ECONOMIA
¿Se terminó el control de ARCA?: la letra chica de la ley que cambia para siempre tus consumos
El Congreso aprobó una reforma que promete cambiar radicalmente la vida financiera de los argentinos y su relación con el Estado. El proyecto de «Inocencia Fiscal» dejó una premisa clara: terminar con la persecución tributaria sobre el pequeño contribuyente y actualizar una normativa que había quedado obsoleta por la inflación.
No se trata solo de un ajuste técnico de números en una planilla de Excel, sino de una modificación profunda en la filosofía de recaudación de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El Gobierno busca con esta medida que el organismo deje de «cazar en el zoológico» persiguiendo deudas insignificantes en términos reales, para concentrarse únicamente en los grandes evasores que mueven la aguja de la economía.
La iniciativa llega en un momento clave, donde la clase media y las pymes reclamaban un alivio ante la presión de un sistema que penalizaba errores administrativos con la misma severidad que delitos complejos. Con la inflación acumulada de los últimos años, cualquier comerciante podía quedar atrapado en una causa penal por montos que hoy apenas cubren la reposición de mercadería básica.
A continuación, analizamos punto por punto la letra chica de este proyecto que ya tiene medio pie adentro de la ley. Desde la libertad para gastar tus ahorros sin miedo a una inspección sorpresa, hasta el aumento exponencial de las multas por trámites mal hechos, te explicamos cómo esta reforma impacta directamente en tu bolsillo y en tu tranquilidad.
El fin del miedo a gastar tus dólares
Uno de los puntos más revolucionarios del proyecto es la creación de un nuevo Régimen Simplificado para el Impuesto a las Ganancias. Esta herramienta está diseñada específicamente para que la gente pierda el miedo a volcar sus ahorros «del colchón» a la economía real. Básicamente, se cambia la forma en que el Estado te mira: ya no importará tanto cuánto gastás, sino estrictamente cuánto facturás.
Bajo este nuevo esquema, quienes tengan ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio inferior a 10.000 millones, pagarán sus impuestos exclusivamente sobre lo facturado. Esto elimina de raíz una de las herramientas de fiscalización más temidas de la vieja AFIP: la presunción de evasión basada en el consumo o en el estilo de vida del contribuyente.
En la práctica, esto significa que si te comprás un auto, renovás tu casa o hacés un viaje al exterior usando dólares que tenías guardados y que quizás no estaban declarados, ARCA no podrá abrirte una investigación por «incremento patrimonial no justificado». Mientras respetes los topes de facturación del régimen, el origen de los fondos destinados al consumo deja de ser un motivo automático de persecución.
El objetivo de fondo es reactivar el consumo y la inversión hormiga. El Gobierno entiende que hay millones de dólares fuera del sistema que no se mueven por temor a represalias fiscales. Con esta «inocencia fiscal» aplicada al consumo, se busca generar un blanqueo de facto, permitiendo que ese dinero fluya libremente sin que el contribuyente sienta que tiene un inspector respirándole en la nuca.
Pisos penales: adiós a las causas por «chirolas»
El corazón legal de la reforma es la actualización brutal de los montos a partir de los cuales una deuda se considera delito penal. Hasta ayer, la Ley Penal Tributaria establecía que evadir más de 1,5 millones de pesos era motivo suficiente para una denuncia por «evasión simple». Ese número, devorado por la inflación, había quedado ridículamente bajo, poniendo en riesgo de prisión a cualquier pyme barrial.
El proyecto aprobado eleva ese umbral a 100 millones de pesos. El salto es gigantesco pero necesario para sincerar la economía. A partir de ahora, ARCA solo podrá iniciar acciones penales cuando la supuesta evasión supere esa cifra millonaria. Esto descomprime instantáneamente los tribunales y le quita a los contadores el estrés de saber que un error en una declaración jurada podía terminar en una causa criminal.
