ECONOMIA
Reforma laboral: el plan de Milei para reducir los juicios y crear un fondo para financiar despidos
Cuando parecía que el tratamiento de la reforma laboral quedaría para febrero o marzo, Javier Milei ordenó acelerar y poner sobre la mesa la reforma laboral, una de las iniciativas con mayor impacto de la administración libertaria, cuestionado por la CGT.
Entre los ejes de la «modernización» del mercado de trabajo sobresale el interés oficial por poner límite a la denominada «industria del juicio», que se convirtió desde hace años en un dolor de cabeza para las empresas, con montos imposibles de afrontar por muchas pymes que quedan al borde de la quiebra.
Javier Milei acelera la reforma laboral: industria del juicio e indemnizaciones más baratas
Estudios jurídicos actúan en connivencia con los jueces laborales para que esto suceda, es la lectura que hacen en la Casa Rosada, y prometen cortar de raíz ese «negocio».
Con ese objetivo, el proyecto definirá una reducción en la base de cálculo de las indemnizaciones, al no incluir las vacaciones o el aguinaldo.
Pero, en el punto que promete desatar más polémica con los sindicatos -que ya empezaron las marchas de protesta-, propondrá la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos.
Ese FAL recibirá el aporte del 3% de las empresas al SIPA, según consta en la iniciativa oficial que será defendida por los legisladores libertarios, que ya tienen la primera minoría en la Cámara baja.
No será el único golpe de gracia que se buscará darle a los gremios. El proyecto prevé la eliminación lisa y llana de la denominada «ultraactividad».
Se trata de un concepto clave que históricamente la CGT ha defendido. Es que esta iniciativa oficial pondría fin a la continuidad de los convenios colectivos más allá de su vencimiento.
También fijará la prioridad de las negociaciones convencionales por empresa por sobre las de actividad.
En los considerandos se destaca que apunta a reducir el costo laboral de las empresas.
Y también a flexibilizar —una palabra maldita en la historia laboral argentina— de las condiciones de contratación.
Si hay algo que en estos dos años de administración, Milei no ha podido lograr es crear fuentes de trabajo. Todo lo contrario: se produjeron más de 300 mil despidos durante su mandato.
En el Gobierno aseguran que esta ley fomentará el empleo. Entre los gremios sostiene lo contrario: «No solo no creará puestos de trabajo, sino que hará más precarios los existentes, ya golpeados de por sí por el crecimiento de los monotributistas en las plantillas laborales», señalan desde la CGT.
El proyecto también pone límites al derecho de huelga y la percepción de los aportes de los afiliados a los sindicatos.
Y en un punto reivindicado por las empresas, rebaja las contribuciones patronales.
«Este combo permitirá una rápida creación de empleo, en un año que será mucho menos volátil porque no habrá elecciones», especulan desde la Secretaría de Empleo.
«Lo que más se destaca sobre la modernización laboral es: ultraactividad, prelación de convenios y carga fiscal laboral. Hay un montón de cosas, hay temas para trabajadores autónomos, de plataformas, cambios en el trabajo agrario y la derogación de normas obsoletas como la Ley de teletrabajo, que no tuvo el efecto deseado», dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sin dar ninguna especificación sobre la reforma.
Desde el lado de la UIA, se propuso computar hasta el 95% de las contribuciones patronales como crédito fiscal y que se avance en reformas puntuales como vacaciones fraccionadas, banco de horas y pago en cuotas de sentencias laborales.
Para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se trata de una reforma laboral «muy balanceada, para que haya más empleo en la Argentina, que se reduzcan los costos que pesan sobre la relación laboral para que los salarios puedan subir».
En la CGT cuestionan con dureza el proyecto y señalan que fue redactado en forma directa por asesores de las grandes empresas, como Julián De Diego, tal vez uno de los más prominentes letrados a favor de la flexibilización.
La reforma tendrá varias espadas defensoras, empezando por el propio Sturzenegger, quien desde hace tiempo viene tratando de imponer en la agenda la necesidad de que los convenios colectivos sean por empresa y por región.
El desafío será acabar con un esquema laboral que tiene 80 años de vigencia en la Argentina, y que claramente ya no contribuye a generar trabajo, sino más bien traba esa posibilidad, afirman cerca de Adorni.
Con esa lógica, el proyecto reduce la cantidad de conceptos que integran la remuneración a los fines de ser considerados para el cálculo de las indemnizaciones por despidos.
En esa lógica, beneficios como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios no serán considerados «salarios en especie», por lo que no serán tomados en el cálculo indemnizatorio.
