ECONOMIA
Reforma laboral: dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir
Argentina tiene una legislación laboral vieja, diseñada para regular las relaciones en la economía asalariada industrial de los 70s, donde el primer trabajo de un joven, con alta probabilidad, era en una fábrica. Ese modelo, pensado para una relación de poder tremendamente asimétrica, ofrece el mismo talle de zapato para todos y no solo no tiene capacidad de administrar las relaciones laborales de una economía heterogénea como la actual, sino que representa una barrera para la creación de empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas.
Por esa razón, según datos oficiales, el mercado laboral está estancado desde hace 14 años y la pobre creación de empleo registrado de las empresas grandes en ese período (+8%) contrasta con la caída de puestos de trabajo en las pequeñas (-5%) y microempresas (-9%).
Según datos oficiales, el mercado laboral está estancado desde hace 14 años
En mis conversaciones con empresarios pyme el denominador común es que todos contratarían más trabajadores si no tuvieran miedo a la industria del juicio y si no fuera tan grande la brecha entre el costo laboral y el salario, puesto que deben hacer un enorme esfuerzo presupuestario, pero como ese dinero no llega completo al bolsillo de los trabajadores, no consiguen un esfuerzo equivalente. Para tener una idea de este problema pensemos que un salario promedio registrado es de 1,3 millones de pesos de bolsillo, pero le cuesta al empleador casi $2 millones y si incluye una previsión por juicios ese número es aún más grande. Esta es la principal razón de la informalidad.
Obviamente, cuando se trata de una empresa grande persiste la brecha entre el alto costo laboral y los bajos salarios de bolsillo, pero el departamento de recursos humanos funciona como un pool de seguro, evitando que el eventual juicio haga cerrar la empresa y dándole previsibilidad a la compañía. Para ponerlo en otras palabras; con un número suficientemente grande de trabajadores el sistema de indemnización se convierte en una suerte de fondo de cese, parecido al que tiene la industria de la construcción. Además, si la empresa es lo suficientemente grande, con alta probabilidad tendrá su propio departamento de legales, lo que reduce la incertidumbre ante eventuales litigios. Por eso las empresas grandes resisten mejor los problemas del sistema y contratan más que las pequeñas, porque su departamento de RRHH se convierte en una empresa de seguros.
El cambio más importante en materia laboral de los últimos años se produjo con la reforma incluida, a instancias de la UCR, en la ley Bases.
En primer lugar, la norma le asesta un golpe a la industria del juicio porque deroga las multas por problemas de registración que había establecido la ley 24013. Esto es muy interesante porque se trataba de una norma del menemismo que buscaba aumentar la formalización del mercado de trabajo, pero que a todas luces había fracasado, rompiendo en el camino la regla de oro de la indemnización laboral, que establece un salario mensual por año trabajado y afectando particularmente a las pymes. La única certeza que el empleador tenía era que, si despedía un trabajador, la indemnización sería con alta probabilidad superior a la de la regla de oro, pero nunca sabía cuánto.
A las reformas que están en discusión hay que sumar la necesidad de hacer mas flexibles los contratos para las pequeñas empresas
En segundo lugar, la reforma laboral de la ley Bases duplica el período de prueba llevándolo a los 6 meses, con posibilidades de extenderlo hasta un año, para el caso de microempresas y siempre que esté acordado a nivel del convenio. Este cambio está en sintonía con la legislación vigente en Europa favoreciendo el primer empleo que obviamente no tiene antecedentes y sobre todo a las Pymes, que no cuentan con el departamento de recursos humanos de una empresa grande y no pueden por tanto evaluar con la misma rigurosidad a los candidatos
En tercer lugar, la ley crea otras formas alternativas de indemnización muy útiles para sectores de alta rotación laboral, como el comercio o la gastronomía, que siempre que lo acuerden a nivel del convenio, pueden establecer un fondo de cese que opera como un seguro y permite que los trabajadores cobren siempre que termine una relación laboral, incluso cuando no se trate de un despido, dándole certeza y previsibilidad tanto a las pymes como a los trabajadores.
Entre las normas que estuvieron en debate en el Congreso, una de las más importantes para la que no alcanzamos el número de apoyos necesarios y que sigue por tanto siendo una deuda es la que establece el régimen de las asociaciones sindicales.
