ECONOMIA
Reforma laboral: dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir
Argentina tiene una legislación laboral vieja, diseñada para regular las relaciones en la economía asalariada industrial de los 70s, donde el primer trabajo de un joven, con alta probabilidad, era en una fábrica. Ese modelo, pensado para una relación de poder tremendamente asimétrica, ofrece el mismo talle de zapato para todos y no solo no tiene capacidad de administrar las relaciones laborales de una economía heterogénea como la actual, sino que representa una barrera para la creación de empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas.
Por esa razón, según datos oficiales, el mercado laboral está estancado desde hace 14 años y la pobre creación de empleo registrado de las empresas grandes en ese período (+8%) contrasta con la caída de puestos de trabajo en las pequeñas (-5%) y microempresas (-9%).
Según datos oficiales, el mercado laboral está estancado desde hace 14 años
En mis conversaciones con empresarios pyme el denominador común es que todos contratarían más trabajadores si no tuvieran miedo a la industria del juicio y si no fuera tan grande la brecha entre el costo laboral y el salario, puesto que deben hacer un enorme esfuerzo presupuestario, pero como ese dinero no llega completo al bolsillo de los trabajadores, no consiguen un esfuerzo equivalente. Para tener una idea de este problema pensemos que un salario promedio registrado es de 1,3 millones de pesos de bolsillo, pero le cuesta al empleador casi $2 millones y si incluye una previsión por juicios ese número es aún más grande. Esta es la principal razón de la informalidad.
Obviamente, cuando se trata de una empresa grande persiste la brecha entre el alto costo laboral y los bajos salarios de bolsillo, pero el departamento de recursos humanos funciona como un pool de seguro, evitando que el eventual juicio haga cerrar la empresa y dándole previsibilidad a la compañía. Para ponerlo en otras palabras; con un número suficientemente grande de trabajadores el sistema de indemnización se convierte en una suerte de fondo de cese, parecido al que tiene la industria de la construcción. Además, si la empresa es lo suficientemente grande, con alta probabilidad tendrá su propio departamento de legales, lo que reduce la incertidumbre ante eventuales litigios. Por eso las empresas grandes resisten mejor los problemas del sistema y contratan más que las pequeñas, porque su departamento de RRHH se convierte en una empresa de seguros.
El cambio más importante en materia laboral de los últimos años se produjo con la reforma incluida, a instancias de la UCR, en la ley Bases.
En primer lugar, la norma le asesta un golpe a la industria del juicio porque deroga las multas por problemas de registración que había establecido la ley 24013. Esto es muy interesante porque se trataba de una norma del menemismo que buscaba aumentar la formalización del mercado de trabajo, pero que a todas luces había fracasado, rompiendo en el camino la regla de oro de la indemnización laboral, que establece un salario mensual por año trabajado y afectando particularmente a las pymes. La única certeza que el empleador tenía era que, si despedía un trabajador, la indemnización sería con alta probabilidad superior a la de la regla de oro, pero nunca sabía cuánto.
A las reformas que están en discusión hay que sumar la necesidad de hacer mas flexibles los contratos para las pequeñas empresas
En segundo lugar, la reforma laboral de la ley Bases duplica el período de prueba llevándolo a los 6 meses, con posibilidades de extenderlo hasta un año, para el caso de microempresas y siempre que esté acordado a nivel del convenio. Este cambio está en sintonía con la legislación vigente en Europa favoreciendo el primer empleo que obviamente no tiene antecedentes y sobre todo a las Pymes, que no cuentan con el departamento de recursos humanos de una empresa grande y no pueden por tanto evaluar con la misma rigurosidad a los candidatos
En tercer lugar, la ley crea otras formas alternativas de indemnización muy útiles para sectores de alta rotación laboral, como el comercio o la gastronomía, que siempre que lo acuerden a nivel del convenio, pueden establecer un fondo de cese que opera como un seguro y permite que los trabajadores cobren siempre que termine una relación laboral, incluso cuando no se trate de un despido, dándole certeza y previsibilidad tanto a las pymes como a los trabajadores.
