ECONOMIA
Rige la Ley de Inocencia Fiscal: qué cambia desde hoy para los contribuyentes
La Ley de Inocencia Fiscal entró en vigencia este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial. Desde hoy, los contribuyentes cuentan con nuevas reglas para la declaración y regularización de ahorros no bancarizados y para la determinación de responsabilidades ante presuntas infracciones tributarias. El texto promulgado establece un marco orientado a facilitar la relación entre los ciudadanos y el Estado en materia fiscal, incluyendo cambios en los montos mínimos para sancionar penalmente el delito de evasión, nuevas modalidades para la presentación de declaraciones juradas y la creación de un sistema de presunciones favorables para quienes cumplen con las obligaciones impositivas.
La ley, sancionada en el Congreso el 26 de diciembre y promulgada hoy, rige de manera inmediata pese a que bancos y especialistas esperan todavía precisiones y reglamentaciones extra. La publicación en el Boletín Oficial otorga vigencia plena a sus disposiciones, en línea con el principio de publicidad de los actos de gobierno. La normativa apunta a brindar seguridad jurídica a los contribuyentes, a la vez que introduce herramientas para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en la fiscalización y control del cumplimiento tributario.
“Falta la reglamentación del Poder Ejecutivo, es decir, el decreto reglamentario de la ley. Por ejemplo, la ley habilita al Ejecutivo, en el tema de la declaración jurada simplificada, a establecer más condiciones. Hoy, lo que dice la norma es que el sujeto tiene que tener ingresos hasta $1.000 millones, patrimonio hasta $10.000 millones y no ser gran contribuyente en los últimos dos períodos fiscales y en el corriente. También dice que el Poder Ejecutivo puede incorporar otras restricciones, otras condiciones. Entonces, hay que ver si lo hace”, señala Sebastián Domínguez, tributarista.
El especialista explica que la reglamentación pendiente también involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): “ARCA tiene que reglamentar cómo va a ser la declaración jurada simplificada. La ley no dice si ARCA va a poner a disposición ingresos, gastos y deducciones. No dice si uno tiene que aceptar o rechazar eso, o si puede editar la información y modificarla, que es lo lógico, pero la ley no lo dice. Eso va a tener que surgir de la reglamentación por decreto y de la resolución que establezca cómo va a ser el sistema, porque ARCA no tiene toda la información, y la que tiene a veces hay que cambiarla”.
Por otra parte, Domínguez advierte sobre la situación de la Unidad de Información Financiera (UIF). “Ahí hay que ver si la UIF aumenta o no el umbral del efectivo. Hoy por hoy, la UIF dice que hay que hacer controles reforzados cuando se deposita en efectivo por 40 salarios mínimos vitales, o más. Y eso, más o menos, hoy te da un poquito menos de 9.000 dólares. Entonces, hay que ver qué es lo que hace la UIF, si eso se flexibiliza. La Argentina tiene que cumplir con las directrices del GAFI en materia de lavado”, recordó.
El tributarista remarca las restricciones internacionales: “Cuando uno va a salir del país, por ejemplo, Argentina, no puede hacerlo con USD 10.000 o más. Si entrás con más de ese monto, tenés que declararlo. Hay normativa similar a nivel internacional. Si la Argentina modifica ese parámetro y lo aumenta a USD 100.000, como algunos dicen, es complicado porque puede ser objetado por el GAFI y quizás, en el futuro, pasar a Argentina en la lista gris, cosa que le impediría acceder a mercado de capitales”.
Domínguez también refiere a la comunicación del Banco Central: “El BCRA ya dictó la comunicación que decía que no se podían pedir las declaraciones juradas impositivas, por ejemplo, para analizar las operaciones de los clientes, pero no dice hasta qué monto se puede solicitar efectivo sin controles o algo de ese estilo. Eso lo hace la UIF”.
