ECONOMIA
Se viene el nuevo índice de precios, que incluirá hasta Netflix: ¿medirá mejor la inflación real?
El viernes pasado, de manera sorpresiva y en declaraciones radiales, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, anunció los principales cambios que se aplicarán en la nueva base metodológica para medir la inflación minorista mediante el renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Inflación: una nueva metodología para corregir distorsiones
Tal vez, la presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados el 16 de abril pasado reavivó el debate sobre la necesidad de actualizar la metodología.
En su informe de gestión, Francos fue consultado por legisladores sobre la posibilidad de incorporar una canasta que refleje los cambios reales en los hábitos de consumo, lo que permitiría mejorar la precisión del IPC y su relación con el costo de vida.
En esa presentación, Francos informó que el Ministerio de Economía comunicó «que el Indec finalizó en marzo de 2025 todos los desarrollos técnicos y metodológicos del nuevo IPC, así como también las consultas y testeos técnicos del nuevo índice para su implementación».
Y agregó que «actualmente se encuentra a la espera de los avales institucionales para realizar la campaña de sensibilización y alfabetización del nuevo IPC».
Tal vez por esa razón Lavagna salió a dar explicaciones el viernes pasado, acerca de la aplicación futura de una nueva metodología para medir el IPC.
Lavagna explicó que uno de los ajustes más importantes será la actualización de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que incluirá nuevos productos y servicios de acuerdo con la Encuesta de Gastos de Hogares realizada entre 2017 y 2018 por el Indec.
Brecha entre inflación estimada con nueva canasta y la vigente
Según el titular del organismo, esta actualización tiene como objetivo reflejar con mayor precisión las modificaciones en los hábitos de consumo de la población, en un contexto económico que se modificó drásticamente en los últimos años.
Esto se traducirá en una mayor ponderación de los servicios y una menor incidencia de los alimentos, mientras que rubros como vivienda, tarifas y transporte ganarán relevancia en la nueva fórmula.
«Estas modificaciones buscan corregir distorsiones en la medición del impacto inflacionario, sobre todo en sectores de clase media y media-alta, donde el peso de los servicios regulados y privados es mayor», manifestó Lavagna.
El funcionario destacó que la incorporación de productos como Netflix, celulares y otros bienes o servicios de consumo actuales, no implicará una variación sustancial en los resultados del índice.
«A pesar de que se añadirán nuevos productos y servicios a la medición, el objetivo principal de esta actualización es mejorar la calidad de los datos ofrecidos. Son diferencias pequeñas entre los esquemas. Uno busca el resultado final de la inflación, y por temas internacionales también tenemos que cambiar el esquema», explicó el economista.
Lavagna advirtió que el índice ajustado no mostrará diferencias significativas en el resultado final, lo que implica que la tendencia de inflación seguirá siendo la misma, lo que genera grandes interrogantes en los analistas económicos.
De acuerdo con la información que iProfesional obtuvo de fuentes cercanas al Gobierno, todavía no está decidido a partir de cuándo se comenzará a difundir el nuevo IPC base 2017-2018, que reemplazaría al actual IPC base 2004.
Lavagna señaló también que «este proceso de actualización aún no tiene una fecha precisa para su implementación. Estamos viendo todo el proceso para cuando lo vayamos a implementar, todavía el cambio de metodología no tiene fecha«.
A pesar de que el nuevo índice está en desarrollo, el economista indicó que los cambios son parte de una evolución natural en la medición de los precios, ya que el índice debe adaptarse a los nuevos comportamientos de consumo que marcan la pauta en la sociedad argentina.
De acuerdo con lo que pudo saber iProfesional, el último recálculo de la evolución del IPC sobre la base de las variaciones que informa mensualmente el Indec por grandes rubros, en base a la participación de cada sector que arrojó la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) -noviembre de 2017 a noviembre de 2018 inclusive-, arrojó diferencias poco relevantes en relación con la medición vigente estructurada con la ENGHo 2004/05.
Gastos en los principales rubros de consumo de la población
La comparación de los resultados que obtuvo el Indec del agregado de esos rubros con la canasta actual, que fue de 117,8% en 2024, con la nueva ponderación de la ENGHo 2017/18 hubiese arrojado aproximadamente 123,5%, casi 6 puntos porcentuales más.
En el caso de tomar el período desde diciembre de 2019 a marzo de 2025, la brecha entre ambas mediciones fue de apenas 2 puntos porcentuales.