Y, en lo que constituye el punto más polémico y a la vez audaz, se crea el concepto del «salario dinámico», por el cual se posibilita incorporar un salario adicional basado en el mérito «personal» del trabajador.
Igual, ese extra tampoco será considerado al momento del resarcimiento por despido.
El FAL, uno de los cambios más polémicos
El proyecto diseña un sistema obligatorio para financiar las indemnizaciones por despidos, llamado FAL.
Surgirá del aporte obligatorio del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema integrado previsional argentino.
Para tranquilidad de las empresas, ese dinero será descontado de la contribución empresaria al sistema previsional.
De esta forma, terminaría siendo el Estado -vía baja de impuestos-, el que terminaría financiando el pago de las indemnizaciones.
Vacaciones y banco de horas
La iniciativa brinda además cobertura legal a la posibilidad de convenir el fraccionamiento de las vacaciones por un mínimo de 7 días.
Y crea el «banco de horas», que permitiría a las firmas compensar «horas extraordinarias» del trabajador con «francos» en lugar de pagar las clásicas horas extras. Más reducción de costos en perjuicio del ingreso de los empleados.
Contempla también un régimen de incentivo a la creación de empleo formal mediante una reducción de las cargas patronales.
Los beneficios regirán por un año y prevén una alícuota del 2% por contribuciones patronales; alícuota del 3% al PAMI y del 3% al Fondo de Asistencial Laboral.
En todos los casos será aplicable para los primeros 4 años de inicio de la nueva relación laboral.
Según trascendió, dispone para el empleo ya registrado una reducción de las contribuciones para el funcionamiento de las obras sociales a cargo del empleador de un 6%, lo que impactaría sobre las cajas sindicales.
En materia de reducción de cargas, también prevé que se reduzcan los aportes patronales con destino a los subsistemas de seguridad social, INSSJ, al Fondo Nacional del Empleo, SIPA y Régimen de asignaciones familiares.
Sería del 20,40% al 17,40% para el rubro «servicios y comercio» siempre que sus ventas superen los límites como empresa mediana; y del 18% al 15% para el resto de los empleadores del sector privado.
Menos poder para los gremios: regulación del derecho de huelga y asambleas
El proyecto fija además dotaciones de «servicios esenciales o actividades de importancia trascendental» en caso de huelga.
Y limita la realización de asambleas y aclara «que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma».
Incluso, fija como «infracciones graves» el bloqueo o las tomas de las empresas.
En otro golpe a los sindicatos, el proyecto facilita la obtención de la personería gremial de los sindicatos de empresa, una antigua demanda del sector patronal.
Además, invierte la predominancia de los convenios y determina que uno de ámbito menor prevalece frente a otro de ámbito mayor, anterior o posterior.
Es uno de los puntos más cuestionados por los sindicatos, que ya preparan protestas. Sin ir más lejos, la conducción de ATE a nivel nacional prevé marchas al Congreso, en rechazo al proyecto de reforma laboral.
El proyecto, por otra parte, contempla la convocatoria y la realización de las asambleas del personal fuera y dentro de las empresas.
Dispone que deberán contar con la autorización previa del empleador respecto sobre el horario, la duración de las asambleas y el lugar de su realización.
Y quienes participen no percibirán el salario durante el tiempo que demande la asamblea.
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El salario de referencia para los caseros en febrero de 2026 se mantiene igual que en enero, sin incrementos adicionales ni nuevas paritarias cerradas durante el primer bimestre del año. La escala vigente responde a la última actualización oficial y sigue rigiendo en todo el país hasta que se acuerde un nuevo ajuste.
El régimen de trabajadores de casas particulares establece que los caseros integran la tercera categoría, encargados de la preservación y cuidado de las viviendas en las que residen por razones laborales.
En febrero, el valor de la hora para la categoría caseros se ubica en $3.494,25, conforme a la tabla salarial vigente para el sector. El monto corresponde al salario básico y representa el mínimo obligatorio que deben abonar los empleadores registrados. Este valor permanece inalterado respecto al mes anterior, dado que el último acuerdo paritario ya fue incorporado a los haberes de enero.
La cifra resulta relevante para quienes prestan servicios bajo este régimen, tanto en jornadas parciales como completas, y se actualiza en función de las resoluciones emitidas por la autoridad competente.
El pago de la hora trabajada contempla el desarrollo de tareas relacionadas con el mantenimiento, la vigilancia y la administración de la propiedad, incluyendo la residencia del trabajador en el lugar por motivos laborales.