Sobre el impacto en la operatoria bancaria, el tributarista subrayó: “Las normas de lavado no cambiaron en nada. Y hay funcionarios que dicen que con la sola opción por el régimen simplificado de Ganancias alcanza para que alguien vaya y deposite el efectivo y no se hagan controles. Eso es una adhesión a una cuestión tributaria, no da certeza del origen de fondos, por lo cual el análisis de riesgo que tienen que hacer los bancos sigue siendo igual”.
Por último, Domínguez concluye: “Es cierto que aumentó el monto objetivo de la evasión a $100 millones, por lo cual, antes de esto, el delito de evasión tributaria era presente al lavado, y si se presumía que había. Ahora se aumentó a $100 millones, pero eso no quiere decir que no tenga que hacer el análisis para ver si el delito presente es narcotráfico, trata de personas o lo que fuera”.
Uno de los ejes centrales de la Ley de Inocencia Fiscal radica en la actualización de los montos y parámetros para definir la evasión simple y agravada. El límite para considerar un hecho como delito penal tributario subió a $100 millones, según el nuevo artículo 1º del Régimen Penal Tributario. Para la evasión agravada, la base pasó a $1.000 millones. En otros apartados, la normativa también elevó montos mínimos para la aplicación de multas y sanciones administrativas, con valores que van desde los 6 millones hasta los $67,5 millones, dependiendo del tipo de infracción y del contribuyente.
El régimen introduce una declaración jurada simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones , siempre que no califiquen como grandes contribuyentes nacionales. Quienes adhieran a esta modalidad podrán acceder a un efecto liberatorio del pago, siempre que acepten la declaración propuesta por la agencia y abonen el importe correspondiente en término. De este modo, se considerarán satisfechas las obligaciones formales y materiales del impuesto a las ganancias para el período fiscal declarado.
La normativa define que la presunción de exactitud de las declaraciones juradas será favorable al contribuyente, salvo que existan discrepancias significativas detectadas por la ARCA. Una diferencia relevante se configura cuando la impugnación genera un incremento de al menos 15% en los saldos de impuestos a favor del organismo, o si la diferencia supera los $100 millones en el caso de impuestos, o los $7 millones en aportes y contribuciones. También se consideran discrepancias si se detecta el uso de facturación apócrifa.
En este último caso, la agencia podrá extender la fiscalización a períodos no prescriptos y aplicar sanciones conforme la ley vigente. Sin embargo, esta extensión no corresponderá para los contribuyentes que hayan cumplido en término con la declaración jurada y el pago bajo la modalidad simplificada, ni para quienes hayan adherido al régimen de regularización de activos según la ley 27.743.
Otra modificación relevante es la reducción de los plazos de prescripción para la acción del fisco. Para los contribuyentes inscriptos que hayan presentado las declaraciones juradas en término y regularizado saldos, el plazo baja de cinco a tres años, salvo que la agencia detecte discrepancias significativas. Para los no inscriptos, el plazo se mantiene en diez años. Las acciones para exigir recupero o devolución de impuestos y para la repetición de tributos prescriben a los cinco años.
La ley prevé la actualización anual automática de todos los montos mínimos y máximos establecidos, a partir del 1º de enero de 2027, siguiendo la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). La Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá publicar cada año los importes vigentes para el período siguiente.
El texto promulgado excluye expresamente la posibilidad de aplicar la presunción de exactitud en casos donde se detecte documentación apócrifa, omisión de ingresos o deducciones indebidas. En estos supuestos, la agencia podrá impugnar la declaración simplificada y exigir el pago de la diferencia detectada, más los intereses correspondientes.
Respecto del Régimen Penal Tributario, la nueva ley impide al organismo recaudador formular denuncia penal cuando el contribuyente cancele en forma total e incondicional el importe evadido y sus intereses antes de la denuncia. Si la acción penal ya se inició, se extinguirá si el imputado acepta y cancela el monto evadido, los intereses y un adicional del 50% en un plazo de hasta 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.
