ECONOMIA
Seguridad jurídica, federalismo y uso racional de recursos: las razones del Gobierno para reformular la Ley de Glaciares
REUTERS/Ramiro Gómez
Seguridad jurídica, federalismo y utilización racional de los recursos naturales, tal los tres principales argumentos con que el gobierno nacional vertebró su proyecto de “reformulación” y “aclaración” de la ley 26.639, normalmente referida como “Ley de Glaciares”, para aclarar con una norma de igual categoría jurídica las “oscuridades” e “imprecisiones” de la original y despejar así la última incertidumbre para la concreción -superada las etapas de exploración y estudios de factibilidad económica e impacto ambiental, en las que las asignaciones de capital tienen normalmente un cero menos- de las inversiones de miles de millones de dólares que exige la construcción y explotación de proyectos mineros, en particular de cobre, en la cordillera argentina.
El objeto protegido sigue siendo el mismo, el ambiente glaciar y periglaciar, pero en línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional que propende a la utilización “racional” de los recursos naturales y no establece una “protección absoluta” y contraria a su aprovechamiento, dijeron fuentes de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación sobre el proyecto enviado al Congreso de la Nación (en este caso, al Senado) para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
Además, explicaron, la ley aclaratoria también se atiene al artículo 124 de la Constitución, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. En adelante, serán los organismos técnicos de las provincias los que en función de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que presenten las mineras darán o no su visto bueno vía la llamada “Declaración de impacto Ambiental” (DIA). Estas tendrán preponderancia y podrán ir modificando el Inventario Nacional de Glaciares elaborado muy parcialmente por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que no podrá objetar la decisión provincial. La única instancia de apelación a una decisión de ese tipo será la vía judicial.
En adelante, el Inventario Nacional de Glaciares tendría un rol “precautorio”, a fin de que no se alegue “regresividad” y violación de los llamados “Acuerdos de Escazú”, que exigen la participación ciudadana en procesos decisorios sobre el ambiente. Esa participación, alega el Gobierno, ocurrirá cuando en el Congreso se oigan las opiniones de los actores que deseen intervenir.
La ley aclaratoria también se atiene al artículo 124 de la Constitución, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales
Del mismo modo, fundamentaron, los proyectos que ya recibieron su Declaración de Impacto Ambiental y a los que les fueron concedidos los beneficios fiscales del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), no deberán tramitarlos nuevamente.
Cuando un glaciar o ambiente periglacial esté incluido en el mencionado Inventario, se presumirá que forma parte del objeto protegido por la Ley de Glaciares, pero si una provincia determina que no cumple con funciones hídricas, dejará de estar protegido por la norma y se eliminará del Inventario, dice una síntesis de la pieza legislativa en que la Casa Rosada trabajó desde abril pasado. Del mismo modo, si una provincia afirma que un glaciar o una porción del ambiente periglacial cumple “funciones hídricas relevantes”, lo informará al Ianigla, para que lo incluya en el inventario nacional.
Con esta ley, explicaron las fuentes, se busca garantizar la seguridad jurídica por medio de una ley luego de desechar, por considerar que no daban garantía suficiente, la vía de un DNU o la reglamentación de la ley 26.639.
El proyecto tiene un fin “aclaratorio, agregaron las fuentes, pues adecúa el modo en que está enunciado el objeto de protección ”para dejar en claro que los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que se protegen son las que cumplen funciones hídricas, es decir, las que “actúan como reservas estratégicas de recursos hídricos y/o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.
Según el Ejecutivo nacional, la ley 26.639 ya prevé eso, pero de un modo no del todo claro, al punto que muchos entienden que el “objeto protegido” es todo ambiente periglacial, cumpla o no funciones hídricas relevantes, lo que a su vez limita el uso “racional” de los recursos naturales, contrariando el artículo 41 de la Constitución. Favorable a su uso “racional”
La nueva norma aclara que las actividades “estarán prohibidas únicamente en la medida en que ocasionen una alteración de los glaciares y del ambiente perigracial contraria a la protección que el legislador les otorga, lo cual deberá ser determinado en cada caso por la autoridad competente provincial (o nacional, en caso de un Parque Nacional).
