ECONOMIA
Reforma laboral: dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir
Argentina tiene una legislación laboral vieja, diseñada para regular las relaciones en la economía asalariada industrial de los 70s, donde el primer trabajo de un joven, con alta probabilidad, era en una fábrica. Ese modelo, pensado para una relación de poder tremendamente asimétrica, ofrece el mismo talle de zapato para todos y no solo no tiene capacidad de administrar las relaciones laborales de una economía heterogénea como la actual, sino que representa una barrera para la creación de empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas.
Por esa razón, según datos oficiales, el mercado laboral está estancado desde hace 14 años y la pobre creación de empleo registrado de las empresas grandes en ese período (+8%) contrasta con la caída de puestos de trabajo en las pequeñas (-5%) y microempresas (-9%).
Según datos oficiales, el mercado laboral está estancado desde hace 14 años
En mis conversaciones con empresarios pyme el denominador común es que todos contratarían más trabajadores si no tuvieran miedo a la industria del juicio y si no fuera tan grande la brecha entre el costo laboral y el salario, puesto que deben hacer un enorme esfuerzo presupuestario, pero como ese dinero no llega completo al bolsillo de los trabajadores, no consiguen un esfuerzo equivalente. Para tener una idea de este problema pensemos que un salario promedio registrado es de 1,3 millones de pesos de bolsillo, pero le cuesta al empleador casi $2 millones y si incluye una previsión por juicios ese número es aún más grande. Esta es la principal razón de la informalidad.
Obviamente, cuando se trata de una empresa grande persiste la brecha entre el alto costo laboral y los bajos salarios de bolsillo, pero el departamento de recursos humanos funciona como un pool de seguro, evitando que el eventual juicio haga cerrar la empresa y dándole previsibilidad a la compañía. Para ponerlo en otras palabras; con un número suficientemente grande de trabajadores el sistema de indemnización se convierte en una suerte de fondo de cese, parecido al que tiene la industria de la construcción. Además, si la empresa es lo suficientemente grande, con alta probabilidad tendrá su propio departamento de legales, lo que reduce la incertidumbre ante eventuales litigios. Por eso las empresas grandes resisten mejor los problemas del sistema y contratan más que las pequeñas, porque su departamento de RRHH se convierte en una empresa de seguros.
El cambio más importante en materia laboral de los últimos años se produjo con la reforma incluida, a instancias de la UCR, en la ley Bases.
En primer lugar, la norma le asesta un golpe a la industria del juicio porque deroga las multas por problemas de registración que había establecido la ley 24013. Esto es muy interesante porque se trataba de una norma del menemismo que buscaba aumentar la formalización del mercado de trabajo, pero que a todas luces había fracasado, rompiendo en el camino la regla de oro de la indemnización laboral, que establece un salario mensual por año trabajado y afectando particularmente a las pymes. La única certeza que el empleador tenía era que, si despedía un trabajador, la indemnización sería con alta probabilidad superior a la de la regla de oro, pero nunca sabía cuánto.
A las reformas que están en discusión hay que sumar la necesidad de hacer mas flexibles los contratos para las pequeñas empresas
En segundo lugar, la reforma laboral de la ley Bases duplica el período de prueba llevándolo a los 6 meses, con posibilidades de extenderlo hasta un año, para el caso de microempresas y siempre que esté acordado a nivel del convenio. Este cambio está en sintonía con la legislación vigente en Europa favoreciendo el primer empleo que obviamente no tiene antecedentes y sobre todo a las Pymes, que no cuentan con el departamento de recursos humanos de una empresa grande y no pueden por tanto evaluar con la misma rigurosidad a los candidatos
En tercer lugar, la ley crea otras formas alternativas de indemnización muy útiles para sectores de alta rotación laboral, como el comercio o la gastronomía, que siempre que lo acuerden a nivel del convenio, pueden establecer un fondo de cese que opera como un seguro y permite que los trabajadores cobren siempre que termine una relación laboral, incluso cuando no se trate de un despido, dándole certeza y previsibilidad tanto a las pymes como a los trabajadores.
Entre las normas que estuvieron en debate en el Congreso, una de las más importantes para la que no alcanzamos el número de apoyos necesarios y que sigue por tanto siendo una deuda es la que establece el régimen de las asociaciones sindicales.