Para los casos más graves, caratulados como «evasión agravada», el límite también se dispara. Pasa de los actuales 15 millones a 1.000 millones de pesos. Esto protege a las empresas medianas que, ante una fiscalización agresiva o una diferencia de criterio con el inspector, podían verse amenazadas con penas de prisión efectiva por montos que son habituales en su facturación mensual.
También se actualizan los pisos para los agentes de retención, aquellos que recaudan impuestos de terceros, cuyo mínimo para ser penalizados salta de 100.000 pesos a 10 millones. La lógica es clara: el derecho penal debe ser la última ratio, una herramienta reservada para los grandes delincuentes tributarios y no un mecanismo de cobranza extorsiva para asustar a los contribuyentes de a pie.
Inocencia Fiscal: vos tenés la razón
El nombre del proyecto no es casualidad; busca instaurar el principio de «inocencia» en el ámbito administrativo. Históricamente, la relación con el fisco era asimétrica: si la ex AFIP decía que debías algo, eras vos quien tenía que correr para demostrar lo contrario. La duda siempre jugaba a favor del Estado y en contra del ciudadano, generando una sensación de indefensión constante.
La nueva normativa invierte la carga de la prueba en la etapa inicial. Ahora, ARCA deberá partir de la premisa de que las declaraciones juradas presentadas por los ciudadanos son correctas y veraces. Solo podrá impugnarlas si detecta y prueba una «discrepancia significativa». El organismo recaudador tendrá que trabajar más y mejor para justificar por qué cuestiona tus números.
Esto limita la arbitrariedad de los inspectores y las fiscalizaciones «de pesca», esas donde se abría una investigación sin pruebas concretas solo para ver qué se encontraba. La ley busca dar seguridad jurídica y tranquilidad mental. Si presentaste tus papeles, se asume que estás cumpliendo, salvo que el Estado tenga pruebas contundentes de lo contrario.
Se prioriza así la regularización voluntaria por sobre el castigo. La idea fuerza detrás de la norma es que al Estado le sirve mucho más cobrar los impuestos adeudados de manera civilizada que tener a un empresario procesado o fundido por un juicio eterno. Es una visión pragmática y moderna que busca recaudar sin asfixiar la iniciativa privada ni criminalizar el error contable.
Premios para los cumplidores: menos tiempo de riesgo
Otra gran noticia para la seguridad jurídica de los buenos contribuyentes es la reducción de los plazos de prescripción. Actualmente, el fisco tiene un «cheque en blanco» de 5 años para reclamar deudas, revisar declaraciones antiguas o aplicar multas. Ese lustro se convertía muchas veces en una eternidad de incertidumbre, obligando a guardar papeles y comprobantes por tiempo indefinido.
Con la nueva ley, ese plazo se reduce a 3 años para aquellos contribuyentes cumplidores. Se define como «cumplidor» a quien presenta sus declaraciones juradas en tiempo y forma. Es un incentivo directo a la prolijidad administrativa: si hacés las cosas bien y al día, el Estado tiene mucho menos tiempo para volver a revisarte el pasado.
Sin embargo, hay que estar muy atentos porque este beneficio no es universal. Los contribuyentes no inscriptos o aquellos que no presenten sus declaraciones seguirán sujetos a los plazos largos tradicionales. La norma funciona como un sistema de premios y castigos que busca incentivar la formalización y el cumplimiento estricto del calendario de vencimientos de ARCA.
Esta medida alinea a la Argentina con las tendencias internacionales más modernas, donde los plazos de revisión son cortos para obligar al organismo recaudador a ser eficiente. Si ARCA quiere cobrar o detectar una falla, deberá hacerlo rápido. Se termina la época de «sentarse» sobre los expedientes durante media década esperando el momento político oportuno para activar un reclamo.
