ECONOMIA
¿Se terminó el control de ARCA?: la letra chica de la ley que cambia para siempre tus consumos
El Congreso aprobó una reforma que promete cambiar radicalmente la vida financiera de los argentinos y su relación con el Estado. El proyecto de «Inocencia Fiscal» dejó una premisa clara: terminar con la persecución tributaria sobre el pequeño contribuyente y actualizar una normativa que había quedado obsoleta por la inflación.
No se trata solo de un ajuste técnico de números en una planilla de Excel, sino de una modificación profunda en la filosofía de recaudación de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El Gobierno busca con esta medida que el organismo deje de «cazar en el zoológico» persiguiendo deudas insignificantes en términos reales, para concentrarse únicamente en los grandes evasores que mueven la aguja de la economía.
La iniciativa llega en un momento clave, donde la clase media y las pymes reclamaban un alivio ante la presión de un sistema que penalizaba errores administrativos con la misma severidad que delitos complejos. Con la inflación acumulada de los últimos años, cualquier comerciante podía quedar atrapado en una causa penal por montos que hoy apenas cubren la reposición de mercadería básica.
A continuación, analizamos punto por punto la letra chica de este proyecto que ya tiene medio pie adentro de la ley. Desde la libertad para gastar tus ahorros sin miedo a una inspección sorpresa, hasta el aumento exponencial de las multas por trámites mal hechos, te explicamos cómo esta reforma impacta directamente en tu bolsillo y en tu tranquilidad.
El fin del miedo a gastar tus dólares
Uno de los puntos más revolucionarios del proyecto es la creación de un nuevo Régimen Simplificado para el Impuesto a las Ganancias. Esta herramienta está diseñada específicamente para que la gente pierda el miedo a volcar sus ahorros «del colchón» a la economía real. Básicamente, se cambia la forma en que el Estado te mira: ya no importará tanto cuánto gastás, sino estrictamente cuánto facturás.
Bajo este nuevo esquema, quienes tengan ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio inferior a 10.000 millones, pagarán sus impuestos exclusivamente sobre lo facturado. Esto elimina de raíz una de las herramientas de fiscalización más temidas de la vieja AFIP: la presunción de evasión basada en el consumo o en el estilo de vida del contribuyente.
En la práctica, esto significa que si te comprás un auto, renovás tu casa o hacés un viaje al exterior usando dólares que tenías guardados y que quizás no estaban declarados, ARCA no podrá abrirte una investigación por «incremento patrimonial no justificado». Mientras respetes los topes de facturación del régimen, el origen de los fondos destinados al consumo deja de ser un motivo automático de persecución.
El objetivo de fondo es reactivar el consumo y la inversión hormiga. El Gobierno entiende que hay millones de dólares fuera del sistema que no se mueven por temor a represalias fiscales. Con esta «inocencia fiscal» aplicada al consumo, se busca generar un blanqueo de facto, permitiendo que ese dinero fluya libremente sin que el contribuyente sienta que tiene un inspector respirándole en la nuca.
Pisos penales: adiós a las causas por «chirolas»
El corazón legal de la reforma es la actualización brutal de los montos a partir de los cuales una deuda se considera delito penal. Hasta ayer, la Ley Penal Tributaria establecía que evadir más de 1,5 millones de pesos era motivo suficiente para una denuncia por «evasión simple». Ese número, devorado por la inflación, había quedado ridículamente bajo, poniendo en riesgo de prisión a cualquier pyme barrial.
El proyecto aprobado eleva ese umbral a 100 millones de pesos. El salto es gigantesco pero necesario para sincerar la economía. A partir de ahora, ARCA solo podrá iniciar acciones penales cuando la supuesta evasión supere esa cifra millonaria. Esto descomprime instantáneamente los tribunales y le quita a los contadores el estrés de saber que un error en una declaración jurada podía terminar en una causa criminal.
Para los casos más graves, caratulados como «evasión agravada», el límite también se dispara. Pasa de los actuales 15 millones a 1.000 millones de pesos. Esto protege a las empresas medianas que, ante una fiscalización agresiva o una diferencia de criterio con el inspector, podían verse amenazadas con penas de prisión efectiva por montos que son habituales en su facturación mensual.