Es fundamental entender que el único dueño del fruto de su trabajo es el laburante
Concretamente buscábamos limitar las reelecciones indefinidas de los sindicalistas, asegurar la participación de las minorías en los cuerpos directivos, transparentar las finanzas de esas instituciones y de los que las manejan y prohibir que se presenten candidatos con prontuario; la ley tenía un artículo de ficha limpia sindical, similar a la ley que prohíbe que un político sea candidato a un cargo público si tiene condena firme.
Pero además queríamos reducir la brecha entre el alto costo laboral y el bajo salario de bolsillo, prohibiendo los descuentos no autorizados expresamente en el salario, como el “aporte gremial solidario”, los seguros no pedidos, el camping, etc. Es fundamental entender que el único dueño del fruto de su trabajo es el laburante. El argumento de los sindicatos es que la negociación salarial tiene carácter de bien público, en el sentido de que el trabajador no sindicalizado de todos modos recibe los aumentos y las mejoras pactadas en la paritaria, pero ello ocurre porque la ley le confiere al sindicato mayoritario el monopolio en la representación, por lo tanto no puede usarse esa ventaja como un argumento para expoliar al laburante que no quiere participar del sindicato, porque de hecho el poder del sindicato se sostiene en ese monopolio.
Pero además, la verdad es que en una economía inflacionaria la actualización de la nominalidad no tiene ningún mérito y de hecho ocurre también en los empleos informales; lo único que falta es que los sindicalistas cobren una parte del impuesto inflacionario, sin que hayan generado ninguna mejora en los salarios reales.
Muchos recuerdan el comercial de Quilmes de unos amigos reunidos el domingo en un bar, despotricando por lo poco que duraba el descanso y proponiendo agregar un día más al fin de semana.
Propusimos una reforma, que permitía que las partes probaran jornadas laborales alternativas
En el mundo, la reestructuración de la jornada laboral es una de las discusiones más importantes, con países como Portugal, Suecia y Dinamarca que ya están pasando de las pruebas piloto a los cambios en las leyes que ahora permiten acumular el trabajo en cuatro días, dejando tres de descanso, o que directamente establecen esquemas de 6 horas laborables al día. Tiene lógica, además, porque se trata de países que han experimentado brutales saltos de productividad desde las épocas en que la jornada más habitual era de 8 horas por día, seis días a la semana.
En Argentina, la jornada está regulada en una ley de 1929 y corresponde a una economía que ya no existe más, pero es cierto que tampoco ha crecido de manera significativa la productividad y de hecho el PBI per cápita está estancado en niveles similares a los de dos décadas atrás.
Sin embargo, hay muchos sectores que pactan a nivel del convenio jornadas diferentes; las guardias médicas, los turnos del personal penitenciario y las cuadrillas de petroleros o mineros, son algunos ejemplos, pero muchos otros sectores no se animan a implementar reformas por temor a no poder sostener la productividad y verse imposibilitados de volver a los esquemas anteriores, en el caso de que los cambios no funcionen.
El criterio de prueba con derecho a reversibilidad es la clave de muchas de las reformas
Cuando el kirchnerismo dominaba el Congreso, el debate en la comisión de legislación laboral buscaba imponer a las partes una jornada reducida, de 30 o 36 horas semanales, que podía funcionar en algunos sectores, pero que sin dudas hubiera fundido a muchas empresas, sobre todo las más pequeñas. Es fácil imaginar actividades donde la productividad pueda sostenerse en una jornada reducida, que aumenta la capacidad atencional, reduce el cansancio y mejora indicadores de salud previniendo carpetas médicas y psiquiátricas, pero también es obvio que en tareas como las de cuidado, atención al público, transporte y muchos servicios que se miden por hora, es imposible sostener los niveles de producción si se trabaja menos.
Por eso propusimos una reforma, que permitía que las partes probaran jornadas laborales alternativas, entre las que estaba el día Osvaldo, juntando las horas de trabajo en cuatro días y dejando un fin de semana de tres. La clave de nuestro proyecto es que no le imponíamos el cambio a nadie; solo abríamos la posibilidad de probar, durante un período de exploración, jornadas alternativas, dejando que luego las parte eligieran si aceptaban los cambios y si no había acuerdo volvían al esquema anterior.