Es fundamental entender que el único dueño del fruto de su trabajo es el laburante
Concretamente buscábamos limitar las reelecciones indefinidas de los sindicalistas, asegurar la participación de las minorías en los cuerpos directivos, transparentar las finanzas de esas instituciones y de los que las manejan y prohibir que se presenten candidatos con prontuario; la ley tenía un artículo de ficha limpia sindical, similar a la ley que prohíbe que un político sea candidato a un cargo público si tiene condena firme.
Pero además queríamos reducir la brecha entre el alto costo laboral y el bajo salario de bolsillo, prohibiendo los descuentos no autorizados expresamente en el salario, como el “aporte gremial solidario”, los seguros no pedidos, el camping, etc. Es fundamental entender que el único dueño del fruto de su trabajo es el laburante. El argumento de los sindicatos es que la negociación salarial tiene carácter de bien público, en el sentido de que el trabajador no sindicalizado de todos modos recibe los aumentos y las mejoras pactadas en la paritaria, pero ello ocurre porque la ley le confiere al sindicato mayoritario el monopolio en la representación, por lo tanto no puede usarse esa ventaja como un argumento para expoliar al laburante que no quiere participar del sindicato, porque de hecho el poder del sindicato se sostiene en ese monopolio.
Pero además, la verdad es que en una economía inflacionaria la actualización de la nominalidad no tiene ningún mérito y de hecho ocurre también en los empleos informales; lo único que falta es que los sindicalistas cobren una parte del impuesto inflacionario, sin que hayan generado ninguna mejora en los salarios reales.
Muchos recuerdan el comercial de Quilmes de unos amigos reunidos el domingo en un bar, despotricando por lo poco que duraba el descanso y proponiendo agregar un día más al fin de semana.
Propusimos una reforma, que permitía que las partes probaran jornadas laborales alternativas
En el mundo, la reestructuración de la jornada laboral es una de las discusiones más importantes, con países como Portugal, Suecia y Dinamarca que ya están pasando de las pruebas piloto a los cambios en las leyes que ahora permiten acumular el trabajo en cuatro días, dejando tres de descanso, o que directamente establecen esquemas de 6 horas laborables al día. Tiene lógica, además, porque se trata de países que han experimentado brutales saltos de productividad desde las épocas en que la jornada más habitual era de 8 horas por día, seis días a la semana.
En Argentina, la jornada está regulada en una ley de 1929 y corresponde a una economía que ya no existe más, pero es cierto que tampoco ha crecido de manera significativa la productividad y de hecho el PBI per cápita está estancado en niveles similares a los de dos décadas atrás.
Sin embargo, hay muchos sectores que pactan a nivel del convenio jornadas diferentes; las guardias médicas, los turnos del personal penitenciario y las cuadrillas de petroleros o mineros, son algunos ejemplos, pero muchos otros sectores no se animan a implementar reformas por temor a no poder sostener la productividad y verse imposibilitados de volver a los esquemas anteriores, en el caso de que los cambios no funcionen.
El criterio de prueba con derecho a reversibilidad es la clave de muchas de las reformas
Cuando el kirchnerismo dominaba el Congreso, el debate en la comisión de legislación laboral buscaba imponer a las partes una jornada reducida, de 30 o 36 horas semanales, que podía funcionar en algunos sectores, pero que sin dudas hubiera fundido a muchas empresas, sobre todo las más pequeñas. Es fácil imaginar actividades donde la productividad pueda sostenerse en una jornada reducida, que aumenta la capacidad atencional, reduce el cansancio y mejora indicadores de salud previniendo carpetas médicas y psiquiátricas, pero también es obvio que en tareas como las de cuidado, atención al público, transporte y muchos servicios que se miden por hora, es imposible sostener los niveles de producción si se trabaja menos.
Por eso propusimos una reforma, que permitía que las partes probaran jornadas laborales alternativas, entre las que estaba el día Osvaldo, juntando las horas de trabajo en cuatro días y dejando un fin de semana de tres. La clave de nuestro proyecto es que no le imponíamos el cambio a nadie; solo abríamos la posibilidad de probar, durante un período de exploración, jornadas alternativas, dejando que luego las parte eligieran si aceptaban los cambios y si no había acuerdo volvían al esquema anterior.
Nos parece que este criterio de prueba con derecho a reversibilidad es la clave de muchas de las reformas sobre las que hay evidencia positiva en otros países pero desconfianza de las partes a nivel local.