También se actualizan los pisos para los agentes de retención, aquellos que recaudan impuestos de terceros, cuyo mínimo para ser penalizados salta de 100.000 pesos a 10 millones. La lógica es clara: el derecho penal debe ser la última ratio, una herramienta reservada para los grandes delincuentes tributarios y no un mecanismo de cobranza extorsiva para asustar a los contribuyentes de a pie.
Inocencia Fiscal: vos tenés la razón
El nombre del proyecto no es casualidad; busca instaurar el principio de «inocencia» en el ámbito administrativo. Históricamente, la relación con el fisco era asimétrica: si la ex AFIP decía que debías algo, eras vos quien tenía que correr para demostrar lo contrario. La duda siempre jugaba a favor del Estado y en contra del ciudadano, generando una sensación de indefensión constante.
La nueva normativa invierte la carga de la prueba en la etapa inicial. Ahora, ARCA deberá partir de la premisa de que las declaraciones juradas presentadas por los ciudadanos son correctas y veraces. Solo podrá impugnarlas si detecta y prueba una «discrepancia significativa». El organismo recaudador tendrá que trabajar más y mejor para justificar por qué cuestiona tus números.
Esto limita la arbitrariedad de los inspectores y las fiscalizaciones «de pesca», esas donde se abría una investigación sin pruebas concretas solo para ver qué se encontraba. La ley busca dar seguridad jurídica y tranquilidad mental. Si presentaste tus papeles, se asume que estás cumpliendo, salvo que el Estado tenga pruebas contundentes de lo contrario.
Se prioriza así la regularización voluntaria por sobre el castigo. La idea fuerza detrás de la norma es que al Estado le sirve mucho más cobrar los impuestos adeudados de manera civilizada que tener a un empresario procesado o fundido por un juicio eterno. Es una visión pragmática y moderna que busca recaudar sin asfixiar la iniciativa privada ni criminalizar el error contable.
Premios para los cumplidores: menos tiempo de riesgo
Otra gran noticia para la seguridad jurídica de los buenos contribuyentes es la reducción de los plazos de prescripción. Actualmente, el fisco tiene un «cheque en blanco» de 5 años para reclamar deudas, revisar declaraciones antiguas o aplicar multas. Ese lustro se convertía muchas veces en una eternidad de incertidumbre, obligando a guardar papeles y comprobantes por tiempo indefinido.
Con la nueva ley, ese plazo se reduce a 3 años para aquellos contribuyentes cumplidores. Se define como «cumplidor» a quien presenta sus declaraciones juradas en tiempo y forma. Es un incentivo directo a la prolijidad administrativa: si hacés las cosas bien y al día, el Estado tiene mucho menos tiempo para volver a revisarte el pasado.
Sin embargo, hay que estar muy atentos porque este beneficio no es universal. Los contribuyentes no inscriptos o aquellos que no presenten sus declaraciones seguirán sujetos a los plazos largos tradicionales. La norma funciona como un sistema de premios y castigos que busca incentivar la formalización y el cumplimiento estricto del calendario de vencimientos de ARCA.
Esta medida alinea a la Argentina con las tendencias internacionales más modernas, donde los plazos de revisión son cortos para obligar al organismo recaudador a ser eficiente. Si ARCA quiere cobrar o detectar una falla, deberá hacerlo rápido. Se termina la época de «sentarse» sobre los expedientes durante media década esperando el momento político oportuno para activar un reclamo.
La trampa: multas impagables por errores tontos
Pero no todo es color de rosas en este proyecto, y aquí es donde tenés que prestar máxima atención. Como contrapartida a la suba de los umbrales penales (la zanahoria), el Gobierno decidió aplicar un garrote: la actualización feroz de los valores de las multas administrativas previstas en la Ley de Procedimiento Tributario. Aquí es donde el bolsillo te puede doler de verdad si te descuidás.
Las multas por infracciones formales, esas que se aplican por no presentar una declaración informativa a tiempo o por errores simples en los deberes administrativos, sufren un aumento exponencial. Los valores estaban congelados hace años y eran irrisorios (200 pesos), a tal punto que a muchas empresas les convenía pagar la multa antes que gastar recursos en cumplir con el trámite burocrático.
