La ampliación de los controles al movimiento de los buques extranjeros que depredan el Atlántico Sur parece aún no hacer suficiente mella en la actividad de las flotas ilegales. Por estos días, alrededor de 500 embarcaciones, en un 80% conformada por unidades que operan para China, operan en torno a la milla marítima 200, frente a las costas de Comodoro Rivadavia. Precisamente, en estos días ya se ubicaron sendas situaciones ilícitas de actividad pesquera en aguas nacionales: el buque extranjero Hai Xing 2, de origen chino y bandera de conveniencia de Vanuatu, fue detectado operando dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, en inmediaciones del Golfo San Jorge, hace poco más de una semana. En simultáneo, el buque pesquero Bao Feng, también chino y con bandera de Vanuatu, viene de recibir una multa cercana al millón de dólares por efectuar la misma pesca ilegal.

Con relación al Bao Feng, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que, en un trabajo coordinado entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca (SSRAyP), aplicó y cobró a la embarcación un multa de $1.260 millones -algo más de u$s900.000- tras detectar de forma electrónica que la unidad pescaba en la ZEE.

Barcos chinos saquean utilizando banderas de terceros

«El procedimiento se originó el pasado 10 de enero, cuando personal de la Autoridad Marítima Nacional, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, detectó mediante el Sistema Guardacostas al buque pesquero Bao Feng, de bandera de la República de Vanuatu», precisó la dependencia oficial.

«Esta plataforma tecnológica, de vanguardia en la región y desarrollada enteramente por profesionales de la Fuerza, permitió constatar que el buque permaneció en la ZEEA por aproximadamente una hora y media a una velocidad inferior a los 4 nudos lo que indicaba que se encontraría en tareas de pesca», añadió.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca afirmó que la sanción aplicada al Bao Feng representa un «antecedente histórico» en el que se impone una sanción económica efectiva sin la necesidad de la captura física del buque.

En paralelo a esa situación, durante la semana del 20 de este mes el pesquero Hai Xing 2 fue detectado realizando maniobras de captura mediante arrastre muy cerca del Golfo San Jorge. De acuerdo a medios fueguinos, la embarcación también posee bandera de conveniencia de Vanuatu aunque opera para capitales chinos.

«La detección se produjo a partir del monitoreo satelital y análisis de patrones de navegación. El arrastrero fue registrado desplazándose a una velocidad de entre 4,3 y 6 nudos, un comportamiento que, según los nuevos criterios vigentes, constituye un indicio concreto de actividad pesquera», indicaron medios patagónicos.

«Lejos de tratarse de un tránsito inocente, la baja velocidad y las maniobras en zigzag del buque son consideradas la ‘huella’ típica de redes en el agua. Esta evidencia surge de los sistemas tecnológicos implementados recientemente, que permiten identificar con mayor precisión incursiones ilegales sin necesidad de constatación visual directa», agregaron.

Se indicó que el Hai Xing 2 es un pesquero de gran porte construido en astilleros chinos en 2025, y que por su actividad ilegal en aguas nacionales podría recibir una multa del orden de los 4 millones de dólares.

Estados Unidos busca intervenir en el control de la pesca ilegal

La presencia en el Atlántico Sur de una flota de pesca ilegal integrada por al menos 500 embarcaciones también mantiene inquieto a los Estados Unidos, que buscan potenciar su influencia en ese extremo del continente.

De ahí que, siempre con vistas a poner en discusión el posicionamiento de la potencia asiática frente a las costas argentinas, la nación que gobierna Donald Trump busca tomar parte de las acciones de vigilancia e incluso patrullaje en torno a la milla marítima 200.

Ese aspecto quedó sobre la mesa en la reciente visita que integrantes de las Fuerzas Armadas, con Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor del Ejército, a la cabeza, realizaron al Pentágono norteamericano. En concreto, en Estados Unidos se evalúa la posibilidad de comenzar a tener injerencia en las labores de monitoreo en el Atlántico Sur a través de la armada del país del Norte y su Guardia Costera.

La opción de que unidades de Estados Unidos tomen parte del patrullaje en las aguas frente a la Patagonia no es nueva. Ya en enero de 2021, durante el mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner el frente del Ejecutivo nacional, la US Coast Guard envió a la zona el buque Stone (WSML 758) que, según informó el Departamento de Estado norteamericano en ese momento, se ocupó de «fortalecer la cooperación y reforzar la seguridad en toda la región».