Nos parece que este criterio de prueba con derecho a reversibilidad es la clave de muchas de las reformas sobre las que hay evidencia positiva en otros países pero desconfianza de las partes a nivel local.
Una crítica muy común al proceso de reforma es la de adjudicarle toda la responsabilidad sobre la evolución del empleo a las condiciones institucionales de un momento determinado, pero es obvio que los factores que inciden en la contratación son múltiples; por ejemplo, va de suyo que nadie contrata en el medio de una recesión y eso no tiene nada que ver con las leyes laborales, ni con el nivel de los salarios; simplemente no contratan porque no tienen demanda y no venden. Misma conclusión cuando se observa un proceso de crecimiento del empleo en la fase expansiva de un ciclo económico, que puede hacernos pensar que las normas que regulan las relaciones laborales son satisfactorias. Sin embargo, el boom puede haberse producido luego de un proceso de ajuste del tipo de cambio que licuó los salarios o estar apuntalado por un shock de términos de intercambio que mejoró los precios que enfrentan los empresarios. En ambos casos, condiciones institucionales más razonables hubieran producido un aumento aún mayor en la creación de nuevos puestos. Lamentablemente en ciencias sociales no es posible construir el escenario contrafactual para ver que hubiera ocurrido con otras normas distintas.
Además, durante mucho tiempo se pensó al derecho laboral como un dispositivo equilibrador de una relación de poder completamente asimétrica y a los institutos que regula, como un juego de suma cero, donde se definía la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo.
El desafío es cambiar esa concepción reconociendo que hoy las relaciones laborales son heterogéneas entre sectores, por el nivel de sindicalización y peso de esas organizaciones, pero también por el distinto tamaño de las empresas y por el desafío que introducen las figuras de trabajo independiente asociadas a las plataformas tecnológicas.
Las reformas deben crear opciones y abrir oportunidades para que las partes, de común acuerdo, encuentren la mejor manera de establecer sus contratos
Por eso las reformas deben crear opciones y abrir oportunidades para que las partes, de común acuerdo, encuentren la mejor manera de establecer sus contratos. No hay más lugar para imponer reglas que perjudican a alguna de las partes, porque o se retira la oferta (hacia la informalidad), o lo hace la demanda y el resultado es peor para todos.
En este sentido, a las reformas que están en discusión hay que sumar la necesidad de hacer mas flexibles los contratos para las pequeñas empresas, establecer mínimos no imponibles que bajen fuertemente las cargas laborales para la porción del salario que representa una canasta básica y volver a discutir regímenes que hacen a la nueva economía, como la ley de teletrabajo, buscando crear condiciones que favorezcan la capacitación y la transición del mundo educativo al del empleo, en una nueva ley de pasantías, con más flexibilidad para adaptarse a las condiciones de cada ocupación.
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ECONOMIA
El Gobierno se reunió con el Grupo de los Seis: la postura empresarial sobre la reforma laboral y las preocupaciones de algunos sectores
Las cámaras empresarias que conforman el “Grupo de los Seis” se reunieron este martes con el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el secretario de Comunicación, Javier Lanari, para debatir acerca del proyecto de reforma laboral, que podría convertirse en ley el próximo viernes en el Senado.
El G6, integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), mostró apoyo absoluto a la reforma. Los empresarios, aseguraron que las modificaciones sobre el sistema laboral van a “fomentar la actividad y el empleo” y destacaron el plan económico del Gobierno.
No es la primera vez que estas entidades apoyan los cambios. Hace apenas una semana, el G6 emitió un comunicado en el que reafirmaron “la necesidad de avanzar en una reforma laboral moderna y que promueva la creación de empleo formal, brinde previsibilidad y mejore la competitividad del sector productivo”.
En esa oportunidad, convocaron a la dirigencia política y sindical a “construir acuerdos que permitan superar la informalidad y fortalecer el desarrollo del país”.
Nicolás Pino, presidente de la SRA, fue uno de los presentes en el encuentro. “Fue una reunión correcta. Hablamos de lo que está pasando en el Congreso con el debate de la reforma, y otros temas que van a llegar. Se trabajó mucho y bien en las extraordinarias”, resumió el referente empresario.
