ECONOMIA
Reforma laboral: qué cambia tras la decisión del Gobierno de eliminar el artículo de licencias médicas
El debate de la reforma laboral en Argentina sumó un nuevo capítulo tras la determinación del Gobierno de retirar del proyecto original el artículo 44, que modificaba el régimen de licencias por enfermedades inculpables. Esta decisión altera el esquema de costos y responsabilidades que el sector empresario esperaba redefinir, manteniendo la vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en uno de sus puntos más debatidos por las cámaras patronales y los representantes gremiales.
La modificación propuesta buscaba alterar la naturaleza de los pagos durante los períodos en que un trabajador se encuentra impedido de prestar servicios por razones de salud ajenas al trabajo. Al caerse esta iniciativa, el sistema de seguridad social y las obligaciones directas del empleador permanecen sin los cambios de fondo que habían sido planteados en las mesas de negociación técnica del Consejo de Mayo.
Con la eliminación del artículo 44 del proyecto original, se descartó una de las modificaciones más profundas al régimen de licencias por enfermedad. La normativa que se pretendía implementar estipulaba que, cuando un trabajador sufría un accidente o enfermedad no relacionada con su empleo, el derecho a percibir su sueldo se vería segmentado según el origen de la afección.
En los casos donde la imposibilidad de trabajar surgía de una acción voluntaria y consciente que implicaba un riesgo para la salud, el trabajador pasaba a percibir el 50% de su salario habitual. Los plazos de cobertura se fijaban en tres meses para quienes no tuvieran personas a cargo, o seis meses para aquellos con familiares legalmente a cargo. Además, la propuesta establecía una restricción para las enfermedades crónicas: solo se consideraba un nuevo episodio, con derecho a cobro, si habían transcurrido más de dos años desde la última manifestación.
Por otro lado, si el accidente o la enfermedad no eran consecuencia de una conducta voluntaria del trabajador, el pago correspondía al 75% del sueldo, manteniendo los mismos plazos según la situación familiar. El texto también blindaba este derecho ante decisiones patronales, determinando que, si el empleador aplicaba suspensiones por motivos económicos o disciplinarios, esto no afectaba la percepción del porcentaje salarial previsto durante el período de convalecencia. Al retirarse este artículo, todos estos porcentajes y plazos diferenciados quedan sin efecto, rigiendo nuevamente el esquema tradicional de pago del 100% del salario.
En la previa de la eliminación del artículo, desde el Ejecutivo se sugirió que estos pagos sean no remunerativos, de modo que el trabajador reciba el 100% del ingreso sin el descuento de cargas. También se propuso mantener la redacción original y, en paralelo, sancionar otra ley con un solo artículo que establezca que, en caso de enfermedades graves, corresponde el pago del 100 por ciento. Por el momento, se desconoce si el oficialismo optará por esta última opción.
La decisión oficial generó repercusiones inmediatas en las cúpulas empresariales. La Unión Industrial Argentina (UIA) había sido una de las entidades que más activamente participó en la elaboración de propuestas para este capítulo de la reforma. La intención de los industriales era avanzar hacia un modelo donde el costo de la enfermedad no recayera de forma exclusiva y total sobre la espalda del empleador privado.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, explicó que el debate sobre las licencias médicas “tuvo un tratamiento profundo”, tanto en el Consejo de Mayo como en reuniones con funcionarios. “Nosotros habíamos planteado en algún momento que se pagara el 100% del salario pero no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”, detalló. Subrayó además que en otros países de la región, en los casos de enfermedades inculpables, en la primera etapa se hace cargo la empresa, pero posteriormente se hace cargo el Estado.
Para la entidad fabril, la actual legislación argentina presenta una asimetría respecto a los sistemas de seguridad social de países vecinos, donde el riesgo de enfermedad es mutualizado a través de fondos estatales o seguros específicos después de un breve período inicial cubierto por la empresa.
La preocupación central de las cámaras no reside únicamente en el aporte patronal, sino en lo que denominan la “industria del ausentismo” y la falta de previsibilidad ante certificados médicos recurrentes.
La idea del sector empresario era que el trabajador cobrara el neto de bolsillo, que la empresa le pagara la obra social y no abonar las cargas sociales por un tiempo determinado. Aunque ese punto beneficiaba al sector, ya que se advierten abusos relacionados con las enfermedades y los certificados, cuando el Gobierno resolvió eliminarlo, no lo consideraron negativo, ya que evalúan la iniciativa en su conjunto.