En paralelo, Estados Unidos viene de desplegar en el sur a su buque oceanográfico R/V Roger Revelle, que se hizo con los permisos correspondientes el mes pasado. Según se indicó de forma oficial, la embarcación realiza en el Atlántico Sur sendas «actividades de investigación científica marina en espacios marítimos sujetos a la soberanía y jurisdicción nacionales».

El buque en cuestión, se indicó, es «gemelo» del R/V Atlantis que participó en la búsqueda y detección de los restos del ARA San Juan. Su labor en aguas nacionales está establecida hasta el 30 de este mes.

En una entrevista exclusiva, los subprocuradores del Tesoro Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira detallaron en Infobae al Regreso el trasfondo jurídico y las instancias clave por las que la justicia estadounidense anuló una condena millonaria que amenazaba a la Argentina.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, los abogados responsables de la defensa argentina repasaron el recorrido judicial que permitió revertir una sentencia de primera instancia que implicaba una deuda de 16 mil millones de dólares más intereses. “Nos salvamos de un riesgo existencial para el país”, subrayó Comadira, y explicó: “Si se confirmaba el fallo, implicaba la responsabilidad del Estado argentino por casi 18 mil millones de dólares y los intereses que hubieran seguido corriendo. Era realmente una amenaza gravísima”.

La estrategia jurídica que convenció a los jueces estadounidenses

Stampalija precisó el eje argumental de la defensa: “Lo que se estaba discutiendo era si Argentina, al expropiar las acciones de YPF, debía haber hecho una oferta pública a los demás accionistas. Nosotros insistimos en que el remedio propuesto por la jueza de primera instancia no existe en el derecho argentino. Y eso fue lo que dijo finalmente la Cámara: ‘Básicamente se inventó una solución que en el derecho argentino no existe’”. Comadira reforzó: “Esto tenía que resolverse de acuerdo con el derecho argentino, y la solución que había dado Preska no correspondía”.

El equipo legal argentino apostó por una estrategia audaz durante la audiencia de octubre pasado. “Era nuestra única oportunidad para hacerle entender a tres jueces, que no son expertos en derecho argentino, cómo funciona nuestro derecho. Si lográbamos eso, ganábamos”, relató Stampalija. El resultado fue inmediato: “Ese mismo día bajaron abruptamente las acciones de Burford, y en seis meses perdió un 30% de su cotización”.

El peso del contexto y la continuidad estatal en la defensa

Stampalija reconoció que la posición argentina partía de una desventaja reputacional: “Fueron a tribunales donde Argentina tiene un historial negativo. Es mucho más fácil convencer a un juez norteamericano de que el derecho argentino dice A cuando no lo dice, que a un tribunal argentino”. Comadira remarcó que el fallo adverso de primera instancia era “imposible de imaginar en un tribunal argentino”.

La coherencia de la defensa a lo largo de distintos gobiernos fue clave. “No fue igual en todas las etapas ni todos los argumentos, pero algunos se mantuvieron porque eran ciertos y jurídicamente correctos”, sostuvo Stampalija. “El ratio de fallos que revoca la Cámara es del 15%, y aun así logramos revertirlo”, destacó. También subrayó la importancia de cumplir con los procedimientos: “El Gobierno decidió cumplir con el discovery para no ser declarados en desacato, y eso evitó un daño reputacional aún mayor”.

Costos, impacto y el futuro tras el fallo

Consultados sobre los caminos que podría intentar la contraparte, Stampalija detalló: “Pueden pedir un rehearing en banc o ir a la Corte Suprema, pero las chances de éxito son muy bajas. La Corte toma solo entre 100 y 120 casos por año. No veo probable que decidan intervenir en un tema de derecho argentino”.

Respecto al costo para el Estado, Comadira fue claro: “Pagamos cero de la condena, pero tener un juicio ejecutable por 18 mil millones de dólares tiene un impacto en toda la economía, incluso para YPF a la hora de operar en el extranjero”. El cálculo de los costos directos e indirectos, admitieron, aún se está realizando.

El cierre de la entrevista dejó espacio para la emoción y el reconocimiento. Stampalija confesó: “Siento mucha emoción porque pienso en nuestros hijos y en lo que hubiera implicado para el país. Además, fue un trabajo de años y de mucha gente en la Procuración. Litigamos contra los mejores abogados del mundo y logramos que la justicia de Estados Unidos valore la posición argentina”.