Entre las normas que estuvieron en debate en el Congreso, una de las más importantes para la que no alcanzamos el número de apoyos necesarios y que sigue por tanto siendo una deuda es la que establece el régimen de las asociaciones sindicales.
Es fundamental entender que el único dueño del fruto de su trabajo es el laburante
Concretamente buscábamos limitar las reelecciones indefinidas de los sindicalistas, asegurar la participación de las minorías en los cuerpos directivos, transparentar las finanzas de esas instituciones y de los que las manejan y prohibir que se presenten candidatos con prontuario; la ley tenía un artículo de ficha limpia sindical, similar a la ley que prohíbe que un político sea candidato a un cargo público si tiene condena firme.
Pero además queríamos reducir la brecha entre el alto costo laboral y el bajo salario de bolsillo, prohibiendo los descuentos no autorizados expresamente en el salario, como el “aporte gremial solidario”, los seguros no pedidos, el camping, etc. Es fundamental entender que el único dueño del fruto de su trabajo es el laburante. El argumento de los sindicatos es que la negociación salarial tiene carácter de bien público, en el sentido de que el trabajador no sindicalizado de todos modos recibe los aumentos y las mejoras pactadas en la paritaria, pero ello ocurre porque la ley le confiere al sindicato mayoritario el monopolio en la representación, por lo tanto no puede usarse esa ventaja como un argumento para expoliar al laburante que no quiere participar del sindicato, porque de hecho el poder del sindicato se sostiene en ese monopolio.
Pero además, la verdad es que en una economía inflacionaria la actualización de la nominalidad no tiene ningún mérito y de hecho ocurre también en los empleos informales; lo único que falta es que los sindicalistas cobren una parte del impuesto inflacionario, sin que hayan generado ninguna mejora en los salarios reales.
Muchos recuerdan el comercial de Quilmes de unos amigos reunidos el domingo en un bar, despotricando por lo poco que duraba el descanso y proponiendo agregar un día más al fin de semana.
Propusimos una reforma, que permitía que las partes probaran jornadas laborales alternativas
En el mundo, la reestructuración de la jornada laboral es una de las discusiones más importantes, con países como Portugal, Suecia y Dinamarca que ya están pasando de las pruebas piloto a los cambios en las leyes que ahora permiten acumular el trabajo en cuatro días, dejando tres de descanso, o que directamente establecen esquemas de 6 horas laborables al día. Tiene lógica, además, porque se trata de países que han experimentado brutales saltos de productividad desde las épocas en que la jornada más habitual era de 8 horas por día, seis días a la semana.
En Argentina, la jornada está regulada en una ley de 1929 y corresponde a una economía que ya no existe más, pero es cierto que tampoco ha crecido de manera significativa la productividad y de hecho el PBI per cápita está estancado en niveles similares a los de dos décadas atrás.
Sin embargo, hay muchos sectores que pactan a nivel del convenio jornadas diferentes; las guardias médicas, los turnos del personal penitenciario y las cuadrillas de petroleros o mineros, son algunos ejemplos, pero muchos otros sectores no se animan a implementar reformas por temor a no poder sostener la productividad y verse imposibilitados de volver a los esquemas anteriores, en el caso de que los cambios no funcionen.
El criterio de prueba con derecho a reversibilidad es la clave de muchas de las reformas
Cuando el kirchnerismo dominaba el Congreso, el debate en la comisión de legislación laboral buscaba imponer a las partes una jornada reducida, de 30 o 36 horas semanales, que podía funcionar en algunos sectores, pero que sin dudas hubiera fundido a muchas empresas, sobre todo las más pequeñas. Es fácil imaginar actividades donde la productividad pueda sostenerse en una jornada reducida, que aumenta la capacidad atencional, reduce el cansancio y mejora indicadores de salud previniendo carpetas médicas y psiquiátricas, pero también es obvio que en tareas como las de cuidado, atención al público, transporte y muchos servicios que se miden por hora, es imposible sostener los niveles de producción si se trabaja menos.
