.420 millones y promediando USD 101.000 por operación.

El desempeño del ticket promedio en la Ciudad de Buenos Aires mostró un patrón llamativo. Luego de varios meses a la baja entre junio y noviembre, diciembre rompió esa racha con un salto pronunciado: pasó de USD 89.000 a USD 113.000 en apenas un mes.

Octubre, por su parte, se consolidó como el período de mayor movimiento, con 1.501 escrituras hipotecarias, en un contexto de decisiones adelantadas ante el escenario electoral.

En cuanto al volumen de operaciones, el cierre del año volvió a ubicarse en niveles cercanos a los registrados a comienzos de 2025, lo que sugiere la consolidación de un nuevo piso de actividad marcado por una mayor prudencia del mercado.

“El crédito hipotecario volvió. El desafío que se abre hacia adelante no es menor: sostener el volumen, ampliar el acceso y resolver los cuellos de botella que hoy siguen limitando la llegada del financiamiento a amplios sectores de la clase media. La discusión ya no es si el crédito existe, sino hasta dónde puede escalar y a quiénes logra incluir en la próxima etapa”, analiza el informe.

Las condiciones crediticias también evolucionaron. La tasa de interés promedio inició 2025 en 5,2% anual, ascendió hasta septiembre y luego descendió, impulsada por el Banco Nación con líneas de menores tasas. El plazo promedio pasó de 23,6 a 25,8 años, facilitando el acceso a más hogares y equilibrando criterios más exigentes de aprobación.

“Este alargamiento no es menor: responde a estrategias y la necesidad de cumplir con las relaciones cuota-ingreso exigidas para la aprobación de los créditos. En los hechos, el plazo se convirtió en una de las principales variables de ajuste para ampliar el universo de hogares elegibles ya limitado por el endurecimiento del score bancario a las carpetas de solicitudes que se presentaban”, indicó Tejido Urbano.

El financiamiento total llegó a USD 3.679 millones, predominando los esquemas de tasa variable (más de USD 3.200 millones) frente a los de tasa fija (USD 434 millones). El flujo mensual varió entre USD 233 millones al inicio del año y USD 275 millones en diciembre, estableciendo un nivel elevado de operaciones.

De acuerdo con Tejido Urbano, el arranque de 2026 encuentra al crédito hipotecario en una instancia particular: ya sin el impulso inicial del rebote, pero claramente por encima del cuadro de parálisis que definió los años anteriores.

En términos operativos, el sistema parece haberse estabilizado en un piso comparable al de marzo de 2025, lo que sugiere que el crédito dejó de apoyarse exclusivamente en shocks puntuales y empezó a desenvolverse con mayor regularidad.

La trayectoria del año, indica el análisis, dependerá menos de la demanda latente —que continúa vigente— y más de la capacidad del sistema financiero para modernizar procesos, conseguir fondeo y escalar su operatoria.

En este contexto, el rol de las personas físicas adquiere un peso todavía mayor. El desafío ya no pasa por reactivar el crédito, sino por ampliar el universo de hogares que efectivamente califican, algo que se vincula con cuatro factores centrales: la flexibilización de los sistemas de scoring, la función del Banco Nación como actor contracíclico, la capacidad de fondeo y securitización del sector privado y la incorporación de innovaciones regulatorias que reduzcan fricciones sin resignar transparencia.

En paralelo, destaca el informe, otro eje de transformación se ubica en la banca pública. A comienzos de enero, el Banco Nación puso en funcionamiento un esquema completamente digital para evaluar y aprobar créditos hipotecarios, marcando un quiebre respecto de la dinámica tradicional del mercado.

La magnitud de este cambio es relevante. La digitalización integral del proceso acorta tiempos, reduce costos administrativos y elimina trabas burocráticas que históricamente actuaron como un freno para muchos hogares. A la vez, introduce un esquema de evaluación centralizado y estandarizado que permite ganar escala sin perder control del riesgo.

La plataforma también incorpora un módulo que vincula oferta y demanda: propiedades previamente verificadas como aptas para crédito hipotecario y un canal específico para inmobiliarias, integrando en un mismo ecosistema al comprador, al banco y al mercado inmobiliario.

El potencial impacto de esta transformación resulta significativo si se considera el peso que ya tiene el Banco Nación en el mercado. Con más de 20.000 créditos hipotecarios otorgados, la entidad se consolidó como el actor principal del sistema durante 2025, explicando una porción sustancial del crecimiento tanto en cantidad de operaciones como en volumen desembolsado.

En un escenario en el que el sector privado muestra mayor cautela, el liderazgo del banco público aparece como un factor clave para sostener el piso operativo del crédito y evitar retrocesos.

Otro componente central de esta etapa es la ampliación del universo de sujetos de crédito. El lanzamiento de líneas específicas para monotributistas introduce un cambio de paradigma en la evaluación crediticia, al priorizar la trayectoria fiscal y el cumplimiento por sobre la estabilidad de una relación de dependencia formal.

La posibilidad de sumar co-titulares y codeudores familiares, junto con plazos de hasta 30 años y esquemas de tasa diferenciada según el vínculo con la entidad, apunta directamente a un segmento que hasta ahora permanecía mayormente excluido del crédito hipotecario.

“En conjunto, estas señales configuran un escenario en el que el crédito hipotecario ya no depende exclusivamente de la coyuntura macroeconómica inmediata, sino de decisiones institucionales concretas. La estabilización de variables como inflación y tipo de cambio contribuye a mejorar la previsibilidad, pero el verdadero margen de crecimiento para 2026 estará dado por la capacidad de modernizar procesos, flexibilizar criterios de acceso, profundizar el fondeo vía mercado de capitales y sostener el protagonismo de la banca pública”, consideró Tejido Urbano.

“El sistema volvió a moverse. La pregunta que abre 2026 no es si el crédito hipotecario existe, sino si logra transformarse en una política financiera de escala, capaz de incluir a más personas físicas y de sostenerse en el tiempo sin repetir los límites de los ciclos anteriores”, concluyó.