El problema de la litigiosidad laboral cada vez es más grave y toma relevancia en la agenda pública. Incluso, puede ser más gravoso para un empleador que el costo de despido.

Para enero de 2026 se habrán acumulado 131.796 juicios por riesgos del trabajo, y el 90% de ellos corresponde a enfermedades que no dejan secuelas, según señala la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

La presidenta de la UART, Mara Betiol, indicó a Ámbito que «el 90% de los juicios ingresados son de cero incapacidad». Es decir, que la persona que inicia un pleito no presenta secuelas permanentes por la enfermedad o accidente laboral denunciado.

De acuerdo con los datos, estos casos suelen ser juicios por esguinces, dolores de espalda o lumbalgias, que, luego de un tiempo de tratamiento, no dejan secuelas en las personas.

Cómo funciona la ART

Cuando un empleado sufre una enfermedad o accidente de trabajo, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) constata su cuadro médico y, en caso de corresponder, calcula la indemnización según un listado de incapacidades previsto por ley. Las Comisiones Médicas, que actúan dentro del proceso administrativo, determinan el grado de discapacidad que queda luego del accidente. A partir de esa evaluación, la ART paga la compensación. Todo el proceso incluye la participación de abogados.

Si la persona afectada no está conforme con lo que ofrece la aseguradora, recurre a la Justicia. En teoría, para estos casos deberían existir Cuerpos Médicos Forenses, que con los mismos criterios de las Comisiones Médicas funcionen como una instancia revisora.

¿Por qué aparecen los juicios?

Es casi una paradoja. Según Betiol, «los casos de incapacidades reales son el 10%, que incluyen los fallecimientos, pero estos no son motivo de conflicto». Es decir, cuando los afectados sufren accidentes graves, como perder un dedo o una mano, donde la secuela es visible y evidente, no hay juicios.

Los litigios comienzan en situaciones donde determinar el grado de incapacidad es menos obvio. Betiol señala que «en los casos en los que las Comisiones Médicas determinan cero discapacidad, cuando pasa a la Justicia aparece 14% de discapacidad».

La Justicia laboral es un fuero provincial y, por lo tanto, cada jurisdicción determina cómo actuar en estos casos. Sin embargo, la Ley de Riesgos del Trabajo, modificada en 2017, fija procedimientos muy detallados sobre cómo tratar cada enfermedad o accidente laboral.

Las provincias solo deben sancionar una ley local adhiriendo a la nacional. Hasta ahora, 18 provincias lo han hecho. Pero ninguna creó los Cuerpos Médicos Forenses, tal como exige la ley nacional.

Como consecuencia, cada juez convoca a peritos propios, cuyos honorarios se calculan como porcentaje del monto del juicio, lo que incentiva a «engrosar» las incapacidades de trabajadores supuestamente afectados.

«Lo más gráfico de que esas determinaciones no obedecen a ninguna discapacidad real es que hay modas en cada jurisdicción. En Córdoba estaban las incapacidades psicológicas», señaló Betiol.

Casos emblemáticos

• Un camionero al que hubo que pagarle $300 millones por habérsele establecido una discapacidad del 107%.
• Un empleado que practicaba motocross y se presentaba a las audiencias con un cuello ortopédico, mientras en redes se fotografiaba andando en moto. En ese caso recibió 39% de incapacidad.
• Un perito judicial que firmó más de veinte dictámenes mientras estaba internado en terapia intensiva.

Para reducir costos, la UART propone que los peritos forenses no tengan honorarios atados al resultado del juicio. Para ello, cada provincia debería ordenar la creación de los Cuerpos Médicos Forenses, como establece la Ley de Riesgos del Trabajo.

En algunos distritos la responsabilidad recae en las Supremas Cortes y en otros en los Consejos de la Magistratura. Hasta ahora no lo hicieron, aduciendo falta de presupuesto u otras excusas.

En tantom los 131.796 juicios están repartidos entre apenas 23 ART, lo que implica que, en promedio, cada una debe enfrentar 5.730 litigios. Eso obliga a las aseguradoras a destinar más recursos al frente judicial que a su actividad central: la medicina laboral.