Por eso propusimos una reforma, que permitía que las partes probaran jornadas laborales alternativas, entre las que estaba el día Osvaldo, juntando las horas de trabajo en cuatro días y dejando un fin de semana de tres. La clave de nuestro proyecto es que no le imponíamos el cambio a nadie; solo abríamos la posibilidad de probar, durante un período de exploración, jornadas alternativas, dejando que luego las parte eligieran si aceptaban los cambios y si no había acuerdo volvían al esquema anterior.
Nos parece que este criterio de prueba con derecho a reversibilidad es la clave de muchas de las reformas sobre las que hay evidencia positiva en otros países pero desconfianza de las partes a nivel local.
Una crítica muy común al proceso de reforma es la de adjudicarle toda la responsabilidad sobre la evolución del empleo a las condiciones institucionales de un momento determinado, pero es obvio que los factores que inciden en la contratación son múltiples; por ejemplo, va de suyo que nadie contrata en el medio de una recesión y eso no tiene nada que ver con las leyes laborales, ni con el nivel de los salarios; simplemente no contratan porque no tienen demanda y no venden. Misma conclusión cuando se observa un proceso de crecimiento del empleo en la fase expansiva de un ciclo económico, que puede hacernos pensar que las normas que regulan las relaciones laborales son satisfactorias. Sin embargo, el boom puede haberse producido luego de un proceso de ajuste del tipo de cambio que licuó los salarios o estar apuntalado por un shock de términos de intercambio que mejoró los precios que enfrentan los empresarios. En ambos casos, condiciones institucionales más razonables hubieran producido un aumento aún mayor en la creación de nuevos puestos. Lamentablemente en ciencias sociales no es posible construir el escenario contrafactual para ver que hubiera ocurrido con otras normas distintas.
Además, durante mucho tiempo se pensó al derecho laboral como un dispositivo equilibrador de una relación de poder completamente asimétrica y a los institutos que regula, como un juego de suma cero, donde se definía la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo.
El desafío es cambiar esa concepción reconociendo que hoy las relaciones laborales son heterogéneas entre sectores, por el nivel de sindicalización y peso de esas organizaciones, pero también por el distinto tamaño de las empresas y por el desafío que introducen las figuras de trabajo independiente asociadas a las plataformas tecnológicas.
Las reformas deben crear opciones y abrir oportunidades para que las partes, de común acuerdo, encuentren la mejor manera de establecer sus contratos
Por eso las reformas deben crear opciones y abrir oportunidades para que las partes, de común acuerdo, encuentren la mejor manera de establecer sus contratos. No hay más lugar para imponer reglas que perjudican a alguna de las partes, porque o se retira la oferta (hacia la informalidad), o lo hace la demanda y el resultado es peor para todos.
En este sentido, a las reformas que están en discusión hay que sumar la necesidad de hacer mas flexibles los contratos para las pequeñas empresas, establecer mínimos no imponibles que bajen fuertemente las cargas laborales para la porción del salario que representa una canasta básica y volver a discutir regímenes que hacen a la nueva economía, como la ley de teletrabajo, buscando crear condiciones que favorezcan la capacitación y la transición del mundo educativo al del empleo, en una nueva ley de pasantías, con más flexibilidad para adaptarse a las condiciones de cada ocupación.
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Este lunes se confirmó la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), cargo que desempeñaba desde hace más de seis años, luego de ser designado durante la gestión de Alberto Fernández. Su desvinculación ocurre poco antes de la publicación del dato de inflación de enero bajo una nueva metodología, lo que agrega más elementos al contexto de su salida del organismo.
“Marco Lavagna presentó hoy su renuncia al INDEC y lo comunicó dentro del Instituto”, comentaron fuentes oficiales. Hasta el momento no hay detalles de quién sería su sucesor. En el organigrama, el segundo puesto lo ocupa Pedro Ignacio Lines. Ante la consulta de si sería este quien pase a ocupar la cabeza del organismo, no existió una respuesta al cierre de esta nota.