Como ejemplo, los técnicos del Indec toman un producto que valía $100.000 en 2019 y ahora cuesta $453.400 con la base 2004/05 y $443.500 si se toma con la base 2017/18.
El nuevo IPC incorpora mejoras metodológicas y un mayor alcance estadístico, ya que pasará de relevar 320.000 precios mensuales a 500.000, y de 16.700 a 24.000 informantes en todo el país.
El nuevo IPC dará más relevancia a nuevos servicios y eliminará otros que ya no se usan
Esta ampliación permitirá capturar con mayor precisión las variaciones de precios y los cambios en el consumo, en un contexto de volatilidad como el actual, marcado por la suba del dólar oficial y la desactivación del cepo cambiario.
En el actual período de ensayo y calibración del sistema informático, que procesa una base de datos con más de 350.000 precios, se incluyen servicios de streaming (Netflix, Disney+, Spotify, Pack Fútbol y otras plataformas digitales) que no formaban parte de la canasta 2004/2005.
Pero desaparecerán otros, como el alquiler de películas en videocasetes (caso Blockbuster) y la compra de CD, reproductores MP4 o walkman, que ya pertenecen al pasado.
También perdieron relevancia en el índice la telefonía fija y el fax, que desaparecieron debido a la fuerte expansión de la telefonía móvil, al igual que los servicios de TV por cable y accesos a internet.
En productos de consumo masivo, el sistema está programado para incorporar los cambios de tamaño en los envases (de alimentos, gaseosas y artículos de limpieza) a fin de obtener precios homogéneos y comparables.
Dentro del gasto por finalidad, en 2017/2018 perdió peso la ponderación del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas en comparación con encuestas anteriores, ya que bajó a 22,6% del total desde 25,7% en 2004/2005 (y 28,8% en 1996/97), aunque en las regiones NOA y NEA se mantuvo en torno al 30%.
¿Cuánto pesa cada rubro en el gasto de los hogares?
En tanto, aumentó de 10,6% a 14,5% en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; de 11,6% a 14,2% en transporte (donde predomina, con un 8%, el funcionamiento de equipos de transporte personal, como autos y motos) y de 4% a 5,2% en comunicaciones, con ínfima participación de servicios postales.
En cuanto a los lugares de compra de alimentos y bebidas, los datos de la encuesta revelan que, si bien el gasto en super e hipermercados representó 24,8% del consumo de los hogares (con picos de 51% en aceites, 54% en condimentos y 44% en bebidas alcohólicas), al comprar productos frescos no envasados más de la mitad eligió hacerlo en «otros negocios especializados» como fruterías (58,5%) y verdulerías (51,5%).
Lo mismo ocurre con las carnicerías (55,3%), en tanto que en alimentos listos para consumir más del 68% prefiere adquirirlos en pizzerías, restaurantes, bares y heladerías.
El 6 de septiembre del año pasado, en declaraciones a Radio 10, Lavagna había adelantado que el Gobierno lanzaría en dos meses el nuevo IPC con una base de 500.000 precios y 24.000 informantes.
«Estamos en las pruebas finales y en los próximos dos meses podremos estar saliendo con el nuevo IPC. El índice actual tiene 320.000 precios y va a pasar a 500.000 precios, y vamos de 16.700 informantes a 24.000 informantes», explicó. Sin embargo, su salida se retrasó hasta ahora y, al parecer, por las recientes declaraciones del viernes, todavía no hay una fecha prevista por el Indec para que se empiece a publicar.
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ECONOMIA
El Gobierno avanzó con la privatización parcial de la empresa que opera los reactores nucleares
Finalmente, el Gobierno avanzó con el decreto que establece la privatización parcial de la empresa estatal que opera a las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). Así lo habían anticipado 15 días atrás, fuentes oficiales, cuando también brindaron detalles de cómo iba a ser el proceso de venta del 49% de las acciones.
Los detalles quedaron establecidos a través del Decreto 695/24, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. De acuerdo con el texto, habilita la implementación de la venta de acciones bajo los términos que establece la Ley de Bases 27.742. Las condiciones habían sido adelantadas a Infobae.
Bajo este marco jurídico, el Estado puede avanzar en la privatización parcial de algunas empresas estatales, aunque debe mantener el control o la participación mayoritaria del capital social. Asimismo, la regulación establece que el Ejecutivo deberá aprobar toda decisión estratégica, incluyendo proyectos de expansión de capacidad, la edificación de nuevas instalaciones nucleares o el retiro de alguna central del servicio por causas ajenas a cuestiones técnicas.