El proyecto eleva estos montos hasta 300 veces. Por ejemplo, la multa mínima por infracciones formales pasa de 200 pesos a 220.000 pesos. La máxima salta a 440.000 pesos. Un simple olvido de tu contador o un retraso en la presentación de un formulario te puede costar ahora casi medio millón de pesos, un golpe durísimo para cualquier profesional independiente.
Más grave aún es el caso de la omisión de presentar declaraciones juradas informativas, una falta común en grandes empresas y regímenes complejos de información. Las sanciones para estos casos se ubicarán entre los 5 millones y los 10 millones de pesos. El mensaje del Gobierno es cristalino: no vas a ir preso por una deuda chica, pero si sos desprolijo con los papeles, lo vas a pagar carísimo.
Borrón y cuenta nueva para causas viejas
Una de las grandes incógnitas era qué pasaría con los procesos judiciales que ya están en marcha. Por el principio de la ley penal más benigna, que tiene efecto retroactivo, el proyecto incluye mecanismos específicos para «limpiar» el historial de quienes hoy están procesados por montos que, con la nueva ley de 100 millones, dejarían de ser considerados delito.
El texto permite la extinción de la acción penal de manera definitiva. Si todavía no hubo denuncia formal de ARCA, el contribuyente puede cancelar la deuda (capital más intereses) y el asunto muere ahí, sin llegar nunca a tribunales. Es una oportunidad de oro para solucionar contingencias antes de que la maquinaria judicial se active.
Si la causa penal ya se inició, también hay una salida, aunque es más costosa. Se podrá extinguir la acción penal pagando el total de la deuda, los intereses y un recargo adicional del 50% en concepto de multa. Es una opción onerosa, sí, pero evita el riesgo de una condena, el embargo de bienes y la mancha en el récord que podría arruinar la reputación comercial de una empresa.
Este beneficio de «pagar para cerrar la causa» es una bala de plata que podrá utilizarse una sola vez por contribuyente. Si volvés a evadir en el futuro y te inician otra causa, ya no podrás usar este comodín. El sistema busca regularizar el stock de juicios viejos acumulados por la inflación, pero no dar una patente de corso para evadir sistemáticamente una y otra vez.
Ajuste automático: el fin de la discrecionalidad política
Finalmente, el proyecto ataca uno de los problemas históricos de la legislación económica argentina: la inflación que licúa las leyes en cuestión de meses. Para evitar que dentro de dos años estos nuevos umbrales de 100 millones vuelvan a quedar desactualizados y ridículos, obligando a otra reforma, se introdujo una cláusula de ajuste automático inteligente.
A partir del 1° de enero de 2027, todos los montos fijos que establece la ley (tanto los pisos para ir preso como los valores de las multas y los topes del régimen simplificado) se actualizarán anualmente. La variable elegida no es el IPC ni el salario, sino la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que refleja de manera fiel la realidad monetaria.
Esto es clave para la seguridad jurídica a largo plazo de todos los actores económicos. Al atar los montos a la UVA, se garantiza que los parámetros se mantengan constantes en términos reales. Se le quita al poder político de turno la discrecionalidad de mantener los topes bajos para «apretar» a opositores o subirlos arbitrariamente como favor.
La actualización considerará la variación de la UVA entre enero y diciembre del año anterior. De esta manera, contadores, abogados y empresarios tendrán certeza absoluta sobre qué ley aplica cada año, sin depender de que el Congreso se digne a tratar una nueva reforma cada vez que el índice de precios se dispara, aportando una previsibilidad inédita al sistema tributario.
Banco Nación se prepara para canalizar los ahorros sin fricción ni sospecha fiscal
En paralelo a los cambios legales que introduce la Ley de Inocencia Fiscal, el Banco Nación confirmó que ya adecuó su operatoria para acompañar la nueva lógica del sistema. A través de sus más de 700 sucursales en todo el país y sus canales digitales, la entidad pública se declaró preparada para absorber un eventual aumento en la demanda de consultas, operaciones y servicios vinculados al uso de ahorros personales.