Lavagna ostentaba el cargo de director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) desde diciembre de 2019, con el inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Antes había sido legislador por UNA y, luego, para el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa. Su perfil técnico le permitió continuar a cargo del mismo pese a la asunción de Javier Milei y el giro político que implicó.
La salida se da en un momento crucial. Desde enero, el Indec adopta un nuevo método para calcular la inflación, con el objetivo de captar con mayor exactitud las variaciones de precios en diferentes sectores. Esta modificación podría contribuir, en ciertos casos, a la desaceleración que persigue el Gobierno y tendrá efecto en el sistema cambiario, que ajusta sus bandas mensualmente con base en el dato oficial.
La actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) comenzó a gestarse durante la administración anterior del Indec. Aunque Marco Lavagna siguió al frente cuando Javier Milei asumió la presidencia, la puesta en marcha del nuevo esquema se postergó dos años. En ese periodo, la inflación, tras alcanzar el 25,5% en diciembre de 2023, se estabilizó alrededor del 2% hacia fines de 2025. Pero la publicación de la nueva fórmula desde principios de 2026 es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El principal cambio en el IPC es la incorporación de la canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, reemplazando la utilizada desde 2004. Según un informe de Qualy, esto no implica una metodología nueva, sino la adopción de una canasta que representa de manera más precisa los hábitos actuales de consumo.
Las modificaciones más relevantes se verán en los rubros de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuyo peso sube de 9,4% a 14,5%, incrementando la incidencia de las tarifas de servicios públicos. Tras la postergación del nuevo esquema de subsidios en enero, se espera que empiece a regir en febrero. Con la nueva metodología, cada ajuste en las tarifas de electricidad o gas tendrá una incidencia mayor en el índice general que con la canasta anterior.
El informe de Qualy señala que, al estar las tarifas bajo control del gobierno nacional, la administración actual y las futuras podrán utilizar los ajustes tarifarios como herramienta para incidir de forma más directa sobre la inflación, atrasando o adelantando aumentos de acuerdo a los objetivos de política económica.
En el caso del Transporte, la ponderación pasa de 11% a 14,3%, aumentando la relevancia de combustibles y boletos. En Comunicaciones, el peso sube de 2,8% a 5,1%, otorgando mayor importancia a servicios de internet y telefonía móvil, y en Educación, de 2,3% a 3,1%, con mayor impacto de las cuotas y servicios educativos.
Salud mantiene un peso similar, subiendo de 8,0% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas disminuye su participación de 26,9% a 22,7%, reflejando una menor incidencia del agro y la industria alimentaria, sector que impulsó parte de la aceleración inflacionaria en el último cuatrimestre de 2025.
De acuerdo con analistas de Qualy, la disminución del peso de los alimentos reduce la sensibilidad del IPC frente a variaciones estacionales y climáticas, así como a la volatilidad de los mercados internacionales de materias primas.
La nueva canasta también refleja un mayor consumo de alimentos procesados, donde los componentes industriales, logísticos y de comercialización ganan protagonismo sobre los productos primarios.
Prendas de Vestir y Calzado baja de 9% a 6,8% en la estructura de gastos, mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, modificando la ponderación de actividades recreativas en el IPC.
Especialistas advierten que, si los servicios aumentan más que los bienes, el nuevo índice mostrará una inflación mayor que la que habría registrado la canasta anterior. Si ocurre lo contrario, la variación podría resultar más baja. Por ejemplo, si la carne sube 10% en enero de 2026, el IPC antiguo reflejaría un aumento de 1,07 puntos, mientras que el nuevo mostraría 1,03.
Tras el 2,8% registrado en diciembre, que marcó cuatro meses de incrementos, los relevamientos de consultoras privadas indicaron señales de desaceleración en la tercera semana de enero.
Un informe de Adcap, basado en datos de Analytica (2,5%), Eco Go (2,3%), Equilibra (2,3%), FMyA (2,1%), Alphacast (2,2%) y Libertad y Progreso (2,6%), señaló que las estimaciones para enero se ubican cerca del 2,3%.