Eso ya debería interpretarse así, pero según las fuentes oficiales, pero “la redacción actual presta a confusión”, dijeron las fuentes Lo que se busca, subrayaron, es despejar ambigüedades y oscuridades de la ley sancionada en 2010. “Entender una interpretación distinta sería prohibir per se, en absoluto y abstracto en los glaciares, aunque no afecten su función hídrica y olvidar que las provincias son las dueñas originarias de los recursos naturales y que la Constitución Nacional manda a explotar racionalmente dichos recursos. Sería una interpretación inconstitucional”.
Según el Ejecutivo, “la ley vigente, bien interpretada, no prohíbe de un modo absoluto ninguna actividad o industria a lo largo del territorio nacional, pero por su mala redacción (que en su literalidad establece ciertas prohibiciones sin dejar en claro que están sujetas a que las actividades contradigan el objeto de tutela legal) se enfrían las actividades y no se realizan inversiones.
El proyecto trae seguridad, pero no habilita nuevas actividades”, dice una suerte de síntesis explicativa del proyecto oficial, que el oficialismo confía se apruebe en el Congreso. Tiene allí a su favor el empuje de la casi totalidad de los legisladores de las provincias del NOA, de Cuyo y de la Patagonia, amén del apoyo de las bancadas oficialistas en Diputados (donde LLA detenta ahora la primera minoría) y en el Senado, más el auxilio de sectores afines.
“La ley vigente, bien interpretada, no prohíbe de un modo absoluto ninguna actividad o industria a lo largo del territorio nacional”
El proyecto no modifica de fondo la ley de Glaciares. “Lo único que se hace es adecuar su redacción a fin de que quede clara la interpretación correcta y modificar, sí, algunas cuestiones de orden competencial para fortalecer las atribuciones que constitucionalmente les corresponden a las provincias”, insistieron las fuentes. Se trata, dijeron, de “reformular lo que actualmente prevé, de modo deficiente, la Ley de Glaciares”.
De hecho, explicaron, no se habilitan nuevas actividades, pues la minería se puede realizar con la redacción actual “en tanto no provoque una alteración relevante sobre los glaciares o el ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas”.
Tampoco, dijeron, se elimina el Ianigla ni se le quita la tarea de elaborar un Inventario de Glaciares, tarea en la que se encuentra retrasado respecto de las provisiones de la ley sancionada hace más de 15 años, “solo se incorpora que deberá, necesariamente, adecuar el Inventario en función de lo que informen las provincias, lo cual dará al Inventario una utilidad más eficiente de cara al alcance de la tutela ambiental que la ley persigue”, dijeron desde el área Legal y Técnica.
La ley 26.639, que el proyecto oficial busca aclarar, no fue, en realidad, la primera norma sobre el tema. Una primera versión, redactada por la entonces diputada Marta Maffei, del ARI, circuló desde 2007 y tenía el apoyo de la entonces secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK)
En octubre 2008, el Congreso de la Nación aprobó, por unanimidad de ambas Cámaras, la Ley 26.418 de “Presupuestos Mínimos para protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial”, que fue vetada semanas después por CFK que en respuesta a algunos gobernadores, en particular César Gioja, de San Juan, refirió las repercusiones negativas que la ley tendría sobre el desarrollo económico y las inversiones. Desde entonces surgió un nuevo frente, encabezado por los entonces legisladores kirchneristas Daniel Filmus y Miguel Bonasso que impulsó un nuevo proyecto, el finalmente sancionado como ley 26.639 con un voto ajustadísimo en el Senado: 35 votos a favor y 33 en contra.
Según un documento que circula en el sector minero, la Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene una ley de este tipo. “Solo en Chile y en Kirguistán se intentó aprobar una ley de glaciares, algo que aún no ocurre”, afirma.
En 2010, el foco del ataque de los grupos ambientalistas había sido Barrick Gold, pero la ley también se constituyó en una amenaza para proyectos de cobre aún en cartera: como El Pachón (de la suiza Glencore), que estaba a punto de presentar su Estudio de Impacto Ambiental (EIA)y Los Azules (de McEwen Mining).