La trampa: multas impagables por errores tontos
Pero no todo es color de rosas en este proyecto, y aquí es donde tenés que prestar máxima atención. Como contrapartida a la suba de los umbrales penales (la zanahoria), el Gobierno decidió aplicar un garrote: la actualización feroz de los valores de las multas administrativas previstas en la Ley de Procedimiento Tributario. Aquí es donde el bolsillo te puede doler de verdad si te descuidás.
Las multas por infracciones formales, esas que se aplican por no presentar una declaración informativa a tiempo o por errores simples en los deberes administrativos, sufren un aumento exponencial. Los valores estaban congelados hace años y eran irrisorios (200 pesos), a tal punto que a muchas empresas les convenía pagar la multa antes que gastar recursos en cumplir con el trámite burocrático.
El proyecto eleva estos montos hasta 300 veces. Por ejemplo, la multa mínima por infracciones formales pasa de 200 pesos a 220.000 pesos. La máxima salta a 440.000 pesos. Un simple olvido de tu contador o un retraso en la presentación de un formulario te puede costar ahora casi medio millón de pesos, un golpe durísimo para cualquier profesional independiente.
Más grave aún es el caso de la omisión de presentar declaraciones juradas informativas, una falta común en grandes empresas y regímenes complejos de información. Las sanciones para estos casos se ubicarán entre los 5 millones y los 10 millones de pesos. El mensaje del Gobierno es cristalino: no vas a ir preso por una deuda chica, pero si sos desprolijo con los papeles, lo vas a pagar carísimo.
Borrón y cuenta nueva para causas viejas
Una de las grandes incógnitas era qué pasaría con los procesos judiciales que ya están en marcha. Por el principio de la ley penal más benigna, que tiene efecto retroactivo, el proyecto incluye mecanismos específicos para «limpiar» el historial de quienes hoy están procesados por montos que, con la nueva ley de 100 millones, dejarían de ser considerados delito.
El texto permite la extinción de la acción penal de manera definitiva. Si todavía no hubo denuncia formal de ARCA, el contribuyente puede cancelar la deuda (capital más intereses) y el asunto muere ahí, sin llegar nunca a tribunales. Es una oportunidad de oro para solucionar contingencias antes de que la maquinaria judicial se active.
Si la causa penal ya se inició, también hay una salida, aunque es más costosa. Se podrá extinguir la acción penal pagando el total de la deuda, los intereses y un recargo adicional del 50% en concepto de multa. Es una opción onerosa, sí, pero evita el riesgo de una condena, el embargo de bienes y la mancha en el récord que podría arruinar la reputación comercial de una empresa.
Este beneficio de «pagar para cerrar la causa» es una bala de plata que podrá utilizarse una sola vez por contribuyente. Si volvés a evadir en el futuro y te inician otra causa, ya no podrás usar este comodín. El sistema busca regularizar el stock de juicios viejos acumulados por la inflación, pero no dar una patente de corso para evadir sistemáticamente una y otra vez.
Ajuste automático: el fin de la discrecionalidad política
Finalmente, el proyecto ataca uno de los problemas históricos de la legislación económica argentina: la inflación que licúa las leyes en cuestión de meses. Para evitar que dentro de dos años estos nuevos umbrales de 100 millones vuelvan a quedar desactualizados y ridículos, obligando a otra reforma, se introdujo una cláusula de ajuste automático inteligente.
A partir del 1° de enero de 2027, todos los montos fijos que establece la ley (tanto los pisos para ir preso como los valores de las multas y los topes del régimen simplificado) se actualizarán anualmente. La variable elegida no es el IPC ni el salario, sino la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que refleja de manera fiel la realidad monetaria.
Esto es clave para la seguridad jurídica a largo plazo de todos los actores económicos. Al atar los montos a la UVA, se garantiza que los parámetros se mantengan constantes en términos reales. Se le quita al poder político de turno la discrecionalidad de mantener los topes bajos para «apretar» a opositores o subirlos arbitrariamente como favor.