Una crítica muy común al proceso de reforma es la de adjudicarle toda la responsabilidad sobre la evolución del empleo a las condiciones institucionales de un momento determinado, pero es obvio que los factores que inciden en la contratación son múltiples; por ejemplo, va de suyo que nadie contrata en el medio de una recesión y eso no tiene nada que ver con las leyes laborales, ni con el nivel de los salarios; simplemente no contratan porque no tienen demanda y no venden. Misma conclusión cuando se observa un proceso de crecimiento del empleo en la fase expansiva de un ciclo económico, que puede hacernos pensar que las normas que regulan las relaciones laborales son satisfactorias. Sin embargo, el boom puede haberse producido luego de un proceso de ajuste del tipo de cambio que licuó los salarios o estar apuntalado por un shock de términos de intercambio que mejoró los precios que enfrentan los empresarios. En ambos casos, condiciones institucionales más razonables hubieran producido un aumento aún mayor en la creación de nuevos puestos. Lamentablemente en ciencias sociales no es posible construir el escenario contrafactual para ver que hubiera ocurrido con otras normas distintas.
Además, durante mucho tiempo se pensó al derecho laboral como un dispositivo equilibrador de una relación de poder completamente asimétrica y a los institutos que regula, como un juego de suma cero, donde se definía la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo.
El desafío es cambiar esa concepción reconociendo que hoy las relaciones laborales son heterogéneas entre sectores, por el nivel de sindicalización y peso de esas organizaciones, pero también por el distinto tamaño de las empresas y por el desafío que introducen las figuras de trabajo independiente asociadas a las plataformas tecnológicas.
Las reformas deben crear opciones y abrir oportunidades para que las partes, de común acuerdo, encuentren la mejor manera de establecer sus contratos
Por eso las reformas deben crear opciones y abrir oportunidades para que las partes, de común acuerdo, encuentren la mejor manera de establecer sus contratos. No hay más lugar para imponer reglas que perjudican a alguna de las partes, porque o se retira la oferta (hacia la informalidad), o lo hace la demanda y el resultado es peor para todos.
En este sentido, a las reformas que están en discusión hay que sumar la necesidad de hacer mas flexibles los contratos para las pequeñas empresas, establecer mínimos no imponibles que bajen fuertemente las cargas laborales para la porción del salario que representa una canasta básica y volver a discutir regímenes que hacen a la nueva economía, como la ley de teletrabajo, buscando crear condiciones que favorezcan la capacitación y la transición del mundo educativo al del empleo, en una nueva ley de pasantías, con más flexibilidad para adaptarse a las condiciones de cada ocupación.
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Del 9 al 11 de marzo de 2026, Nueva York será sede de un evento clave para la proyección internacional del nuevo modelo económico argentino: la Argentina Week, tal como anunció el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Por su parte, el presidente Javier Milei confirmó que estará presente para explicar “la nueva Argentina”.
El objetivo del encuentro es claro: posicionar al país como destino atractivo para inversores globales. Según Oxenford, ese lapso de tres días reunirá a “autoridades de gobierno, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos que ya invierten —o evalúan invertir— en nuestro país”.
Este anuncio llega en un contexto dominado por la firma del acuerdo comercial entre ambos países que el diplomático define como “histórico y sin precedentes” para la relación entre Argentina y Estados Unidos, marcado por “amistad, confianza, cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del Presidente Javier Milei”.
La organización del evento recaerá en instituciones de peso financiero. Serán responsables la Embajada Argentina en Estados Unidos, en conjunto con JP Morgan, Bank of America y Kaszek, el fondo de capital emprendedor cofundado por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy. La participación de estas entidades refleja el interés del mercado global en sectores clave de la economía argentina, como energía, minería y tecnología.
Según Oxenford, “será un hito argentino en Manhattan” y, según sus palabras, “la Gran Manzana se vestirá de celeste y blanco para mostrar al mundo el nuevo capítulo de inversión y crecimiento que estamos construyendo”.
El presidente Milei celebró la iniciativa en sus redes y dijo: “¡Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre. ¡MAGA!”.
Con su presencia, el evento adquiere una dimensión política además de financiera. El mandatario planea usar esa plataforma para transmitir su visión del país ante bancos, fondos de inversión y ejecutivos.
Infobae pudo confirmar que también estarán presentes el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.
