El próximo 31 de marzo representa una fecha límite para los establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que buscan beneficiarse con la exención del ABL por seis meses, una medida que apunta a mitigar el impacto de la reducción de la actividad en el sector gastronómico y hotelero. La decisión, lanzada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), se dirige de manera exclusiva a bares, restaurantes y hoteles, tres rubros que muestran signos claros de retracción en la demanda y el movimiento comercial.

En la actualidad, 4.267 contribuyentes ya accedieron a este beneficio fiscal, lo que evidencia el alcance de la política de alivio implementada por la administración porteña. La exención implica que los contribuyentes alcanzados dejarán de pagar el impuesto por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2026. De este modo, la AGIP busca acompañar a un sector considerado estratégico para la economía y el turismo de la ciudad.

El mecanismo para acceder al beneficio requiere que los propietarios o responsables de bares, restaurantes y hoteles realicen una solicitud formal a través del sistema Trámites a Distancia (TAD), disponible en La tramitación es obligatoria y debe completarse antes del cierre del plazo, ya que la fecha límite es el 31 de marzo. Esta instancia administrativa se presenta como una de las principales herramientas de política fiscal local para sostener a un sector con fuerte incidencia en el empleo y la actividad económica urbana.

Para presentar la solicitud, cada contribuyente necesita consignar información precisa y detallada. Se exige el número de partida inmobiliaria, así como el domicilio de explotación, que debe figurar correctamente inscripto en el Registro de Domicilio de Explotación (RDE). Además, en caso de que el inmueble opere bajo un contrato de locación o comodato, resulta indispensable informar la fecha de inicio y finalización del contrato, junto con el nombre, apellido o razón social del locatario o comodatario y el CUIT correspondiente, si corresponde.

El formulario también requiere que el solicitante declare la actividad económica desarrollada en el inmueble, según la clasificación del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES). Solo aquellas actividades declaradas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y asociadas a la gastronomía y el hospedaje pueden acceder a la exención.

La medida, calificada como alivio fiscal por la AGIP, responde a un contexto de fuerte retracción en el sector. Los comercios gastronómicos y hoteleros han reportado caídas en la actividad en los últimos meses, lo que llevó a la administración porteña a priorizar políticas de acompañamiento que reduzcan la carga tributaria. El objetivo declarado es evitar cierres definitivos y proteger los puestos de trabajo vinculados a estos rubros.

La exención del ABL contempla situaciones específicas para quienes ya realizaron pagos correspondientes a las cuotas 1, 2 y/o 3 del impuesto de 2026 antes de solicitar el beneficio. Para estos contribuyentes, la AGIP descontará automáticamente el monto abonado de las cuotas restantes del año fiscal. De esta forma, quienes adelantaron pagos no pierden el beneficio, ya que el sistema ajusta el saldo pendiente en función de la exención otorgada.

En el caso de aquellos responsables que optaron por abonar el ABL de manera anticipada, cubriendo la totalidad del año, la normativa prevé la generación de un crédito fiscal equivalente a la mitad del total abonado. Este crédito se imputa de manera automática en las cuotas correspondientes al año 2027, proporcionando así un mecanismo de compensación que evita la doble imposición y resguarda el equilibrio financiero de los contribuyentes.

La decisión de implementar esta exención responde a la necesidad de dar respuesta a reclamos del sector y a la evidencia de la reducción de la actividad. El sector gastronómico y hotelero integra una de las cadenas de valor más amplias de la ciudad, con alto impacto en el empleo y el movimiento turístico. La AGIP identificó a estos rubros como prioritarios para sostener la recuperación económica, en un contexto en el que la demanda interna muestra signos de debilidad.

El proceso de solicitud, canalizado a través del sistema TAD, requiere que los contribuyentes reúnan y carguen toda la documentación respaldatoria, incluyendo datos contractuales y registrales. La administración porteña dispuso que la evaluación se realice con celeridad, de modo que los beneficiarios puedan gozar del alivio fiscal en el menor plazo posible. Además, la automatización de los descuentos y créditos fiscales busca evitar trámites presenciales y reducir la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la propia administración.

El beneficio no se otorga de manera automática sino que exige una solicitud expresa, lo que obliga a los responsables de bares, restaurantes y hoteles a estar atentos a los requisitos y plazos. La AGIP aclaró que solo se considerarán las solicitudes presentadas hasta el 31 de marzo de 2026. La omisión de este trámite implicará la imposibilidad de acceder al beneficio para el semestre correspondiente.