La actualización considerará la variación de la UVA entre enero y diciembre del año anterior. De esta manera, contadores, abogados y empresarios tendrán certeza absoluta sobre qué ley aplica cada año, sin depender de que el Congreso se digne a tratar una nueva reforma cada vez que el índice de precios se dispara, aportando una previsibilidad inédita al sistema tributario.
Banco Nación se prepara para canalizar los ahorros sin fricción ni sospecha fiscal
En paralelo a los cambios legales que introduce la Ley de Inocencia Fiscal, el Banco Nación confirmó que ya adecuó su operatoria para acompañar la nueva lógica del sistema. A través de sus más de 700 sucursales en todo el país y sus canales digitales, la entidad pública se declaró preparada para absorber un eventual aumento en la demanda de consultas, operaciones y servicios vinculados al uso de ahorros personales.
Desde la banca oficial remarcan que el nuevo marco normativo elimina uno de los principales frenos que tenían los ahorristas para interactuar con el sistema financiero: el temor a que cualquier movimiento activara alertas automáticas o derivara en investigaciones fiscales.
Con la imposibilidad de que ARCA investigue consumos por fuera de los nuevos umbrales, el uso de cuentas bancarias, transferencias y medios electrónicos deja de ser un factor de riesgo en sí mismo.
En ese contexto, el Banco Nación se posiciona como una puerta de entrada natural para quienes decidan reinsertar sus ahorros en el circuito formal, ya sea para consumo, inversión o simple resguardo. La entidad destaca que su red federal y su infraestructura digital permiten atender tanto a pequeños ahorristas como a pymes y profesionales que buscan regularizar su relación con el sistema sin sobresaltos administrativos.
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ECONOMIA
Histórica caída del consumo de vino en Argentina: preocupación en la Corporación Vitivinícola Argentina
La caída histórica del consumo de vino en Argentina genera preocupación en el sector. Así lo advirtió Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), en diálogo con Infobae en Vivo al Amanecer. González ilustró el fenómeno: “En la década del 70, 80, se tomaban 90 litros per cápita en Argentina. Hoy estamos en 15,7”.
El directivo explicó al equipo periodístico de Infobae que el descenso no es un hecho reciente, sino el resultado de una tendencia sostenida durante los últimos quince años. “Más allá de estos datos, por supuesto que alertan en el último año y que vienen arrastrados durante los últimos quince años, con algunas caídas importantes, que tienen que ver sobre todo con los cambios de hábito y los cambios de consumo, que no es que se estén produciendo en Argentina, sino que se están produciendo en el mundo”, puntualizó.
A pesar de este panorama, González sostuvo: “La vitivinicultura argentina está posicionada entre los mejores lugares dentro del mundo”. Remarcó que el país “sigue estando siempre en el top ten, décimos primeros ahora en exportaciones, pero también somos el séptimo país productor y también consumidor de vino”.
La entrevista fue realizada en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar y se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.
El consumo interno mantiene su peso dentro de la industria, de acuerdo con González: “Ese consumo de 16 litros sigue siendo importante para los argentinos y para la vitivinicultura, ya que el mercado interno del vino es muy fuerte. Acá se concentra el 75%, y el otro 25% lo exportamos”.
Al referirse al contexto económico, el presidente de COVIAR comentó en Infobae que la industria intentó sostener su participación a partir de precios bajos, aunque con márgenes reducidos. “La industria hizo un esfuerzo enorme por mantenerse en el mercado, y si uno ve los precios y ve las caídas del mercado interno, comparado con cualquier consumo masivo, el vino cayó muy poco, estamos hablando de dos, tres por ciento en el año pasado, que si bien es malo porque es una caída, no deja comparativamente de ser un buen dato”.
Y agregó: “Esto fue a raíz de precios muy bajos, con márgenes muy pequeños y en algunos casos hasta negativos”. Sobre la sostenibilidad de este modelo, advirtió: “Son buenas estrategias a corto plazo para seguir manteniendo el mercado, pero a mediano y a largo plazo puede traer complicaciones”.