La ley también introduce reglas específicas para la prescripción en materia previsional y en el Código Civil y Comercial. Las acciones para el cobro de aportes y contribuciones de la seguridad social prescribirán a los diez años, plazo que baja a cinco si el contribuyente cumplió con la presentación de la declaración jurada en término y sin discrepancias significativas. Para acciones civiles, el plazo general es de cinco años, salvo que la legislación local disponga lo contrario.
En cuanto a la aplicación territorial, la ley invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regímenes simplificados de fiscalización, en línea con la normativa nacional. El objetivo consiste en ampliar la cobertura y la homogeneidad de criterios en todo el país.
El principio de efecto liberatorio y presunción de exactitud para las declaraciones juradas apunta a reducir la litigiosidad y a dotar de mayor previsibilidad al vínculo fiscal. Los contribuyentes que opten por la declaración simplificada y cumplan con los requisitos quedan liberados de acciones civiles, penales o administrativas vinculadas a los períodos no prescriptos, salvo que la agencia detecte alguna de las causales de exclusión previstas.
El régimen excluye a quienes califiquen como grandes contribuyentes nacionales, según lo determine la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El Poder Ejecutivo podrá sumar otros requisitos o condiciones, y la agencia podrá excluir del régimen a quienes no cumplan con los parámetros establecidos, habilitando en esos casos la verificación y fiscalización de los períodos no prescriptos.
La ley contempla situaciones especiales para las diferencias de criterio interpretativo o técnico-contable. Si el contribuyente documenta debidamente su posición y presenta las declaraciones antes de ser notificado de una fiscalización, el organismo recaudador podrá decidir no formular denuncia penal, siempre que la diferencia no tenga como finalidad tergiversar la base imponible ni derive de documentación falsa.
En el articulado final, se dispuso la vigencia instantánea de la totalidad de las disposiciones a partir de su publicación en el Boletín Oficial. El texto lleva la firma de Victoria Villarruel, presidenta del Senado, Martin Alexis Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y de los secretarios parlamentarios que certificaron la sanción.
El nuevo marco legal se inscribe en la estrategia de dotar de mayor transparencia, seguridad jurídica y previsibilidad al sistema tributario argentino. La implementación de la Ley de Inocencia Fiscal desde hoy impacta en la operatoria cotidiana de millones de contribuyentes y en la relación entre el fisco y los obligados en todo el país.
ECONOMIA
Vaca Muerta, protagonista excluyente del Argentina Week: la visión de los empresarios detrás de la locomotora de la economía local
Desde Nueva York – El salón de la torre de Bank of America, frente al Bryant Park de esta ciudad, se volvió a llenar en el cierre de la segunda jornada de Argentina Week, el evento con el que el gobierno de Javier Milei buscó seducir inversores en la Gran Manzana.
La transformación de la balanza comercial energética de Argentina, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, concentró el debate del primer panel sobre energía del evento. Fue moderado por Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería del Gobierno y reunió a tres altos ejecutivos internacionales del sector como Mark Nelson, vicepresidente de Chevron; Miguel Galuccio, fundador de Vista Energy; y Harold Hamm, fundador de Continental Resources. El panel abordó el salto exportador, los desafíos regulatorios y la visión de futuro para la industria petrolera local, en presencia de inversores globales y funcionarios.
González abrió el debate con un dato clave: “La balanza comercial energética de Argentina pasó de un déficit cercano a los USD 7.000 millones a un superávit de USD 8.000 millones el año pasado, y esperamos que ese número sea de USD 30.000 millones en cinco años”. El secretario destacó que solo se ha desarrollado el tres por ciento del potencial geológico de Vaca Muerta, considerado “de primer nivel, totalmente indiscutible”.
En ese contexto, Galuccio resaltó que la posición del país en el mercado global se afianza con el récord de producción logrado en 2025. “Si terminamos este año produciendo 1 millón de barriles, entraremos entre los veinte principales países productores del mundo, donde tenemos energía que no solo es competitiva, sino también confiable y provee al mundo”, afirmó el ejecutivo.
