ECONOMIA
Requisitos, multas, límites y otras claves de la ley de inocencia fiscal
El Congreso transformó en ley el proyecto de Inocencia Fiscal promovido por el gobierno de Javier Milei, que propone redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes y fomentar el uso de los “dólares del colchón”. La iniciativa introduce cambios en el régimen penal tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, con el propósito de simplificar trámites y reducir la carga administrativa.
Es importante destacar que la medida no contempla un régimen de blanqueo de capitales ni modifica la estructura del impuesto. Su objetivo es permitir que los argentinos puedan utilizar sus ahorros, hasta un límite de $100 millones, sin ser sancionados por el fisco.
La propuesta del Ejecutivo surge en un contexto en que, según el Indec, al cierre del tercer trimestre de 2025, los argentinos atesoraban alrededor de USD 254.000 millones en divisas fuera del sistema financiero, cifra inferior a los USD 256.500 millones registrados en diciembre de 2023. Durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, estos dólares informales aumentaron significativamente debido a las restricciones para la compra oficial de moneda extranjera.
“Lo que intentamos fue generar una reparación histórica del ahorro de los argentinos”, señaló Juan Pazo, ex titular de ARCA.
“El principio de ley de inocencia fiscal tiene límites. Si uno supera los mil millones de pesos de ingresos anuales, si tiene más de diez mil millones de pesos de patrimonio o si es un gran contribuyente nacional, no puede acceder a los beneficios del régimen simplificado de Ganancias”, explicó. Esa restricción constituye una diferencia clave respecto de los esquemas de blanqueo anteriores, que no contemplaban límites de este tipo.
Pazo explicó que, cuando no se superan los umbrales establecidos, las personas pueden disponer libremente de sus ahorros, ya sea depositándolos en una entidad bancaria, utilizándolos para la compra de una propiedad con previa bancarización o ejerciendo plenamente la disponibilidad de esos fondos.
“Durante décadas hubo una combinación de un sistema impositivo asfixiante, control de cambios e inflación alta que empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión”, afirmó.
Al mismo tiempo, la ley establece un aumento de más de 100.000% en las multas automáticas para personas y empresas que no presenten en tiempo y forma la documentación requerida ante ARCA.
Por ejemplo, la penalidad prevista en el artículo 38, que actualmente es de $200 para personas humanas, se eleva a $220.000, mientras que para personas jurídicas sube de $400 a $440.000. Estas sanciones corresponden a la falta de presentación puntual de las declaraciones juradas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que no se impondrán sanciones automáticas, sino que el ente recaudatorio notificará previamente al contribuyente, otorgando la posibilidad de regularizar la situación antes de aplicar una penalidad económica.
“Hablé con el equipo de ARCA y van a trabajar en la reglamentación de una solución que irá en el siguiente sentido: en cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la DDJJ, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles. Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa», señaló el titular del Palacio de Hacienda.
El régimen actualizado modifica los montos desde los cuales la evasión fiscal pasa a considerarse delito penal. De acuerdo con un análisis del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, la figura de evasión simple queda configurada cuando el monto evadido alcanza los $100 millones.
Martín Caranta, socio del área de Impuestos de la firma, aclaró que ese valor funciona como un umbral mínimo, pero no es suficiente por sí solo, ya que también debe existir un incumplimiento efectivo de una obligación tributaria, lo que implica la concurrencia de un elemento objetivo y otro subjetivo.
Respecto de la evasión agravada, la normativa eleva el monto mínimo de $15.000.000 a $1.000.000.000. Cuando la maniobra incluye el uso de personas interpuestas, entes intermediarios, esquemas societarios complejos, patrimonios de afectación, fideicomisos o jurisdicciones no cooperantes con el objetivo de ocultar al verdadero responsable, el piso se incrementa de $2.000.000 a $200.000.000.
Ese mismo umbral aplica también a los supuestos en los que se obtienen exenciones, reducciones u otros beneficios impositivos mediante prácticas fraudulentas.
En los casos en que la operatoria contempla, de manera total o parcial, la utilización de facturas o documentación apócrifa, la evasión agravada se establece a partir de los $100.000.000, sustituyendo el límite previo de $1.500.000.