En cuanto al cambio de hábitos y la competencia de otras bebidas, González analizó: “Hoy imagínense 30 años atrás, en donde quizás en la mesa de todos los argentinos, un mediodía de cualquier día de trabajo, existía una copa de vino. Y eso fue mutando. Por la forma de trabajo, porque uno ya no vuelve quizás a casa, porque está todo el día afuera, y las aguas saborizadas, las gaseosas y demás fueron ganando un terreno también importante”. En celebraciones, la cerveza ganó espacio: “A la hora de vincularlo más con un brindis, la cerveza tiene un lugar importante en el consumo argentino”.
También destacó el crecimiento de nuevas opciones entre los jóvenes: “Por supuesto, todas estas bebidas nuevas que se van poniendo de moda, sobre todo en los más jóvenes, el vino perdió algunos canales, pero a su vez también tuvo mucho crecimiento un tipo y una clase de vino en el cual también los jóvenes se empiezan a acercar”.
El titular de COVIAR resaltó el esfuerzo sectorial por adaptarse a las preferencias actuales: “En los últimos tiempos, la vitivinicultura, la industria, se acerca mucho más a las formas de tomarlo, mucho más fácil, poderlo mezclar, agregarle soda, tomarlo con hielo”.
La relación entre la coyuntura económica y el sector también fue un tema central durante la entrevista en Infobae al Amanecer. González apuntó: “Es urgente, lógico, que la economía se estabilice, que empiece a poder tener crecimiento en Argentina y que se recupere el poder adquisitivo, porque es lineal con el vino”. Según expresó, “una familia va a prevalecer los elementos básicos, y no un producto que le genera una satisfacción más que…”.
Consultado por la sensibilidad del vino ante las crisis, González enfatizó: “Siempre se mueve casi linealmente cuando se producen estos procesos de recesión”. Añadió que la tendencia se replica globalmente: “Hay una disminución de consumo de bebidas como el vino y otras también con alcohol en el mundo”.
De cara al futuro, resaltó la importancia de contar con condiciones financieras adecuadas para que el sector pueda adaptarse rápidamente y responder a los desafíos emergentes.
Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan
En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.
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Los empleados de Comercio comenzaron 2026 con un esquema salarial transitorio que continúa vigente durante febrero. El acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector estableció el pago de dos sumas fijas no remunerativas, una de $40.000 y otra de $60.000. Ambos montos se liquidan de manera diferenciada en el recibo de sueldo y se adicionan al salario básico de cada categoría.
El entendimiento paritario determinó que estas sumas extraordinarias se abonen desde diciembre de 2025 y se mantengan hasta marzo de 2026. A partir de abril, según lo pactado, pasarán a integrar las escalas salariales básicas, lo que modificará la estructura del haber mensual y la base de cálculo para futuros incrementos y adicionales.
Durante febrero de 2026, el ingreso de cada trabajador del sector está compuesto por el salario básico correspondiente a su categoría más los $100.000 adicionales en concepto no remunerativo. Estos valores no incluyen antigüedad ni otros adicionales convencionales.
Escala salarial de empleados de comercio por categoría
Los salarios básicos vigentes, sin considerar antigüedad ni adicionales, se distribuyen según las distintas ramas y categorías previstas en el convenio colectivo.