Esos mismos y unos cuantos más, con datos más avanzados de exploración, se cuentan entre los principales proyectos de cobre de la Argentina. De hecho, según un informe de Benchmark Mineral Intelligence, una consultora mundial de minería, la Argentina cuenta hoy con 4 de los 12 mayores proyectos greenfield (esto es, a realizar desde cero, no reaperturas o extensiones de proyectos previos) de cobre del mundo.
Habrá que ver si esta vez se quedan en la etapa de proyecto (que involucra inversiones de “apenas” algunos cientos de millones de dólares) o pasan a la de construcción y, luego, producción, en la que los dólares se cuentan en miles de millones.
En la más reciente versión de “Conagua”, realizada este año en la Argentina, uno de los científicos participantes precisó que en América Latina hay 47.000 glaciares que ocupan 28.000 kilómetros cuadrados y que Chile (21.000 km2) y la Argentina (5.800 km2) explican más del 95% del área total. Chile exporta unos USD 50.000 millones anuales de cobre. La Argentina, cero.
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Luego de que estuviera pausada la actualización mensual del costo de los peajes, la Dirección Nacional de Vialidad oficializó la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios que comenzarán a aplicarse en los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, indicaron que estos entrarán en vigencia este fin de semana.
Los nuevos precios fueron actualizados mediante la Resolución 297/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, en donde aclararon que los concesionarios podrán aplicar hasta el doble de la tarifa a quienes utilicen el cobro manual o electrónico. Se trata de una medida pensada para impulsar el uso del TelePASE antes de la llegada del modelo de libre flujo (free flow).
De la misma manera, el director de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, aclaró que las tarifas comenzarán a regir “a partir de darse a conocer a los usuarios a través de su publicación en formato papel o digital durante dos (2) días corridos, en por lo menos dos (2) de los principales medios periodísticos de la zona de influencia”.
Por otro lado, las autoridades explicaron que los incrementos son producto del fin de la suspensión de actualizaciones, medida que se había aprobado a mediados de 2024. Además, recordaron que en enero de este año las empresas Autopistas del Sol S. A., a cargo del Acceso Norte, y Grupo Concesionario del Oeste S. A., administradora del Acceso Oeste, habían solicitado la revisión de las tarifas.
Tras aceptarse el pedido, se estableció que el nuevo cuadro tarifario contenga un diferencial significativo, debido a que los usuarios que utilicen el método de cobro manual o electrónico podrían ser penalizados con un aumento del doble de la tarifa. No así con los usuarios del TelePASE, que seguirían percibiendo los descuentos aplicados a través de este sistema.
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha compradora en el mercado cambiario y volvió a cerrar la jornada con saldo positivo. Este miércoles adquirió otros u$s40 millones, con lo que acumuló u$s127 millones en lo que va de marzo y u$s2.839 millones durante 2026, en el marco del proceso de recomposición de reservas.
En paralelo, las reservas internacionales crecieron u$s73 millones y se ubicaron en u$s46.208 millones, consolidando la mejora en el frente externo.
La rueda se desarrolló en un clima de mayor calma financiera tras la volatilidad global generada por la escalada del conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, el dólar oficial aflojó y volvió a operar en torno a los $1.400.
En el segmento mayorista, la cotización cayó $14,50 hasta los $1.400,50, quedando a 15,3% del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. En el mercado minorista, el billete cerró a $1.420 para la venta en el Banco de la Nación Argentina, mientras que el promedio de entidades relevado por el BCRA se ubicó en $1.427,83.
Los dólares financieros también retrocedieron. El contado con liquidación (CCL) operó en torno a $1.463,60 y el MEP se posicionó cerca de $1.423,85. En tanto, el dólar blue cedió $10 y terminó la jornada en $1.415 en el mercado informal.
Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que, en la rueda previa, el Banco Central habría intervenido en el mercado de futuros para moderar la suba del tipo de cambio. «El volumen operado en el dólar linked más corto (D30A6) trepó a u$s325 millones, muy por encima de los u$s79 millones de la rueda previa y del promedio mensual de febrero (u$s19 millones), lo que sugirió presencia oficial en ese tramo de la curva», indicaron desde la firma.
De todos modos, la magnitud de esa eventual intervención podrá confirmarse cuando se publiquen los datos monetarios del BCRA, previstos para el viernes por la tarde.
La advertencia de un analista a Luis Caputo sobre el dólar
«El dólar es el que determina el mercado. Puede que sea éste de menos de $1.500. Pero si sube un poco, no vuelvan a intervenir. No vendan dólares. ¡Junten reservas en el Banco Central! Porque, entonces sí que ahí no va, ¡eh!».
La advertencia la hace Rodolfo Santángelo, socio histórico de Carlos Melconian en la consultora MacroView, en diálogo con iProfesional.
Para Santángelo, las sucesivas compras de dólares por parte del BCRA son claves. Sin dólares en las reservas, el Gobierno no podría esperar una verdadera estabilización macroeconómica.
Durante el primer bimestre del año, el Banco Central adquirió unos u$s2.600 millones netos en el mercado cambiario.
Arrancó marzo también con adquisiciones, pero un dato llamó la atención en la City. Este martes apenas se quedó con u$s17 millones. Fue el monto más bajo desde el pasado 20 de enero.
¿El Tesoro vende dólares?: qué mira la City
El señalamiento de Santángelo no es casual. De acuerdo a las cifras oficiales, el Tesoro estuvo vendiendo parte de los dólares comprados por el Banco Central durante la última semana de febrero.
En la City creen que esa intervención oficial fue para morigerar un incipiente despegue en la cotización del dólar.
«El Tesoro habría vuelto a intervenir en el MLC. Las variaciones en sus depósitos del jueves 26 de febrero sugieren una venta cercana a u$s$44 millones. El objetivo habría sido moderar la suba del tipo de cambio (+0,6% aquel día, tras llegar a trepar +1,2% intradiario)», reveló el último informe a clientes de la consultora PPI en base a la estadística oficial.
«En concreto, los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA cayeron u$s51 millones, mientras que los depósitos en pesos aumentaron en u$s44 millones. Un dato relevante es que ese mismo día, el Central compró u$s41 millones en el mercado», concluyeron los analistas de PPI.
Luis Caputo lo hizo de nuevo
La visión que hay en el mercado es que «estas intervenciones no parecen aisladas», tal cual lo reflejó PPI en su reporte.
«Se sumarían a ventas estimadas en alrededor de u$s75 millones en las dos ruedas previas, también en un contexto de presión cambiaria, aunque con compras del Banco Central por un total de u$s133 millones en esas jornadas. Cabe recordar, además, que el lunes 23/02 el Tesoro Nacional había comprado u$s132 millones en el MLC, por lo que su saldo neto en febrero se habría mantenido levemente positivo, en torno a u$s12 millones. Por su parte, el BCRA comenzó marzo con el pie derecho y ayer compró US$70 millones», destacaron los técnicos de PPI.
Con la compra que hizo este martes, el Banco Central encadenó 40 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios.
En lo que va del año ya acumula compras por más de u$s2800 millones. En la práctica implican más de la cuarta parte de los u$s10.000 millones que la autoridad monetaria se puso como objetivo para comprar a lo largo de este 2026.
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ECONOMIA
Caputo empieza a juntar dólares para un pago de deuda clave: cuánto le falta y qué opciones tiene para cubrir el vencimiento
El ministro de Economía, Luis Caputo, busca reunir USD 4.200 millones antes de julio para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera. La semana pasada, el equipo lanzó un nuevo bono en dólares, que se licitará cada 15 días. Incluso si logra captar los USD 2.000 millones previstos en el mejor escenario, Economía necesitará otra fuente de financiamiento para cubrir el resto de los compromisos, ya que, hasta el momento, el Tesoro solo dispone de poco más de USD 500 millones tras la primera licitación.