Esta mirada sugiere que el empresariado está dispuesto a ceder en este punto específico a cambio de que el resto del paquete de reforma laboral avance sin mayores dilaciones en el Congreso. No obstante, alertan que la problemática de los certificados médicos sigue siendo un foco de conflicto que la reforma, en su versión actual, no termina de resolver.
El régimen que continúa vigente establece que el empleador debe abonar el salario completo con todas sus cargas por períodos de tres a seis meses, dependiendo de la antigüedad del trabajador, y hasta doce meses si este tiene cargas de familia. Para una pequeña y mediana empresa, el sostenimiento de un salario sin contraprestación laboral y con el peso de los impuestos al trabajo suele ser señalado como un factor de vulnerabilidad financiera que puede afectar la estabilidad del emprendimiento.
La intención original de la reforma era aliviar esa presión económica. Al eliminarse el carácter no remunerativo de la licencia, la estructura de costos no sufrirá el alivio esperado originalmente por los equipos técnicos. Según especialistas en derecho laboral, este punto era clave para reducir la litigiosidad, ya que muchas veces el desacuerdo sobre la veracidad de una enfermedad o la extensión de una licencia termina en el fuero laboral, generando costos adicionales por indemnizaciones y multas derivadas de la falta de un control estatal más eficiente.
Con este punto fuera de la mesa, el Gobierno busca agilizar el tratamiento de los ejes que considera troncales para la reactivación del empleo. A pesar de la decepción inicial en algunos sectores industriales por la continuidad del esquema de licencias médicas, el consenso general en el ámbito corporativo es de cautela. Se entiende que la prioridad oficial es garantizar la aprobación parlamentaria de los puntos que generan mayor consenso técnico y político, evitando batallas laterales que podrían empantanar el debate general de la ley en las comisiones legislativas.
La decisión de retirar el artículo de licencias médicas marca un límite claro en la estrategia oficial para evitar que se interprete la medida como una desfinanciación directa del sistema de seguridad social. El equilibrio entre la baja de costos que reclama la UIA y la sostenibilidad del sistema previsional terminó inclinando la balanza hacia la permanencia del régimen actual.
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Huelva, 5 abr (.).- Un equipo de investigadores del Centro de Investigación CITES de la Universidad de Huelva (UHU) ha desarrollado un sistema pionero de bajo coste capaz de localizar con precisión el origen de las perturbaciones que dañan la red eléctrica.
El prototipo, denominado NIDI, permite identificar las fuentes de distorsión y desequilibrio en microrredes, un problema que genera pérdidas superiores a los 150.000 millones de euros anuales en la Unión Europea, según se precisa en el estudio, cuyos resultados han sido publicados recientemente en la revista científica ’Investigación sobre sistemas de energía eléctrico’.
La investigación aborda uno de los retos más complejos del sector energético actual: el aumento de dispositivos electrónicos y fuentes de energía renovable, que introducen «ruido» en la red.
Estas anomalías, conocidas como distorsión armónica y desequilibrio, provocan sobrecalentamiento de equipos, pérdida de eficiencia y daños en dispositivos sensibles tanto en hogares como en industrias.
La principal innovación del sistema NIDI (Red para la Identificación de Distorsión y Desequilibrio) radica, según los investigadores en su arquitectura.
A diferencia de los analizadores comerciales tradicionales, que suelen ser costosos y limitados a puntos específicos, este dispositivo utiliza hardware de código abierto y software libre, lo que reduce drásticamente los costes de implementación.
El sistema se compone de una unidad central de control y múltiples dispositivos de medición inalámbricos que se pueden instalar en cualquier tipo de microrred sin necesidad de interrumpir el suministro eléctrico.
«Es una herramienta versátil y fácilmente transportable que permite realizar un análisis continuo del estado de la red», señalan los autores del estudio.
La investigación introduce además dos nuevos indicadores científicos, denominados DSI (Identificador de Fuente de Distorsión) e ISI (Identificador de Fuente de Desequilibrio). Estos algoritmos permiten distinguir si la «contaminación» eléctrica proviene del proveedor o de un consumidor específico, facilitando la toma de medidas correctoras en el nodo de origen.
Para garantizar la precisión, el dispositivo es capaz de filtrar fluctuaciones temporales, analizando ciclos de tensión y corriente de forma casi instantánea para evitar errores de medición en entornos ruidosos.
Según los datos recogidos en la investigación, la mala calidad de la energía eléctrica es un factor crítico para la economía europea. La capacidad de detectar dónde se genera la distorsión no solo protege los electrodomésticos y la maquinaria industrial, sino que optimiza el transporte de energía, reduciendo las pérdidas en los cables y transformadores.
