La situación de crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos, la principal avícola de la Argentina, no deja de acentuarse y, a la par de la sucesión de despidos que la firma activó en los últimos meses, siguen acentuándose los incumplimientos en términos de salarios e indemnizaciones. Además de no cubrir el pago del aguinaldo pasado, la empresa mantiene un régimen de hasta 4 cuotas para cubrir los salarios y tampoco afrontó las indemnizaciones de los cesanteados. Granja Tres Arroyos presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo en diciembre del año pasado.

Sólo en lo que va del año la empresa lleva suprimidos más de 80 puestos de trabajo, con despidos que se concentraron mayormente en las instalaciones que la avícola posee en la entrerriana La China, en Concepción del Uruguay.

En diciembre del año pasado, la empresa solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo. Y en ese mismo marco, anticipó que avanzaría con hasta 700 despidos y aplicaría, además, una reducción de salarios mediante la eliminación de adicionales.

Granja Tres Arroyos y el incumplimiento de las indemnizaciones

A más de 6 meses de establecidas las primeras cesantías, fuentes ligadas al personal de Granja Tres Arroyos señalan que la empresa sigue sin completar la totalidad de las indemnizaciones. Y que mantiene su posición de cubrir los haberes en cuotas a definir sin un acuerdo con los empleados y sus representaciones sindicales.

«Sigue sin haber compensaciones adecuadas para las personas que perdieron su trabajo. Y es muy probable que la compañía lleve adelante más despidos antes de que concluya el año. Si bien el negocio de Granja Tres Arroyos sigue siendo muy redituable, la directiva de la empresa no deja de hablar de una crisis que en la práctica es totalmente inexistente», comentaron a iProfesional fuentes ligadas al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

Los incumplimientos que viene llevando a cabo la avícola han sido expuestos incluso por la política entrerriana. A mediados del mes pasado, la intendencia de Concepción del Uruguay reconoció que, desde que ocurrió el recorte de personal hasta la fecha, Granja Tres Arroyos no habría cubierto las liquidaciones e indemnizaciones pertinentes.

Esto, se reconoció, «agudizó la vulnerabilidad social y dificultó el acceso a alimentos, electricidad y gas» a las familias de los ex operarios de la firma.

También se expuso que «una delegación de extrabajadores fue recibida el lunes 7 de julio a las 20:30 por el intendente de Concepción del Uruguay, Dr. Eduardo Lauritto», y que en el encuentro se expuso que la compañía ha incumplido el «pago de indemnizaciones en los términos del Artículo 235 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)».

Además, se mencionó la posibilidad de promover una denuncia por presuntos «despidos arbitrarios, en contravención de la Ley 20.744, la Ley 24.013 y la Ley 25.273, que protegen los derechos laborales».

Granja Tres Arroyos y la falta de fondos para afrontar pagos

En julio último, la compañía en cuestión, considerada la principal firma avícola de Argentina con una operación basada en ocho plantas que faenan hasta 700.000 pollos al día, informó a sus empleados que afrontaba complicaciones para abonar el medio aguinaldo.

De ahí que Granja Tres Arroyos terminó por dividir el pago en dos cuotas con finalización estimada para mediados de este mes.

Fuentes ligadas al sector avícola señalan que la empresa atraviesa dificultades a partir de la situación de crisis que evidencia el consumo y las complicaciones que el segmento exportador atravesó sobre todo en la primera parte del año.

La relevancia de la firma en el nicho de la producción de carne de pollo es clave: prácticamente el 20% del producto que se genera en la Argentina surge de las plantas de la empresa y hasta inicios de 2025 la avícola exportaba el 35% de todo lo que generaba.

A fines de febrero, la compañía dispuso un alto a toda su labor de tarea, con alcance a sus 1.000 empleados, en una medida que se extendió hasta bien entrado el mes siguiente. La avícola venía de activar un recorte de 80 puestos de trabajo a fines de enero, en una medida que redundó en un paro general establecido por el resto del personal durante el lunes 27 de ese mes.

La volatilidad del dólar «que flota» hizo ruido a nivel político, pero no parece haber hecho mella en el «festival de importaciones», que incluye la fiebre por la ropa barata china de Shein, hasta autos eléctricos y compras de tecnología vía Amazon. 