En caso de que se confirme ese dato, representaría una reducción intermensual de 0,5 puntos, regresando al nivel de octubre y cerrando el ciclo de aceleración iniciado en agosto de 2025.
El análisis de Libertad y Progreso indicó una baja de la inflación hacia el final de enero, con aumentos semanales de 0,8% en las dos primeras semanas y de 0,6% en la tercera. De mantenerse esta tendencia, el mes cerraría cerca del 2,6%.
Por su parte, la consultora LCG reportó que Alimentos y Bebidas no alcohólicas tuvo una variación del 0,2% en la tercera semana de enero, desacelerando respecto al 0,5% de la semana anterior.
Los trabajadores del transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) perciben en 2026 una escala salarial escalonada que se actualiza mes a mes entre enero y abril, de acuerdo con los acuerdos paritarios alcanzados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Los ingresos varían en función de la antigüedad, los adicionales convencionales, los viáticos diarios y las sumas fijas no remunerativas.
El aumento solicitado por UTA y que será homologado es el siguiente:
- 1.4 % enero
- 1.3 % febrero
- 1.3 % marzo
Vale recordar que la paritaria de los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) había vuelto a fracasar. La reunión del martes entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias, bajo el arbitraje de la secretaría de Trabajo, se cerró con caras de preocupación, sin solución a la vista y pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 11, momento en el que se llegó a un acuerdo.
Cómo se compone el salario de los colectiveros del AMBA
El ingreso mensual de los choferes de colectivos del AMBA no se explica solo por el sueldo básico. La remuneración total surge de la suma de distintos conceptos convencionales, algunos remunerativos y otros no remunerativos, que varían mes a mes según la escala vigente.
El ingreso total de los colectiveros se integra por:
Sueldo básico conformado
Adicional por antigüedad
Premio por asistencia
Atención SUBE
Viáticos diarios
Sumas fijas no remunerativas (según el mes)
Sueldo básico y básico conformado
El sueldo básico es el punto de partida de la escala salarial y se incrementa mensualmente entre enero y abril. Sobre ese monto se calculan distintos adicionales, lo que da lugar al llamado básico conformado, que ya incluye el impacto de la antigüedad.
En abril de 2026, el básico conformado alcanza, a modo de ejemplo:
Este ítem representa entre el 70% y el 75% del salario remunerativo, según la antigüedad.
Adicional por antigüedad
El adicional por antigüedad se paga como un valor fijo por año trabajado y se incrementa con cada actualización salarial.
En abril, el valor por año es de $23.179, lo que implica:
1 año: $23.179
5 años: $115.895
10 años: $231.790
20 años: $463.580
Este concepto tiene un peso creciente en el salario a medida que se acumulan años de servicio.
Premio por asistencia
El premio por asistencia es un adicional remunerativo que se cobra de manera mensual si el trabajador cumple con los requisitos de presentismo.
En abril, el premio asciende a $309.055, monto que se mantiene fijo independientemente de la antigüedad y que explica una porción relevante del salario mensual.
Atención SUBE
El adicional por atención SUBE remunera tareas vinculadas al sistema de cobro electrónico. En abril de 2026, este concepto alcanza los $139.075 mensuales y se suma al salario remunerativo.
Viáticos diarios
Los viáticos son uno de los componentes más significativos del ingreso total y aumentan de forma progresiva durante el primer cuatrimestre del año:
Enero: $15.000 por día ($360.000 mensuales)
Febrero: $16.000 por día ($384.000)
Marzo: $17.000 por día ($408.000)
Abril: $19.000 por día ($456.000)
En abril, los viáticos representan entre el 18% y el 22% del ingreso total, dependiendo de la antigüedad del trabajador.
Sumas fijas no remunerativas
Además de los conceptos salariales tradicionales, la escala incluye sumas fijas no remunerativas:
Estas sumas no integran el salario básico ni impactan en aportes previsionales, pero elevan el ingreso de bolsillo mensual.