De acuerdo con el balance diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al viernes 27 de febrero, último dato disponible, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera alcanzaban 750.684 millones de pesos. Esta cifra, convertida al tipo de cambio oficial del día, equivale a unos 532 millones de dólares. De ese monto, USD 250 millones corresponden a la primera licitación del bono en dólares AO27 realizada la semana pasada. De esta forma, persiste una diferencia de cerca de USD 1.800 millones respecto a las necesidades de financiamiento.
La meta de USD 4.200 millones fija un desafío considerable para la gestión de Caputo. El saldo actual cubre apenas una fracción del monto requerido, por lo que resulta determinante el éxito de las próximas colocaciones y acuerdos financieros. En las próximas semanas, la Secretaría de Finanzas continuará con las licitaciones quincenales de bonos en dólares, con el objetivo de captar hasta USD 250 millones en las dos subastas.
Sin embargo, la modalidad de emisión contempla un máximo de USD 2.000 millones en bonos AO27 hasta julio. Las licitaciones se realizarán cada quince días e incluirán una segunda ronda, el día posterior a la subasta principal, en la que se podrá ampliar la colocación hasta USD 100 millones adicionales, pero siempre al precio de corte de la primera ronda. El instrumento ofrece un cupón del 6% TNA, pagadero en forma mensual, y la licitación determinará el precio final.
Con este programa, el Gobierno aspira a incrementar en forma progresiva los depósitos del Tesoro para cubrir los vencimientos. El primer tramo, de USD 250 millones, ya se encuentra en las arcas del Tesoro. Si el ritmo de colocaciones se mantiene y la demanda acompaña, la Secretaría de Finanzas podría captar hasta USD 2.000 millones adicionales mediante este mecanismo en los próximos meses.
El menú de fuentes a disposición de Caputo, además del programa de bonos AO27, podría incluir la utilización de operaciones de financiamiento externo, aunque lejos de Wall Street. El propio ministro fue terminante al momento de sostener que busca reducir la dependencia del endeudamiento externo mientras potencia el mercado de capitales local.
El abanico de posibilidades incluye la posibilidad de un nuevo repo. En enero de 2026, el BCRA cerró un préstamo de este tipo por USD 3.000 millones con bancos internacionales. Esta operación permitió reforzar las reservas internacionales y garantizar, en parte, la capacidad de pago del Tesoro frente a los compromisos de USD 4.200 millones fijados para el primer mes del año. A ese monto se sumó la colocación del BONAR a fines de 2025 a una tasa de 9,26% anual.
Por otra parte, el Gobierno apunta a que se incremente el flujo de dólares mediante la ley de Inocencia Fiscal. El ministro sostuvo que el eje de la estrategia oficial consiste en “reducir fuertemente la dependencia de Wall Street y desarrollar nuestro mercado de capitales propio”, destacando que la base de ese desarrollo reside en los recursos ya existentes dentro del país.
“El ahorro está, solo que está en los colchones. Ese ahorro está en los colchones de la casa de la gente, perdiendo intereses; podría estar ayudando a crecer el país y, además, esa gente ganando intereses sobre esos ahorros, que son tres veces la cantidad de depósitos privados que hay hoy en pesos medidos en dólares”, puntualizó en declaraciones públicas.
De acuerdo con el cronograma oficial, las próximas licitaciones de bonos AO27 podrían aportar hasta USD 250 millones por mes si se agota la colocación máxima en cada ronda. Esto permitiría una acumulación teórica de USD 1.000 millones en cuatro meses, a los que se sumarían los USD 250 millones ya obtenidos y una parte de los recursos del repo, si se destinan a los pagos. El desafío radica en sostener el interés de los inversores y garantizar que la emisión alcance el tope autorizado de 2.000 millones de dólares.
La combinación de fuentes locales y externas configura el escenario financiero de los próximos meses. Los bonos AO27 aportan recursos frescos en dólares, mientras que un nuevo repo con bancos internacionales y un mayor flujo de dólares producto de la Inocencia Fiscal podría garantizar acceso a liquidez en caso de tensiones. La utilización efectiva de ambos instrumentos será determinante para cubrir el faltante y cumplir en tiempo y forma con los vencimientos de julio.
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