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En un escenario atravesado por unainflación mensual que se mantiene por encima del 2,8% y un mercado laboral en permanente reacomodamiento, las expectativas salariales de los trabajadores vuelven a quedar en el centro de la escena.

En ese contexto, un relevamiento difundido por la plataforma de empleo Bumeran permite dimensionar cuánto consideran necesario ganar hoy los argentinos para sostener un nivel de vida «cómodo», con diferencias marcadas según el rubro.

Qué sueldo hay que ganar bien, según los trabajadores de distintos rubros

De acuerdo con los datos recopilados por la plataforma as pretensiones salariales más elevadas se concentran en posiciones jerárquicas y sectores estratégicos de la economía. Las áreas de dirección, energía, finanzas e ingeniería encabezan el ranking, con ingresos proyectados que en muchos casos superan ampliamente el promedio del mercado.

En la cima aparece Gerencia y Dirección General, con una pretensión promedio de $2.300.888 mensuales. Le siguen Minería, Petróleo y Gas ($1.975.031) y Administración, Contabilidad y Finanzas ($1.882.872). También se ubican en niveles altos Ingeniería Civil y Construcción ($1.779.613), Ingenierías ($1.686.723) y Recursos Humanos ($1.690.877), consolidando a los perfiles técnicos y estratégicos como los más demandados y mejor remunerados en términos aspiracionales.

Un escalón más abajo, aunque aún dentro de niveles relativamente elevados, aparecen rubros como Tecnología y Sistemas ($1.555.324), Seguros ($1.521.808) y Marketing y Publicidad ($1.457.103), seguidos por áreas comerciales, productivas y de servicios profesionales.

En contraste, los sectores con contacto directo con el público o vinculados a servicios básicos continúan mostrando expectativas más moderadas. Allí se ubican Gastronomía y Turismo ($975.763), Atención al Cliente y Call Center ($916.060) y Enfermería ($1.033.319), todos por debajo o apenas por encima del millón de pesos mensual.

Si se toma el promedio general de los rubros analizados, la mayoría de las pretensiones salariales se concentra en un rango de entre $1,2 millones y $1,7 millones, que hoy funciona como referencia de ingreso para trabajadores calificados. Sin embargo, quienes apuntan a posiciones ejecutivas o altamente especializadas elevan esa vara a niveles cercanos o superiores a los $2 millones, ampliando la brecha entre distintos segmentos del mercado laboral.

El relevamiento refleja, en definitiva, un fenómeno cada vez más evidente: en un contexto de inflación persistente, las expectativas salariales no solo buscan acompañar la suba de precios, sino también adaptarse a una estructura laboral cada vez más segmentada, donde el nivel de calificación y el sector de actividad marcan diferencias significativas en el ingreso esperado.

El sueldo pretendido aumentó 3,3% en febrero 2026

Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, las pretensiones salariales aumentaron un 3,33% durante febrero, alcanzando un promedio de 1.755.866 pesos mensuales. Las subas más pronunciadas se produjeron en los requerimientos de los candidatos a posiciones junior, senior y semi senior. 

«El salario pretendido promedio alcanzó los 1.755.866 pesos por mes, lo que representa un aumento del 3,3% respecto al mes anterior y revierte la tendencia de descenso observada en los últimos meses. La lectura de estos datos puede responder, por una parte, a una revalorización de las capacidades profesionales y, por otra, a la necesidad de los talentos de ajustar sus pretensiones frente al costo de vida«, estimó Federico Barni, CEO deBumeran.com.ar en Jobint.

Al comparar este dato con la inflación del periodo, que se ubicó en un 2,9%, el salario pretendido promedio se posicionó 0,43 puntos porcentuales por encima del indicador de precios. Sin embargo, en la medición interanual, la realidad fue distinta: las remuneraciones solicitadas crecieron un 22,99%, quedando significativamente por debajo de la inflación acumulada en los últimos 12 meses, que alcanzó el 33,1 por ciento.

«En términos intermensuales el sector Tecnología y Sistemas es el que presentamayores subas con un aumento del 13,74%. Por el contrario, Comercial es el de menor aumento, con un decrecimiento de -3,70%. El aumento promedio respecto al mes anterior en las posiciones junior es de 2,19%», indicó el reporte de Bumeran.

A nivel de roles específicos, los contrastes fueron profundos. El rol con el salario más alto fue el de Planeamiento Económico Financiero, para la categoría de supervisor o jefe, con una pretensión de 4.750.000 pesos mensuales en febrero del corriente.