Cuánto cobra un chofer de colectivo que recién arranca
Enero 2026
En enero de 2026, un chofer de colectivos del AMBA sin antigüedad percibe una remuneración total mensual de $1.849.180, que se compone de los siguientes rubros:
Básico conformado: $1.389.180 Incluye el sueldo básico más los adicionales remunerativos iniciales previstos en la escala.
Premio por asistencia: incluido dentro del básico conformado Se liquida siempre que el trabajador cumpla con el presentismo requerido.
Atención SUBE: incluido dentro del básico conformado Remunera las tareas vinculadas al sistema de cobro electrónico.
Viáticos: $360.000 Calculados sobre $15.000 diarios por 24 días trabajados. Este concepto no integra el básico, pero representa cerca del 19% del ingreso total.
Suma fija no remunerativa: $100.000 Se paga por fuera del salario remunerativo y no genera aportes previsionales.
De este modo, el salario de bolsillo de un colectivero que recién ingresa al sistema supera en enero los $1,8 millones mensuales, con una porción relevante explicada por viáticos y sumas no remunerativas.
Febrero 2026
En febrero, el ingreso total asciende a $1.891.239, impulsado principalmente por la actualización de los viáticos y del básico.
El desglose es el siguiente:
Básico conformado: $1.407.239 Refleja la actualización mensual del sueldo base y de los adicionales remunerativos.
Premio por asistencia: incluido dentro del básico conformado
Atención SUBE: incluido dentro del básico conformado
Viáticos: $384.000 Surgen de $16.000 diarios por 24 días. En este mes, los viáticos representan algo más del 20% del ingreso total.
Suma fija no remunerativa: $100.000 Se mantiene sin cambios respecto de enero.
Así, un chofer sin antigüedad percibe en febrero un ingreso cercano a los $1,9 millones, con una mejora mensual explicada casi exclusivamente por los adicionales y viáticos.
Cuánto cobra un chofer de colectivo con antigüedad
A continuación, cuánto cobra un chofer con 1, 5, 10 y 20 años de antigüedad, tomando como base la remuneración total mensual informada en cada escala.
Enero 2026: ingresos desde $1,85 millones
En enero, la escala salarial contempla una suma fija no remunerativa de $100.000 y viáticos diarios de $15.000, lo que representa $360.000 mensuales.
1 año de antigüedad: $1.870.017
5 años de antigüedad: $1.953.368
10 años de antigüedad: $2.036.719
20 años de antigüedad: $2.265.934
Febrero 2026: leve suba por actualización de básicos
Durante febrero se mantiene la suma no remunerativa de $100.000, pero los viáticos diarios aumentan a $16.000, totalizando $384.000 mensuales.
1 año de antigüedad: $1.912.348
5 años de antigüedad: $1.995.781
10 años de antigüedad: $2.082.125
20 años de antigüedad: $2.295.303
Marzo 2026: aumento de viáticos y suma no remunerativa
En marzo se produce un salto más significativo: la suma fija no remunerativa pasa a $120.000 y los viáticos diarios ascienden a $17.000, equivalentes a $408.000 mensuales.
1 año de antigüedad: $1.974.916
5 años de antigüedad: $2.060.448
10 años de antigüedad: $2.167.363
20 años de antigüedad: $2.381.194
Abril 2026: el piso supera los $2 millones
En abril, la escala alcanza su nivel más alto del cuatrimestre. Los viáticos diarios suben a $19.000, lo que representa $456.000 mensuales, y se mantienen los adicionales incorporados en marzo.
1 año de antigüedad: $2.024.457
5 años de antigüedad: $2.117.174
10 años de antigüedad: $2.209.891
20 años de antigüedad: $2.441.683
De esta manera, un chofer con 20 años de antigüedad pasa de ganar $2,26 millones en enero a más de $2,44 millones en abril, mientras que un trabajador con un año de antigüedad supera por primera vez el umbral de los $2 millones mensuales en el cuarto mes del año.
