ECONOMIA
Se profundiza la crisis en una importante empresa láctea y peligran 700 empleos
La situación de las alimenticias en general, y de las lácteas en particular, no deja de complicarse en la Argentina y semana tras semana proliferan las novedades que dan cuenta del momento crítico que atraviesan las principales compañías de ese nicho. Al concurso de acreedores que sostiene SanCor, y las dificultades operativas que registran La Lácteo y ARSA, en este último tramo de mayo se sumó Lácteos Verónica, que desde hace 15 días se encuentra con su producción paralizada a partir de medidas sindicales derivadas de la falta del pago completo de los salarios y la retención de aportes sociales. En torno a la compañía se afirma que la continuidad de al menos 700 puestos de trabajo se encuentra en riesgo.
El cese de actividades establecido por parte de los operarios de la empresa redundó en la parálisis de las actividades en las plantas que la firma posee en Totoras, Lehmann y Suardi, todas en Santa Fe.
Este mes, Verónica cubrió apenas el 30% de los salarios de sus 700 empleados. Fuentes cercanas a la firma señalan, también, que la cúpula de la compañía acumula dos años de efectuar retenciones a los montos que corresponden a las obras sociales y los aportes previsionales.
La compañía arrastra una crisis financiera que ahora ya se evidencia en la falta de fondos para cubrir los sueldos. Según revisó iProfesional en la base de deudores del Banco Central (BCRA), Verónica acumula 107 cheques rechazados en lo que va del año, con un monto total del orden de los 344,5 millones de pesos.
En el ámbito de la lechería afirman que la compañía ostenta una deuda financiera del orden de los 9.000 millones de pesos.
Verónica y un producción en derrumbe
La falta de espalda financiera para sostener una producción a gran escala queda a la vista, también, si se toma en cuenta que hace menos de tres años la marca procesaba a razón de 1 millón de litros de leche diarios y en la actualidad apenas si llega a los 200.000.
Desde el ámbito de los empleados de la firma se reconoce que la compañía aún no desactivó puestos de trabajo, pero sí se señala que Verónica transita una crisis que, de no hallarse una salida urgente, redundaría en la quiebra de la láctea.
«No hay despidos, pero la empresa viene pidiendo a los trabajadores que accedamos a un desdoblamiento de sueldos para financiarse. No entendemos cómo pasamos de procesar un millón de litros a no llegar a 200.000«, declaró al respecto Rodolfo Rodríguez, delegado de la planta Classon
«Compañeros con familiares enfermos no están recibiendo el tratamiento que necesitan. Estamos a la deriva, pidiendo ayuda. Hay empleados que no tienen para comer. Si Lácteos Verónica quiebra, serán mil personas desamparadas», advirtió.
El delegado en cuestión sostuvo que, a esta compleja situación comercial que atraviesa la firma, se suma la competencia con los productos importados, que son un 40% más baratos mientras que los costos de producción para Verónica y las empresas de ese rubro no han dejado de dispararse.
Las dificultades en Verónica no son nuevas. Ya en marzo pasado, Norberto Galimberti, gerente de personal de la compañía, propuso a los trabajadores cubrir los sueldos en cuatro cuotas, una alternativa que llegó tras protestas por atrasos en los pagos desde fines de año.
ARSA y La Lácteo, también en problemas
La crisis en Verónica ocurre a escasos días de que Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA) frenara por completo su producción por el lapso de un mes.
La dueña de marcas por demás de conocidas como Yogs y Shimy se encuentra bajo concurso de acreedores y, en simultáneo a la merma en las ventas que padece todo el sector, el mal momento que sacude a la empresa también guarda relación directa con dos actores con incidencia directa en el destino financiero y comercial de la láctea: el gremio ATILRA y la cerealera Vicentin.
Si bien en la actualidad el gerenciamiento de la compañía corre por cuenta del grupo venezolano Maralac, ligado a La Suipachense, lo cierto es que las dificultades económicas y judiciales que golpean a Vicentin repercuten de lleno en la operatividad de ARSA.
En ese sentido, fuentes cercanas a la láctea explicaron a iProfesional que Vicentin es tanto el principal accionista como acreedor de la misma ARSA.
A la incidencia de ese primer factor hay que agregarle el peso del gremio ATILRA, que desde 2024 a esta parte viene intensificando la presión en un intento por ejercer el control de las labores dentro las plantas de ARSA en Córdoba y Arenaza, en la provincia de Buenos Aires.
Otra firma que situación complicada, y también fuertemente enfrentada con el sindicato, es La Lácteo, con operaciones concentradas también en la provincia de Córdoba. A principios del año pasado, la lechera sufrió un bloqueo por parte de ATILRA que, extendido por un lapso de dos meses, pegó de lleno en la endeble situación financiera de la compañía.
