El transporte público de pasajeros ha sido foco de incontables ajustes de precios en los últimos años, pero los aumentos no han sido parejos en todo el país. Por el contrario, se han registrado muchas disparidades que han profundizado la brecha del valor del pasaje entre las diferentes jurisdicciones. Tal es así, que hoy algunos argentinos pagan más del doble que otros por usar el colectivo, aunque en ciudades diferentes.

Tras la suba del boleto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un informe de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) permite ver con claridad las diferencias de precios. Según el estudio, en febrero de 2016 la ciudad más económica para viajar en colectivo es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Dentro de esa región se puede identificar los micros de jurisdicción nacional, lo que dependen de CABA y los que corresponden a la Provincia de Buenos Aires.

Hoy, los más baratos son los micros de Nación, pese a haber sufrido un aumento del 31,58% en el último mes (se pagan $650 de pasaje mínimo). Empatan como los más económicos los colectivos que dependen de CABA, también con un boleto de $650, pero con un incremento reciente del 4,86%. El tercer lugar del podio de los más económicos son los colectivos del Partido de la Costa. Quienes se suben a los micros de esa ciudad abonan un boleto mínimo de 698 pesos.

La cuarta ciudad más económica para viajar en micro es la Provincia de Buenos Aires, donde se pagan actualmente $722 como tarifa mínima. En ese caso, hubo un incremento de precios del 4,92% en el último mes.

El resto de las ciudades que completan el top ten de precios bajos se distribuyen en otros sectores del país. El quinto lugar lo ocupa Villa Mercedes (San Luis), donde se abonan actualmente $790, de acuerdo a la información proporcionada por AAETA.

En los puestos siguientes aparecen General Pico ($800), San Luis ($870), Viedma ($980), La Rioja ($1.000) y Trelew ($1.000). Estas dos últimas ciudades sufrieron aumentos del 66,7% y 9,53% respectivamente respecto al relevamiento anterior. Es importante aclarar que en todos los casos se toma como referencia la tarifa plena. No se tiene en cuenta si existen o no descuentos por viajero frecuente u otros beneficios, como las bonificaciones para trabajadores de algún sector en particular.

Las realidad del transporte público es muy diferentes en otros puntos del país. De acuerdo a los datos proporcionados por el organismo, ya hay cinco ciudades donde el boleto mínimo supera con comodidad la barrera de los 2.000 pesos.

En la actualidad, el boleto de mayor precio del país se encuentra en Pinamar, donde se paga un mínimo de $2.625 por viaje. No mucho más abajo figura San Martín de Los Andes, que luego de haber registrado un aumento del 8,70% en el último mes, llegó a los $2.500 por pasaje. El podio se completa con Centenario, ciudad que registró un fuerte incremento del boleto de 24,1% en relación al relevamiento anterior. En ese caso, el boleto tiene un valor de 2.478 pesos.

Otra ciudad con pasaje por arriba de los $2.000 es Pergamino. Tras un aumento del 5,36%, el pasaje mínimo llegó a los $2.332. Por su parte, en Bariloche el boleto subió 7,95% en el último mes y alcanzó los 2.046 pesos.

En la lista de las más caras figura también Corrientes, donde el boleto más económico tiene un valor de $1.890. Empatan en el séptimo y octavo lugar las ciudades de Sáenz Peña y Resistencia. En ambas el pasaje más accesible tiene un valor de 1.885 pesos.

Luego aparece una de las ciudades más pobladas del país. Se trata de Córdoba, donde los pasajeros pagan un mínimo de $1.720, de acuerdo a los datos publicados por Aaeta.

Finalmente se debe mencionar el caos de Orán (Salta). En esa ciudad se paga un pasaje mínimo de $1.700, luego de un aumento del 6,25% en el último mes.

El mercado ganadero cerró la semana con nuevas subas en el precio de la hacienda, un movimiento que no solo impacta en la cadena productiva sino que vuelve a encender señales de alerta en materia inflacionaria.

Los valores del ganado en pie mostraron firmeza en las últimas operaciones, impulsados por una oferta más acotada. Desde el punto de vista económico, este comportamiento anticipa posibles ajustes en el precio final de la carne vacuna, uno de los productos de mayor peso dentro de la canasta básica.

En la mañana del viernes, las vaquillonas livianas alcanzaron un máximo de $5.900 por kilo, $400 por encima de los valores de la semana anterior. La suba consolida una tendencia alcista que ya comenzó a impactar en el mostrador: en enero, el precio de la carne aumentó 4,9% mensual y 73,4% interanual, superando ampliamente el 2,9% de inflación general registrada por el INDEC.