Desde la banca oficial remarcan que el nuevo marco normativo elimina uno de los principales frenos que tenían los ahorristas para interactuar con el sistema financiero: el temor a que cualquier movimiento activara alertas automáticas o derivara en investigaciones fiscales.
Con la imposibilidad de que ARCA investigue consumos por fuera de los nuevos umbrales, el uso de cuentas bancarias, transferencias y medios electrónicos deja de ser un factor de riesgo en sí mismo.
En ese contexto, el Banco Nación se posiciona como una puerta de entrada natural para quienes decidan reinsertar sus ahorros en el circuito formal, ya sea para consumo, inversión o simple resguardo. La entidad destaca que su red federal y su infraestructura digital permiten atender tanto a pequeños ahorristas como a pymes y profesionales que buscan regularizar su relación con el sistema sin sobresaltos administrativos.
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El flujo neto de Inversión Extranjera Directa (IED) que recibió El Salvador en 2025 ascendió a USD 474.8 millones, una cifra resultado del informe del Banco Central de Reserva (BCR), autoridad monetaria de El Salvador. Este volumen refleja el balance entre entradas de IED por USD 10,617.9 millones y salidas de IED que alcanzaron USD 10,143.1 millones; se sostiene por la rentabilidad y repatriación de utilidades de empresas internacionales.
La distribución del flujo neto reportado por la BCR indica que la reinversión de utilidades representó USD 661.7 millones, equivalentes al 40% de la rentabilidad neta obtenida por las empresas. Las participaciones de capital sumaron USD 276.3 millones, con USD 208.6 millones destinados a inversiones en inmuebles por parte de inversionistas extranjeros. El año cerró con USD 1,642.8 millones en beneficios para las compañías de IED, monto 16.8% mayor al de 2024 y que arrojó una tasa de rentabilidad de 13.2%, la más alta en los últimos cinco años, de acuerdo con los datos oficiales.
Este saldo se explica, en parte, por el movimiento de recursos entre filiales y casas matrices. El reporte del Banco Central de Reserva precisa que en 2025 un grupo de diez grandes empresas realizó pagos a sus accionistas o casas matrices en el exterior por un total acumulado de USD 6,838 millones, equivalentes al 67% del total de salidas. Estas operaciones obedecen a estrategias financieras para optimizar costos y retribuir utilidades en sectores como información y comunicaciones, industria manufacturera, actividades financieras y de seguros, comercio y transporte.
Distribución y dinámica del flujo neto de IED en 2025
La medición de estos flujos responde a transacciones financieras —préstamos, utilidades reinvertidas y aportaciones al capital accionario— entre empresas afiliadas a un mismo grupo internacional. Operaciones entre filiales y terceros no se incluyen en la estadística del Banco Central de Reserva, lo que resalta que el balance de IED es principalmente el resultado de relaciones internas de grupos empresariales extranjeros con presencia en El Salvador.
El crecimiento de la IED tuvo un impacto directo en la rentabilidad de los inversionistas. Los beneficios distribuidos, en particular los dividendos, registraron USD 981.1 millones, cifra que representa un aumento interanual del 6%. Cuatro sectores concentraron el 93% de estos pagos: actividades financieras y de seguros, comercio, electricidad e industria manufacturera, según el BCR.
Panamá y Reino Unido lideran el aumento de inversión extranjera en El Salvador
En 2025, el 53% de los países con inversiones en El Salvador incrementaron sus flujos netos de IED frente a 2024. Panamá encabeza el crecimiento con USD 101.2 millones adicionales, lo que supone una expansión del 117%. Reino Unido mostró un alza aún más pronunciada, con USD 69.3 millones y un crecimiento del 1,396%. También se registraron incrementos de Honduras (USD 26.1 millones, aumento del 55%), Corea del Sur (USD 22.5 millones), Colombia y Países Bajos, ambos con USD 16.1 millones, según el Banco Central.