El empleador debe abonar este valor como mínimo, y cualquier suma adicional solo puede surgir de acuerdos individuales o de futuras actualizaciones salariales.
La figura del casero está regulada por el Convenio de Trabajadores de Casas Particulares, que determina derechos y obligaciones tanto para empleadores como para empleados. Según la normativa, quienes desempeñan esta función deben encargarse del cuidado integral de la vivienda y sus instalaciones, así como de la seguridad y el mantenimiento general.
El convenio contempla la posibilidad de que el casero resida en el inmueble, lo que implica prestaciones accesorias como la provisión de alojamiento y, en algunos casos, alimentación.
Todos los empleadores deben registrar a su personal en el sistema de la Administración de Recursos de la Seguridad Social de Casas Particulares (ARCA). El trámite se realiza de manera virtual y no depende de la cantidad de horas contratadas ni de la modalidad de prestación. El empleador debe ingresar el número de CUIL del trabajador, consignar el domicilio laboral, detallar las características del vínculo y emitir mensualmente el recibo de sueldo. Este registro resulta fundamental para el acceso a la seguridad social y el cumplimiento de los aportes obligatorios.
El convenio también prevé la incorporación de sumas extraordinarias acordadas en paritarias, como las otorgadas en la última negociación, que se integran al básico en el mes posterior al pago.
La paritaria más reciente para el sector de casas particulares, incluyendo la categoría de caseros, cerró en el último trimestre de 2025 y estableció la entrega de un bono extraordinario en noviembre y diciembre. El monto varió en función de la carga horaria:
- De 0 a 12 horas semanales: $6.000 por mes.
- De 12 a 16 horas semanales: $9.000 por mes.
- Más de 16 horas semanales: $14.000 por mes.
La resolución oficial estableció que “dichas sumas serán pagaderas juntamente con los salarios de los meses de noviembre y diciembre 2025, adquiriendo carácter remunerativo, incorporándose al salario de acuerdo a las distintas categorías en enero de 2026”.
A partir de este mes, el bono dejó de percibirse como un adicional separado y pasó a formar parte del salario básico, de modo que los haberes de febrero ya lo incluyen en su totalidad. Esta actualización impacta en el monto que figura en los recibos de sueldo y en la base para futuros aumentos.
El régimen de trabajadores de casas particulares comprende varias categorías con remuneraciones diferenciadas. En febrero de 2026, los montos mínimos para quienes están debidamente registrados son:
- Caseros: $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales.
- Supervisores: perciben un salario superior, según función y responsabilidad.
- Personal para tareas generales: accede a un monto básico menor en comparación con la categoría de caseros.
- Cuidadores no terapéuticos y asistentes para personas mayores: cuentan con escalas específicas acordes a la especialidad y la carga horaria.
Los valores informados corresponden a la escala establecida por la última resolución oficial y se aplican en todo el territorio nacional. El registro en ARCA constituye una obligación para los empleadores y una garantía para los trabajadores, quienes acceden al sistema de seguridad social bajo las condiciones previstas por la ley.
El sector aguarda la convocatoria a una nueva instancia de negociación salarial para los próximos meses, que podría determinar ajustes sobre la escala vigente a partir de marzo. Hasta entonces, los caseros y el resto de los trabajadores de casas particulares perciben sus haberes según los valores actuales.
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ECONOMIA
AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los planes sociales de ANSES: de cuánto son en febrero 2026 tras los aumentos
En febrero de 2026, los beneficiarios de ANSES verán actualizados los montos de la AUH, jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. A continuación, los valores vigentes para cada prestación y el calendario de cobros confirmado.
El Gobierno oficializó un aumento del 2,85% en las asignaciones familiares, según la resolución 23/2026 publicada en el Boletín Oficial. Este ajuste responde al último índice de precios al consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La actualización alcanza a todas las prestaciones previstas en la Ley 24.714, incluyendo trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de pensiones no contributivas y quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), además de las asignaciones por embarazo y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Para febrero de 2026, la AUH se ubica en $129.082,71, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) será de $121.818,42. De este último monto, el 80 % se abona mensualmente y el 20 % restante se liquida una vez al año, tras la presentación de las libretas escolares.
El esquema de asignaciones familiares contempla diferentes valores según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona geográfica. Así, la Asignación por Hijo varía desde $64.554 para familias con IGF hasta $999.482 en el valor general, hasta $139.196 en zonas 2 y 4.
Para los rangos superiores de ingresos, los montos disminuyen: quienes superen el IGF de $1.692.360,01 y hasta $5.292.758 percibirán $13.588 en el valor general y hasta $52.612 en zonas especiales.
