El comienzo de 2026 expuso una tendencia que empieza a repetirse en distintos sectores de la economía argentina: empresas que recurren a la Justicia para intentar reorganizar sus deudas o directamente liquidar sus operaciones.

En los últimos meses se multiplicaron los concursos preventivos, cesaciones de pagos y procesos de quiebra, como fueron recientemente los casos de Garbarino y Bioceres, por ejemplo. Se da en un contexto marcado por consumo debilitado, mayores importaciones, dificultades de financiamiento y presión sobre los costos.

La lista de compañías que ingresaron en procesos concursales o falenciales incluye firmas de rubros muy diversos -industria, agro, tecnología, retail y consumo masivo-, lo que evidencia que el deterioro financiero no se limita a una actividad específica. En algunos casos, las empresas buscan negociar con acreedores para sostener su funcionamiento; en otros, el deterioro fue tan profundo que la Justicia avanzó directamente con la quiebra.

Electrodomésticos y retail, golpeados por la caída del consumo

Uno de los casos más recientes involucra a Goldmund, propietaria de la marca de electrodomésticos Peabody, que durante marzo solicitó ante la Justicia comercial la apertura de su concurso preventivo de acreedores.

La empresa, que logró consolidar su presencia en el mercado local con pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar, enfrenta ahora un escenario complejo. El retroceso del consumo interno y la mayor presencia de productos importados impactaron en su negocio, por lo que la compañía busca a través del proceso judicial reordenar su pasivo y abrir una negociación formal con acreedores para preservar la continuidad de la firma.

Dentro del comercio minorista, otro caso emblemático fue el de Garbarino, histórica cadena de electrodomésticos. Luego de más de cuatro años de trámite judicial, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 resolvió la quiebra definitiva de la compañía, tras fracasar el proceso de salvataje que intentaba encontrar un inversor dispuesto a rescatarla.

En su etapa de mayor expansión, Garbarino llegó a contar con más de 300 sucursales y alrededor de 5.000 empleados. Con el paso de los años, sin embargo, la combinación de problemas financieros, cambios en el negocio del retail y el avance del comercio electrónico redujo drásticamente su estructura, que antes de la liquidación judicial se limitaba a tres locales y menos de 20 trabajadores.

Textiles bajo presión por importaciones y caída de ventas

La industria textil aparece entre las actividades más afectadas por el nuevo escenario económico. En ese contexto, Hilados S.A., empresa del grupo TN & Platex, decidió recurrir al concurso preventivo para reorganizar su estructura financiera.

Desde la compañía explicaron que el objetivo del proceso judicial es ordenar su deuda y garantizar la continuidad operativa, luego de atravesar un 2025 caracterizado por una marcada caída de la actividad.

Según detallaron, el deterioro del negocio responde a una combinación de factores que impactaron en la rentabilidad: mayor ingreso de indumentaria importada, desregulación de las ventas digitales provenientes del exterior y crecimiento del mercado de ropa usada.

A ese escenario se sumaron costos financieros elevados y una fuerte caída en el nivel de producción, lo que llevó a la empresa a analizar la venta de activos no estratégicos como parte de su estrategia para sostener el negocio y evitar un cierre definitivo.

Otra firma del mismo rubro que inició un proceso similar es Emilio Alal S.A., compañía fundada en 1913, que formalizó su concurso preventivo tras atravesar una profunda crisis financiera.

La empresa decidió cerrar su división industrial y paralizar las operaciones en sus plantas ubicadas en Goya (Corrientes) y Villa Ángela (Chaco), lo que marcó el inicio de un proceso de reestructuración.

En su presentación judicial, la compañía señaló que el deterioro económico responde a varios factores que golpearon al sector: retroceso del consumo interno, mayor competencia de productos importados, aumento de costos —especialmente energía e insumos— y falta de financiamiento bancario.

En ese contexto, la firma evalúa redefinir su modelo de negocios, reduciendo su presencia industrial y orientando parte de su actividad hacia la comercialización de materia prima y la importación de productos terminados.

El agro también enfrenta tensiones financieras

Las dificultades tampoco quedaron restringidas al sector urbano. En el ámbito agropecuario, la empresa Italar SRL, con sede en Charata, Chaco, pidió la apertura de su concurso preventivo de acreedores tras enfrentar un fuerte deterioro de su situación financiera.

Durante los últimos años la firma había impulsado su expansión a partir de financiamiento bancario y emisiones de deuda en el mercado de capitales. Sin embargo, una serie de campañas agrícolas adversas afectó su producción y debilitó su estructura económica.

Según datos del sistema financiero, la compañía acumula deudas superiores a $16.200 millones, además de más de 40 cheques rechazados por falta de fondos.

