En medio del debate por la reforma laboral, la industria prevé que 2025 finalizará con cerca de 130.000 nuevas demandas por accidentes de trabajo. En caso de contemplar también los litigios por despidos y empleo no registrado que se abrieron a lo largo del año, la cifra total de la industria del juicio trepa a 260.000.

El sistema de riesgos del trabajo en Argentina sigue enfrentando una presión sin precedentes por la cantidad de juicios laborales iniciados en los últimos meses, una situación que amenaza la sostenibilidad del sector privado y complica la generación de empleo formal. De acuerdo con la información difundida por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el volumen de demandas por accidentes laborales alcanzó un récord histórico y terminará el año con unas 130.000 demandas. Este fenómeno, que se mantiene desde hace años pese a los intentos de reforma, se traduce en un incremento de los costos empresariales y en una creciente incertidumbre para quienes buscan invertir en actividades intensivas en mano de obra.

La presidenta de la UART, Mara Bettiol, advirtió que ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización y, en medio del debate por la reforma laboral destacó que “ninguna reforma, cualquiera sea su alcance, podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial”.

Bajo la perspectiva de la UART, el debate actual se centra más en los litigios por despidos, trabajo en negro e incidencias similares que en lo que ocurre con los procesos legales abiertos por riesgo laboral. En tal sentido, definen al esquema vigente de accidentes como obsoleto.

El contraste internacional es significativo: Argentina presenta un nivel de judicialidad 21 veces superior al de Chile y 15 veces mayor que el de España. Si se aplicara la tasa de España, el país debería tener 8.200 juicios por año, con la de Chile, solo 5.600, según datos de UART.

A pesar de este contexto, el balance a 29 años de funcionamiento ininterrumpido del sistema muestra avances significativos: la mortalidad laboral se redujo un ochenta y uno por ciento, la siniestralidad bajó cincuenta y cinco por ciento y la gravedad de los accidentes cayó treinta y nueve por ciento.

El tema se tocó este viernes en Infobae en Vivo, donde la periodista Lucrecia Eterovich remarcó que “Argentina tiene una tasa de juicios laborales desproporcionadamente alta a pesar de registrar una tendencia decreciente en accidentes laborales, lo que evidencia que hay un funcionamiento judicial que incentiva la demanda”.

Eterovich analizó el clima de expectativas que genera la próxima discusión sobre la reforma laboral, así como la demanda del sector empresarial de reducir costos y bajar la incertidumbre jurídica. También planteó dudas sobre el alcance de las modificaciones que el Gobierno llevará al Congreso Nacional.

“El oficialismo intentará mantener hermetismo en lo que resta de semanas para evitar filtraciones y no anticipar el contenido de la reforma”, detalló Eterovich y agregó que el eje central estará en definir si el proyecto contempla regulaciones sobre la llamada ‘industria del juicio’ en la Argentina.

Datos de mediados de este año muestran que la distribución de estos litigios no es homogénea en el territorio nacional. La Provincia de Buenos Aires concentra el 40% del total de causas, superando los valores registrados en 2024. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también muestra un aumento respecto al año anterior, mientras que Santa Fe experimentó un crecimiento interanual del veintiocho por ciento en junio, muy por encima del promedio general. En contraste, provincias como Salta y Río Negro, que implementaron Cuerpos Médicos Forenses dependientes del Poder Judicial, exhiben índices de litigiosidad considerablemente más bajos, lo que sugiere que la aplicación plena de la normativa vigente podría contribuir a reducir el volumen de causas judiciales y aportar mayor previsibilidad al sistema, según sostienen en el sector.

La legislación actual, en particular la Ley 27.348 de 2017, establece la creación de estos cuerpos médicos forenses para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes. Sin embargo, salvo excepciones como Mendoza —donde se conformó un cuerpo médico con cinco peritos bajo la órbita judicial, aunque continúan operando otros peritos controlados por este cuerpo— y la reciente convocatoria en Santa Fe para integrar un nuevo equipo de peritos, la mayoría de las provincias no ha avanzado en este sentido. En estos distritos, los peritos actúan por listados y perciben honorarios calculados en función del porcentaje de incapacidad asignado, lo que, según la UART, genera un “circuito perverso de incentivos”.