- Principio de Inocencia Fiscal: El proyecto se sustenta en la presunción de que los contribuyentes cumplen con sus obligaciones, salvo prueba en contrario. La autoridad tributaria no podrá presumir de manera automática la existencia de evasión en todos los supuestos y deberá orientar sus tareas de control y eventuales denuncias penales únicamente a aquellos casos en los que existan evidencias concretas de incumplimientos o conductas dolosas. El objetivo es fortalecer la confianza en el sistema impositivo, simplificar los procedimientos y priorizar el cumplimiento voluntario.
- Modificaciones al régimen penal tributario: La iniciativa actualiza los montos a partir de los cuales una falta deja de tener carácter administrativo y pasa al ámbito penal, adecuando los umbrales a la inflación acumulada desde 2017. Se conserva la posibilidad de evitar la denuncia penal si el contribuyente cancela la deuda y los intereses antes de que se formalice la denuncia, aunque este recurso solo podrá utilizarse una vez por cada persona. No se promoverán acciones penales cuando no se acredite intención de evadir, incluyendo situaciones basadas en interpretaciones razonables de la norma o presentaciones espontáneas realizadas antes de una fiscalización.
- Extinción de la acción penal y prescripción de facultades: El texto aprobado establece que la acción penal se extingue cuando prescriben las facultades del fisco para determinar o exigir el tributo. En consecuencia, si el Estado pierde la posibilidad de reclamar la deuda por la vía administrativa, tampoco podrá sostener un proceso penal. Asimismo, se excluye expresamente la posibilidad de finalizar causas penales tributarias mediante mecanismos de conciliación o reparación integral, a diferencia de otros tipos de delitos.
- Penas y figuras penales específicas: Se fijan penas de prisión de dos a seis años para quienes simulen la cancelación total o parcial de impuestos o aportes al sistema de seguridad social mediante el uso de documentación falsa, declaraciones inexactas o maniobras engañosas. Esta figura se configura cuando el monto comprometido supera el equivalente a 115 salarios mínimos, vitales y móviles por ejercicio anual en materia impositiva, o 23 salarios mínimos por mes en el caso de aportes y contribuciones.
- Actualización anual de montos y difusión de valores vigentes: Todos los importes previstos tanto en el régimen penal tributario como en el régimen simplificado se ajustarán de manera anual a partir del 1 de enero de 2027, según la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). La administración tributaria deberá publicar cada año los nuevos valores, con el propósito de evitar desfasajes derivados de la inflación.
- Cambios en procedimientos y plazos de prescripción: El proyecto introduce modificaciones en el esquema de multas por incumplimientos formales y redefine los plazos de prescripción. Para los contribuyentes con cumplimiento regular, el plazo general se reduce de cinco a tres años, siempre que no se detecten diferencias relevantes. En el caso de los no inscriptos, el plazo continúa siendo de diez años. Además, se elimina la suspensión automática de la prescripción por el inicio de una determinación de oficio, lo que obliga al fisco a actuar dentro de plazos más acotados. También se apunta a armonizar los plazos entre impuestos nacionales, provinciales y municipales.
- Reducción de multas administrativas para personas humanas y pymes: La propuesta contempla una disminución de las multas administrativas para personas físicas y pequeñas y medianas empresas, con quitas que pueden alcanzar hasta el 90%, siempre que no se trate de grandes contribuyentes. La finalidad es aliviar la carga sancionatoria sobre los sectores de menor tamaño y fomentar la adhesión voluntaria al cumplimiento fiscal.
- Régimen opcional de declaración jurada simplificada de Ganancias: Se crea un sistema optativo de declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. Bajo este esquema, ARCA confeccionará la declaración con la información disponible y quienes abonen en término quedarán liberados de otras obligaciones formales, salvo en casos de errores graves o diferencias sustanciales.
- Efecto sobre los “dólares del colchón” y ausencia de un blanqueo de capitales: Si bien la iniciativa se presenta como un estímulo para transparentar ahorros no declarados, no incorpora un régimen específico de exteriorización de bienes ni modifica el Impuesto a las Ganancias. El impacto sobre los denominados “dólares del colchón” sería indirecto: al suprimirse la obligación de declarar la evolución patrimonial dentro del régimen simplificado y limitarse el uso de presunciones automáticas, disminuye el riesgo de fiscalizaciones por incrementos patrimoniales sin justificación. ARCA conserva, no obstante, la facultad de fiscalizar y cuestionar las declaraciones cuando detecte inconsistencias relevantes.