“Otro punto es la competitividad. Hemos reducido costos pero aun estamos un 30% por detrás de EEUU. Entonces necesitamos más competencia en términos de compañías de servicios y proveedores de productos. Nuestros costos laborales son más altos, y los impuestos también son más altos” aseguró. “Cuando uno empieza a descomponer ese 30%, hay muchas cosas que podemos hacer. Y si reducimos aún más los costos de perforación y completación, atraeremos inversión, aumentaremos la producción, crearemos más empleo y generaremos un mayor flujo de divisas para el país. Por lo tanto necesitamos seguir trabajando en ser más competitivos”, agregó.
Nelson subrayó la relevancia de la seguridad energética en el contexto internacional y valoró las flexibilizaciones regulatorias: “La libertad de exportación, la normalización del tipo de cambio y los programas de incentivos para acelerar la inversión marcan una gran diferencia cuando queremos llevar a Vaca Muerta a escala mundial”.
“Lo que cambió durante los últimos años es el contexto. Los inversores no solo buscan oportunidades, buscan oportunidades en el contexto adecuado. Y creo que todo lo que está pasando, con la decisión de eliminar las restricciones a las exportaciones, estabilizando la macroeconomía en términos de FX y permitiendo sacar los dividendos del país”, dijo Galucio.
Hamm, por su parte, enumeró como desafíos principales la generación de confianza y la necesidad de competencia en infraestructura: “Hay muchas grandes empresas upstream estadounidenses dispuestas a invertir, pero aquí todo recae en los operadores para desarrollar la infraestructura. Eso tiene que cambiar”.
Al cierre, González sintetizó el consenso del panel sobre la necesidad de inversiones en todas las etapas de la cadena de valor y la determinación estatal para acompañar el crecimiento del sector. “El Gobierno entiende esta oportunidad, ha estado creando condiciones para que el sector privado prospere. Si les va bien, nos va bien”, concluyó el funcionario.
Continental Resources, la petrolera Hamm, desembarcó formalmente meses atrás en Vaca Muerta tras adquirir la participación mayoritaria en el área Los Toldos II Oeste a la compañía argentina Pluspetrol.
Hamm es fundador y el principal accionista de la petrolera y es reconocido en la industria como el “rey del fracking” por su papel en la expansión de la fractura hidráulica, técnica que revolucionó la extracción de hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos. Forbes estima que posee un patrimonio personal de USD 16.000 millones, lo que lo posiciona entre los empresarios petroleros más acaudalados del país.
Su respaldo a figuras del Partido Republicano ha sido constante: fue asesor energético del ex candidato presidencial Mitt Romney, y el mayor donante de las campañas de Donald Trump en 2016, 2020 y 2024, año en el que organizó actos de recaudación de fondos en la residencia Mar-a-Lago con el objetivo de favorecer políticas de desregulación ambiental en el sector energético.
El segundo panel energético fue moderado por Mariana Schoua, presidenta de AmCham Argentina, y reunió a Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Marcos Bulgheroni (PAE). El debate giró en torno al impacto de los grandes proyectos de GNL, la necesidad de infraestructura para liberar el potencial de Vaca Muerta y el salto exportador que atraviesa la industria.
Horacio Marín calificó a la etapa actual como “un hito en la historia de América Latina” y generó risas entre los presentes con sus apuntes y el tiempo que tenía para exponer. Destacó que el proyecto Argentina LNG, que lidera la compañía, se ubica como “el tercer proyecto nuevo más rentable del mundo en términos de punto de equilibrio, según la consultora Rystad Energy”.
Marín detalló que la hoja de ruta contempla inversiones por más de USD 100.000 millones entre 2025 y 2031, que incluyen USD 20.00 millones en infraestructura de GNL, USD 8.000 millones para el gasoducto y hasta USD 40.000 millones para el desarrollo upstream en Vaca Muerta. “Se crearán más de 40.000 nuevos empleos. El mayor aporte de la industria es ser el catalizador de todo el desarrollo en la década de 2030”, afirmó.