Este esquema ha derivado en que las pericias determinen porcentajes de incapacidad superiores a los establecidos por la normativa oficial, con un promedio que excede en 12,5 puntos los valores del baremo vigente. Además, las tasas de interés judiciales elevadas convierten los juicios en una apuesta financiera de retorno asegurado, advierte el sector. En 2024, el stock de juicios en curso llegó a 290.000 casos, y se estima un flujo de 260.000 nuevos para 2025, lo que representa una carga significativa para el sistema, las aseguradoras y los empleadores.

El costo promedio del seguro de riesgos del trabajo se ubica en 2,77% de la nómina salarial, y aunque este porcentaje aumentó en el último año, no lo hizo al ritmo de la litigiosidad.

El impacto de esta situación sobre el sector privado es directo: la judicialización creciente eleva el valor de las primas de seguros, afecta la competitividad de las empresas y actúa como un freno para la generación de empleo formal. Según la UART, este fenómeno genera incertidumbre y limita la capacidad de planificar inversiones, especialmente en sectores que requieren gran cantidad de mano de obra.

Un dato que ilustra la magnitud del problema es que el 88% de los juicios ingresados corresponde a casos sin incapacidad reconocida, lo que evidencia una litigiosidad que no se corresponde con un daño efectivo en la salud del trabajador. Además, el sesenta por ciento de las demandas se presenta fuera del plazo legal establecido, lo que contribuye a la acumulación de causas y a la saturación de los tribunales.

El costo económico de la litigiosidad impacta de lleno en el sector productivo. Según la UART, tomando como referencia el Salario Mínimo de junio de 2025 ($313.400), la litigiosidad anual equivale a 6.891.653 salarios mínimos. Este factor se suma al denominado ‘costo argentino’, encareciendo la contratación y desalentando el empleo registrado.

El agro marcó en 2025 un importante récord: 1 de cada 4 trabajadores del sector son mujeres. La agroindustria argentina emplea a más de 4,2 millones de trabajadores, de los cuales el 28% hoy son mujeres. Son 1,2 millones de trabajadoras que impulsan la producción, la innovación y el futuro del agro, desempeñándose como productoras, técnicas, ingenieras y emprendedoras.

De acuerdo a la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) en los últimos cinco años, se sumaron 227.977 nuevas trabajadoras al rubro.

Este récord va más allá de un mero dato estadístico, es una buena señal para la empleabilidad de las mujeres argentinas y su independencia económica a futuro. Sucede que los sectores con el mayor potencial de generación de empleo y buenos salarios en la Argentina suelen estar masculinizados en lo que refiere a su fuerza laboral: la agroindustria, la minería, la economía del conocimiento y la intermediación financiera. De no mediar un cambio en estas áreas, la tendencia solo profundizaría la desigualdad.   

Oportunidades a nivel federal

FADA en conjunto con la Asociación Civil Las Chicas del Agro publicaron el informe «Mujeres en la agroindustria: construyendo futuro» con datos reveladores: la agroindustria argentina, un motor clave de la economía, se consolida como una fuente de empleo cada vez más diversa, con la participación femenina alcanzando cifras estratégicas en 2 sectores clave: 43% en servicios y 41% en comercio.

En cambio, los rubros primarios (14%), insumos (14%) y transporte y logística (17%) muestran menor presencia femenina, ya que históricamente se asociaron a tareas más físicas y tradicionalmente masculinizadas.

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1. servicios conexos (+92.477 mujeres),
2. comercio (+88.325)
3. industria (+64.333),
4. bienes de capital (+8.837)
5. insumos (+1.496)

Por el contrario, en algunos sectores como transporte y logística (-11.884 mujeres) y primario (- 15.607 mujeres) se observó una disminución en la cantidad de trabajadoras. Sin embargo, estas caídas coincidieron con reducciones similares en el empleo masculino.

Otro punto importante es que la agroindustria se destaca por ser federal. A diferencia de otras actividades productivas, que suelen concentrarse en las grandes capitales, la agroindustria está presente a lo largo y a lo ancho del país, generando oportunidades laborales y económicas en cada región, ya sea grandes ciudades o pequeños pueblos. Es un motor de desarrollo local y regional, que impulsa las economías del interior y genera un valor agregado distintivo.