La exención de ABL para el sector gastronómico y hotelero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se inscribe en una serie de medidas fiscales orientadas a sostener la actividad económica local. La decisión de focalizar el alivio en estos rubros responde a su papel en la generación de empleo y su aporte a la recaudación general. Según datos oficiales, los más de 4.000 inmuebles beneficiados representan una porción significativa del total de establecimientos de la ciudad.

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de marzo mostró que el endeudamiento de los hogares se consolidó como la principal respuesta frente al deterioro de los ingresos: el 56,4% tomó crédito en los últimos seis meses y, dentro de ese grupo, casi 9 de cada 10 ya presentó dificultades para pagarlo. Lejos de estar asociado a decisiones de inversión, el crédito se orientó mayormente a cubrir gastos básicos, en un contexto donde el 83,9% afirmó que su salario no le gana a la inflación y más de la mitad de la población no logra llegar al 20 de cada mes. El fenómeno describe un cambio en la función de la deuda: deja de ser una herramienta financiera y pasa a convertirse en un mecanismo de subsistencia.

Este comportamiento no aparece de manera aislada, sino que se inserta en una percepción social más amplia de fragilidad. Más del 53% de la población se representa como clase baja no sólo como una definición identitaria, sino como la expresión de una experiencia económica concreta, que también se refleja en la evaluación del contexto general: cerca de 6 de cada 10 consideran que la situación del país es mala o muy mala. En ese marco, las decisiones económicas de los hogares se reorganizan bajo una lógica defensiva, donde el objetivo deja de ser mejorar la posición económica y pasa a ser sostener niveles mínimos de consumo.

El endeudamiento se vuelve entonces parte de la dinámica cotidiana. No aparece como un evento excepcional, sino como un recurso recurrente para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Cuando el ingreso no alcanza, el crédito completa lo que falta. Y cuando el crédito se acumula comienzan las dificultades para pagarlo. Esta secuencia, que se repite de manera extendida, explica por qué el nivel de problemas de repago es tan elevado: no responde a un shock puntual, sino a un uso sistemático del endeudamiento como sustituto del ingreso corriente.

La información sobre el destino de esos créditos refuerza esta lectura. Los principales usos están concentrados en gastos cotidianos, pago de tarjetas y cancelación de otras deudas, lo que indica que el financiamiento no se orienta a generar ingresos futuros, sino a cubrir necesidades presentes. En términos sociales, esto implica que los hogares no sólo enfrentan restricciones en el presente, sino que además trasladan esas tensiones hacia adelante, comprometiendo ingresos futuros para resolver consumos actuales.

En conjunto, los datos describen un mecanismo de ajuste a nivel de los hogares que se articula en cuatro etapas: caída del poder adquisitivo; dificultad para sostener el consumo mensual; recurso al endeudamiento para cubrir esa brecha, y creciente incapacidad para cumplir con esas obligaciones. Este circuito no es marginal, sino mayoritario, y define una forma específica de funcionamiento económico en la que el crédito reemplaza parcialmente al ingreso como fuente de equilibrio. El resultado no es sólo financiero, sino también social: una economía donde la vulnerabilidad deja de ser una condición transitoria y comienza a estructurar las decisiones cotidianas de una parte significativa de la población.

En paralelo al deterioro de los ingresos y al avance del endeudamiento como mecanismo de subsistencia, también crece la distancia entre la experiencia económica cotidiana y las estadísticas oficiales. En marzo, el 65,8% de la población consideró que el dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) no reflejó adecuadamente la variación de precios que percibió en su vida diaria. No se trata sólo de una discusión técnica sobre índices, sino de una brecha cada vez más visible entre el número oficial y la economía vivida en los hogares.

Esa desconfianza encuentra parte de su explicación en un punto central: cuando el 83,9% afirma que su salario no le gana a la inflación, la percepción social tiende a contrastar de manera directa el dato oficial con el resultado concreto que deja en el bolsillo. La inflación ya no es una variable abstracta y pasa a medirse en términos muy concretos: cuánto dura el ingreso, hasta qué día del mes alcanza y cuánto margen queda para cubrir gastos básicos. Este punto es clave porque el dato de inflación no sólo describe la evolución de los precios, sino que además funciona como referencia para la actualización de salarios a través de paritarias. Cuando esa referencia no logra recomponer el poder adquisitivo se rompe el vínculo entre el índice y la experiencia real: si el salario pierde capacidad de compra y más de la mitad de la población no llega al 20 del mes, la credibilidad del dato se erosiona, no sólo por lo que mide, sino por lo que deja de corregir en la práctica cotidiana.