“En lo que respecta a nuestro sector, ya se demostró que ante una buena medida, como la baja de retenciones, la respuesta es más producción. Es valorable que el Gobierno las hayan bajado en este contexto”, agregó Pino.
El representante de la SRA aclaró que no todo el encuentro pasó por la reforma laboral y destacó que algunos sectores aprovecharon la oportunidad para manifestar su preocupación respecto al presente económico de algunas actividades. “Todos sabemos que el camino es este, pero se habló de preocupación en algunos sectores y empresas, algo que manifestaron tanto la UIA como Camarco. Los funcionarios dijeron que entienden la preocupación, pero que se debe mirar el contexto completo”, señaló.
Más allá de eso, desde el G6 remarcaron que la reforma es el camino que se debe seguir para ser eficientes. “El foco es mejorar la macro para expresar ahí sí el potencial productivo, pero de todos. En nuestro sector hoy hay más interés en tener balances productivos que balances que cierren desde lo financiero”, aseguró Nicolás Pino.
También estuvieron presentes en el encuentro Francisco Gismondi (Adeba), Adelmo Gabb (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Mario Grinman (CAC), Gustavo Weiss (Camarco) y Rodrigo Pérez Graziano (UIA).
Tras la media sanción de la reforma laboral, el presidente de la CAC, Mario Grinman, aseguró que los cambios que podrían convertirse en ley el viernes tendrán un impacto positivo en la creación de empleo. El integrante del G6 indicó en esa oportunidad que “la reducción en los costos de contratación derivada de la baja de contribuciones patronales actúa como estímulo para la creación de puestos de trabajo, en especial en el sector formal».
Además, el empresario indicó que la incorporación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) podría alentar la incorporación de nuevos empleados sin los riesgos e incertidumbres previos. “El resultado es positivo. Se han contemplado observaciones que desde el sector representado señalamos con claridad y fundamento”, declaró.
De todas formas, el empresario reconoció que se necesitará más que un nuevo marco legal para que observe un impacto real en la economía. “Sabemos que no existe magia y que una norma por sí sola no bastará para resolver males que los argentinos arrastramos desde hace décadas. Pero sin dudas es un paso muy importante en la dirección correcta”, aseguró.
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ECONOMIA
Gigante del agro en problemas: lluvia de cheques rechazados y un tendal de productores sin cobrar
La delicada situación financiera que atraviesa Huergo Cereales dejó de ser un problema interno para convertirse en un foco de preocupación regional. Productores agropecuarios, transportistas, proveedores y operadores comerciales siguen con inquietud la evolución de un conflicto que impacta directamente en el circuito granario del centro norte bonaerense.
El acopio cumple un rol estratégico en la cadena, ya que recibe la producción, la acondiciona, financia operaciones, articula canjes y canaliza la comercialización. Cuando esa estructura se descalza financieramente, la tensión se traslada con rapidez a todo el sistema.
Cheques rechazados y deuda bancaria: las cifras que encendieron las alarmas
Los problemas financieros quedaron expuestos tras la acumulación de cheques rechazados y el deterioro de la calificación crediticia de la empresa.
Registros del Banco Central de la República Argentina indican que en los últimos dos meses se duplicó la cantidad de documentos impagos. Actualmente la firma acumula 440 cheques rechazados por 2.443 millones de pesos, junto con una morosidad bancaria cercana a los $5.300 millones, cifras que reflejan el grado de estrés financiero.
En mercados regionales donde el crédito comercial funciona como lubricante del sistema, estos indicadores suelen actuar como señales tempranas de ruptura en la cadena de pagos.
Productores sin cobrar y tensión creciente en la cadena comercial
El conflicto se volvió crítico cuando productores que entregaron trigo en diciembre no recibieron pago por la mercadería. Ante esta situación, comenzaron presentaciones judiciales y reclamos formales.
El impacto no se limita al productor primario. Transportistas, contratistas rurales y proveedores de insumos también enfrentan demoras que afectan su flujo de caja y su propia operatoria.
En economías agropecuarias regionales, donde la financiación informal y la confianza sostienen el entramado comercial, un corte en la cadena de pagos puede generar un efecto dominó difícil de contener.