En el segmento de Maestranza, los básicos son los siguientes:
- Maestranza A: $1.155.795
- Maestranza B: $1.158.852
- Maestranza C: $1.169.560
En el área Administrativa, los valores establecidos son:
- Administrativo A: $1.167.268
- Administrativo B: $1.171.860
- Administrativo C: $1.176.448
- Administrativo D: $1.190.218
- Administrativo E: $1.201.690
- Administrativo F: $1.218.519
Para el personal de Caja, los básicos son:
- Cajero A: $1.171.091
- Cajero B: $1.176.448
- Cajero C: $1.183.333
En el caso de Auxiliares:
- Auxiliar A: $1.171.091
- Auxiliar B: $1.178.740
- Auxiliar C: $1.203.985
En la categoría de Auxiliares especializados:
- Auxiliar Especializado A: $1.180.274
- Auxiliar Especializado B: $1.194.041
Por último, en el rubro Ventas:
- Vendedor A: $1.171.091
- Vendedor B: $1.194.044
- Vendedor C: $1.201.690
- Vendedor D: $1.218.519
A estos montos se les agregan en febrero los $100.000 correspondientes a las dos sumas fijas no remunerativas. De esta manera, el ingreso bruto mensual se compone del básico más esos conceptos adicionales, antes de aplicar descuentos y sin contar otros ítems como presentismo o adicionales convencionales.
Cómo se pagan las sumas fijas en febrero de 2026
El esquema vigente establece que los trabajadores perciban $60.000 no remunerativos desde diciembre de 2025. A ese monto se sumó una suma adicional de $40.000 que, en principio, debía incorporarse al salario básico en enero de 2026. Sin embargo, la aplicación fue prorrogada y se resolvió que continúe abonándose como suma fija no remunerativa hasta marzo inclusive.
En consecuencia, durante febrero los empleados de comercio reciben $100.000 adicionales cada mes bajo estos dos conceptos. Ambos importes figuran discriminados en el recibo de sueldo y no forman parte del salario básico hasta tanto se concrete su incorporación definitiva.
Al tratarse de sumas no remunerativas, su tratamiento en materia de aportes y contribuciones puede diferir del salario básico, de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo paritario y en la normativa laboral vigente. No obstante, impactan en el ingreso mensual efectivo del trabajador mientras dure el esquema transitorio.
Antigüedad y adicionales: cómo inciden en el salario final
Además del salario básico y las sumas fijas, los empleados de comercio perciben el adicional por antigüedad. Este concepto representa el 1% del salario por cada año trabajado en la actividad.
El cálculo de la antigüedad se realiza tanto sobre los montos remunerativos como sobre las sumas fijas no remunerativas. De este modo, el porcentaje correspondiente se aplica sobre la totalidad de los importes que integran el haber mensual, lo que incrementa el ingreso final según la cantidad de años de servicio.
A los valores mencionados también pueden agregarse otros adicionales previstos en el convenio colectivo, como presentismo u otros conceptos específicos según la modalidad de trabajo. Estos ítems no están incluidos en las escalas básicas detalladas y se liquidan de acuerdo con las condiciones particulares de cada relación laboral.
Desde FAECYS señalaron que pueden existir diferencias en determinadas jurisdicciones donde se firman acuerdos complementarios. Es el caso de algunas zonas con regímenes específicos vinculados a condiciones geográficas o costo de vida, como ocurre en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, donde rigen condiciones particulares acordadas a nivel local.
Incorporación de las sumas fijas al salario básico
El acuerdo paritario establece que el esquema transitorio con sumas no remunerativas se mantendrá hasta marzo de 2026. A partir de abril, los $40.000 y los $60.000 se incorporarán a las escalas salariales básicas de cada categoría.
Esa incorporación modificará el recibo de sueldo y la composición del haber mensual. Al integrarse al básico, los montos pasarán a formar parte de la base de cálculo para futuros aumentos paritarios, adicionales y otros conceptos que se determinen sobre el salario remunerativo.
La integración de estas sumas también impactará en los aportes y contribuciones correspondientes, ya que dejarán de figurar como conceptos no remunerativos. De esta manera, la estructura salarial del sector se ajustará a lo acordado en la negociación colectiva más reciente.
Mientras tanto, durante febrero y hasta el cierre del primer trimestre de 2026, los empleados de comercio continúan percibiendo el esquema vigente: salario básico según categoría más $100.000 en sumas fijas no remunerativas, con incidencia del adicional por antigüedad y otros conceptos establecidos en el convenio colectivo.