El anuncio de la Argentina Week se produce en medio de lo que desde el Gobierno describen como un momento de reconfiguración en las relaciones internacionales de cara a la inversión. Además, busca reflejar “la nueva agenda de reformas, inversión y crecimiento” del Gobierno argentino. Oxenford, por su parte, definió este periodo como uno de “amistad, confianza y un renovado entusiasmo” por la agenda que impulsa la administración de Milei.
Los sectores convocados son clave para la estrategia de desarrollo que impulsan desde Casa Rosada. Energía, minería, tecnología e infraestructura son ejes que, según el Gobierno, están experimentando un momento favorable para atraer capitales. Asimismo, la organización del evento por parte de grandes bancos y fondos indica una intención de estrechar los lazos entre el sector público argentino y la comunidad financiera global.
El evento no solo es comercial sino también político. Para Oxenford, la Argentina Week marca un “nuevo capítulo de inversión y crecimiento” en el vínculo bilateral con Estados Unidos, cimentado ahora en la cooperación estratégica.
Además, Milei ya ha tenido recientes encuentros con inversores en Nueva York. En noviembre de 2025, durante una visita al Council of the Americas, expuso su programa económico ante ejecutivos de empresas globales para convocarlos a invertir en Argentina. En esa reunión participaron representantes de firmas como Glencore, Continental Grain, Morgan Stanley, Pfizer, Cisco y otras compañías de peso. En el mismo marco, Susan Segal, presidenta del Consejo, elogió la propuesta de reformas estructurales de Milei como una oportunidad para reactivar inversiones en el país.
La presencia del presidente en Manhattan, junto a líderes financieros globales y empresas estratégicas, busca marcar un salto en visibilidad internacional. Al mismo tiempo, la elección de Nueva York como sede subraya la intención de Argentina de reposicionarse como destino atractivo para la inversión extranjera directa en sectores con alto potencial de crecimiento.
El expresidente aseguró que el gigante asiático sigue siendo un socio clave y no debería quedar relegado por el acercamiento a Washington
21/11/2025 – 16:27hs
Tras el anuncio del nuevo acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, Mauricio Macri retomó sus diferencias con la política exterior del Gobierno y planteó un fuerte respaldo a la continuidad del vínculo con China. Para el exmandatario, el gigante asiático sigue siendo un socio clave y no debería quedar relegado por la estrategia de alineamiento con Washington.
En una entrevista con Seúl, Macri aseguró que «China es más complementaria que Estados Unidos para Argentina», y explicó que la potencia asiática tiene una demanda directa de materias primas y alimentos locales, algo que no ocurre con la economía estadounidense. «China necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos, Estados Unidos todo eso se lo produce… Pero no creo que sea bueno interrumpir ese proceso», expresó.
«Resistí presiones de Barack Obama y Donald Trump»
Macri también recordó que durante su gestión logró sostener la relación con Beijing pese a las presiones de la Casa Blanca. Según relató: «Yo logré, a pesar de la presión de Obama y de Trump, que fue tremenda; Obama con sus buenas maneras y Donald a lo Donald, decir ‘no, somos mejores amigos pero yo a mi relación con China la mantengo’».
El expresidente volvió además sobre los inicios del vínculo comercial de su familia con el mercado chino, destacando la visión empresarial de su padre, Franco Macri, que comenzó a operar en ese país a fines de los años 80.
A modo de ejemplo del peso chino en el comercio argentino, Macri señaló que «el boom de la carne y los arándanos y la cereza y la soja van para China», y lanzó una advertencia hacia la Casa Rosada: «Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel».
Tensiones por el freno al proyecto científico con China
Estas declaraciones llegan en medio de las fricciones internas que generó la decisión del Gobierno de Javier Milei de paralizar el proyecto China Argentina Radio Telescopio (CART) en San Juan.
La iniciativa -que involucra al CONICET, la Universidad Nacional de San Juan, la Academia China de Ciencias y el NAOC- estaba muy avanzada, con un progreso del 60% en algunas áreas y del 90% en otras, pero quedó suspendida por orden del Ejecutivo.
Fuentes oficiales evitan atribuir la medida a presiones de Washington, aunque el propio secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, elogió a Milei y aseguró que el Presidente está «comprometido con sacar a China de la Argentina». En la misma entrevista, Bessent añadió: «Argentina es un faro en América Latina… También es un gran aliado de Estados Unidos… Y está comprometido con sacar a China de Argentina, que está por todas partes en Latinoamérica».