A excepción de Finlandia, todos los países que habían realizado inversiones en 2024 las mantuvieron en 2025. Las principales naciones con presencia activa en el país incluyen Estados Unidos, Panamá, Honduras, México, Colombia, Bermudas, Corea del Sur, Países Bajos, Suiza y Perú.
corresponsal:Desde El Salvador
ECONOMIA
El avance del pollo y del cerdo compensa la reducción del consumo de carne vacuna en la dieta argentina
El consumo de carne vacuna en Argentina registró en 2025 su nivel más bajo en dos décadas, con 47,3 kilos promedio por habitante al año, según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra). Este derrumbe no solo marca un cambio en los hábitos alimenticios de la población, sino que responde al retroceso en el poder adquisitivo del salario promedio, ya que la carne aumentó muy por encima de la inflación promedio del período.
Durante los últimos doce meses -entre febrero de 2025 y el mismo mes de 2026- el consumo per cápita de carne vacuna en Argentina cayó 1,2 kilos interanuales, una baja del 2,5% según Ciccra, profundizando la tendencia descendente iniciada tras el pico de 69,4 kilos en 2008.
Tomando cifras históricas, esto significa que en promedio la población consume hoy casi 15 kilos menos que dos décadas atrás, cuando el indicador rondaba los 62,2 kilos por persona en 2005. Mientras tanto, el precio promedio por kilo de carne en el consumidor alcanzó en febrero a $15.895, el valor más alto registrado en términos reales de los últimos 20 años, según un informe de Fundación Mediterránea.
Deterioro del poder adquisitivo
La comparación del salario medido con el precio de la carne vacuna revela el deterioro del poder adquisitivo en los últimos años.
El poder de compra del salario disminuyó de manera drástica en términos de carne vacuna (Ponti)
Según el análisis de Diego Ponti, analista de AZ-Group, con la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) ajustada por inflación, el poder de compra del salario disminuyó de manera drástica en términos de carne vacuna.
Entre la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y la administración de Javier Milei, la capacidad de compra pasó de 163 kilos a 112 kilos de carne vacuna por salario promedio.
En la presidencia de CFK, el salario promedio se ubicaba en $2.245.996 a valores de hoy -ajustado por inflación-, lo que permitía comprar 163 kilos de carne. Bajo el mandato de Mauricio Macri, el salario promedio era de $2.095.955 y se podían comprar 171 kilos. En la gestión de Alberto Fernández, estos valores bajaron a $1.825.654 y 131 kilos respectivamente.
Desde 2024, en la administración de Milei, el Ripte ronda $1.628.607 a precios constante con un valor promedio por kilo de $14.988, lo que reduce la capacidad de compra a 112 kilos de carne, una diferencia de más de 50 kilos respecto a los gobiernos de Kirchner y Macri, y de 20 kilos frente a Fernández.
El avance de competidores lejanos
El descenso en el consumo de carne vacuna se compensó parcialmente con el avance del cerdo y el pollo en la dieta cotidiana. Según estadísticas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, durante 2025 el consumo de carne porcina alcanzó 18,9 kilos por habitante, un récord absoluto y un crecimiento del 8,8% respecto del año previo.
La ingesta de carne aviar llegó a 47,7 kilos, mientras la bovina promedió 49,9 kilos, manteniendo el total de proteína animal en la dieta argentina entre los más altos del mundo, con 116,5 kilos anuales por persona, 6% más que el año anterior.
El argentino promedio come 75 kilos entre pollo y huevo frente a 40 kilos de carne roja que se proyectan para este año (Prida)
El presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Javier Prida, dijo en Infobae en Vivo que actualmente “el argentino promedio come 75 kilos entre pollo y huevo frente a los 40 kilos de carne roja que se proyectan para este año”.
Esta proyección representa siete kilos menos que el consumo del año pasado, cifra que, según Prida, se explica tanto por la pérdida del poder adquisitivo como por la menor oferta de carne.
Los relevamientos de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Carne de Cerdo (Caicha) estiman que el precio de la carne vacuna aumentó 56,8% en 2025, frente a una inflación del 31,5%. El cerdo, en cambio, subió 29,4%, y el pollo, 19,2%, haciendo que muchas familias sustituyeran los cortes tradicionales de carne bovina por alternativas más accesibles.