Es decir, el 44% de las acciones de la compañía serán ofrecidas “en bloque” mediante un procedimiento de licitación pública, que tendrá alcance tanto nacional como internacional. Esta operación estará a cargo de la cartera económica actuando con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
A su vez se pone en marcha el Programa de Propiedad Participada (PPP), contemplado por la normativa vigente, que otorga a los trabajadores de la empresa la posibilidad de acceder al 5% del capital accionario. En este sentido, el texto establece: “Corresponde autorizar su privatización parcial mediante un Programa de Propiedad Participada y la venta de acciones en el marco de la Ley N° 23.696, a fin de ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y fortalecer su gestión bajo control estatal“.
En tanto, el 51% de las acciones permanecerán bajo control del Estado, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), respetando la legislación vigente. Por otra parte, el decreto establece que la empresa encargada de la generación de energía nuclear en el país, “requiere financiamiento complementario para proyectos estratégicos como la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I -cuyo reingreso al mercado eléctrico se prevé para el año 2027- y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II) -el que permitirá continuar con la operación de la Central Nuclear Atucha II-“.
Por otra parte, deberá transferir en el plazo de 60 días el 0,01% de las acciones del capital accionario de Energía Argentina S.A. al Estado nacional, representado por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Y esta a su vez, deberá transferir el 1% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. al mismo organismo estatal antes de que se concrete la licitación pública de las acciones, en línea con el esquema fijado por la nueva normativa.
El Ejecutivo facultó al área que dirige Caputo como autoridad de aplicación para dictar todas las normas operativas y complementarias necesarias para la ejecución del proceso. En la instrumentación también participarán la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.
En la actualidad, la distribución accionaria de NA SA incluye al Ministerio de Economía, que controla el 79%, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con un 20%, y Energía Argentina S.A. (Enarsa) con el 1%. Estas últimas deberán cumplir con la operación de venta de acciones, transfiriendo sus participaciones a la Secretaría de Energía, para continuar con el proceso de licitación.
Las empleadas domésticas en Argentina recibirán un nuevo ajuste salarial en octubre de 2025, correspondiente al tramo final de su último acuerdo paritario. Este incremento impacta directamente en los valores por hora y mensuales de todas las categorías, incluyendo a las empleadas domésticas con más categoría y a quienes realizan tareas generales.
En su última Resolución, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares definió aumentos escalonados bajo el siguiente esquema:
- actualización fija del 3,5% sobre los sueldos de junio,
- aumento acumulativo del 1% en los meses de julio, agosto y septiembre, aplicable sobre las remuneraciones mínimas vigentes desde enero de 2025.
- bono no remunerativo en julio, agosto y septiembre de 2025.
Como empleador, es crucial conocer las nuevas escalas para garantizar la correcta liquidación de sueldos y cumplir con los requisitos de la ARCA y el régimen de trabajo registrado.
Los siguientes son todos los detalles a tener en cuenta para abonar adecuadamente el salario de las empleadas domésticas por el trabajo realizado durante septiembre.
Escala salarial de octubre 2025 por hora y por mes
Los nuevos valores salariales de octubre 2025 se liquidan con una base de cálculo actualizada y afectan tanto a la modalidad «con retiro» (sin pernoctar) como «sin retiro».
A continuación, se detallan las escalas vigentes a partir de octubre de 2025, según la categoría, para el personal con retiro:
Supervisor (coordinación y control de personal)
-
$3.683,21 por hora
-
$459.471,73 por mes
Personal para tareas específicas (cocineros/as, jardineros/as, etc.)
- $3.487,00 por hora
- $426.875,19 por mes
Asistencia y cuidado de personas (cuidado de ancianos, enfermos o niños)
- $3.293,99 por hora
- $416.485,63 por mes
Personal para tareas generales (limpieza, cocina y mantenimiento del hogar)
- $3.052,99 por hora
- $374.541,36 por mes
Y los siguientes son los valores mínimos a pagar en octubre, por el trabajo de septiembre, al personal de casas particulares, según la categoría y sin retiro:
Supervisor
- $4.034,05 por hora
- $511.800,22 por mes
Personal para tareas específicas
- $3.822,91 por hora
- $475.184,56 por mes
Caseros (tareas inherentes al cuidado de una casa. No existe esta categoría con retiro)
- $3.293,99 por hora
- $416.485,63 por mes
Asistencia y cuidado de personas
- $3.683,21 por hora
- $464.129,59 por mes
Personal para tareas generales
- $3.293,99 por hora
- $416.485,63 por mes
Puntos clave para la liquidación del sueldo de octubre
Al liquidar el sueldo de octubre de 2025, los empleadores deben considerar los siguientes conceptos, además del salario básico según la categoría:
1. Adicional por Antigüedad
Se debe aplicar un adicional del 1% por cada año de antigüedad de la relación laboral. Este porcentaje se calcula sobre los salarios mínimos de la categoría correspondiente para el mes de octubre.