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El Gobierno extendió el plazo de la emergencia pública en materia ferroviaria antes de que se cumpla la fecha de vencimiento. A través de la resolución 12/2026, publicada en Boletín Oficial, sumó otros dos años al régimen de excepción que busca la recuperación del servicios de transporte de pasajeros y cargas bajo jurisdicción nacional.
Esta decisión responde al decreto dictado originalmente mediante en junio de 2024. En aquel entones, el plazo establecido también fue de 24 meses, por lo que el vencimiento sería a mediados de este año. Sin embargo, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía se anticipó, formalizando la decisión por la madrugada.
La medida se fundamenta en la persistencia de condiciones estructurales que motivaron en su momento la declaración de emergencia y busca asegurar la continuidad de los planes y programas destinados a la recuperación.
La resolución señala como antecedente central el diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que durante el ejercicio 2023 relevó un deterioro generalizado en la infraestructura, el material rodante, la programación de inversiones y la sostenibilidad presupuestaria del sistema ferroviario nacional. Esto afecta a los niveles de servicio, posicionándolos por debajo de los estándares deseados, según explicaron.
La necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar un agravamiento de la situación se impulsó en principio por el decreto 525/2024, al mismo tiempo habilitando al «Poder Ejecutivo o a la autoridad de aplicación a extender el plazo una sola vez por un período idéntico».
La secretaría que dirige Fernando Herrmann fue muy clara a la hora de argumentar la continuidad de la medida, señalando que “ante dicha gravedad, y en tanto las prerrogativas conferidas en el marco del régimen de emergencia constituyen instrumentos imprescindibles para la adecuada gestión, ordenamiento y recuperación del sistema ferroviario —tal como se viene ejecutando mediante el conjunto de medidas adoptadas en el marco del decreto de necesidad y urgencia 525/2024 y del decreto 526/2024—, se verifica la necesidad de asegurar su continuidad mediante la prórroga prevista en la normativa vigente».
En ese sentido, la considera “una medida oportuna y razonable, destinada a resguardar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la continuidad institucional requeridas para garantizar el cumplimiento de los objetivos tenidos en miras» al momento del dictado de la primera normativa.
Esta acción destinada a sostener el marco excepcional bajo el cual se vienen ejecutando obras, contrataciones y acciones, “otorga margen para la implementación de los proyectos contemplados en el Plan de Acción, cuyo objetivo es revertir el deterioro documentado y avanzar en la modernización de la infraestructura y los servicios ferroviarios tanto para pasajeros como para cargas».
La primera decición tomada por el Gobierno surgió tras el choque de trenes ocurrido a mediados de 2024 en la línea San Martín, en el barrio porteño de Palermo. Desde la Casa Rosada indicaron en aquel entonces que la iniciativa era solicitada desde hacía tiempo por los gremios ferroviarios.
En ese contextó, funcionarios admitieron que el área presentaba un importante nivel de desmanejo y que la situación heredada requería de intervenciones urgentes. La declaración permitió reasignar fondos y dar respuesta más ágil a situaciones críticas en el sistema ferroviario.
Uno de los ejemplos más recientes es el tren Sarmiento. El servicio estuvo interrumpido en su totalidad durante el pasado fin de semana y funcionó de manera limitada el lunes y martes de Carnaval.
Según lo informó Trenes Argentinos a través de un comunicado oficial, la medida afectaba a miles de usuarios que utilizan diariamente el ramal Once-Moreno, uno de los principales corredores ferroviarios del área metropolitana de Buenos Aires, respondiendo a la necesidad de ejecutar tareas imprescindibles para la modernización del sistema de señalización y la seguridad operativa de la línea.
La interrupción del servicio fue por la realización de obras clave que incluyeron el tendido de cables troncales para un nuevo sistema de señalización y el traspaso de los circuitos de vía a una tecnología más moderna entre Haedo y Castelar.
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