Factores que explican la persistencia de los precios altos
A pesar de la caída del consumo interno de carne vacuna, el precio no muestra señales de descenso. El novillito en el mercado de Cañuelas promedió $4.745 por kilo vivo, cifra récord impulsada por la escasez tanto local como internacional.
El analista ganadero Víctor Tonelli dijo a Infobae que “la disponibilidad de carne cayó cerca de 10% en los últimos seis meses”, mientras las exportaciones se mantuvieron estables. Esto redujo el volumen destinado al mercado interno y el consumo aparente podría ubicarse entre 44 y 45 kilos por habitante hacia marzo.
Desde el sector descartan una baja sostenida en el precio, ya que la oferta sigue limitada. Miguel Schiariti, presidente de Ciccra, dijo que las inundaciones recientes en la zona centro del país podrían reducir aún más el ingreso de hacienda, truncando cualquier posibilidad de alivio en el mostrador. Explicó que “la tormenta hace muy probable que la oferta se achique y entonces no habrá modificación de precios”.
Las causas de fondo incluyen la sequía 2022-2023, que obligó a una venta anticipada de animales, reduciendo el stock de madres y la cantidad de terneros. En febrero, los envíos a frigoríficos sumaron 924.333 vacunos, una caída del 10,7% interanual según la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario.
Las inundaciones recientes en la zona centro del país podrían reducir aún más el ingreso de hacienda, truncando cualquier posibilidad de alivio en el mostrador (Schiariti)
La firmeza de los precios internacionales es otro factor: mientras otros alimentos retrocedieron después del pico generado por la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, la carne vacuna mantuvo su cotización en el mundo, con la Cuota Hilton superando los USD 22.000 por tonelada en algunos cortes y subas de hasta el 30% interanual.
China continúa como el principal destino de las exportaciones argentinas, complementado por el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos, que amplió el cupo de exportación y presionó aún más sobre la oferta disponible para el consumo doméstico.
ECONOMIA
La suspensión judicial de la reforma laboral retrasa la implementación del Fondo de Asistencia Laboral
La suspensión judicial de buena parte de la reforma laboral postergó la entrada en vigencia del nuevo fondo para indemnizaciones por despidos. Mientras el Gobierno avanza con la apelación, el Ministerio de Economía trabaja en la reglamentación para dar claridad a empresas y trabajadores.
La discusión sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se intensificó tras la suspensión de 83 artículos de la ley. Es que la continuidad de la incertidumbre sobre el mecanismo para el pago de indemnizaciones mantiene la preocupación en el sector empresarial y en los mercados.
La resolución judicial, firmada por el juez Raúl Horacio Ojeda, afecta la implementación del FAL, que propone transformar la lógica de las compensaciones por despido y canalizar recursos al mercado de capitales. El FAL fue una de las iniciativas más debatidas del paquete de reformas impulsado por el Gobierno.
El FAL propone transformar la lógica de las compensaciones por despido y canalizar recursos al mercado de capitales
El diputado Nicolás Massot intentó modificar la propuesta durante el tratamiento en el Congreso, equiparando la iniciativa a las “AFJP” diseñadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. El Congreso, finalmente, legisló la posibilidad de crear un fondo específico para que las empresas constituyan reservas destinadas a cubrir eventuales desvinculaciones, en reemplazo del sistema actual de pago inmediato de indemnizaciones.
La ley, en suspenso por decisión de la Justicia, determina que las empresas deben realizar una contribución mensual para constituir el fondo: 2,5% de la nómina salarial si son pequeñas y medianas empresas (pyme) y del 1% en caso de tratarse de grandes compañías, a cambio de una reducción equivalente en las contribuciones patronales. Las gestoras y los agentes de liquidación y compensación (ALyC) requieren un proceso de adecuación legal y la definición de procedimientos internos para la apertura de cuentas FAL a sus clientes.
El FAL permitiría a las empresas canalizar recursos a un fondo propio, en lugar de entregarlos al Estado, constituyendo una reserva para eventuales despidos. Este mecanismo introduce un cambio en el flujo de caja empresarial, ya que los recursos que antes se destinaban al pago inmediato de indemnizaciones podrán formar parte de un fondo administrado bajo pautas específicas, con opciones de inversión limitadas.