Ante la Justicia, la empresa explicó que llegó a perder hasta el 95% de su capacidad productiva luego de varias campañas con rendimientos muy por debajo de lo previsto, una situación que golpeó especialmente a las explotaciones agrícolas de la región chaqueña.

El caso vuelve a poner de relieve los riesgos de los esquemas productivos altamente endeudados, sobre todo cuando se combinan factores climáticos adversos con restricciones al crédito.

Otro episodio que generó fuerte repercusión fue la quiebra de Bioceres S.A., la sociedad que dio origen al grupo biotecnológico creado en Rosario durante la crisis de 2001.

El juez civil y comercial Fernando Mecoli dispuso la apertura del proceso falencial al constatar el estado de cesación de pagos de la empresa, que acumulaba deudas por más de u$s39 millones y un patrimonio neto marcadamente negativo.

La situación también tiene un trasfondo societario complejo. En los últimos años el grupo realizó una reorganización corporativa que separó los activos globales —entre ellos Bioceres Crop Solutions, empresa que cotiza en el Nasdaq— de la estructura original radicada en Argentina.

Ese rediseño dejó a la sociedad local con pasivos propios y sin control directo sobre los negocios internacionales, lo que agravó su situación patrimonial. El conflicto también expuso diferencias internas entre los accionistas vinculados al empresario uruguayo Juan Sartori y el equipo directivo histórico encabezado por Federico Trucco.

Iluminación y actividad industrial

Las tensiones financieras también alcanzaron a empresas vinculadas a insumos industriales y equipamiento para iluminación, un segmento que suele depender del nivel de actividad económica.

Entre los casos recientes aparece Alic S.A., compañía dedicada a la comercialización de luminarias y lámparas LED, que solicitó la apertura de su concurso preventivo ante el Juzgado Comercial N°25.

La firma reconoció encontrarse en estado de cesación de pagos y con dificultades de liquidez para afrontar sus compromisos financieros.

En su presentación judicial, la empresa explicó que la paralización de la obra pública redujo de forma significativa la demanda proveniente de proyectos de construcción e infraestructura, lo que impactó directamente en sus ventas.

En conjunto, estos episodios reflejan cómo los procesos concursales volvieron a ganar protagonismo dentro del entramado empresarial argentino. Aunque cada compañía enfrenta su propia realidad, detrás de muchas crisis aparecen factores estructurales comunes, como consumo debilitado, altos costos financieros, mayor competencia externa y cambios en los mercados. Frente a ese escenario, acudir a la Justicia se convierte para muchas empresas en la última herramienta para intentar reorganizar sus cuentas y ganar margen de maniobra en un contexto económico todavía incierto.

El precio del petróleo escala al ritmo del conflicto geopolítico. La cotización internacional del crudo repuntó 30% en la última semana y en el mercado creen que podría seguir subiendo si se mantiene la restricción de la oferta. Para el ministro Luis Caputo, esto es «una de cal y una de arena»: implica más ingreso de dólares a la Argentina a través de exportaciones de energía y alimentos, pero al mismo tiempo podría afectar el proceso de desaceleración de la inflación, objetivo esencial de su gestión.

Los precios del crudo, en sus versiones Brent y WTI, sobrepasaron los u$s90 por barril, el nivel más alto desde 2023, y Guardian Capital advierte que podría arribar hasta u$s100 por barril en caso de que se extienda el conflicto. Fundamentalmente, por el freno que impuso Irán en el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, canal por el que circula alrededor del 20% de la oferta de energía a nivel mundial.

Balanz advierte que, a diferencia de otros conflictos pasados que presionaban al alza al precio del petróleo por expectativas, en esta ocasión el cierre del Estrecho de Ormuz no es una posibilidad teórica, sino una realidad. De hecho, afirma, los datos de alta frecuencia exhiben una caída significativa en el flujo de energía y productos procesados que circula por ese canal.

Con los ataques de Irán a países vecinos, advierte el bróker, es muy probable que el flujo marítimo a través del Estrecho de Ormuz siga escaso o nulo en el muy corto plazo hasta que haya seguridad. El mercado seguirá muy de cerca este punto en particular para dimensionar el impacto sobre la inflación global, cuya expectativa ya se refleja en mayores rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la creencia de que la Reserva Federal moderará o frenará los recortes de tasas de interés previstos para este año.

Vaca Muerta y el agro prometen una avalancha de divisas

El repunte del precio del petróleo es una buena noticia para el mercado de cambios local porque, a diferencia de lo que ocurría antes, ahora Argentina es exportador neto de energía, y este escenario promete más ingreso de dólares al país a través de las exportaciones del sector, en un contexto en el que además se prevé mayor producción en Vaca Muerta. Esto juega a favor de la moneda local y de las reservas del Banco Central.