En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los montos son significativamente superiores: familias con IGF hasta $999.482 cobrarán $210.186 en el valor general y hasta $419.838 en zonas 3 y 4. Para ingresos mayores, los importes van descendiendo hasta $93.844 en el valor general y $389.974 en zonas especiales.
La Asignación por Prenatal replica los valores y escalas de la Asignación por Hijo. Por su parte, los montos para Nacimiento, Adopción y Matrimonio se fijan en $75.246, $449.888 y $112.668, respectivamente, en todo el país. La Ayuda Escolar Anual se establece en $42.039 en el valor general, alcanzando $83.797 en zonas 3 y 4.
Quedó establecido que si uno de los miembros del grupo familiar percibe un ingreso individual superior a $2.646.379, queda excluido del beneficio, aunque la suma total de ingresos familiares no supere el tope máximo permitido.
El aumento del 2,85 % también se aplica a las jubilaciones y pensiones, según la resolución 21/2026. Así, el haber mínimo garantizado desde febrero será de $359.254,35, mientras que el haber máximo llegará a $2.417.441,63. Para quienes perciben el habitual bono extraordinario de $70.000, la jubilación mínima ascenderá a $429.219,42.
La Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $164.342,47 y la PUAM en $287.403,48. Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez tendrán un valor aproximado de $251.453,59.
El ajuste dispuesto para febrero se suma a los incrementos previos: 1,9 % en octubre, 2,1 % en noviembre y 2,3 % en diciembre, en línea con lo dispuesto por el decreto 274/2024, que instauró la actualización mensual y reemplazó el esquema trimestral anterior.
Además, la base imponible mínima para aportes y contribuciones será de $120.996,78, mientras que la máxima llegará a $3.932.339,08. Estos topes salariales fijan los límites para los descuentos y el cálculo de los haberes futuros.
El bono extraordinario de $70.000 está destinado a los titulares de haberes mínimos, beneficiarios de la PUAM y pensiones no contributivas. Si un titular percibe más de una prestación y el total no supera el haber mínimo, accederá al bono completo. En caso contrario, se abonará la diferencia hasta alcanzar el importe de $429.219,42.
En el caso de pensiones repartidas entre varios beneficiarios, la suma del bono se considera por prestación, sin multiplicarse por cada titular.
Los haberes se abonarán según el número de terminación del DNI y el monto percibido por cada beneficiario. El calendario presenta una organización especial debido a los feriados de Carnaval, el 16 y 17 de febrero. Por ejemplo, los jubilados que cobran el haber mínimo y tienen DNI terminados en 6 y 7 recibirán el pago el 19 de febrero.
Jubilados y pensionados que cobran la mínima:
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 19 de febrero
- DNI terminados en 8: 20 de febrero
- DNI terminados en 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de febrero
- DNI terminados en 1: 10 de febrero
- DNI terminados en 2: 11 de febrero
- DNI terminados en 3: 12 de febrero
- DNI terminados en 4: 13 de febrero
- DNI terminados en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6: 19 de febrero
- DNI terminados en 7: 20 de febrero
- DNI terminados en 8: 23 de febrero
- DNI terminados en 9: 24 de febrero
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
Asignación Por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de febrero
- DNI terminados en 1: 11 de febrero
- DNI terminados en 2: 12 de febrero
- DNI terminados en 3: 13 de febrero
- DNI terminados en 4: 18 de febrero
- DNI terminados en 5: 19 de febrero
- DNI terminados en 6: 20 de febrero
- DNI terminados en 7: 23 de febrero
- DNI terminados en 8: 24 de febrero
- DNI terminados en 9: 25 de febrero
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los documentos Primera Quincena: 10 de febrero al 12 de marzo
- Todos los documentos Segunda Quincena: 24 de febrero al 12 de marzo
El bono extraordinario se depositará automáticamente a los beneficiarios de haberes mínimos y pensiones no contributivas, sin necesidad de gestión adicional. Los haberes se podrán cobrar en sucursales bancarias habilitadas y a través de la red de cajeros automáticos, presentando el DNI y la tarjeta de débito correspondiente. Desde la fecha asignada, el monto estará disponible en la cuenta bancaria del titular.
La información sobre montos, fechas y mecanismos de pago está confirmada oficialmente por ANSES y puede consultarse tanto en la web institucional como en la aplicación móvil del organismo.