Empleo en el agro

El reporte también quiere desterrar el prejuicio de que el agro no genera empleo en cantidad. «Cuando hablamos de cadenas agroindustriales (CAI), nos referimos a más de 20 sectores productivos, que abarcan desde las peras y manzanas del Alto Valle, el complejo pesquero, las lanas y cueros patagónicos, los vinos de Cuyo, las legumbres y cítricos del NOA, el arroz, tabaco, té y yerba mate del NEA, hasta los granos y producciones pecuarias de la región Pampeana-Centro, entre muchos otros», indica el reporte.

Además, el empleo agroindustrial comprende todas las etapas del proceso productivo, desde la siembra y la cría hasta la llegada de los alimentos a la mesa de los argentinos o su exportación. Esto incluye no solo la producción primaria, sino también el comercio, la industria, el transporte, la logística y los servicios conexos que hacen posible su funcionamiento.

Empleo agroindustrial por sectores (FADA)

«Es fundamental considerar a todos estos actores, ya que sin la producción inicial de cualquiera de estos productos no existirían los empleos asociados al transporte, la industria o los servicios vinculados,» consignan FADA y Las Chicas del Agro.

De esta forma, en conjunto de todo lo mencionado, se concluye que la agroindustria emplea a 4.200.295 personas en todo el país.

Tecnología: la llave de la inclusión

La irrupción de la tecnología es un gran motor de este cambio. La automatización y la digitalización están borrando la histórica asociación de ciertas tareas con la fuerza física. Según Antonella Semadeni, economista de FADA, las mujeres acceden a roles de alta capacitación técnica y operativa, desde la conducción de tractores y cosechadoras de última generación y la operación de sembradoras, hasta el manejo de drones, la gestión inteligente de la logística, entre otros.

El futuro está en manos de las nuevas profesionales: el informe destaca que, si bien la participación femenina crece en todos los grupos etarios, el aumento es mayor entre las menores de 30 años, lo que proyecta un futuro más equilibrado y prometedor para el empleo agroindustrial.

«La agroindustria argentina no solo está produciendo alimentos para el mundo, sino que está construyendo un modelo laboral más equitativo, demostrando que la eficiencia y la innovación pasan por la inclusión de talento sin distinción de género», concluyen las analistas. 

El precio de la carne volvió a ubicarse en el centro de la escena por una combinación de factores que impactan sobre la oferta y presionan sobre los valores en la cadena comercial. Según datos del mercado y testimonios de referentes del sector, el novillo en pie aumentó 28,5% desde fines de septiembre, un ajuste que ya comenzó a trasladarse al mostrador. La suba está asociada a una menor disponibilidad de hacienda, al reacomodamiento de precios tras meses de atraso y a la presión de los compradores para asegurar volumen.

Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), explicó que “desde septiembre aumentó 28,5% el novillo en hacienda». Ese incremento ya se refleja en los precios mayoristas: “El novillo valía $8.000 al carnicero y ahora le llega a $9.000 el kilo de novillo”. “En términos de hacienda, tenías $3.500 en fines de septiembre. Hoy vale $4.500 el máximo», insistió. Lo que no está claro aún, es cómo impactará la fluctuación de precios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, pero los referentes del sector remarcaron que el impacto será “significativo”.

El movimiento de precios queda en evidencia en la evolución semanal de los valores de mercado. Según el registro de operaciones, tras un septiembre con un alza acumulada del 30,59%, la hacienda aceleró en las semanas 40 a 44 (octubre), hasta cerrar ese mes con un ajuste acumulado del 45,69%. Luego, en noviembre, las subas continuaron: 6,76% en la semana 46, 4,51% en la 47 y 4,62% en la 48, lo que llevó el incremento acumulado del año a 68,67%.

La presión sobre la oferta de hacienda es uno de los factores centrales detrás de la escalada. Tanto Pedace como Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), describen un escenario estructural de menor disponibilidad que se arrastra desde 2023 e incluso desde mucho antes.