Tras el éxito de las simulaciones y las pruebas experimentales en laboratorio, el equipo de la Universidad de Huelva planea ahora validar el sistema NIDI en microrredes operativas reales para consolidar su aplicación práctica en el mercado energético.
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ECONOMIA
Cómo funciona el mecanismo que anunció YPF para mantener estables los precios de los combustibles
En medio de la volatilidad internacional de los mercados energéticos, la petrolera de mayoría estatal YPF anunció que mantendrá estables los precios de los combustibles durante 45 días, a pesar del aumento del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente.
La decisión, según definió la propia compañía, busca funcionar como un “buffer de precios” para evitar un impacto inmediato en el bolsillo de los consumidores. La medida comenzó a regir el miércoles 1° de abril en todo el país.
Fuentes de YPF señalaron a Infobae que la empresa optó por no trasladar al surtidor el incremento del valor internacional del crudo Brent, referencia para el mercado local, en un contexto de baja de consumo registrado, sobre todo, en el interior de Argentina.
“Se van a moderar los aumentos”, aseguraron desde la compañía, que definió la estrategia como un amortiguador para el sector. Esta política estará vigente por un mes y medio, tras lo cual se analizará la evolución del escenario internacional y la posibilidad de recuperar las subas si persiste la inestabilidad energética global.
El precio de la nafta y el gasoil en Argentina surge de varios componentes: el valor del barril de crudo Brent, el tipo de cambio y los impuestos nacionales, como el de los Combustibles Líquidos y el del Dióxido de Carbono.
Voceros de la empresa aclararon a Infobae: “Amortiguamos los precios en lo que corresponde al barril internacional. Si suben los impuestos y se aplican o si hay movimientos del tipo de cambio, no son variables que manejamos nosotros y ahí sí habría traslado. Pero son variables que no debería moverse tanto. Es un gesto para nuestros clientes”.
La dirección de YPF, encabezada por Horacio Marín, remarcó que la medida responde a la intención de evitar especulación ante la volatilidad internacional. “Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent”, comunicó el directivo en sus redes oficiales.
Y también subrayó: “No buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía”. Añadió que la estrategia de precios busca cuidar la demanda en un contexto de incertidumbre global, renovando el compromiso con los consumidores y adaptando la política comercial a la dinámica de oferta y demanda.
Fuentes oficiales indicaron a Infobae que se espera que otras compañías del sector, como Axion Energy (del grupo Pan American Energy) y Shell (gestionada por Raizen y la angloholandesa Shell, actualmente en proceso de venta), se sumen a la iniciativa de YPF y mantengan sin cambios los precios en el corto plazo.
Según lo informado por la empresa, el impacto de los recientes aumentos de precios fue más notorio en el interior del país, donde ya percibió una retracción en la demanda de combustibles.
El anuncio de YPF contempla que, independientemente de la evolución del precio internacional del Brent, los valores en los surtidores de la petrolera estatal permanecerán sin modificaciones durante el plazo acordado. Esta decisión refuerza el rol de la compañía como referente en la formación de precios en el mercado argentino, donde posee una participación superior al 55 por ciento.
El Gobierno nacional ya había impulsado medidas complementarias para contener la suba de precios, como la postergación en la aplicación de los aumentos de los impuestos a los combustibles líquidosy al CO₂ para mayo y la aprobación de un mayor porcentaje de bioetanol en las naftas, buscando diversificar insumos y reducir la exposición a los valores internacionales. Voceros oficiales explicaron a Infobae que la iniciativa apunta a proteger el poder de compra de los consumidores y favorecer la competitividad interna.
Al término del período de 45 días, desde YPF anticiparon que evaluarán cómo recuperar las posibles subas no aplicadas, siempre en función de la evolución del conflicto bélico y la estabilidad energética global.
Impacto en inflación
De acuerdo con datos de la consultora Romano Group, la principal petrolera del país incrementó desde el 28 de febrero hasta el 28 de marzo un 19% el precio del gasoil, un 15% la nafta Infinia y un 17% la nafta súper, en promedio y a nivel nacional. Este comportamiento se refleja en la Ciudad de Buenos Aires, donde el litro de nafta súper ronda los $2.000, manteniéndose por debajo de los valores de la competencia.
En relación al impacto inflacionario, los analistas puntualizaron que los combustibles representan un 3,8% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Un aumento del 10% en los combustibles agrega 0,38 puntos porcentuales al indicador. En marzo de 2026, el incremento promedio fue del 7,3%, lo que podría sumar al menos 0,3 puntos al índice.
También destacaron que la mayor parte de las subas se concentró en la segunda quincena del mes, dejando un arrastre estadístico adicional de 0,36 puntos porcentuales, ya que el último precio de marzo superó en 9,45% el promedio mensual.