Al menos, eso es lo que se desprende de la última encuesta REM, en la que bancos y consultoras, que respondieron justo en plena corrida cambiaria, mantuvieron sus proyecciones sobre un flaco saldo comercial para el año.

Los expertos previeron, en promedio, que las compras desde el exterior terminarán el año en u$s75.115 millones, lo que implica una pequeña baja de 0,3% respecto de la cifra que se había previsto el mes anterior. Esto implicaría que, hasta fin de año, habrá un promedio mensual de importaciones por u$s6.360 millones. Es una cifra que supera en 25% el promedio mensual del año pasado.

Del otro lado del mostrador, se espera que las exportaciones apenas mejoren un 2,4% respecto de 2024.

El hecho de que la variación en las proyecciones de los economistas haya sido tan pequeña en el último REM llama la atención, dado que se realizó con un dólar mayorista de $1.307, mientras a fines de junio las proyecciones se habían hecho con un tipo de cambio de $1.205.

Es decir, una corrección devaluatoria de 8,4% en un mes no logró alterar la perspectiva sobre la competitividad de la economía argentina.

Y es un dato que no sólo contradice los intentos de Toto Caputo por llevar tranquilidad al mercado -con el argumento de que se mejoró en términos relativos porque los países vecinos revaluaron sus monedas mientras el peso se devaluó- sino que, además, mantiene la preocupación sobre el déficit de cuenta corriente que será necesario financiar.

Un superávit que adelgaza

Puesto en números, el deterioro de las expectativas es elocuente: a inicios de año, la expectativa del mercado era que la balanza comercial dejara un saldo positivo de u$s12.144 millones. Pero, mes a mes, los expertos fueron retocando a la baja su previsión de exportación, y al alza la de importación, en el marco de una política de revaluación del peso.

En definitiva, en un semestre la previsión de saldo comercial se redujo a la mitad: u$s6.507 millones, producto de ventas por u$s81.662 millones e importaciones por u$s75.115 millones.

Y, si bien ya no es sorpresa la velocidad que están tomando las importaciones -que, además del tipo de cambio, tienen el incentivo de bajas arancelarias y desregulaciones-, lo que sí llama la atención es el pobre desempeño exportador. Si no fuera por el rubro petrolero, que crece a una impactante tasa de 74% interanual, las exportaciones habrían caído respecto del año pasado.

Para peor, la situación se complica todavía más si se considera que la gran esperanza del gobierno para el segundo semestre era que el rubro petrolero viviera un boom de ventas que compensara por el bajón estacional de exportaciones del campo. Sin embargo, las últimas noticias que llegaron desde Vaca Muerta han traído preocupación: la caída de los precios del mercado global ha impactado sobre el principal yacimiento argentino, de manera que se están desinflando las expectativas originales.

Hablando en plata, se esperaba que la balanza neta del rubro energético dejara un saldo de u$s8.000 millones en todo el año. Pero la merma en la producción de las últimas semanas, admitida por los principales ejecutivos del sector, ha hecho que se tema por un recorte de hasta u$s2.000 millones en esas ventas.

¿Se puede pagar la cuenta?

¿Está mal que, mientras las exportaciones se estancan, las importaciones argentinas vayan en este segundo semestre a un nivel promedio de u$s6.360 millones por mes? Es una pregunta que genera respuestas dispares en el mercado, porque lo que se discute no es sólo si el monto es pagable, sino en qué se gastan las divisas escasas.

Los economistas coinciden en la regla del «tres a uno», según la cual, por cada punto del PBI que crece la economía, las importaciones deben subir tres puntos. Ante una expectativa de que la variación del PBI este año sea de 5,5%, entonces se consideraría normal una suba de hasta 17% en las importaciones, para asegurarle a la industria los insumos necesarios para incrementar su producción.

Pero la realidad es que la relación pasó a ser de «cinco a uno» y, sin embargo, no hay industriales que se muestren contentos. Más bien al contrario, se quejan de que los rubros que están liderando las importaciones no son los que hacen crecer a la producción nacional, sino que se concentra en productos finales para consumo.

Es así que la Unión Industrial Argentina denunció que ese sector pierde empleos a un ritmo de más de 1.500 puestos por mes.