Oferta restringida y formación de precios

El factor central detrás del aumento es la menor disponibilidad de animales para faena. En términos constantes, los precios de la hacienda se ubican en los niveles más altos de los últimos 90 años. Los analistas coinciden en que la firmeza responde a una escasez estructural de ganado para consumo, profundizada por una marcada retención de animales.

Productores y feedloteros están apostando a agregar más kilos a campo o en corrales, aprovechando una ecuación favorable entre el valor del kilo vivo y el costo del alimento. Incluso en las subastas aparece con mayor presencia el sector feedlot, que compra lotes livianos para engorde.

En términos de microeconomía, cuando la oferta se contrae y la demanda se mantiene estable, el precio tiende a subir. Este ajuste comienza en el eslabón primario (la hacienda) y se traslada progresivamente hacia frigoríficos, distribuidores y puntos de venta.

El interrogante no es si habrá traslado, sino qué porcentaje del aumento absorberá cada tramo de la cadena y cuánto terminará pagando el consumidor.

Más exportaciones y precios internacionales en alza

El frente externo también juega un papel clave. En enero, los embarques de carne alcanzaron las 62 mil toneladas res con hueso, un 11% más que en enero de 2025, según datos del INDEC.

A esto se suma un aumento del 33% en el precio internacional promedio en los últimos 12 meses, con valores que superan los US$ 5.000 por tonelada. El incentivo exportador fortalece la competencia por la hacienda y contribuye a sostener precios elevados.

Impacto en el IPC y en la inflación de alimentos

La carne vacuna tiene una incidencia significativa dentro del rubro «Alimentos y bebidas no alcohólicas», uno de los componentes más sensibles del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Un incremento sostenido en los valores de la hacienda podría:

• Acelerar la inflación mensual del rubro alimentos.

• Condicionar la evolución del IPC general.

• Reforzar expectativas de subas en otros productos sustitutos.

Dado que la carne es un bien de consumo masivo y culturalmente central en Argentina, cualquier variación en su precio tiene efecto multiplicador en la percepción inflacionaria. En enero ya mostró un incremento del 4,9%, superando el promedio inflacionario del mes, y acumula un alza interanual superior al 73%.

El reciente movimiento en la hacienda podría derivar en subas adicionales de entre 2% y 3% en el corto plazo. Según proyecciones, durante el año el precio de la carne podría ubicarse entre 5 y 10 puntos por encima de la inflación general.

Para los hogares, esto implica una presión directa sobre el presupuesto alimentario. Ante nuevos incrementos, podrían intensificarse:

• La sustitución hacia pollo o cerdo.

• La reducción en la compra de cortes premium.

• La búsqueda de promociones y canales mayoristas.

Poder adquisitivo y cambios en el consumo

El eventual traslado a las carnicerías ocurre en un contexto donde los ingresos muestran recuperación dispar. Si los precios vuelven a subir, el consumidor podría enfrentar un nuevo ajuste en su presupuesto alimentario.

Históricamente, ante subas de la carne vacuna, se observan:

• Sustitución hacia pollo o cerdo.

• Mayor búsqueda de promociones y ofertas.

• Reducción en la compra de cortes premium.

• Ajustes en la frecuencia de consumo.

En términos macroeconómicos, esto implica una reconfiguración de la demanda interna, que puede moderar parcialmente el traslado de precios si el consumo se retrae.

Escenario para las próximas semanas

Si la oferta continúa limitada y el mercado sigue convalidando valores más altos, la presión sobre el precio minorista será difícil de evitar. El comportamiento de la faena y la capacidad de absorción de costos de frigoríficos y comercios serán variables clave.

Desde la óptica inflacionaria, la evolución de la carne vacuna será un dato a seguir de cerca en los próximos relevamientos de precios. No solo por su peso estadístico, sino por su impacto simbólico en la economía doméstica.

El mensaje que deja el mercado es claro: la suba de la hacienda vuelve a instalar presión sobre uno de los alimentos más relevantes de la canasta básica, con potencial impacto en inflación y consumo.

Más allá de las discusiones sobre indemnizaciones, horas extra, vacaciones y salarios, la reforma laboral que recibió ya el apoyo del Congreso de la Nación -solo falta que el Senado revise la quita del artículo sobre licencias por enfermedad- incluye beneficios fiscales para empleadores y artículos que apuntan a reducir el costo y el riesgo de contratar. ¿Será suficiente para conseguir un incremento del empleo registrado, que es la meta última que esgrimió el oficialismo para su proyecto de ley? 

De acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la desocupación abierta es del 6,6% de la población económicamente activa, en tanto que solo se tiene en cuenta como mercado informal a aquellos ocupados en el sector privado sin descuento jubilatorio, que serían unas 3,6 millones de asalariados. Extraoficialmente, teniendo también en consideración a personas registradas como cuentapropistas aunque estén en algún tipo de relación de dependencia, se estima que el 40% del mercado laboral aproximadamente estaba en la informalidad a la salida de la pandemia.