- Modernización de la administración tributaria: La efectividad de la reforma dependerá en gran medida de la capacidad del organismo recaudador para avanzar en su modernización y en la incorporación de tecnología. Sin una mejora sustancial en las herramientas informáticas y de gestión, la evasión fiscal continuará siendo un problema estructural.
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El incremento salarial para las empleadas domésticas forma parte del último tramo del acuerdo paritario. Además, al sueldo se suma un bono no remunerativo
30/12/2025 – 17:55hs
Llega el primer cobro de 2026 y tanto las empleadas domésticas como las trabajadoras del servicio de casas particulares en general recibirán el último aumento acordado en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Esta actualización consiste en un incremento del 1,3% sobre los sueldos y las horas de diciembre de 2025, que se paga sobre las escalas vigentes y será efectivizado en enero.
Este ajuste corresponde al tramo final del acuerdo paritario y se calcula sobre los haberes devengados durante diciembre último. Además, al salario de una empleada doméstica se le suma un bono no remunerativo, que se liquida de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas y no depende de la categoría de la empleada.
Por ahora, este es el último aumento salarial acordado en paritarias, y aún no hay confirmación oficial sobre ajustes adicionales en los meses siguientes.
Sueldo empleada doméstica: cuánto cobra por hora y mes en enero 2026
A continuación, los montos que cobrará por hora y por mes en enero una empleada doméstica y cada una de las categorías. Hay que recordar que se trata de lo trabajado en diciembre y que se recibirá en enero 2026:
Supervisor/a
- Con retiro: $471.956,01 mensuales y $3.783,33 por hora
- Sin retiro: $525.712,99 mensuales y $4.143,70 por hora
Personal para tareas específicas
- Con retiro: $438.475,56 mensuales y $3.582,79 por hora
- Sin retiro: $488.091,78 mensuales y $3.926,84 por hora
Caseros
- Sin retiro: $427.821,61 mensuales y $3.383,54 por hora
Asistencia y cuidado de personas
- Con retiro: $427.821,61 mensuales y $3.383,54 por hora
- Sin retiro: $476.755,68 mensuales y $3.784,32 por hora
Personal para tareas generales
- Con retiro: $384.713,01 mensuales y $3.135,99 por hora
- Sin retiro: $427.821,61 mensuales y $3.383,54 por hora
A los básicos del convenio hay que sumar el adicional por antigüedad, equivalente a un 1 por ciento por cada año trabajado de la empleada doméstica en su relación laboral, sobre los salarios mensuales.
También hay un extra del 30 por ciento calculado sobre los salarios mínimos de cada categoría, para empleadas del sector que trabajan en zonas desfavorables como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o en el Partido de Carmen de Patagones.
Y a eso se suman también las horas extras, que son las que la trabajadora desempeña por fuera de su jornada habitual:
- 50% de recargo para las horas extras trabajadas de lunes a viernes y hasta las 13 horas del sábado.
- 100% de recargo (doble jornada) si las horas extras se realizan los sábados después de las 13 horas, domingos o feriados.
A la empleada doméstica le corresponde percibir el salario mínimo de la categoría para la cual fue contratada y registrada o uno superior. En caso de prestar tareas en más de una categoría, le corresponde percibir la remuneración de la categoría mejor remunerada.
Empleada doméstica: cuál es el bono extra al sueldo, según las horas trabajadas
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijó para el último bimestre del año un bono no remunerativo de $14.000 en noviembre, diciembre y enero, tanto para personal con retiro como sin retiro que trabajen más de 16 horas semanales
A diferencia de otras paritarias, las subas no se calculan sobre los valores de octubre, sino sobre el salario actualizado del mes anterior. Por su condición no remunerativa, el bono no impacta en el básico ni en adicionales como antigüedad o presentismo, pero sí se suma de manera directa al sueldo en mano de cada trabajadora.