El conflicto redundó en la pérdida de proveedores, una caída en la comercialización por demás de pronunciada, y la merma en los fondos para cubrir los salarios. Al día de hoy, la operatividad de la empresa sigue comprometida y La Lácteo continúa haciendo esfuerzos por recuperar su caudal de producción.
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ECONOMIA
Jubilaciones: quiénes recuperaron poder adquisitivo y cuánta brecha queda tras dos años de presidencia de Milei
Desde diciembre de 2023, con la llegada de Javier Milei y una inflación de 25,5% en ese mes (que no descendió de los dos dígitos mensuales hasta abril de 2024), la política monetaria contractiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la recuperación del superávit fiscal se consolidaron como ejes para intentar no seguir deteriorando el poder de compra de jubilados y pensionados, y fortalecer las partidas para asignaciones familiares.
Al cabo de dos años de Gobierno, aumentó el ingreso real de casi un tercio de los jubilados y pensionados que ingresaron al sistema tras cumplir los años de aportes y la edad mínima. El alza fue aún mayor para los perceptores de asignaciones familiares, especialmente quienes reciben la Asignación Universal por Hijo. En cambio, quienes ingresaron mediante moratorias o planes para adultos mayores sin historia laboral sufrieron un deterioro en sus ingresos.
Durante la presidencia de Alberto Fernández, los titulares de la jubilación mínima recibieron incrementos superiores al resto gracias a un bono complementario otorgado en marzo de 2020 para contener los efectos de la crisis de Covid-19 y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Ese bono, equivalente al 9,4% del haber base al inicio, se fue actualizando periódicamente y llegó a representar 52% al finalizar el mandato.
Quienes ingresaron mediante moratorias o planes para adultos mayores sin historia laboral sufrieron un deterioro en sus ingresos
Con la llegada de Javier Milei, ese suplemento se actualizó en marzo de 2024, pasando de $55.000 a $70.000, manteniendo la relación del 52%, pero al quedar congelado hasta el presente fue perdiendo relevancia, hasta alcanzar solo 21 por ciento.
Hasta el primer trimestre de 2024, la partida previsional experimentó una caída en términos reales, ante la aceleración de la alta inflación y los ajustes pautados por la anterior Ley de Movilidad.
Desde abril de 2024, las actualizaciones comenzaron a ubicarse por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec en el período de percepción, tras la suspensión de la Ley de Movilidad a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 e implementar aumentos mensuales basados en la variación del IPC de dos meses antes que en general fue más alta.
Desde abril de 2024, las actualizaciones comenzaron a ubicarse por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec en el período de percepción
El Gobierno también apuntó a reducir la diferencia con quienes perciben haberes superiores a la mínima, grupo integrado por beneficiarios que cumplieron con los 30 años de aportes y la edad reglamentaria (60 para mujeres, 65 para varones), que equivale al 32% del total.
Por un lado, en abril de 2024 dispuso un aumento diferenciado de 27,4%, mientras que para el resto fue de 18%, al quedar fijo el monto del bono.
En los primeros 24 meses de gobierno de Milei, hasta noviembre de 2025, los beneficiarios de la mínima más el suplemento de $70.000 recibieron un aumento nominal de 224,4%, frente a una inflación acumulada de 248,6%, lo que significó una pérdida de 6,9% en su poder de compra. En contraste, aquellos con haberes superiores al mínimo recuperaron 9,5% de poder adquisitivo acumular ajustes del 281,7%. El incremento promedio ponderado para el total de jubilados y pensionados fue de 1,3% en el último bienio.
Durante la última administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, los haberes previsionales sufrieron una reducción real: 6,6% para quienes recibieron el haber mínimo más bono y 34,4% para quienes percibieron el resto de las escalas, con una pérdida promedio ponderada del 22,9% entre extremos.
Para igualar el nivel del poder de compra que tenían en noviembre de 2019, el haber mínimo debería subir 15,4% en términos reales y los tramos superiores un 39 por ciento.
Para igualar el nivel del poder de compra que tenían en noviembre de 2019, el haber mínimo debería subir 15,4% en términos reales y los tramos superiores un 39 por ciento
El Gobierno sostiene que ese desfase solo podrá cerrarse mediante una reforma previsional y laboral que fomente la contratación de trabajadores registrados en relación de dependencia en el sector privado y revierta el déficit estructural del sistema, profundizado durante las gestiones kirchneristas (2003-2015 y 2019-2023).
Las moratorias implementadas en estos períodos elevaron el número de jubilados y pensionados de 3,3 millones a 6,9 millones, mientras que la cantidad de aportantes pasó de 8,7 millones a 12,7 millones de trabajadores.