El acuerdo comercial con Estados Unidos
El reciente anuncio de la Casa Blanca sumó más ruido al debate. El comunicado oficial detalló los principales capítulos del entendimiento bilateral, que incluye aspectos vinculados a aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y estándares, propiedad intelectual, comercio agrícola, trabajo, medio ambiente, seguridad económica, empresas estatales, subvenciones y comercio digital.
Se trata de un acuerdo marco que EE.UU. firmó con otros países y que el Gobierno argentino espera formalizar durante la próxima visita de Milei a Washington. Mientras tanto, el posicionamiento geopolítico sigue generando tensiones internas, con Macri insistiendo en que el país no debe aislar a uno de sus principales socios comerciales.
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ECONOMIA
Ante la suba del riesgo país, Caputo aseguró que nunca hablaron con bancos de un rescate para la Argentina
En medio de la suba del riesgo país a máximos desde finales de octubre, el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó las versiones que surgieron en las últimas horas sobre que un grupo de bancos estadounidenses descartó un préstamo por USD 20.000 millones para la Argentina.
La noticia había sido publicada por The Wall Street Journal, alegando que las entidades financieras norteamericanas estaban evaluando una línea de crédito de corto plazo por USD 5.000 millones, diseñada para que el gobierno de Javier Milei haga frente a los vencimientos de deuda en enero de 2026 por USD 4.200 millones. Esta noticia provocó una suba diaria del riesgo país argentino de 5,6% o 35 unidades a 663 puntos básicos.
“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, aseguró Caputo a través de su cuenta oficial de X, desmintiendo la información publicada por el diario estadounidense.
La evolución de los bonos soberanos se vio afectada luego de que trascendiera que JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup habrían rediseñado las herramientas del financiamiento para la Argentina. Esa dinámica bajista de los títulos públicos generó el incremento de la prima de riesgo argentina.
La baja del riesgo país es un factor clave para el programa económico del oficialismo. El equipo económico precisa que el indicador elaborado por JP Morgan se ubique y se mantenga en torno a los 400 puntos básicos para poder regresar a los mercados voluntarios de deuda. El grifo internacional, cerrado desde 2018, permitiría refinanciar los compromisos con bonistas privados de comienzos del año que viene.
Según publicó The Wall Street Journal, el plan inicial, presentado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, incluía dos componentes principales: un intercambio de divisas por USD 20.000 millones con el Tesoro estadounidense y una línea de crédito bancaria adicional por igual suma. El propósito de ambas herramientas era brindar respaldo al espacio libertario. Sin embargo, la coyuntura política experimentó modificaciones tras los comicios legislativos de octubre, según informó un medio estadounidense.
“El préstamo del sector privado no llegó a concretarse, ya que los bancos esperaban orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías y colaterales podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas. Ahora, los banqueros afirman que ya no se está considerando seriamente, según personas familiarizadas con las conversaciones”, destacó el diario de EE.UU.
Siempre según este medio, a partir de ese cambio, entidades financieras comenzaron a trabajar en una alternativa de financiamiento: un préstamo de alrededor de USD 5.000 millones mediante una operación de recompra, conocida como “repo”. En este modelo, Argentina ofrecería como garantía una serie de activos de inversión a cambio de recibir dólares. De acuerdo con fuentes consultadas, la finalidad principal de esta operatoria sería afrontar un vencimiento de deuda por USD 4.200 millones en enero.
Más allá de la publicación en cuestión, la línea de financiamiento había sido anticipada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos a mediados de octubre y por fuera del swap por USD 20.000 millones que acordó la administración Trump con el equipo económico argentino.
“Estamos trabajando en un fondo de 20.000 millones de dólares que estaría junto a nuestra línea de swap, conformado por bancos privados y fondos soberanos, que creo estaría más dirigido al mercado de deuda”, había indicado el funcionario estadounidense en la antesala de las elecciones legislativas.
“En realidad venimos trabajando en esto desde hace semanas”, dijo Scott Bessent por ese entonces a un grupo de periodistas en el Departamento del Tesoro. “Se trata de una solución del sector privado para los próximos pagos de deuda de Argentina”, sumó. Y concluyó: “Muchos bancos están interesados y también varios fondos soberanos manifestaron interés”.
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