Silos vacíos y dudas sobre el respaldo patrimonial
La incertidumbre se profundizó cuando productores constataron que los silos del acopio se encontrarían vacíos. Este dato alimenta la preocupación sobre la capacidad de la empresa para respaldar sus obligaciones.
Según testimonios recogidos en la zona, tras la cosecha de diciembre las instalaciones estaban completas, pero hacia los primeros días de enero ya no quedaban existencias. Además del cereal recientemente entregado, tampoco estaría el remanente histórico que permanecía sin comercializar de campañas anteriores.
Ese stock, que en algunos casos funcionaba como reserva financiera, habría desaparecido, dejando al descubierto un faltante que hoy constituye el núcleo del conflicto.
Entre los damnificados comenzó a circular una hipótesis que ya forma parte de presentaciones judiciales y es analizada por abogados que representan a productores.
Fuentes vinculadas al caso señalaron que se investiga si la compra de la participación societaria de uno de los socios se habría financiado con recursos provenientes de la operatoria comercial de granos, fondos que corresponderían a productores.
Dentro de ese marco aparece el concepto informal de «cereal eterno»: remanentes de grano que se comercializan parcialmente campaña tras campaña y funcionan como respaldo financiero permanente.
Según esta línea investigativa, ese stock acumulado durante años podría haber sido utilizado para financiar movimientos societarios, aunque la responsabilidad y el conocimiento de las partes involucradas forman parte del análisis legal en curso.
Silencio empresarial y posibles escenarios
Hasta el momento, los responsables de la empresa evitaron realizar declaraciones públicas. El vocero de la firma reconoció que se evalúan alternativas para encauzar la situación, entre ellas la búsqueda de una salida estructural que permita sostener la continuidad operativa.
En el mercado se mencionan distintos escenarios posibles, que van desde la incorporación de capital privado hasta procesos formales de reestructuración. Cualquier solución dependerá de la capacidad de recomponer la confianza y ordenar los compromisos pendientes.
La situación excede a una empresa puntual. Chivilcoy es un nodo relevante en el movimiento de granos del centro bonaerense y un eventual colapso operativo afectaría logística, precios, financiamiento y flujo comercial.
En un contexto económico de tasas elevadas y escaso crédito productivo, el capital de trabajo se vuelve crítico. Los acopios operan con márgenes ajustados y fuerte dependencia del financiamiento comercial, por lo que un descalce financiero puede escalar rápidamente.
Mientras productores y acreedores esperan definiciones, el mercado observa con cautela. La resolución del conflicto no solo determinará el futuro de la firma, sino también el nivel de confianza con el que operará el sistema comercial granario en la región.
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ECONOMIA
Jornada financiera: las acciones argentinas volvieron a subir y el riesgo país superó los 540 puntos
Los negocios bursátiles y la operatoria cambiaria transitan por caminos paralelos en este 2026, que parecen no converger. En las semanas de febrero los activos bursátiles exhibieron debilidad, condicionados por la volatilidad de las bolsas internacionales, mientras que el peso mantuvo su fortaleza -contracara de un dólar que en el terreno doméstico profundizó la caída-, a pesar de las compras de divisas a diario del BCRA y una inflación que se viene acelerando desde mayo del año pasado.
Este martes, las acciones argentinas subieron, para ajustar las fuertes pérdidas del mes en curso, mientras que el precio del dólar rebotó después de registrar sus niveles mínimos desde septiembre.
Con ese marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó 1,8%, en los 2.812.413 puntos. En el panel líder encabezó las ganancias Banco Francés (5,3%).
En cambio, los bonos en dólares de Argentina -Globales y Bonares- no pudieron acoplarse y renovaron las caídas, con un 0,6% negativo en promedio, tras el anuncio del lanzamiento de un nuevo bono en dólares con vencimiento en octubre de 2027. El riesgo país de JP Morgan ascendió 12 unidades, a 545 puntos básicos para la Argentina.
En lo doméstico, se descuenta que el viernes el Senado convertirá en ley la ambiciosa reforma laboral con la que el gobierno de Javier Milei busca atraer inversiones mediante una caída de costos para tomar nuevo personal.
“El foco no cambia sustancialmente esta semana respecto de la anterior. El catalizador de corto plazo seguirá en el Congreso. El Gobierno ya obtuvo dictamen para continuar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y buscaría llevarla al recinto el viernes, antes del inicio de las sesiones ordinarias”, evaluó Portfolio Personal Inversiones.