Tener esta cantidad de trabajadores sin aportes pone en riesgo la sustentabilidad del sistema, además de dejarlos fuera de las protecciones de seguridad social. Es una problemática seria, a la cual el Gobierno apunta a responder desde esta reforma, en un contexto en el cual a la baja registración se le suma una caída pronunciada del empleo en general: entre noviembre de 2023 (asunción del Gobierno de La Libertad Avanza) y noviembre de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en en 21.938 casos (30 por día) y se perdieron 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,95%) o 400 puestos por día, según relevó mediante datos oficiales el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

En ese marco, ¿será la nueva ley laboral un punto bisagra para generar más empleo registrado o solo facilitará el proceso contrario?

Se aprueba la reforma, ¿se activa el empleo?

Al recibir la reforma laboral media sanción en la Cámara de Senadores, iProfesional consultó a varias de las principales consultoras de empleo del país y la mayoría coincidió en que los procesos de selección de personal, que habían repuntado tras las elecciones de octubre 2025, seguían su curso y no aguardaban la aprobación del nuevo marco normativo. 

Ese escenario se mantiene: «Las empresas no están demorando los procesos de selección a la espera de la sanción de la ley. Para bien o para mal, la demanda que existe es independiente de ello, y responde más a una situación de negocio y la coyuntura de cada sector», dijo Matías Ghidini, CEO de GhidiniRodil y autor del libro «Mi trabajo ahora». «Obviamente que una modernización laboral es positiva, pero la decisión de abrir o no una posición laboral hoy tiene más que ver con la perspectiva económica a corto y mediano plazo que con la entrada en vigencia de la ley de reforma», añadió.

En este sentido, evaluó cómo quedó el proyecto que se debatirá nuevamente en el Senado en breve: «Lo que se está por sancionar cubre parcialmente el objetivo de incrementar la demanda de empleo registrado. Porque falta la decisión fundamental de disminuir los costos de contratación, para las empresas en general y para las Pyme en particular. Solo hay un artículo que habla de una reducción y se da en un plazo determinado, solo si se cumplen determinadas características de las personas a contratar.»

La industria viene siendo uno de los sectores más afectados por despidos, frenos de producción y suspensiones. Además del ampliamente público caso de FATE -que anunció su cierre y el despido de más de 900 personas- los últimos casos incluyen a la láctea Verónica (endeudada y con freno de fábrica), la automotriz Stellantis (frenó su planta de El Palomar), la productora de calzado Dass, la de lavarropas Whirlpool, entre otras. 

La propia Unión Industrial Argentina (UIA) – que apoyó la modernización del marco laboral diciendo: «Es fundamental la reducción de la litigiosidad y la posibilidad de que las empresas tengan mayor previsibilidad del marco normativo»- también expresó su preocupación por la caída de la actividad y el empleo. Su Centro de Estudios CEU registró en diciembre 2025 que la producción cayó 3,9% i.a., y el sector se achicó en 60.224 puestos de trabajo registrados desde el último máximo (agosto de 2023)

No es un dato menor si se tiene en cuenta que la posibilidad de que la industria genere nuevos puestos de trabajo y regularice los que puedan estar fuera de la ley será una pata importante del éxito que sostenga a la reforma laboral.

Lucas Germán Silva, Associate Director de HALO Executive Search le dijo a iProfesional que «En el sector industrial no estamos viendo una paralización generalizada de procesos de selección a la espera de la reforma. Las empresas que necesitan cubrir posiciones críticas lo están haciendo.»

Sin embargo, destacó que se nota «mayor cautela» en los casos de «contrataciones vinculadas a expansión o crecimiento proyectado. La reforma puede modificar el nivel de riesgo percibido al contratar, pero no es el factor determinante en la decisión inmediata.»

«En la industria, la incorporación de personal está mucho más atada al nivel de actividad, al consumo interno y a la competitividad que a un cambio normativo. Hoy muchas PyMEs —que siguen siendo el principal generador de empleo formal en Argentina— están evaluando no solo el marco laboral, sino también la caída de la demanda, el acceso al financiamiento y el impacto de una mayor apertura comercial», explicó Silva, y aclaró que en estos casos el sector está reconfigurando los modelos de trabajo en función de la competencia con productos importados «lo cual incide directamente en la capacidad de sostener o ampliar dotaciones.»