Desde la UART mencionan un ejemplo comparativo. En España, una incapacidad menor al 33% no es indemnizable, y aun así la conflictividad judicial es diez veces menor que en Argentina.

El Gobierno, bajo la coordinación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger, profundiza la motosierra y avanza en un plan para reducir la planta estatal, buscando achicar la estructura pública en un nuevo recorte para 2026 que podría afectar otro 10% del total de empleados. Los despidos desde el inicio de la gestión superan los 60.000 trabajadores.

“Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, dijeron fuentes del Ejecutivo.

Con el objetivo declarado de aumentar la eficiencia y bajar el gasto público, la nueva reducción sería inminente y se mantendría durante los dos primeros trimestres de 2026, tras el vencimiento de varios contratos en diciembre que podrían no renovarse.

El recorte de personal en el Sector Público Nacional desde diciembre de 2023 generó un impacto de gran magnitud en el Estado, con la eliminación de 60.784 puestos de trabajo, lo que equivale a una reducción del 17,7 % en la dotación total. Este ajuste se traduce en la pérdida de más de 83 empleos por día.

El análisis de la distribución de los despidos indica que las empresas y sociedades del Estado absorbieron la mayor parte de las cesantías en términos absolutos, seguidas por los organismos descentralizados y los centralizados. No obstante, el ajuste proporcional más severo se registró en la administración centralizada.

Entre las empresas estatales, el Correo Argentino encabeza la lista con 5.155 despidos, constituyéndose en el caso más relevante en términos absolutos. Por su parte, la Operadora Ferroviaria S.E. registró 3.375 desvinculaciones, el Banco Nación contabilizó 2.069 y Aerolíneas Argentinas sumó 1.887.

En términos relativos, la ex Télam experimentó el recorte más drástico, con la desvinculación de cerca del 80 % de su personal. Le siguieron ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., todas con reducciones especialmente significativas en su plantilla.

CEPA advirtió en un informe que “el ajuste también impacta en empresas de tecnología e infraestructura estratégica, donde los recortes no solo implican pérdida de puestos de trabajo, sino retrocesos estructurales en áreas clave para el desarrollo nacional”.

En el Polo Tecnológico Constituyentes, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la reducción del 40% del personal representa, según el CEPA, un golpe directo a la capacidad pública de investigación, desarrollo científico y producción tecnológica con valor agregado nacional.

En el sector ferroviario, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIFSE) sufrió un recorte del 35 % de su planta, lo que, de acuerdo con el CEPA, afecta la planificación, ejecución y control de obras de infraestructura fundamentales para el transporte de cargas y pasajeros.

El informe sostiene que “esta política de desinversión atenta contra la reconstrucción de una red ferroviaria integrada, que es fundamental para mejorar la competitividad de las economías regionales, reducir costos logísticos y promover un modelo de desarrollo sustentable”.

El sector financiero y asegurador también se vio fuertemente afectado. La Casa de la Moneda redujo su personal en 44 %, mientras que Nación Seguros perdió el 37,5 % de su dotación.

Según el CEPA, esta situación debilita la capacidad estatal para ofrecer coberturas accesibles a personas, pymes y organismos públicos, y pone en cuestión su rol contracíclico en situaciones de emergencia o catástrofe.

Además, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), considerado clave para el financiamiento del desarrollo productivo, experimentó una reducción del 31% de su planta, lo que restringe su capacidad de otorgar créditos en condiciones favorables a sectores estratégicos de la industria, la infraestructura y las exportaciones.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que abarca organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más relevante en términos absolutos fue el de ARCA, con 3.220 puestos de trabajo eliminados. Le siguieron el CONICET, con 1.964 despidos, y el ANSES, que redujo su plantilla en 1.584 trabajadores.

En términos proporcionales, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sufrió el recorte más severo, perdiendo el 64 % de su personal.

En segundo lugar se ubicó la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 46,6 %, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que experimentó una disminución del 43,5 % en su dotación.

Lucas Santa Cruz es socio en una pyme metalúrgica desde hace más de una década. Como es una empresa familiar, ya trabajaba ahí desde su juventud. Recuerda cada crisis como un hecho traumático. La de 2001; el final de Cristina Kirchner y la devaluación de 2018. Durante el último año, ya como cabeza de la compañía, también venía mal.