- 0 a 12 horas semanales: $6.000
- 12 a 16 horas semanales: $9.000
- más de 16 horas semanales: $14.000
- personal sin retiro: $14.000
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ECONOMIA
Inocencia fiscal: por qué la falta de adhesión de las provincias puede complicar los planes de Caputo para los dólares del colchón
Mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, busca que los argentinos ingresen al sistema financiero sus tenencias de dólares no declarados “en el colchón” para activar la economía y ampliar la masa prestable, la falta de adhesión de gran parte de las provincias argentinas a acuerdos de intercambio de información fiscal genera el riesgo de limitar el impacto de esa iniciativa. Según especialistas, los distritos que queden afuera de los convenios van a tener el poder de cobrar impuestos a los que la Nación renuncia.
Tras la aprobación del proyecto de Inocencia Fiscal -que aún espera su promulgación para entrar en vigencia-, el ministro de Economía, Luis Caputo, busca que los argentinos saquen los dólares del colchón lo más rápido posible para reactivar la actividad. Pero, además de la reglamentación pendiente por parte del Banco Central (BCRA) y el fisco nacional, aún hay provincias que no adhirieron al intercambio de información.
Luego de la presentación del proyecto, en mayo pasado, el entonces titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, promovió la firma de acuerdos de intercambio de información fiscal. Hasta el momento, se logró la adhesión de varias provincias, entre las cuales se encuentran Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
De esta lista, restan sumarse Buenos Aires, Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Según pudo saber Infobae, muchas de ellas, como la gobernación de Axel Kicillof, continúan evaluando si adherirán o no. Esta situación podría complicar los planes del ministro Caputo, ya que afectaría el tratamiento que reciban los dólares no declarados que depositen los contribuyentes en el banco.
«Para que lo dispuesto en la Ley de Inocencia Fiscal cumpla efectivamente con el objetivo de introducir dólares al circuito legal, resulta indispensable que las provincias adhieran al régimen. Sin ese acompañamiento, el incentivo a formalizar ahorros pierde fuerza y previsibilidad“, afirmó Noelia Girardi, gerente de Lisicki, Litvin & Abelovich.
La falta de adhesión de algunas provincias al intercambio de información con el fisco nacional genera incertidumbre para los contribuyentes. “Si bien el régimen nacional busca simplificar y otorgar seguridad jurídica, la falta de adhesión provincial provoca un tratamiento desigual entre ellas, marcando una diferencia concreta entre individuos según la provincia en la que residan u operen, aun con la misma situación fiscal”, señaló.
De esta manera, los contribuyentes que adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias quedan cubiertos frente a ARCA, pero desprotegidos frente a los fiscos provinciales que no adhieran. «Esto habilita a las provincias a mantener controles, fiscalizaciones o eventuales reclamos, incluso cuando el contribuyente haya cumplido con el marco nacional, generando una clara sensación de inseguridad jurídica“, destacó.
El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, sostuvo que las provincias que no adhieran pueden llegar a reclamar el cobro del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB). Aunque destacó que pese a que se trató de una posibilidad que existió durante el último blanqueo de capitales para los distritos que no se sumaron a la iniciativa, las provincias optaron por no ir a por el dinero exteriorizado.
“El Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb) no se aplica sobre las cuentas en dólares, pero hay jurisdicciones que sí tienen regímenes de recaudación sobre cuentas en dólares. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en CABA no van a retener, pero sí en Tucumán“, aclaró.
Domínguez señaló además que no sólo los dólares juegan en esta lógica: también los pesos. Si el contribuyente deposita dinero “negro” para comprar, le van a hacer la retención del Sircreb. “Después el fisco provincial puede detectar, con base en inferencias del Sircreb, cuáles fueron los depósitos y controlarlo con los ingresos declarados en IIBB, hacer cruzamientos», puntualizó.
Para el contador Marcos Felice, los montos que ingresen por el Régimen Simplificado de Ganancias quedarán sujetos a lo que cada jurisdicción disponga, como sucedió con el blanqueo de capitales. «Las que adhieran podrán considerar algún régimen especial de IIBB. Las que no, seguramente determinarán de oficio IIBB por impuestos omitidos“, indicó, además de aplicar retenciones y percepciones sobre las sumas de dinero que se muevan.