A esto se suman discusiones que exceden el dato puntual y afectan la confianza en el organismo: la sospecha de injerencia política sobre las estadísticas públicas y la percepción de que las canastas o ponderaciones no representan con precisión el consumo real de los hogares. En términos sociales, cuando los bienes y servicios que más presionan sobre la vida cotidiana parecen no estar adecuadamente reflejados en la medición, el índice deja de ser percibido como una herramienta de representación y pasa a leerse como una cifra distante de la experiencia común. La desconfianza, en ese sentido, no nace sólo del rechazo al número, sino de la sensación de que la medición no captura el modo en que efectivamente se encarece la vida.

Así se configura un circuito similar al que aparece en el endeudamiento familiar: si los ingresos no alcanzan, el salario pierde frente a los precios y la referencia oficial no coincide con lo que se vive todos los días. La consecuencia directa es que también se debilita la confianza en las instituciones que miden esa realidad. El problema no es únicamente estadístico. Es, sobre todo, un problema de validación social de un dato público.

Imágenes políticas

La evolución de la imagen y la evaluación de la gestión del presidente Javier Milei en marzo mostró un deterioro consistente con el clima económico descripto. La desaprobación de la gestión alcanzó el 53,3%, con un incremento de 8,3 puntos respecto a la medición anterior, mientras que la aprobación se ubicó en el 38,5%. En paralelo, la imagen también se desplazó hacia terreno negativo, consolidando un escenario donde predominaron las valoraciones críticas sobre la figura presidencial.

Este movimiento no aparece desconectado del contexto económico. La evaluación de los liderazgos tiende a estar fuertemente condicionada por la situación material de los hogares, y los datos muestran un deterioro claro en ese plano: ingresos que pierden frente a la inflación, dificultades crecientes para llegar a fin de mes y un uso extendido del endeudamiento para sostener el consumo básico. En este marco, la caída en los niveles de aprobación puede leerse como una traducción política de tensiones económicas que se vuelven cada vez más visibles en la vida cotidiana.

La relación entre economía e imagen se vuelve especialmente relevante cuando el ajuste se percibe a nivel micro. A diferencia de otros momentos donde las expectativas podían amortiguar el impacto de corto plazo, el actual escenario muestra una convergencia entre percepción personal y evaluación del país, lo que reduce el margen de tolerancia social. Cuando el deterioro deja de ser una proyección y pasa a experimentarse directamente en el bolsillo, la evaluación de la gestión tiende a ajustarse en esa misma dirección. En ese sentido, la caída de la aprobación no responde únicamente a episodios puntuales de la agenda pública, sino a una base económica que condiciona la forma en que la sociedad interpreta los resultados de la gestión.

La imagen de Axel Kicillof exhibió en marzo un leve cambio de dinámica, aunque todavía dentro de un escenario claramente desfavorable. Su imagen positiva se ubicó en el 33,8%, mientras que la negativa alcanzó el 57,2%, lo que dejó un diferencial negativo de 23,4 puntos. El dato sigue siendo problemático en términos políticos, porque lo mantiene estancado en la franja de los 30 puntos de aprobación, con un rechazo alto y sostenido que limita su capacidad de expansión más allá de su propia base.

Lo relevante es que este registro parece cortar, al menos momentáneamente, la secuencia de caída que se venía observando desde octubre del año pasado. Tras varios meses de deterioro, en un contexto atravesado por la derrota del peronismo frente a Milei tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, marzo mostró una imagen positiva algo más estabilizada. La pregunta que queda abierta es si esta interrupción de la inercia negativa marca el comienzo de un reordenamiento de su posicionamiento o si simplemente anticipa una meseta en niveles bajos, con una imagen contenida en torno al 30% y un diferencial negativo todavía muy elevado.

Un reciente informe elaborado por la organización Tejido Urbano, basado en el procesamiento estadístico de datos del Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), reveló una radiografía crítica sobre las condiciones de vida en el país. De acuerdo con la investigación, de los 14,6 millones de hogares urbanos censados, 10,7 millones presentan algún tipo de problemática habitacional. Esto significa que el 73% de las familias argentinas reside en viviendas con deficiencias materiales, falta de servicios, hacinamiento o inseguridad en la tenencia.