Según fuentes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la reglamentación posiblemente requeriría varios pasos previos: primero, el decreto reglamentario de la ley; luego, resoluciones del Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Semejanzas con las AFJP y reacción de los actores
El abogado laboralista Pablo Mastromarino destacó que el FAL reviste especial interés para las pyme, ya que afrontar desvinculaciones implica un esfuerzo financiero considerable que muchas veces no pueden asumir.
Mastromarino anticipó que el fondo presentará similitudes con el antiguo esquema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), ya que serían administradoras de objeto único, con opciones de inversión restringidas por la normativa vigente y un papel relevante en el crecimiento del mercado de capitales argentino.
Sin embargo, referentes del mercado, destacaron que a diferencia de las AFJP que administraban fondos de los trabajadores en cuentas individuales de capitalización, el FAL administrará recursos de las empresas para un fin específico.
La suspensión judicial de la reforma laboral modificó el ritmo de la agenda oficial. Aunque el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, comunicó que va a apelar la medida cautelar que detuvo la aplicación de 83 artículos, incluidos los referidos al FAL, la entrada en vigor de los nuevos mecanismos para el pago de indemnizaciones quedó en suspenso. El sector empresario y los trabajadores evalúan sus próximos pasos ante la falta de definiciones judiciales.
Creamos el FAL; esta es plata que, como empresa, ustedes tenían que pagarle al Gobierno, al Tesoro, y ahora les decimos que constituyan un fondo de reserva para eventuales despidos (Caputo)
En una presentación ante la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministro Luis Caputo defendió el FAL como instrumento para que las empresas prevean el costo de una desvinculación sin desestabilizar sus cuentas: “Creamos el FAL; esta es plata que, como empresa, ustedes tenían que pagarle al Gobierno, al Tesoro, y ahora les decimos que constituyan un fondo de reserva para eventuales despidos. Si no hay despidos, igual hay un beneficio, que es el desarrollo del mercado de capitales”, dijo.
Desde el sector empresarial y de los trabajadores, la reacción combina expectativas y cautela frente a los cambios propuestos. Coinciden en que el acceso a un fondo propio puede ofrecer alternativas financieras ante la volatilidad del mercado laboral, mientras que operadores bursátiles resaltan el impacto positivo que podría tener sobre la liquidez y la dinámica del mercado de capitales local.
Plazos y avances en la reglamentación
El proceso para reglamentar el Fondo de Asistencia Laboral sigue su curso a pesar del litigio judicial. Según pudo saber Infobae, el regulador bursátil -la Comisión Nacional de Valores (CNV)- continúa trabajando en la definición de los instrumentos legales y operativos que regularán el funcionamiento del fondo, para brindar certidumbre tanto a empleadores como a trabajadores.
Entre los actores más implicados figuran los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), que siguen de cerca el desarrollo normativo. Referentes del sector, en diálogo reservado con Infobae, calificaron la cautelar como una “traba política” y consideraron que la CNV debe avanzar en la reglamentación de manera independiente a la resolución judicial. Destacaron que los plazos fijados por la Ley 27.082 exigen que el esquema esté operativo para el 1 de junio, lo que incrementa la presión sobre los operadores.
El 20 de marzo, el presidente de la CNV, Roberto E. Silva, encabezó una reunión con representantes de fondos comunes de inversión (FCI), fiduciarios financieros, agencias de liquidación y compensación, la Cámara de Agentes de Bolsa, la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas y la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión.
La CNV se comprometió a publicar en los próximos 15 días una resolución parcial en el Boletín Oficial, lo que permitirá a los FCI procedimiento automático de la CNV para cumplir con los plazos previstos.
Los parámetros que trascendieron estipulan que los fondos y fideicomisos no podrán cobrar más del 1% por honorario de administración total. Además, se estipula que el 80% de las carteras deberá invertirse en títulos soberanos y, según agentes del mercado, no se autorizaría la inversión en Cedears. Representantes de ALyC estiman que la inyección de capital en el mercado de capitales podría situarse entre USD 2.500 millones y USD 5.000 millones por año.
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