Schiariti señaló que el aumento de las últimas tres semanas en Cañuelas fue del 21%, pero el traslado al mostrador fue de 7%”, por lo que “hubo 14% que quedó en la cadena de comercialización”. Aun con ese desfasaje, el consumo mostró un repunte: “el mes pasado aumentó alrededor de 4% y pasamos de 47 a 49,5 kilos de carne vacuna por habitante”.

Ahora bien, en lo que respecta a precios, el origen del problema está en la menor cantidad de animales disponibles. “La sequía del 2023 nos hizo perder 500 mil cabezas de ganado, entre las vacas que fueron al matadero porque no quedaron preñadas o estaban en malas condiciones y los terneros que no nacieron”, explicó Schiariti. A eso se sumó el impacto de las inundaciones: “En 2024 se dio la inversa. Hubo inundaciones muy fuertes y en 2025 sigue ocurriendo. Tenemos 5% menos de stock ganadero”.

Las condiciones climáticas afectaron la producción desde el inicio del ciclo reproductivo. “Este año las vacas están todavía pariendo en el medio del agua y las vaquillonas pierden el ternero porque nacen y se ahogan”, agregó Schiariti. El resultado es directo: “Hay menos hacienda en oferta y, en consecuencia, sube el precio”.

Pedace, por su parte, recordó que la tendencia se viene profundizando desde hace décadas: “El gran problema de Argentina es que en el año 78 teníamos dos animales por ciudadano. Hoy tenés una por persona. Tenemos la mitad del stock ganadero”. En paralelo, destacó el contraste con la región: “Brasil, en cambio, quintuplicó el stock ganadero”.

Ambos referentes coincidieron además en que la oferta se vio particularmente afectada durante los años del kirchnerismo. Los empresarios explicaron que “las restricciones a las exportaciones y los programas como precios cuidados provocaron la pérdida de 12,5 millones de cabezas de ganado vacuno”.

Otro factor que incide en la dinámica de precios es la mayor participación de los exportadores en la compra de hacienda liviana, un segmento que tradicionalmente abastecía al mercado interno. Pedace explicó: “Los exportadores salieron a comprar los novillitos de 300 kilos y los engordan a 580 kilos”.

En ese proceso, también cambió la lógica del feedlot. “El feedlot te permitía entrar al negocio rápido y salir rápido. En tres meses salías con 100 kilos más, pero con la ganancia compraban dólares”, señaló.

A eso se sumó el impacto de la demanda externa sobre categorías como la vaca. Según Pedace, “China ayudó a los productores a tener un valor a la vaca flaca, pero se han ido madres jóvenes para China”. Ese fenómeno también contribuye a la reducción de la disponibilidad de animales para recría y terminación.

En el mercado de invernada, la tensión también es evidente. En el último remate de Jesús María, el ternero registró un salto excepcional. La categoría liviana subió 23% en una sola semana, alcanzando valores récord:

• Livianitos: $6.900
• Intermedios: $6.200
• Pesados: $5.500

Ese incremento se suma a una tendencia alcista: el ternero ya acumula más de 110% de aumento en lo que va del año. La fuerte presencia de feedlots, la demanda firme y la ausencia de trabas para exportar sostienen los precios, según los operadores.

La suba no solo afecta a productores y matarifes, sino también a frigoríficos y carnicerías. Schiariti explicó que, ante la volatilidad, los matarifes y los mataderos de consumo que tienen muchos años en el negocio se preguntan si podrán cobrar la carne que vendieron la semana anterior.

Incluso algunas plantas prefieren frenar su actividad: “Hay fábricas que están dando vacaciones porque no quieren quedar enganchados con ventas que después no van a poder cobrar”, añadió.

De cara a fin de año, el sector recuerda que los aumentos estacionales suelen ser habituales. “Siempre que llegan las fiestas hay aumentos de precios”, dijo Schiariti, aunque aclaró que muchas veces las subas se atribuyen, erróneamente, a especulaciones. “Hay 220 mil productores, 450 frigoríficos, 70 mil comercios minoristas y 48 millones de habitantes que decidimos pagar o no lo que pide el carnicero”, afirmó para graficar la complejidad del mercado.