A su turno, Marcelo Mindlin, relató el cambio de paradigma vivido por el sector en los últimos quince años: “En ese momento, el reto era la geología, confirmar el potencial de la roca. Era operacional, conseguir los sets de fractura hidráulica, el agua, la arena. Ahora, Vaca Muerta es una realidad. ¿El desafío? Construir mucha infraestructura para permitir que siga creciendo”.
El fundador de Pampa, quien hoy anunció en esta ciudad una inversión de unos USD 3.000 millones para otra de las empresas de las que es accionista, TGS, subrayó la importancia de la colaboración entre privados: “El hub de Vaca Muerta, liderado por Horacio, logró algo que parecía imposible: sentar a todos los productores en una mesa y avanzar en inversiones de tres mil millones de dólares. El otro ejemplo es SESA, liderado por Marcos, que reunió a productores para el primer proyecto de GNL en el país”.
Además, destacó la primera iniciativa privada en la era Milei para ampliar los gasoductos con fondos propios, iniciativa que permitirá eliminar cuellos de botella y evitar la caída de la producción.
Mindlin advirtió sobre la urgencia de monetizar el gas: “Argentina, al ritmo actual de consumo, tiene gas para doscientos años. Todo lo que produzcamos después del año treinta, el valor presente neto es cero. Todo lo que podamos acelerar el consumo y generar valor agregado es muy importante. Analizamos una potencial planta de urea y otros usos petroquímicos”.
Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, coincidió en que Argentina está en camino de convertirse en “un actor global en el mercado energético, productor del sur global, con todo lo que eso implica en seguridad geopolítica y energética”.
Explicó que SESA, el consorcio industrial para GNL, integrado por varias empresas y que encabeza PAE, ya alquiló dos grandes instalaciones flotantes para almacenamiento y regasificación que llevarán la producción a 18 millones de toneladas anuales hacia mediados de la década de 2030. Celebró la firma de un contrato a ocho años con SEFE, la mayor comercializadora de gas de Europa, como prueba de la proyección internacional del sector.
Bulgheroni remarcó el rol del Gobierno para mantener incentivos y reglas claras: “Es fundamental tener gobiernos y equipos de trabajo con fuerte involucramiento, muy prácticos. Ojalá esto sea la regla y no la excepción”.
El panel coincidió en que el desarrollo de la infraestructura es el gran desafío para no limitar el crecimiento, y que la industria del gas y el petróleo puede convertirse en el motor de empleo, exportaciones y nuevas industrias como la petroquímica y la IA. “Tenemos una gran oportunidad. Toma una decisión, invierte ahora. Será mucho peor si esperas”, concluyó Bulgheroni.
Finalmente, al cierre de la jornada, Daniel González dialogó con Alejandro Bulgheroni, presidente y fundador de Pan American Energy (PAE).
“Esta vez es diferente. Esta vez estoy seguro de que vamos a seguir creciendo… Esta vez, desde lo más alto, desde el presidente Milei, tenemos una idea clara”, dijo
Bulgheroni subrayó la importancia de atraer inversiones y fortalecer el sector: “Todos estos años hemos estado intentando abrir el sector de petróleo y gas. Queríamos que hubiera más inversores en el sector, porque mi idea era que si hay más personas invirtiendo, se fortalece el sector y nuestro trabajo”.
Además, compartió su visión sobre el cambio de clima para los negocios: “Cuando conocí al Presidente, antes de las elecciones, ya estaba un poco derrotado con todas estas historias. Tengo algunas otras inversiones fuera de Argentina, pero quiero invertir aquí. Pero no podía hacer más porque el país estaba mal. Él entendió muy bien cuál era el problema, tiene voluntad y coraje de hacerlo”.