El estudio propone una visión ampliada del déficit habitacional, incluyendo no solo las carencias materiales tradicionales, sino también la falta de escrituras y la dificultad de acceso a la propiedad que enfrentan los inquilinos. “En este trabajo se cuantifica un amplio conjunto de problemáticas para luego calcular la cantidad de hogares que están afectados por cada caso, y la superposición de problemas que pueden darse”, explica el documento técnico.

El primer gran grupo identificado por Tejido Urbano corresponde a los hogares que requieren una vivienda adicional, un segmento que abarca a 1.021.798 familias, lo que representa el 9,6% del déficit total. Esta categoría agrupa tres situaciones de extrema precariedad que, en la mayoría de los casos, requieren una mudanza o un cambio estructural profundo.

La problemática más extendida en este sector es la de las viviendas irrecuperables, que afecta a más de 510.000 hogares. Se trata de ranchos, casillas o piezas en inquilinatos que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad y no pueden mejorarse con refacciones aisladas. Por otro lado, el hacinamiento crítico —definido como aquellos hogares donde conviven más de tres personas por cuarto— alcanza a 372.000 familias. Finalmente, más de 230.000 hogares se ven obligados a compartir una misma vivienda con otra familia, lo que impacta directamente en la privacidad y la salud de sus integrantes.

El informe destaca que “los hogares que tienen estas problemáticas son los que tienen los niveles más bajos de ingreso”. Específicamente, el 84% de las familias que comparten vivienda y el 79% de quienes habitan estructuras irrecuperables pertenecen a los estratos sociales más vulnerables.

La mayor parte del problema habitacional en Argentina no reside en la falta de techos, sino en las carencias de las construcciones actuales. Este segundo grupo, denominado “necesidades en viviendas existentes”, involucra a 7,4 millones de hogares, es decir, casi el 70% de las familias con problemas habitacionales.

Dentro de este universo, la falta de acceso a servicios básicos de red (agua potable y cloacas) es la carencia más masiva, afectando a 5 millones de hogares. La investigación subraya que esta situación tiene un alto impacto en la salud pública y la calidad de vida. Asimismo, 4,7 millones de familias enfrentan la irregularidad dominial. “Las condiciones de regularidad en el dominio de las viviendas determinan el nivel de seguridad ante desalojos y abusos”, señala el texto.

Un dato relevante es que, a diferencia de los casos de viviendas irrecuperables, en este grupo existe una alta superposición de problemas. La mayoría de los hogares que habitan viviendas con materiales deficientes (como pisos de tierra o techos precarios) también carecen de servicios y de escrituras. Sin embargo, el estudio aclara que muchas de estas casas son “recuperables” mediante mejoras sencillas en pisos y techos, siempre que se garantice simultáneamente la infraestructura de red y la seguridad jurídica.

Una problemática transversal es la localización de las viviendas en entornos deficitarios. Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) citado en el informe, en Argentina existen 1,2 millones de familias residiendo en villas, asentamientos o conjuntos habitacionales degradados.

Para estos casos, la necesidad supera la escala individual de la casa y requiere una “integración urbana concreta”. Esto implica obras de espacio público, vialidades, equipamiento comunitario y saneamiento ambiental. El informe advierte que los procesos de mejora barrial que no finalizan con la escrituración de los lotes “suelen reproducir los males que afectaban al barrio degradado”. En situaciones de villas de alta densidad, donde el trazado de calles no permite un mínimo de calidad urbana, el estudio menciona que podrían requerirse incluso relocalizaciones de viviendas.

Finalmente, el estudio incorpora a un sector que tradicionalmente no era contabilizado como parte del déficit: los hogares inquilinos que, aunque viven en construcciones adecuadas, enfrentan la imposibilidad de acceder a la propiedad. Este grupo alcanza a 2,3 millones de hogares y representa el 21% de las problemáticas habitacionales del país.

“Alquilar puede ser una opción elegida, pero la propiedad de la vivienda tiene ventajas en términos de seguridad y resguardo del patrimonio familiar”, afirma la investigación. Este segmento presenta características sociales distintas a los grupos anteriores: el 36% son personas que viven solas, tienen un nivel educativo por encima de la media y se ubican mayoritariamente en zonas céntricas.

A diferencia de los sectores de ingresos bajos, los inquilinos poseen una “demanda latente” de mecanismos de financiamiento. El informe concluye que para este grupo, el acceso a créditos hipotecarios que permitan sortear la barrera del ahorro previo es fundamental, dado que han demostrado una alta voluntad de pago y bajos índices de morosidad histórica cuando las condiciones de préstamo son favorables.