Corporate Events,South America / Central America
REUTERS/Agustin Marcarian
La empresa santafesina Bioceres supo ser uno de los casos más exitosos del agro argentino. De hecho, llegó a rozar la valuación de un unicornio y fue durante años la gran apuesta local en biotecnología para el campo. Hoy, su acción en Wall Street cotiza por debajo de USD 1 y la compañía atraviesa una reconfiguración profunda de su negocio, en un contexto local —y global— que no le resulta ajeno.
Bioceres Crop Solutions (BIOX), que cotiza en el Nasdaq, llegó a valer USD 6,55 por acción a comienzos de febrero de 2025. Un año después, sus papeles rondan los USD 0,84, lo que implica una caída cercana al 90%. Esto la convierte en una penny stock —empresas con acciones por menos de USD 1— y la expone al riesgo de desliste del mercado estadounidense.
En paralelo a su derrumbe bursátil, el holding mostró fisuras en su estructura local. A comienzos de 2026, Bioceres S.A., la sociedad argentina fundada en Rosario en 2001 y origen de Biox, se presentó en convocatoria de acreedores por una deuda impaga cercana a los USD 39 millones.
El proceso se activó luego de que la compañía incumpliera el pago de pagarés bursátiles por más de USD 5 millones, en un escenario de fuerte deterioro de sus flujos de fondos y activos financieros. Si bien hoy Biox y Bioceres SA no tienen operaciones conjuntas, la segunda fue controlante de la primera hasta la reestructuración societaria del grupo a mediados del año pasado.
La crisis también alcanzó a su pata tecnológica en los Estados Unidos. Recientemente se conoció que el control de ProFarm Group —empresa dentro del grupo de Bioceres Crop Solutions— quedó en manos de un conglomerado de acreedores tras la ejecución de garantías por USD 55 millones.
La compañía aclaró que el expediente aún está abierto y en apelación, y remarcó la brecha entre el valor ejecutado (USD 15 millones) y los USD 243 millones que Biox había pagado por la firma en 2022, en pleno auge del agro global.
A comienzos de 2025, Bioceres ya había anunciado que discontinuaría su negocio de mejoramiento y multiplicación de semillas, una de las actividades fundacionales del grupo. La semana pasada trascendió que la operación quedó en manos de las firmas locales Horus Agro y Natal Seeds, mientras la compañía decidió concentrarse exclusivamente en desarrollo tecnológico y genético.
El repliegue coincidió con un fuerte deterioro de los números: en su último ejercicio fiscal, Bioceres facturó USD 335,3 millones, un 28% menos que el año anterior, afectada por la retracción de la demanda local y menores ventas vinculadas a la tecnología HB4, sus semillas resistentes a la sequía.
El caso Bioceres condensó varios de los problemas que atraviesan al agro argentino desde 2024. Entre ellos, caída de precios, desplome del mercado de insumos, exceso de stock, menor acceso al crédito y cambios en las reglas macroeconómicas que modificaron por completo la forma de hacer negocios.
Los problemas empezaron a hacerse visibles a fines de 2024, cuando Los Grobo Agropecuaria informó un fuerte deterioro de su situación financiera ante la caída de precios y la retracción de la demanda. En enero de 2025, su controlada Agrofina confirmó que no podría cumplir con sus vencimientos de deuda. Para febrero del año pasado, las dos empresas habían abierto su concurso preventivo.
Días después, la proveedora de insumos Surcos entró en default y también se presentó en convocatoria de acreedores.
Finalmente, a principios de 2026, Huergo Cereales S.R.L., empresa de acopio con más de dos décadas de presencia, cerró enero con 216 cheques rechazados por falta de fondos por cerca de $966 millones, a pesar de mantener calificación crediticia normal.
(Revista Chacra)
Según referentes del sector, la combinación de inventario excedente, precios bajos y menor acceso al crédito dejó a muchas compañías con márgenes negativos y obligó a replantear estrategias de negocio. La caída del mercado de agroquímicos —marcada por la pandemia, la sequía, la volatilidad macroeconómica y la liberación de importaciones— fue un factor clave en esta vulnerabilidad.
A pesar del panorama complejo, el agro argentino podría recibir un impulso si se concreta el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, que podría duplicar las exportaciones de granos y subproductos a Europa, con un impacto estimado en USD 3.500 millones para el sector.
Sin embargo, el factor climático ya pone presión. Según un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el primer mes de 2026 cerró con 66% menos lluvias de lo habitual. De esta manera, la región agrícola núcleo promedió menos de 40 mm frente a los 110 mm esperados y cerca de la mitad del área productiva quedó bajo condición de sequía, con recortes significativos en el potencial de rinde de soja de primera.
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