Qué beneficios para empleadores tiene la reforma laboral

El proyecto se estructura sobre la base de aliviar el costo de entrada al empleo formal y simplificar la gestión administrativa. Estos son los ejes principales:

RILF

El proyecto incluye el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL): por cada nueva incorporación de trabajadores que no tuvieran empleo registrado al 10/12/2025, estuvieran desempleados hace 6 meses, fueran monotributistas o ex empleados públicos, se aplicarán alícuotas reducidas.

No es una baja generalizada de impuestos, sino un «premio a la nueva incorporación: durante los primeros 48 meses de la relación laboral, el empleador no pagará las cargas sociales habituales. En su lugar, ingresará una alícuota unificada del 2% para jubilación (SIPA), asignaciones familiares y fondo de empleo, más un 3% para la obra social de jubilados (PAMI).

Los empleadores no podrán despedir personal registrado para reemplazarlo por beneficiarios del RIFL; de detectarse este «uso abusivo», se caen todos los beneficios y se deberán pagar las diferencias con intereses y multas.

El sistema permite que el empleado que perciba un plan social lo mantenga durante el primer año de contrato, teóricamente facilitando la transición de la asistencia al empleo formal.

Blanqueo laboral

Para las empresas que hoy operan con talento en la informalidad, el régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) permite regularizar relaciones laborales vigentes, ya sea que no estén registradas o lo estén deficientemente.

El proyecto establece que la reglamentación no podrá condonar menos del 70% de la deuda por capital e intereses de aportes no realizados. El saldo restante se podrá abonar en hasta 72 cuotas, con un interés tope del 12% nominal anual, una cifra que, frente a la inflación proyectada, resulta atractiva.

Al adherirse, el empleador queda excluido del REPSAL (el registro de infractores laborales) y se extinguen las acciones penales por evasión de la seguridad social.

Reducción de costos y riesgos para empleadores

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un sistema para ayudar a cubrir indemnizaciones. Los empleadores realizarán una contribución mensual (1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs) sobre la nómina salarial. Esto funciona como un «seguro» para no desfinanciar a la empresa ante una desvinculación. No obstante, este también uno de los puntos más criticados del proyecto. Se teme que se utilice dinero del sistema previsional para terminar financiando al Tesoro, mediante las inversiones del FAL en el Mercado de Valores.

Respecto de otros factores que generaban discrecionalidad en sentencias laborales, incrementando el riesgo para empleadores, la reforma trae mayor clarificación sobre lo que implica relación laboral vs. servicios independientes, y limita la presunción de dependencia que se manejaba hasta el momento.

Otro factor importante en cuanto al riesgo judicial es la simplificación de la base indemnizatoria: se excluye del cálculo conceptos no mensuales como el SAC (aguinaldo), vacaciones y bonos anuales, reduciendo el costo final del despido.Además, estipula la posibildad del pago de sentencias en cuotas: Las condenas judiciales podrán pagarse en hasta 6 cuotas (grandes empresas) o 12 cuotas (MiPyMEs), ajustadas por IPC + 3%.

Por otra parte, se simplifica la registración y los costos asociados: el registro ante la Agencia de Recaudacion y Control Aduanero(ARCA) será único y suficiente para todas las autoridades, eliminando trámites adicionales y multas por duplicidad de registros.

El último punto fundamental a destacar será el régimen de Medianas Inversiones (RIMI): Incluye beneficios como la amortización acelerada en Ganancias para inversiones productivas que generen empleo.

El impacto de la reforma en el empleo

Más allá de los cambios legislativos y los incentivos para contratar, los expertos ponen en duda que haya en el contexto actual un repunte del empleo registrado en función de la reforma laboral, más allá de sectores puntuales que tienen desde antes un marco favorable para el desarrollo de sus negocios (minería, energía, etc.)

Silva lo resumió perfectamente: «La reforma puede aportar previsibilidad y reducir contingencias, lo cual es relevante, especialmente para PyMEs industriales con menor espalda financiera. Pero el empleo formal crecerá en la medida en que haya condiciones para producir, vender y competir. La norma puede facilitar; el crecimiento económico es lo que finalmente activa la contratación.»

Ghidini coincidió: «La reforma que se está por sancionar es un paso muy importante, que tiene que ver con el trasforndo de un marco laboral, con un cambio de filosofía sobre lo que había, que era arcáico. Se trabajó en las bases por un lado, y en cuestiones periféricas por otro, como el horario laboral, las vacaciones. Pero a los fines prácticos de generar una demanda laboral inmediata, yo estimo que no. Serían necesarias medidas más concretas para bajar el costo de contratar y para reducir la informalidad.»

Queda por ver entonces si algunas compañías deciden aprovechar las nuevas condiciones de contratación y registración para regularizar al personal o incluso contratar nuevos talentos una vez que la reforma laboral entre en vigencia.