2. Adicional por Zona Desfavorable
Se aplica un recargo del 30% sobre los salarios mínimos para el personal que preste servicios en las siguientes provincias y territorios: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
3. Bono de septiembre
En la última paritaria del personal auxiliar de casas particulares se definió el pago de un bono no remunerativo durante los meses de julio, agosto y septiembre. El mismo está definido de acuerdo a la cantidad de horas de trabajo semanales de la empleada doméstica, bajo el siguiente esquema:
- Hasta 12 horas: $4.000 por mes.
- Entre 12 y 16 horas: $6.000 en septiembre.
- Más de 16 horas o personal sin retiro: $9.500 en septiembre.
Es fundamental recordar que la suma fija (bono) otorgada en septiembre de 2025 fue un monto no remunerativo para ese mes. Esta suma fija no se mantiene en la liquidación de octubre.
4. Pago de aportes
Además del salario de bolsillo de la empleada doméstica, los empleadores deben abonar las contribuciones y aportes patronales a través del formulario F.102/RT. Estos pagos tienen como destino la cobertura de salud de la trabajadora, los aportes jubilatorios y el seguro de riesgos de trabajo (ART).
Es crucial entender que estos montos son fijos y se determinan en función de las horas trabajadas semanalmente y la condición laboral de la empleada (Activa o Jubilada). No dependen de la categoría salarial (como Supervisor o Tareas Generales).
Estos valores deben ser actualizados por el empleador al momento de la liquidación y se realiza dentro de los primeros 10 días hábiles del mes.
Los valores previamente expresados significan los sueldos mínimos legales para las empleadas domésticas registradas debidamente. Aquellas trabajadoras y trabajadores que no tengan regularizado el vínculo laboral no tienen garantizados esos mínimos, así como otros derechos laborales tales como vacaciones pagas, cobertura de salud, licencia por enfermedad o por maternidad, entre otros.
A la vez, muchos empleadores, reconociendo la labor de sus empleadas domésticas registradas y la baja retribución que suponen estos mínimos legales, pagan por encima de esos montos y abonan además un extra en concepto de viáticos. De esta manera, a los empleados les sigue resultando conveniente la ecuación costo-beneficio de desempeñarse en el servicios doméstico.
Finalmente, en octubre el personal auxiliar de casas particulares cobra el último tramo de su aumento salarial ya homologado. Se espera que en breve la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares establezca nuevos valores para la remuneración de las empleadas domésticas.
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La llegada de 250.000 autos híbridos y eléctricos al mercado automotor argentino en el lapso de 2025 a 2029 por medio del cupo de vehículos que se pueden importar sin pagar arancel extrazona del 35% se sumará al parque circulante de vehículos con esta tecnología que entre 2010 y la finalización del primer semestre de 2025 era de 26.650 unidades.
Esos autos tienen que tener dos diferentes certificaciones para poder utilizarse en la vía pública: una inicial de seguridad industrial, sin la cual no se lo puede patentar, y otra que lo habilita a seguir circulando luego de una revisión técnica periódica de su estado mecánico.
Para que un automóvil pueda circular en las calles y rutas del territorio argentino debe tener un documento habilitante que, dependiendo del vehículo, puede ser una Licencia de Configuración de Modelo (LCM) o un Certificado de Seguridad Vial (CSV). El primero lo emite el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y el segundo la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
La diferencia entre uno y otro documento habilitante radica en la procedencia y marca del mismo. Si se trata de un modelo que tiene certificaciones internacionales de seguridad, se puede tramitar una LCM, por medio de un trámite semiautomático que pueden tanto un fabricante como un importador o un particular.