Hubo casos puntuales de alto impacto, como la suspensión del 80% de la producción en la planta de Villa Constitución de Acindar, por la caída de las ventas en el mercado interno. Pero el sindicato denunció que, además, había otro factor preocupante: la producción local está siendo desplazada por la importación desde China, que es realizada incluso por la propia Acindar.

Y en la industria textil, uno de los más impactados por la apertura arancelaria, se denunciaron casos de «dumping» que llevaron la participación de productos importados a 67% del mercado, cuando el promedio de la última década fue de 55%.

Manija importadora

No es fácil la disyuntiva para Toto Caputo. Por un lado, es consciente de que con el escenario actual se promueve la importación mientras se ralentiza la producción local. Y, además, cuenta con la presión del propio Fondo Monetario Internacional, que está insinuando la conveniencia de un tipo de cambio más alto.

En uno de sus últimos reportes, contrariando el discurso del gobierno -que afirmaba que el déficit de la cuenta corriente era un síntoma positivo porque implicaba que la economía en crecimiento requería muchas importaciones- había sugerido que, considerando su débil cobertura de reservas y sus dificultades de acceso al mercado financiero internacional, Argentina debería contar con un superávit de cuenta corriente de 1,4% del PBI, como forma de evitar eventuales turbulencias.

Hablando en plata, el superávit de cuenta corriente que sugiere el FMI se ubicaría en torno de u$s10.000 millones, mientras que las proyecciones de los economistas hablan de un déficit en torno de u$s14.000 millones.

Sin embargo, las perspectivas de que la situación cambie son bajas: por un lado, el gobierno no sólo no reniega de la apertura comercial sino que la defiende, tanto por motivos ideológicos como prácticos: el ingreso masivo de productos importados a bajo precio ayuda a mantener a raya la inflación.

Por otra parte, las señales del mercado en los últimos días, con subas de tasas de interés y con intervención oficial en el mercado de futuros del dólar refuerza la visión de que el gobierno, por más que predique la libre flotación de la moneda, no quiere que antes de las elecciones se repitan episodios como el de fin de julio.

Es decir, no habrá una suba del dólar que desincentive las importaciones. Más bien al contrario, es probable que se replique el escenario de los momentos de atraso cambiario, cuando muchos importadores adelantan compras para acumular stock, ante la previsión de que dentro de unos meses los precios podrían encarecerse.

Otra apuesta a la soja

Con estos datos a la vista, no resulta extraño que el gobierno haya ratificado la baja de retenciones a la exportación agrícola. En el balance, se trata de un sacrificio fiscal de 0,1% del PBI, pero que se vería compensado por una aceleración en las ventas del campo para el segundo semestre.

Después de todo, los expertos calculan que todavía queda más del 40% de la cosecha sin vender. Y, aunque los precios del mercado global son poco estimulantes, los productores han recibido una mejora en el precio doméstico, en parte por el «efecto retenciones» y en parte también por la propia devaluación.

Es así que la soja, que hasta junio promediaba los $325.000 por tonelada, llegó en los últimos días a tocar un pico de $395.000. En el caso de que esta situación fuera lo suficientemente estimulantes como para que los silobolsas se vaciaran, esto implicaría un aporte, sólo por la soja, de unos u$s8.200 millones, correspondientes a 23 millones de toneladas todavía sin vender.

Pero claro, se trata de un cálculo hipotético, que dependerá de la expectativa de los productores: si creen que luego de las elecciones habrá otro ajuste cambiario -como están insinuando los economistas más críticos-, entonces es posible que el ritmo exportador se ralentice.

Y el comportamiento del mercado cambiario de la última semana -el dólar retrocedió un 3,5%, perdiendo casi la mitad del recorrido que había hecho en junio- podría abonar esa postura tradicionalmente conservadora de los productores agrícolas.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte alcanzaron un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El entendimiento contempla una suba del 11,5% que se aplicará en forma escalonada entre julio y noviembre de 2025, en el marco del convenio colectivo de trabajo 460/73.