Vio cómo alguno de sus principales clientes —la mayoría ligados al sector de la construcción— fueron quedando en el camino. Un par de fábricas de cerámicas le dejaron cheques impagos.

El 2025 pintaba mal. Sin embargo, en las últimas semanas ha notado un repunte en la actividad. Llegaron más pedidos. También es cierto que adaptó su trabajo a una producción más básica, más vinculada a la herrería en general.

«Pero hay más trabajo», dice.

Como sucede con la empresa de Lucas, hay más casos de compañías que volvieron a creer después de las elecciones del 26 de octubre.

¿Mejora en el consumo?: el impacto del dólar y las bajas tasas

El dólar estable y la baja de las tasas de interés fueron los dos factores claves para la mejora.

«Los bancos no nos daban ninguna respuesta; quedamos ahogados», dice a iProfesional Javier M., el socio de una pyme fabricante de juguetes. Javier prefiere mantener en nel anonimato su identidad, pero cuenta que a mitad de año no pudo obtener financiamiento para una parte de la producción que se va a vender para Navidad y Reyes.

Coincide con su colega metalúrgico: «Está mejor la cosa. Nada que desborde la ilusión, pero al menos ahora se puede trabajar y proyectar». Se refiere a la baja de las tasas de interés.

Santa Cruz, el pyme metalúrgico, agrega que los bancos con los que opera a diario ya le ofrecieron crédito para capital de trabajo.

El juguetero, en cambio, cambia de humor al hablar del futuro. «Si el Gobierno sigue abriendo las importaciones, va a ser muy complicado. Tiene que dar tiempo para amoldarnos a la nueva realidad», reclama.

Venta de alimentos: los que sí y los que no

Al revés de lo que sucedió en las crisis anteriores, donde primero despuntaban las empresas de consumo masivo, y recién después los otros sectores, ahora se da al revés.

Al menos hasta el momento.

Un par de compañías líderes de la alimentación admitieron, ante la consulta de iProfesional, que noviembre finalizó con ventas muy golpeadas.

También sucede con las bebidas. Una de las fábricas de cervezas que manda en el mercado, de por sí concentrado, admitió que noviembre cerró con ventas más bajas que la de noviembre del año pasado, que de por sí ya había sido «muy flojo».

Las empresas descartan que sea una cuestión de precios. «Los alimentos de almacén no tienen mayores movimientos. Hubo aumentos en carnes y productos estaciones, pero nada extraordinario en productos como fideos, azúcar, arroz o harina. Es cierto que algo se ajustó en aceites, pero nada más», dijo la fuente a iProfesional.

Para demostrar que el escenario es difícil en lo general, el director de otra alimenticia recordó que en los últimos dos meses cayeron las ventas en las grandes cadenas de supermercados, también en los autoservicios y en los mayoristas.

Expectativas: dólar y algo más

Desde la gigante de la alimentación consultada por iProfesional fueron categóricos: la recuperación en 2026 «será muy lenta» porque nadie percibe que los ingresos de las familias muestre una mejora repentina.

Algo de esto se viene evidenciando, según admiten los propios registros oficiales.

El último dato del EMAE, sin ir más lejos, dio cuenta de una dinámica heterogénea. Tanto es así que, si se excluye el sector financiero, la actividad de septiembre hubiese mostrado una caída de la actividad (y no una mejora).

«Al evaluar el comportamiento del EMAE sin el sector financiero, y según nuestras estimaciones, la actividad habría caído un 0,2% mensual (sin estacionalidad) en septiembre», sostuvo el economista Ricardo Delgado, titular de la consultora Analytica.

«El sector de intermediación financiera es de los sectores que más crece, pero su demanda de mano de obra es baja», completó Delgado.

La clave para las próximas semanas tendrá, nuevamente, al dólar en el centro de la escena.

Los referentes de la City continúan con el reclamo para que el Gobierno compre reservas para el Banco Central y despeje cualquier duda sobre el repago de la deuda en dólares.

A medida que avancen las semanas y esa variable no se despeje, es probable que vuelvan los fantasmas al mercado. Así lo entienden también en las grandes compañías.

El camino hacia la recuperación todavía no luce despejado, a pesar de los buenos vientos de las últimas cuatro semanas.