A su vez, la plaza en su conjunto continúa influenciada por las dudas externas disparadas por la confrontación arancelaria en los Estados Unidos, lo que provoca un incremento en la aversión al riesgo global.
“La incertidumbre arancelaria golpeó a los mercados”, definió el agente de liquidación y compensación Cohen Aliados Financieros.
La Secretaría de Finanzas informó que, a partir de las próximas licitaciones quincenales, se incorporará -en conjunto con los instrumentos en pesos- la colocación de un bono denominado en la divisa estadounidense por un monto de hasta 150 millones de dólares por subasta.
“Esta estrategia busca ayudar a blindar el pago de bonos soberanos sin añadir presión sobre la base monetaria y sobre el tipo de cambio, además de que sirve para testear el mercado para emisiones con ley extranjera a tasas más razonables”, señaló Wise Capital.
Asimismo, el día siguiente a cada licitación se realizará una segunda ronda destinada a ampliar la emisión por hasta USD 100 millones adicionales, al precio de corte de la subasta. Este bono tendrá un cupón del 6% anual, pagadero mensualmente, y se licitará el precio, bajo un programa de emisión hasta un monto máximo de 2.000 millones de dólares.
Eric Ritondale, economista jefe de Puente, precisó que “esta operación se interpreta más como una herramienta para el anclaje de expectativas y la construcción de curvas de referencia y rendimientos que como una búsqueda de financiamiento sustancial en el mercado local, al menos en esta primera instancia. El lanzamiento del Bonar 2027 es un paso más en la estrategia de normalización financiera del Tesoro”.
“Es un bono tipo bullet (el capital se paga al vencimiento) con un cupón del 6% de pago mensual. Estimamos que el instrumento podría convalidar una tasa cercana al 6% en el mercado local MEP, tomando como referencia principal la curva de los Bopreal (bono en dólares del BCRA), y aprovechando el ‘canje’ actual, que apoya tácticamente una emisión con menor rendimiento. Dada la corta duración del título y el contexto actual de liquidez, esperamos que la demanda local sea el principal motor de precio, permitiendo al Tesoro una colocación con rendimientos competitivos”, acotó Ritondale.
Con un monto de operaciones que alcanzó apreciables USD 422,2 millones -un buen volumen dada la estacionalidad del comercio exterior en el primer trimestre- el dólar mayorista finalizó con alza de diez pesos o 0,7%, a $1.380,50 para la venta. Así, el tipo de cambio oficial interrumpió una serie de cuatro ruedas seguidas en baja.
El dólar mayorista llegó a pactarse el lunes en $1.360, un piso desde el 29 de septiembre. Aún con el alza de este martes, el billete interbancario anota un descenso de 66,50 pesos en febrero (-4,6%), que se extiende a 74,50 pesos o 5,1% en 2026.
“La divisa operó durante la jornada con una dinámica más equilibrada y mostró una recuperación respecto de las ruedas anteriores. A lo largo del día el mercado alternó momentos de oferta y demanda, pero hacia el tramo final del MULC logró sostenerse en niveles superiores y cerró en $1.380,50, marcando un rebote frente al cierre previo”, sintetizó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.
El Banco Central estableció para la fecha un techo para las bandas cambiarias en los $1.602,24, que dejó al dólar mayorista aún a 221,74 o 16,1% de dicho límite para la libre flotación.
El dólar al público también ganó diez pesos o 0,7%, a $1.400 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar blue avanzó cinco pesos o 0,3%, a $1.430 para la venta, el mas caro después del “contado con liquidación”, operado ahora apenas debajo de los $1.450 a través de activos bursátiles.
El BCRA absorbió en el mercado USD 48 millones (11,4% de la oferta) e hilvanó 35 jornadas consecutivas con saldo a favor por su intervención. La entidad, que en el primer bimestre de 2026 compró USD 2.555 millones, ya sobrepasó el 25% de la meta anual de adquisición de divisas establecida para 2026.
Las reservas internacionales brutas ascendieron a USD 46.662 millones, tras sumar USD 28 millones en la última rueda, para alcanzar el stock más alto desde el 21 de octubre de 2019 (USD 46.885 millones).
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