La negociación estuvo atravesada por múltiples factores. Entre ellos, el esquema de subsidios estatales que condiciona la estructura de costos del sector y una interna sindical que históricamente genera tensiones dentro de la UTA. Sin embargo, la firma del acuerdo entre la conducción gremial y las cinco cámaras empresarias del transporte permitió desactivar, al menos por el momento, la posibilidad de medidas de fuerza.

Como ocurre en otras ramas sensibles al impacto social, el proceso de negociación salarial contó con la intermediación del Gobierno nacional. La audiencia clave fue convocada por el Ministerio de Capital Humano y se llevó a cabo de forma virtual. Participaron funcionarios del área, encabezados por el secretario de Conciliación, Guido Arocco.

El entendimiento, una vez cerrado entre las partes, quedó supeditado a la homologación por parte del Ministerio de Economía. Si bien el titular de esa cartera, Luis Caputo, está enfocado en temas cambiarios y financieros, su equipo técnico interviene en la validación de los acuerdos sectoriales, en línea con los lineamientos del plan económico del Gobierno.

Una de las variables de control del programa económico es la evolución del salario. Según fuentes oficiales, se estableció un techo de incrementos del 1% mensual, aunque con excepciones. En algunos casos, las negociaciones incluyen sumas no remunerativas que luego se integran al salario básico. También hay sectores, como el bancario, donde los haberes se ajustan mensualmente por el índice de inflación. En otros casos, como el de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Poder Ejecutivo decidió no homologar lo acordado entre el gremio y las empresas.

Sueldo de choferes de colectivos: participación de las cámaras y el sindicato

En representación del sector empresarial participaron las principales cámaras del transporte automotor urbano: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

Por parte del sindicato, asistieron el secretario General de la UTA, Roberto Fernández, y el secretario Adjunto, Jorge Kiener. Según voceros gremiales, el acuerdo alcanzado permite «sostener el poder adquisitivo de los salarios» y, al mismo tiempo, «otorga previsibilidad a los empresarios del sector».

Escala salarial: cómo evolucionarán los sueldos los choferes de colectivos

El incremento pactado se implementará en tramos mensuales, lo que implica una progresión en los haberes básicos sin contemplar adicionales como presentismo o antigüedad. Las cifras fijadas para el salario básico de los choferes entre julio y noviembre de 2025 son las siguientes:

• Julio: $1.588.000
• Agosto: $1.600.000
• Octubre: $1.612.000
• Noviembre: $1.682.000

Este esquema se da en un contexto de alta volatilidad económica y busca establecer un sendero previsible tanto para los trabajadores como para las empresas del sector. Las cámaras empresarias valoraron que el acuerdo se haya alcanzado en un marco institucional y con participación del Estado como garante de cumplimiento.

Condiciones del acuerdo y perspectivas

El convenio tiene validez únicamente para los choferes que prestan servicios en el AMBA, donde rige un esquema de subsidios que difiere del aplicado en otras regiones del país. Esta diferencia suele generar tensiones en el sector, especialmente cuando se negocian aumentos en jurisdicciones con menor financiamiento estatal.

Desde el gremio indicaron que el nuevo entendimiento no solo contempla una mejora nominal de los salarios, sino que permite anticipar posibles discusiones futuras, al establecer un esquema de actualización por varios meses. Además, señalaron que el acuerdo quedó sujeto a que las empresas abonen los aumentos en tiempo y forma, condición considerada clave para evitar eventuales medidas de fuerza.

Repercusiones en el sector y rol del Estado

El acuerdo alcanzado con la UTA se enmarca dentro de una serie de negociaciones que el Gobierno nacional sigue con atención. La participación estatal busca evitar interrupciones en un servicio esencial como el transporte urbano de pasajeros, que tiene un impacto directo sobre la movilidad diaria de millones de personas en el AMBA.

El papel del Estado como mediador en las paritarias del sector transporte se ha intensificado en el actual escenario económico. Si bien se promueve una política de moderación salarial en línea con los objetivos del programa económico, en sectores sensibles como el transporte público se habilitan excepciones para asegurar la prestación del servicio.

En este contexto, la homologación del acuerdo por parte del Ministerio de Economía aparece como un paso formal necesario para su aplicación efectiva. Una vez ratificado, el aumento será de cumplimiento obligatorio para las empresas incluidas en el convenio colectivo correspondiente.