Ejemplo de salario completo en abril 2026
Para ilustrar el peso de cada rubro, un chofer con 10 años de antigüedad percibe en abril:
Básico conformado: $1.777.070
Antigüedad (10 años): $231.790
Premio por asistencia: $309.055
Atención SUBE: $139.075
Viáticos: $456.000
Remuneración total: $2.209.891
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El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia a la dirección del Indec, según anunciaron fuentes del organismo estadístico.
La dimisión del funcionario técnico se da poco después de la puesta en marcha de una nueva canasta para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que empezó a aplicarse este mes y empezará a reflejarse cuando se conozca el número de enero.
“Marco Lavagna presentó hoy su renuncia al Indec y lo comunicó dentro del Instituto”, dijeron voceros del organismo.
Lavagna ostentaba el cargo de director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) desde diciembre de 2019, con el inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Antes había sido legislador por UNA y, luego, para el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa. Su perfil técnico le permitió continuar a cargo del mismo pese a la asunción de Javier Milei y el giro político que implicó.
La salida de Lavagna sigue a las de otros funcionarios, en un contexto de salarios congelados en la administración púbica. En agosto de 2025, Georgina Giglio renunció como directora de Índices de Precios de Consumo (IPC) del INDEC en Argentina, siendo reemplazada por Josefina Rim a partir del 1 de septiembre de ese año. Paralelamente, también renunció Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida, responsable de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
En los últimos meses, Lavagna y el Indec estuvieron abocados a la actualización de la canasta con la que se mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el dato de inflación. Los cambios en la canasta buscaron acercarse a los consumos de las familias argentinas actuales de manera tal de reflejar mejor el impacto del movimiento de los precios en las cuentas de los hogares.
El cambio sustancial en el IPC radica en que empezará a utilizarse la canasta de consumo que surge de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del 2017-2018 en reemplazo del relevamiento de 2004. La falta de actualización de la canasta con la que se mide el avance de los precios llevó a subestimar el impacto de muchos consumos que crecieron en las últimas décadas, como por ejemplo la mayor relevancia que ganaron los servicios de internet y celulares.
Los cambios más drásticos están en los rubros Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, donde la ponderación (es decir el peso de ese capítulo en el total de la canasta) pasa de 9,4% a 14,5%, lo que lleva a que las tarifas de los servicios públicos incidan más. Así, con la nueva fórmula, cada incremento en el cuadro tarifario de electricidad o gas tendrá un impacto directo en el nivel general superior al que evidenciaba con la canasta anterior.
En Transporte se notará otro cambio sustancial, ya que la ponderación pasará de 11% a 14,3 por ciento. Aquí tendrán mayor peso los combustibles y los boletos de pasajeros. También en Comunicaciones (de 2,8% a 5,1%), donde se duplicará el peso de internet y celulares, y Educación (de 2,3% a 3,1%) con mayor relevancia de las cuotas y servicios educativos.
Otros rubros como Salud (de 8,0% a 9,1%) se mantendrán estables respecto al impacto que tienen en la inflación. Respecto a los que reducen su peso, figura Alimentos y Bebidas (de 26,9% a 22,7%), ya que el agro y la industria alimenticia se reducen. Este segmento fue la principal razón de la aceleración en el último cuatrimestre de 2025.
Cabe destacar que la nueva canasta captura un consumo de alimentos con mayor incidencia de los procesados, donde el componente industrial, logístico y de comercialización (con servicios asociados) tiene más peso que el insumo primario.
Lo mismo sucederá con Prendas de Vestir y Calzado (de 9% a 6,8%) que tendrá una pérdida de relevancia relativa en el gasto total; y Recreación y Cultura (de 7,3% a 8,6%) donde se ajusta el gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas plantean que si Servicios sube por encima de Bienes, la nueva metodología arrojará una inflación más alta que la que hubiera medido la canasta anterior. Por el contrario, si Bienes sube por encima de Servicios, la método actualizado podría mostrar una dinámica inflacionaria más moderada. A modo ilustrativo, en un escenario donde el precio de la carne aumentara un 10% en ene/26, el IPC viejo subiría 1,07 puntos solo por ese rubro; con el nuevo, subiría 1,03.
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