Y cerró hablando del impacto de la coyuntura internacional en los precios: “Podemos vender nuestro petróleo un poco más caro ahora, pero es negativo para mucha gente. Cuando el precio del petróleo sube, todos piensan que tienen que ganar más dinero. Prefiero el barril a USD 75”, cerró.
El plazo fijo tradicional sigue siendo la inversión que rinde más que el movimiento del precio del dólar, que retrocede en todo el año un acumulado de más de 4%, aunque todavía no puede superar a la inflación mensual. Así, podés conocer cuánto rinde la tasa en pesos en, por ejemplo, una colocación en el Banco Provincia, la entidad bonaerense que posee más de 13 millones de cajas de ahorro activas.
En este caso, se consideró un depósito inicial de $2 millones, por un período de 30 días, que es el lapso mínimo de encaje de los fondos requerido por el sistema financiero para esta herramienta.
La tasa nominal anual (TNA) que paga en la actualidad el plazo fijo tradicional en Banco Provincia se mantiene sin cambios desde principios de año y es de 25% en el canal digital, para personas humanas, durante un tiempo de 30 a 59 días, por un monto colocado que debe ser entre un mínimo de $1.000 hasta un máximo de $20 millones.
De esta manera, la ganancia mensual que brinda un depósito en dicha entidad de la provincia de Buenos Aires es de 2,05%.
Esta tasa es negativa frente a la inflación que, según el reciente Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado por el Banco Central con más de 40 economistas privados, se ubicó en torno a los 2,7% en febrero pasado.
Incluso, el índice de precios al consumidor (IPC) del corriente marzo se estima que será de 2,5%, y para abril se estima que bajará al 2,2%.
Según el REM, se espera que recién en mayo la inflación será por debajo del 2% mensual, por lo que recién para esa fecha la tasa de los plazos fijos tradicionales empezarían a ofrecer una renta positiva.
Por otra parte, el punto a favor para los ahorristas es que los depósitos en pesos superan al movimiento del precio del dólar, que cae 0,4% en marzo y en todo 2026 acumula una caída mayor al 4%.
En el caso de Banco Provincia, si se realiza un plazo fijo tradicional por más tiempo, por entre 60 a 119 días, la tasa ofrecida pasa a ser de 26% de TNA, un punto porcentual respecto a posiciones más cortas.
Plazo fijo Banco Provincia: cuánto se gana con $2 millones
Realizar un plazo fijo tradicional en Banco Provincia con un monto inicial de, por ejemplo, $2 millones, por un período de 30 días, otorga una ganancia en ese lapso de un total de $2.041.096.
En concreto, se generarán 41.096 pesos extras en el mes con la cantidad mencionada, que representa un porcentaje de 2,05% mensual, o 25% de TNA.
Un plazo fijo tradicional en Banco Provincia puede realizarse por medio de home banking o a la Banca Internet Provincia (BIP), o la aplicación para dispositivos móviles (app), que tiene un token integrado.
Si se realiza a través de la página web oficial del BAPRO, se debe ingresar al menú principal en el segmento «Personas«, y luego seleccionar «Inversiones«.
Después se debe entrar a la opción «plazo fijo» y, paso siguiente, se tiene que preferir por «Nuevo Plazo Fijo«.
Tras completar esas instancias, requerís detallar la modalidad del certificado (tradicional u otra), la moneda, la cuenta asociada al mismo, la cantidad de días de la colocación, o una fecha de vencimiento.
También deberás colocar el importe inicial que preferís depositar, cuyo requisito es que debe superar los $1.000.
Se finaliza este proceso con el botón «Continuar«, donde tenés que revisar los datos ingresados para evitar haber completado con errores alguna instancia. Por último, se constituye el plazo fijo con el botón «Confirmar«.
Los interesados en invertir en el largo tiempo, existe una opción de «Renovación Automática«, para que, al vencimiento, el plazo fijo se renueve sin necesidad de realizar la solicitud, durante un período de hasta 180 días.