En su momento, el fisco nacional a cargo de Juan Pazo había advertido a aquellas provincias que no adhieran. “En el marco de la implementación del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, ARCA convocará a cada una de las provincias a la firma de un nuevo convenio de intercambio de información (…). De modo tal que aquellas provincias que no adhieran al mencionado Régimen [por Ganancias Simplificado] perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000)“, indicaron en un comunicado en su momento. Ahora, con el cambio en la conducción del fisco nacional, con Andrés Vásquez en reemplazo de Pazo, resta saber si se mantendrá esta postura.
South America / Central America,Government / Politics
El resultado de la balanza turística mostró un giro significativo luego de que el Banco Central ajustara la metodología con la que informa los gastos de los argentinos en el exterior. El cambio se produjo tras una gestión del secretario de Turismo, Daniel Scioli, ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y permitirá mostrar una salida de dólares sensiblemente menor durante 2025.
Según explicó el propio Scioli, con la metodología anterior los egresos por turismo emisivo este año se estimaban en u$s13.350 millones, mientras que con el nuevo criterio se reducen a u$s10.241 millones, lo que implica una baja del 23%.
El BCRA cambia la manera de medir la salida de dólares por turismo
La modificación apunta a corregir una distorsión estadística que, según Scioli, inflaba artificialmente el rojo turístico. Hasta ahora, el BCRA no separaba los gastos estrictamente vinculados a viajes y pasajes del consumo en el exterior asociado a servicios digitales y comercio electrónico, como suscripciones a plataformas de streaming (Netflix, HBO, Spotify) o compras en portales internacionales como Amazon, Shein o Temu.
El mensaje de Daniel Scioli tras los cambios del BCRA
Desde el área de Turismo explicaron que esa falta de discriminación llevaba a una lectura equivocada sobre los dólares que efectivamente se van del país por viajes internacionales, una de las variables más observadas del frente externo a lo largo de 2025. En particular, remarcaron que las importaciones vía e-commerce crecieron con fuerza durante el año y quedaban erróneamente computadas como gasto turístico.
Con datos acumulados hasta noviembre, el impacto del nuevo criterio es contundente: la salida de divisas se redujo un 23%, mientras que los ingresos por turismo prácticamente no registraron variaciones relevantes. Como resultado, el déficit de la balanza turística pasó de u$s9.983 millones con la metodología anterior a u$s6.935 millones con la nueva medición.
Scioli celebró públicamente la decisión del Central y agradeció al organismo por el cambio. «Agradezco al BCRA, a su presidente Santiago Bausili, y a su equipo por el último informe emitido el pasado viernes en horas de la tarde, en el cual se desglosa el ‘Consumo de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales)’ para el período julio-noviembre del presente año», escribió en un mensaje en X.
«En base a esos resultados, nuestras estimaciones para todo el 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser u$s13.350 millones con la vieja metodología, a u$s10.241 millones con la metodología nueva (un 23% menos). Como consecuencia, se evidencian diferencias en el saldo, pasando de -9.983 millones de dólares con la vieja metodología, a un saldo de -6.935 millones de dólares con la metodología nueva», agregó.
El ajuste metodológico permitirá, de ahora en más, una lectura más precisa del impacto real del turismo emisivo sobre las reservas y el balance externo, en un contexto donde el Gobierno busca mostrar señales de mayor orden macroeconómico y menor presión sobre el mercado de cambios.
La crítica de Axel Kicillof al Gobierno por los datos de la balanza de turismo
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó días atrás como «un desastre» la gestión del presidente Javier Milei y criticó con dureza los números del intercambio turístico. Para Kicillof, los números que publicó el INDEC sobre la balanza turística indica un «atraso cambiario«. «No es que de pronto Argentina no se volvió atractiva y los argentinos quieren conocer el mundo y nosotros somos más ricos que todos para viajar a sus países», dijo.
«Es un desastre que están haciendo. No hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires a los que le vaya bien: gastronomía, comercio, turismo e industria con una crisis gravísima y con algunos elementos difícil de revertir», lanzó el mandatario bonaerense en declaraciones radiales.
Según los datos difundidos por el INDEC, la cantidad de turistas que llegaron del exterior bajó 2,7% en noviembre, mientras que los que salieron subieron 15,3%, lo que arrojó un déficit de 224 mil turistas, que engrosó la salida de divisas.
En noviembre, los turistas que entraron a la Argentina llegaron a 491.400, mientras que los que salieron fueron 763.800, informó este martes el INDEC.
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