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En pos de ajustar los números y mantener el superávit fiscal, el Gobierno nacional continúa achicando su planta de personal. Desde que Javier Milei asumió como Presidente de la Nación, se produjo una caída del 19% en la cantidad de trabajadores del Estado Nacional. En total, había 343.357 empleados estatales en noviembre de 2023 y hay 276.952 en la actualidad, de donde se desprende que fueron despedidas (o renunciaron) 66.405 personas.
De ese número, 44.856 bajas pertenecen a la Administración pública nacional (APN) y 21.549 a las empresas y sociedades.
Entre los trabajadores afectados de la APN, 16.580 pertenecían a la administración descentralizada (30% de caída), 22.461 a la administración centralizada (-16%), 4.278 a la administración desconcentrada (-17%) y 1.537 a “otros entes” (-10%).
Lo llamativo, es que nunca en la actual gestión se registró un incremento de la planta de personal de un mes a otro. Hasta el momento, el mes más crítico fue abril de 2024, cuando la planta del Estado se achicó un 2,4% y se produjeron 7.911 despidos en sólo 30 días.
Qué pasó en febrero
De acuerdo a los números publicados por el Indec, en febrero otros 1.737 trabajadores del Estado perdieron su empleo. En total, se pasó de 278.689 trabajadores en enero a 276.952 en el segundo mes del año.
¿Dónde estuvo el recorte? Para responder a esa pregunta, es necesario analizar las estadísticas con mayor detalle. Según el organismo de estadísticas, la mayor parte de los despidos se produjeron dentro de la Administración pública nacional, que presentó una reducción de personal de 1.451 personas. Dentro de ese número, 408 despidos se dieron en la administración centralizada, 407 en la administración descentralizada y 664 en la administración desconcentrada. La excepción fue la categoría de “otros entes”, que incrementó su planta de personal en 28 personas.
Los otros 286 empleos que se perdieron se recortaron de las “empresas y sociedades”. En total, todas las compañías que pertenecen al Estado tenían 88.996 empleados en enero y bajaron a 88.710 en febrero.
La administración centralizada
Como se mencionó, fueron 408 los trabajadores que dejaron de trabajar para el Estado en la Administración centralizada, pero no todas las subdivisiones se comportaron de la misma manera. El desagregado estadístico presentado por el Indec permite conocer que el recorte más significativo se produjo en el Ministerio de Salud, que perdió a 149 trabajadores en el último mes.
Fue significativa también la reducción de personal en el Ministerio de Economía (96 trabajadores menos) y en la Jefatura de Gabinete de Ministros (-76).
La única excepción dentro de la administración centralizada fue el Ministerio del Interior, que incorporó a 26 empleados en el segundo mes del año.
La administración descentralizada
Entre las áreas del Estado que pertenecen a la administración descentralizada, se registraron varias bajas considerables. El organismo que más trabajadores perdió en febrero fue la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que pasó de 1.196 a 1.141 trabajadores (55 menos).
El segundo lugar en el ranking de despidos lo ocupó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De acuerdo a los números publicados por el Indec, dejaron de trabajar 46 personas en ese organismo.
Otra entidad que sufrió de bajas fue la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), con 37 empleados menos en total.
La administración desconcentrada
En la categoría de “administración desconcentrada” se dio una situación muy particular. Dos entidades achicaron considerablemente sus plantas de personal, mientras que otras dos las agrandaron.
El recorte más importante se dio en el Estado Mayor General del Ejército Argentino, que experimentó una reducción de 645 empleados. Por su parte, el Estado Mayor General de la Armada Argentina sufrió 266 bajas.
En contraparte, sumó 117 trabajadores el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas e incorporó 128 empleados el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.
Empresas y sociedades
Entre las empresas y sociedades que pertenecen al Estado, sobresalieron los despidos en compañías que están pronto a ser privatizadas. Es el caso de Operadora Ferroviaria S.E., que en sólo un mes sufrió un recorte de su planta de personal de 131 trabajadores. De todas formas, sigue teniendo una planta de personal de tamaño significativo, con 20.066 empleados.
Se suma a la lista el Correo Argentino. De acuerdo a los datos del Indec, entre enero y febrero dejaron de trabajar para ese empresa un total de 43 personas.
En tercer lugar, empataron con 32 bajas el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas.
Otros entes
Finalmente, dentro de la categoría de “otros entes”, hubo un solo organismo que experimentó más bajas que altas en el segundo mes del año. Se trata del Instituto Nacional de los Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp/PAMI), que sufrió de 61 despidos en ese período.
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