Pero si el automóvil no tiene esas certificaciones mínimas exigibles, se puede importar por parte de una persona física y solicitar el CSV, que no es otra cosa que una inspección detallada de la unidad (debe estar físicamente disponible), de modo tal que se pueda verificar un estándar mínimo que permita patentarlo.
El proceso de reducción y reorganización de organismos oficiales que está llevando a cabo el Gobierno a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el Decreto 461/25 mantiene una situación de espera en ambos entes, tanto en el INTI como en la ANSV. El Congreso rechazo dicho decreto y restauró a la situación de este último sus facultades mediante el DNU 627/2025 reponiendo facultades y competencias que le otorga la Ley 26.363.
Especialmente en la ANSV, tras la renuncia de Nicolás Dapena Fernández apenas 24 horas después de haber sido nombrado en el cargo de director ejecutivo el pasado 11 de septiembre, el día 15 se publicó en el Boletín Oficial el nombre del nuevo funcionario, Francisco Díaz Vega, quien asume el cargo bajo la modalidad de “ad honorem”.
El problema está en un «cuello de botella» que se generó ante el programa del Gobierno, ideado desde el mismo ministerio que dirige Federico Sturzenegger, para impulsar la importación de autos híbridos y eléctricos con la exención impositiva mencionada, por medio del cual se promueve la movilidad sustentable y se amplía la oferta de vehículos en el mercado intentando que esa condición obligue a los fabricantes a bajar el precio de los autos 0km.
Los autos híbridos y eléctricos son los únicos que pueden importarse sin pagar arancel extrazona del 35% porque así lo establece el Acuerdo de Complementación Económica 14 (ACE14) que tienen firmado Argentina y Brasil. Por ese motivo no se puede eliminar aunque fuera por un cupo determinado, ese arancel para autos con motores de combustión interna convencionales.
Permitir la importación de automóviles con esta tecnología implica aceptar muchas marcas y modelos chinos de fabricantes nuevos, poco conocidos, pero especialmente, dejar abierta la posibilidad para que personas particulares hagan esa misma importación. Si bien no ocurrió en las licitaciones del primer año que ya cerraron, en las próximas semanas se abrirá el primer llamado para el cupo 2026, y el protocolo para tramitar un Certificado de Seguridad Vial no está reglamentado aún.
Frente a este panorama se encuentra trabajando en forma colaborativa el Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, integrado por tres grupos de trabajo (Comunicación, Técnico y de Campañas), entre los cuales están también familiares de víctimas de accidentes de tránsito, Cámaras y entidades relacionadas a la sustentabilidad en el tránsito y la seguridad vial, quienes trabajan para la ANSV en temas de seguridad activa y pasiva, autos híbridos y eléctricos, motos, cascos y demás temas referidos a la faz técnica, en tanto, consultores “ad honorem”.
Ese grupo de trabajo es el que más está avanzando tanto en crear el protocolo para emitir un CSV para autos híbridos y eléctricos, como en el modo de realizar una Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV) para vehículos con esta tecnología. De hecho, sus integrantes están abocados a homologar en el INTI y en IRAM, la reglamentación y actualización del Informe Tecnico Disp.ANSV 420/2023,con nuevos puntos relacionado a vehículos eléctricos e híbridos para que puedan estar vigentes a la brevedad posible,teniendo en cuenta que el gran volumen de autos híbridos y eléctricos que estarán desembarcando y que deberán contar con sus primeras VTV /RTO en 2027.
Actualmente, en Argentina, los autos híbridos que ya circulan hace varios años y los pocos 100% eléctricos que llegaron desde fines de 2023, hacen las revisiones técnicas obligatorias del mismo modo que se si se tratara de un vehículo convencional con motor de combustión interna.
El objetivo de corto plazo de este grupo es generar un protocolo de revisión que determine las inspecciones técnicas haciendo hincapié en fugas electrolíticas, control en los dispositivos de carga, llaves de corte general (hay algunos modelos que no lo poseen) y tratamiento de vehículos accidentados y reparados teniendo en cuenta su BMS (Battery Management System) que es el controlador del paquete de batería y estado de cableado general.
Adicionalmente, el Comité Consultivo de la ANSV trabaja en reglamentar la infraestructura de cargadores para autos electrificados, teniendo en consideración que existen distintas normativas en el mercado (europeas, asiática y americanas) con distintos tipos de cables, plugs y/o enchufes, donde la red pública tiene que contemplar todas estas alternativas dentro de un Ecosistema de Electromovilidad local moderno a nivel mundial.
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