La balanza comercial energética de 2025 registró un saldo positivo récord de u$s7.815 millones, equivalente a alrededor del 70% del superávit comercial total (u$s11.286 millones). Para este año, previo al conflicto, en el mercado proyectaban cifras superadoras, en el rango de entre u$s8.000 millones y u$s10.000 millones. Ahora, con el repunte del precio internacional del petróleo, calculan que el ingreso neto de exportaciones de energía en 2026 podría extenderse hasta u$s11.000 millones.

A la vez, el sector del agro, principal generador de divisas del país, también podría aportar más dólares de lo previsto a partir de una suba de los precios internacionales. Esto se debe a que el precio del petróleo arrastra al del agro por los costos vinculados en producción y transporte. Para este año, en el mercado proyectan ventas de entre u$s34.000 millones y u$s36.000 millones. En caso de mantenerse los volúmenes, la cifra podría ser mayor a la prevista gracias a la mejora de los precios.

El riesgo que acecha al plan de Caputo para domar los precios

Lo negativo es que la suba de la cotización internacional del petróleo también podría implicar aumentos en los precios internos de los combustibles y esto último ejerce presión sobre el resto de los precios de la economía. Aún es complejo dimensionar el impacto porque dependerá del tiempo que dure, pero lo cierto es que si el conflicto bélico y el freno a la oferta global de petróleo se extiende, un posible traslado a precios podría ralentizar el proceso de desinflación en el que trabaja Caputo.

De acuerdo con el economista Camilo Tiscornia, el componente de combustibles tiene un peso de alrededor de 5% en el índice de inflación local, pero aún se desconoce cuánto podría ser el traslado de los precios internacionales a los domésticos. El peso del componente agrícola sobre el indicador es más difuso porque se da de manera indirecta hacia varios productos, pero también afirma que no necesariamente el traspaso es total porque puede estar influenciado por otros factores locales.

«Si el conflicto se extiende, es probable que se sienta algún efecto en la inflación local mediante varias vías. Por un lado, el aumento del precio del petróleo y gas podrían presionar sobre el precio de los combustibles y energía. Por otro lado, la suba en insumos intermedios, como fertilizantes, y el aumento de precios internacionales de los commodities pueden presionar al alza los precios de los alimentos. A la vez, el aumento global del costo de los fletes puede repercutir en importaciones», agrega Rocío Bisang, economista de GMA.

Además, de acuerdo con Bisang, en un escenario como el actual, en el que se activa la aversión al riesgo global por parte de los inversores, las monedas de los países emergentes tienden a depreciarse, tal como ocurrió en la última semana. Este movimiento, advierte, también sumaría presión a la inflación.

«El impacto de la suba del petróleo sobre la inflación local dependerá principalmente de la duración del conflicto. Si se resuelve rápido (en un mes, por ejemplo), el impacto inflacionario local sería leve y acotado a los próximos dos o tres meses, por lo que la desaceleración podría retomarse en julio. Si se extiende dos o tres meses, el traslado a precios podría prolongarse, retrasar el proceso de desinflación y alejar en el tiempo el objetivo del Gobierno de llevar la inflación a la zona de 1% mensual«, estima Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

Auxtin Maquieyra, de Sailing Inversiones, coincide en que si bien la suba del precio internacional del petróleo introduce una potencial presión extra sobre la inflación local, el impacto inmediato parece acotado. Afirma que en Argentina el traslado del crudo a los precios en surtidor «no suele ser automático» y, por el momento, la petrolera estatal YPF, que funciona como referencia para el resto del mercado, no ha aplicado aumentos de precios.

«Mientras las empresas mantengan los precios estables, el efecto directo sobre el índice de inflación sería limitado a corto plazo. De todos modos, si el petróleo se mantuviera en niveles altos durante un período prolongado, podría comenzar a presionar los costos de transporte, logística e insumos industriales. En tal caso, podría verse algún traslado gradual a los precios domésticos. Por ahora, la clave será observar si el repunte del crudo es un shock transitorio por el contexto global o si se consolida en el tiempo, escenario en el cual el impacto inflacionario sería mayor», sostiene Maquieyra.

En un contexto de crisis industrial, Kopelco S.A., la empresa que opera la marca de preservativos Tulipán, redujo en más de 60% su planta de empleados por la contracción del consumo. De acuerdo a los cálculos de los directivos de la compañía, la dotación de personal se redujo de 355 a 135 trabajadores directos, lo que se traduce en una pérdida de 220 empleos.