De esta manera, la relación de aportantes por beneficiario cayó de 2,6 en 2006 (antes de la primera moratoria) a algo más de 1,7 en la actualidad, en un sistema que requiere un mínimo de tres trabajadores activos por cada beneficiario para ser sustentable y honrar un haber equivalente al 82% del ingreso promedio de los trabajadores.
En materia presupuestaria, los informes de la Secretaría de Hacienda revelan que tras la crisis de 2020, la aceleración inflacionaria y la vigencia de la vieja Ley de Movilidad hasta marzo de 2024, el gasto previsional real cayó 30% en un trimestre.
Posteriormente, la recuperación de la actividad económica y la desinflación permitieron que en octubre de 2025 (último dato) el pago de jubilaciones y pensiones superara en 9,5% el de noviembre de 2023 y en más de ocho puntos porcentuales al promedio de las subas de haberes, debido principalmente a la aceleración en el pago de sentencias judiciales por parte de la Anses y en menor medida, por el crecimiento vegetativo de los beneficiarios con haberes superiores al promedio.
La evolución de los haberes previsionales y el desafío de recomponer el poder adquisitivo real que tenían antes del último gobierno populista siguen generando tensión social y política, con ajustes que no logran revertir por completo la pérdida acumulada y reformas que postergan una solución estructural.
La brecha vigente en el poder de compra refuerza el reclamo de una actualización integral del sistema previsional, en busca de una solución de largo plazo que aún no se vislumbra.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, autorizó el incremento para el transporte público de pasajeros que circula exclusivamente dentro de la Provincia
28/11/2025 – 11:15hs
El Gobierno bonaerense dispuso una nueva actualización en las tarifas del transporte público. A partir del lunes 1° de diciembre, el boleto mínimo de colectivo en el conurbano pasará a costar $658, tras una suba total que asciende al 14,8%.
La medida fue oficializada este viernes mediante la resolución 342, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, luego de una consulta ciudadana realizada entre el 19 y 20 de noviembre.
Cómo se compone el aumento
Según la Secretaría de Transporte bonaerense, la suba incluye:
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Un ajuste extraordinario del 10%,
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Más la actualización automática que sigue la inflación + 2 puntos porcentuales, vigente desde marzo.
De esta manera, se aplicará un incremento acumulado del 14,8% sobre las tarifas actuales.
Por qué se actualizan los boletos
La administración de Axel Kicillof explicó que el esquema vigente «no logró equilibrar los costos operativos del sector», afectados por:
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La evolución del tipo de cambio,
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Los aumentos en combustibles,
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Los mayores costos de mantenimiento de las unidades del sistema.
Tarifas de colectivos en PBA desde el 1° de diciembre
La suba alcanza a las líneas numeradas del 200 en adelante que prestan servicio en el corredor bonaerense.
Para usuarios que utilicen la SUBE sin nominalizar, los valores se ubicarán entre $1046,92 y $1435,34.
Colectivos de CABA (recorridos íntegros dentro de la Ciudad)
Con SUBE registrada:
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0-3 km: $568,82
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3-6 km: $633,67
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6-12 km: $682,49
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12-27 km: $731,34
Colectivos nacionales (AMBA)
Con SUBE registrada:
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0-3 km: $494,83
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3-6 km: $551,24
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6-12 km: $593,70
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12-27 km: $636,21
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Más de 27 km: $678,42
Tensión en el sector: la UTA advierte sobre un posible paro
En paralelo al aumento, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a poner presión ante la posibilidad de demoras en el pago de salarios y del medio aguinaldo de diciembre.
El gremio, encabezado por Roberto Fernández, anticipó que podría convocar a medidas de fuerza si:
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Los choferes no reciben el sueldo completo,
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O si el Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga en cuotas o con atrasos.
La UTA responsabilizó al Gobierno nacional y a las cámaras empresarias del AMBA, que ya adelantaron que:
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Los salarios de noviembre se pagarán en dos tramos,
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Y el aguinaldo, en seis cuotas.
«El Gobierno será responsable si los trabajadores deben realizar un paro para percibir en tiempo y forma los salarios que constituyen el sustento de sus familias», advirtió el sindicato en un comunicado.
Diferencias con el interior del país
El Observatorio del IIEP remarcó que, pese a los aumentos, el AMBA continúa teniendo los boletos más bajos del país. En muchas ciudades del interior el costo supera los $1.500 por viaje:
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Bariloche: $1895
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Córdoba: $1720
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Rosario: $1580
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ECONOMIA
Cambios en los subsidios a la luz, el gas y las garrafas: cómo es el nuevo esquema y qué impacto tendrá en las tarifas
A partir de enero de 2026, regirá un nuevo esquema de subsidios energéticos que transformará la asignación de asistencia estatal en las tarifas de luz, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes.