El plazo fijo tradicional sigue teniendo su atractivo porque supera al movimiento del precio del dólar, algo que es un argumento suficiente como para apostar, por el momento, a la tasa en pesos.-
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ECONOMIA
Un productor de yerba mate explicó por qué crece la migración laboral de Misiones a Brasil: “Acá no podemos competir”
Más de 40.000 trabajadores de Misiones tramitaron documentación brasileña en 2025 para buscar empleo en la cosecha, según reveló el productor yerbatero Ygor Sobol durante una entrevista en Infobae en vivo. El éxodo responde a la caída de la actividad y la drástica baja de ingresos para los productores y obreros rurales.
En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Sobol describió el impacto en la frontera: “Es mucho mayor el flujo de personas que se ven cruzando en las balsas”. Según relató, familias enteras venden sus casas y se mudan a Brasil ante la falta de oportunidades en la economía local.
“Hoy la actividad está reducida en un 90% en Misiones y no tienen trabajo para darle a los trabajadores golondrinas que atendían las cosechas de yerba mate en la zona”, explicó Matías Barbería. Sobol precisó: “Hace 20 años que no veo algo así. Tuvimos altibajos, pero esto es feo”. Las secadoras, que hasta hace dos o tres años operaban a pleno, hoy están casi paralizadas: “Son una o dos empresas las que están recibiendo ahora materia prima, hoja verde de yerba mate”.
La comparación salarial marca la dimensión del fenómeno. “En Brasil están llegando a un millón, un millón doscientos mil, según lo que estuve sondeando”, detalló Sobol, frente a los “385 mil pesos” que cobra un peón rural en la Argentina. “El éxodo está claramente explicado por números. En Misiones no tienen chance”, remarcó Barbería. “Está totalmente justificado”, reafirmó Sobol.
Consultado sobre el origen de la crisis, Sobol apuntó a la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate: “Nos desregularon el Instituto en parte. Las tasas que cobra con estampilla el Instituto, más la corresponsabilidad gremial, se sigue cobrando y sigue subiendo, pero no así el pago de la materia prima”.
El productor detalló: “Tenemos costos superiores a los 400, 500 pesos para producir un kilo de hoja verde y hoy nos están pagando alrededor de 120, 250. De bolsillo, eso significaría 40, 50 pesos por kilo para el productor, que no da ni para continuar limpiando las chacras”.
El esquema anterior, explicó, protegía a los pequeños productores: “El Instituto Nacional de la Yerba Mate ponía una base de precios. Si no lograba cerrar dentro del directorio, eso pasa al laudo en Secretaría de Agricultura de la Nación y siempre se fijaba un piso mínimo para el productor. Hoy eso no existe más”.
La estructura de la cadena productiva en Misiones agrava la situación. “Somos minifundistas, tenemos alrededor de 12 a 15 mil productores pequeños. Nos diferenciamos de Corrientes con eso, porque son muchísima cantidad de productores, no grandes industrias”, remarcó Sobol.
El impacto social es profundo. “Hay familias de la zona que se están yendo a vivir a Brasil, con toda su familia a trabajar allá”, afirmó Sobol. El cruce del río Uruguay se hace en balsa: “Hablando con vecinos más cercanos a la costa, me confirman lo que ustedes están diciendo, no solo el trabajo temporario, sino que hay familias que se están yendo a vivir”.
La falta de actividad se traduce en desarraigo y pérdida de empleos: “Yo hace tres años tenía cuatro o cinco trabajadores fijos durante el año y alrededor de veinte temporarios, y ahora estoy en cero”, confesó Sobol. La cadena productiva, que incluye productores primarios, obreros rurales, servicios de cosecha, secaderos y molinos, está completamente afectada por la crisis.
El fenómeno, que hasta ahora solo se reflejaba en datos dispersos, quedó en evidencia con las cifras oficiales: “Se tramitaron 40 mil CPF en Brasil el año pasado, contra un promedio de años anteriores de ocho mil anuales. Se disparó”, apuntó Barbería.
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