Nacida a fines de los 80, Tulipán comercializa 12 tipos diferentes de profilácticos junto a geles íntimos y otros artículos, y, según estimaciones de la propia firma, abarca el 40% de la participación en el mercado argentino. Además, solía proveer al gobierno nacional en las campañas de prevención contra las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Al mismo tiempo, Kopelco forma parte de la industria textil mediante la fabricación de puntillas, cintas elásticas y rígidas así como hilados de latex y globos, entre otros productos. La planta principal opera en San Martín, en la Provincia de Buenos Aires, mientras que una segunda instalación en el parque industrial de San Luis está destinada exclusivamente a la producción textil.

Felipe Kopelowicz, gerente general de la empresa, aseguró que el recorte de personal se debió a la caída de la demanda interna de los últimos años. “Estamos súper preocupados, es un momento muy desafiante. Tenemos caída de ventas de hasta 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así”, afirmó el directivo. Uno de los problemas que identificó fue la importación de prendas confeccionadas de China, con las que es muy difícil competir.

Respecto al negocio de los preservativos, indicó que el retroceso no fue tenemos un precio más competitivo y más popular. La torta cae pero nosotros ganamos un poco de participación. Pero los otros rubros nuestros están muy atacados: elásticos de ropa interior, globos y productos de mano de obra incentiva. Allí, lamentablemente, hemos achicado personal y el negocio se cayó a pedazos. En textil, cayó un 50% en volumen de venta”, describió en declaraciones a Radio Con Vos.

Siguiendo esa línea argumental, el empresario consideró que la coyuntura refleja “un jaque total” e incluso realizó una autocrítica por su propia administración: “Estoy muy decepcionado con mi propia gestión porque mi gente la está pasando mal. No he podido cambiar ni resolver ni mejorar la situación de la gente. Realmente no sé qué música bailar, no sé cuál es el piso. No sabemos qué hacer”.

Por otra parte, Kopelowicz cuestionó al gobierno de Javier Milei por sus críticas contra la industria y aseguró que “nunca hubo un diálogo” con el sector. “Nunca nadie me llamó, ni a mí ni a la cámara. No convalidan la industria real. Son asesores que supuestamente saben de lo que están hablando pero no hablan con nosotros”, se quejó.

A propósito del debate sobre el nivel de rendimiento industrial, el ejecutivo reconoció que si bien existen ciertos puntos donde no son “del todo eficientes, en otros sí”. “Desarmar todo por alguna ineficiencia me parece un suicidio”, sentenció.

En cuanto a la reforma laboral, que la administración libertaria promulgó el viernes 5 de febrero, el administrador de Kopelco le restó importancia al señalar que la situación “pasa porque haya trabajo y, a nivel económico, consumo”. “Puede hacer que alguien tome algún empleado más pero si uno no se siente tranquilo en su trabajo, no va a consumir. Lo mismo que los empresarios: si no nos sentimos tranquilos, no invertimos. Hoy la gente tiene salarios pero no llegan”, concluyó.

En medio de las tensiones entre el Gobierno y la industria por episodios como el cierre de Fate o la pelea con el Grupo Techint por la licitación de caños de Vaca Muerta, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a respaldar con firmeza la política económica oficial, que incluye una apertura de las importaciones.

Durante el 7º Foro de Inversiones & Negocios realizado en Mendoza, Caputo expresó su postura sobre el modelo económico y las demandas del sector empresario respecto de la ausencia de una política industrial concreta.

En un contexto de tensión con la UIA, que el martes pasado difundió un comunicado crítico solicitando respeto tras las declaraciones del presidente Javier Milei sobre los empresarios en la apertura de sesiones del Congreso, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el modelo vigente “es un modelo de capitalismo de mercado, de la gente, no es de ninguna manera antiempresario”, y agregó que “es con los empresarios que se ganan su mercado, como tiene que ser”.

“¿De qué modelo industrial estamos hablando? ¿Para alguno Argentina es una potencia industrial? El modelo de los últimos 20 años, lejos de hacer crecer nuestra industria, ni siquiera pudo hacer crecer un empleo, que no crece desde 2011. Además, la cantidad de empleadores no crece desde 2007″, opinó el funcionario nacional.

Y cerró: “No era un modelo que tenga nada que ver con lo industrial; era un modelo prebendario. Era un proyecto inmoral, injusto, ineficiente y regresivo porque el que menos puede defenderse contra este tipo de modelo es el que menos tiene”.

Un informe reciente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) recalcó que en los dos primeros años de la gestión de Javier Milei, la industria manufacturera atravesó una crisis profunda, con impacto en el empleo, la producción y su participación en la economía nacional.

En ese periodo, el sector industrial perdió 100.000 empleos, lo que equivale a una reducción de 160 puestos diarios. La utilización de la capacidad instalada retrocedió hasta el 40%, mientras que las exportaciones de productos con mayor valor agregado disminuyeron un 28%. Además, la participación de la industria en el PBI descendió del 16,5% al 13,7%, el nivel más bajo en nueve décadas.