Esta reforma elimina la segmentación previa y planes separados, como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para establecer solo dos categorías de usuarios: quienes recibirán subsidio y quienes pagarán el costo pleno de la energía.
El acceso a la ayuda será más restrictivo, con criterios de ingresos y patrimonio más exigentes, y el objetivo central es reducir el gasto fiscal y transparentar el precio real de los servicios.
El nuevo sistema, presentado a consulta pública, implica la desaparición de los niveles N1, N2 y N3, así como de los regímenes diferenciados que coexistían hasta ahora.
Desde el año que viene, solo los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.397 mensuales, podrán acceder al subsidio. Además, se mantendrán exclusiones patrimoniales: quedarán fuera dueños de embarcaciones o propiedades adicionales. La Secretaría de Energía habilitó un período de 15 días hábiles para recibir observaciones y abrió la posibilidad de que los beneficiarios actuales actualicen sus datos mediante declaración jurada.
El funcionamiento del nuevo andamiaje de subsidios varía según el tipo de energía. En electricidad, los hogares subsidiados recibirán una bonificación del 50% sobre un bloque de 300 kWh mensuales durante los meses de mayor demanda (invierno y verano), y de 150 kWh en los meses templados.
Para el gas natural por redes, el subsidio cubrirá la mitad del precio entre abril y septiembre, sin bonificación el resto del año, y el bloque subsidiado se ajustará según la región y las necesidades estacionales.
En el caso de las garrafas y el gas propano, la subvención se transferirá de manera directa a través de billeteras virtuales, como Mercado Pago.
Los beneficiarios del Programa Hogar, que suman alrededor de 3,3 millones de familias, serán migrados automáticamente al nuevo régimen y recibirán el equivalente a media garrafa por mes durante todo el año, con una adicional en invierno.
La transición hacia este nuevo esquema será gradual. En enero de 2026, se aplicará una bonificación extraordinaria del 25% adicional en ambos servicios, lo que llevará la cobertura al 75% en electricidad y al 25% en gas ese mes. Este plus se reducirá mes a mes hasta desaparecer en diciembre de 2026, con el fin de evitar aumentos bruscos en las facturas durante los picos de consumo.
Las facturas reflejarán el costo real de la energía, con precios mayoristas planos y únicos: USD 3,80 el millón de BTU para el gas y USD 75 el megavatio-hora para la electricidad
Además, las facturas comenzarán a reflejar el costo real de la energía, con precios mayoristas planos y únicos: USD 3,80 por millón de BTU para el gas y USD 75 el megavatio-hora para la electricidad.
El proceso de migración será automático para quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), aunque podrán actualizar su información si lo desean. Los usuarios de gas propano por redes o garrafas que aún no estén registrados deberán inscribirse a través del sitio oficial a partir de enero. La revisión de padrones permitió detectar y corregir 2.590.000 casos de beneficiarios que no cumplían los requisitos, incluidos 370.000 registros a nombre de personas fallecidas y 15.518 hogares en barrios privados que accedían al subsidio de manera ilegítima.
El impacto en las tarifas será significativo. Se estima que los hogares subsidiados cubrirán, en promedio, el 76% del costo de la electricidad y el 79% del gas. El Gobierno proyecta que el 80% de los hogares de menores ingresos pagarán menos de $34.000 mensuales por gas en el mes más frío, y el 87% de ese segmento menos de $38.000 por electricidad en el pico estacional.
Quienes superen los límites establecidos abonarán la totalidad del consumo al precio pleno. La asistencia estatal dejará de ser generalizada y se focalizará en los hogares vulnerables, con una actualización dinámica de datos y auditorías permanentes para garantizar el acceso justo al beneficio.
Las zonas frías mantendrán regímenes y beneficios diferenciales sujetos a la definición final del Presupuesto 2026
Desde la perspectiva fiscal, el Gobierno apunta a reducir el gasto en subsidios energéticos al 0,5% del PBI en 2026, lo que representa USD 3.000 millones, frente al 1,5% registrado en 2023 y al 0,65% previsto para 2025. El rediseño busca transparentar el precio de los servicios, aumentar la proporción del gasto asumido por los usuarios y consolidar la disciplina fiscal. La reducción de subsidios irá acompañada de una actualización paulatina de tarifas y de la focalización de la ayuda, para minimizar el impacto sobre la factura promedio durante la transición.
El esquema contempla consideraciones especiales para las zonas frías del país, que mantendrán regímenes y beneficios diferenciales sujetos a la definición final del Presupuesto 2026. Además, se prevé la continuidad de auditorías y la actualización permanente de los padrones para evitar distorsiones y garantizar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan. El oficialismo también aseguró que no se esperan cortes generalizados en el sistema eléctrico durante el verano, aunque persistirán riesgos en áreas con redes deficitarias.
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