El presidente de la Nación, Javier Milei, a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, les solicitó a todos sus ministros que preparen paquetes de reformas para los años que quedan de su mandato.

De acuerdo con lo que pudo saber iProfesional de fuentes cercanas a la Casa Rosada, la orden es que cada uno deberá presentar por lo menos 10 reformas.

Al respecto, Adorni manifestó en un reportaje a Radio Rivadavia que el oficialismo podría contar con 50 proyectos de reformas para enviar este año.

Esto indica que desde el oficialismo tienen confianza en que el debilitamiento de la oposición lo permite y que en las últimas semanas encontraron los mecanismos necesarios para que aliados circunstanciales apoyen sus principales iniciativas, como los proyectos de Ley de Modernización Laboral, Ley de Glaciares y Ley de baja de imputabilidad de menores.

La reforma impositiva que se anunciaría el 1 de marzo

Pero es muy probable que Milei anuncie una futura reforma impositiva el próximo 1 de marzo, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

Una parte de este proyecto de ley sería el capítulo que quedó afuera de la Ley de Modernización Laboral, referido a la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas, al que se le podrían agregar algunos aspectos impositivos novedosos.

Hay que recordar que en enero la discusión por la Ley de Modernización Laboral con los gobernadores obligó al Gobierno a sacar el capítulo fiscal por el fuerte reclamo, tanto de oficialistas aliados como de opositores, que exigían revisar la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en el proyecto, ya que, según estimaciones preliminares, la medida provocaría una pérdida de coparticipación federal cercana a los 3 billones de pesos, de los cuales 1,7 billones perderían las provincias.

Por lo tanto, la mesa política del Gobierno decidió excluir ese capítulo fiscal, que se incorporará en el nuevo proyecto de Ley de Reforma Fiscal que el oficialismo enviará al Congreso luego del 1 de marzo próximo.

Será una profunda reforma tributaria enfocada en la reducción del Impuesto a las Ganancias para personas físicas y sociedades, que oscilaría del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, a partir de este año, junto con la eliminación de impuestos internos y la simplificación del sistema para fomentar inversiones.

Los ejes centrales de la reforma

Entre los ejes de esa reforma podemos citar:

1. Reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades y alivio fiscal para individuos.

2. Eliminación de tributos, donde se contempla eliminar impuestos internos sobre productos electrónicos, automotores y motos, embarcaciones, seguros y servicios financieros.

3. Reducción y/o eliminación de impuestos distorsivos: se buscará reducir o eliminar impuestos como el impuesto al cheque, retenciones al agro e Ingresos Brutos, aunque de manera gradual para no comprometer el superávit fiscal de los dos próximos años.

4. Renta financiera: se intentarán suprimir impuestos cedulares sobre la renta financiera y la enajenación de inmuebles.

5. El IVA dividido: la propuesta sería dividir el IVA entre un componente nacional y uno provincial para fomentar la competencia impositiva.

El diseño técnico y las consultas a tributaristas

De acuerdo con lo que pudo saber iProfesional, el encargado del diseño es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, pero desde el Gobierno han consultado a distintos estudios impositivos y contables y a varios expertos tributaristas, entre otros a Líbano Kusa, del estudio Bruchou & Funes de Rioja, y a César Litvin, del Estudio Lisicki, Litvin & Abelovich.

Entre otros puntos novedosos estaría la modificación futura de la Ley de Coparticipación Federal, que desde el equipo económico consideran muy distorsiva y desigual porque premia a las provincias que menos recaudación propia tienen y castiga a las que recaudan más.

De acuerdo con la opinión del CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin, una buena reforma tributaria solo será viable si el IVA dividido se contempla junto con IIBB y las tasas de Seguridad e Higiene (TASH) que cobran los municipios sin una contraprestación en la mayoría de los casos.

En relación con un IVA dividido, donde la Nación se quedaría con una tasa del 9,5% y cada provincia aplicaría una alícuota propia, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, manifestó que la gran ganadora sería la provincia de Buenos Aires.

En ese aspecto, hay que señalar que en la actualidad las provincias reciben un porcentaje automático de IVA en la coparticipación federal que es independiente del valor agregado que se genera en su jurisdicción y, por ese motivo, los gobernadores, sobre todo de las provincias más pequeñas, no tendrían incentivos para cambiar el esquema.

El reclamo por Ingresos Brutos y tasas municipales

Desde el Gobierno consideran que el impuesto al cheque y las retenciones al campo son los peores impuestos y que los gobernadores tienen que reducir Ingresos Brutos, que es el peor de los impuestos, y que los intendentes también deben eliminar o reducir las tasas municipales que cobran a individuos y empresas.

El problema es que en muchas provincias el IIBB representa el 80% de sus ingresos, por lo que para ir reduciéndolo se necesitará una reforma tributaria muy equitativa.

El sector privado ya no le reclama al Gobierno por el cobro del IIBB, sino por los pagos adelantados del mismo, que en la mayoría de los casos nunca se compensan a través de un sistema muy perverso como el SIRCREB, que por lo general no devuelve el dinero retenido a los contribuyentes por los gobiernos provinciales, excepto Tierra del Fuego.

La pesadilla del SIRCREB y el reclamo empresario

Según una reciente encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA), los saldos a favor de Ingresos Brutos que las provincias les deben a las empresas alcanzan montos actuales equivalentes a más de 50.000 millones de pesos, y un 57% corresponde a jurisdicciones donde las firmas no tienen establecimientos.

El Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) es un sistema que posibilita el cumplimiento de los regímenes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes a los contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multilateral, aplicable sobre los importes que sean acreditados en cuentas abiertas en entidades financieras.

También es aplicable a contribuyentes locales de Ingresos Brutos de aquellas jurisdicciones que han adherido a esos efectos al sistema.

El relevamiento de la UIA detectó que las alícuotas efectivas de IIBB se acercan al 4% en todo el país, cuando el máximo debería ser del 1,5%.

Además, el estudio destaca que más del 10% de las compañías considera irrecuperables esos saldos y el 40% señala demoras de hasta un año para la devolución. Por otra parte, un 77% de los encuestados solicitó la devolución o reintegro de los montos retenidos y no obtuvo resultados

Luego de casi dos años de un gran ajuste en la obra pública y una deuda con las empresas constructoras que se fue acumulando, a pesar de que algunos proyectos continuaron, el Gobierno decidió hacer frente a ese pago con el objetivo de darle oxígeno a las compañías y comenzar a reactivar una industria que dinamiza fuertemente la actividad económica.

Fuentes privadas y oficiales confirmaron que el plan consiste en emitir un bono que cubra las obligaciones pendientes entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, aunque todavía restan conocer los detalles del instrumento. El monto a saldar rondaría los USD 200 millones y se trataría de deuda por obras viales y ferroviarias, en principio. El Gobierno ya se lo comunicó de manera informal al sector, que espera definiciones sobre si la deuda será actualizada y si sufrirá una quita, dado que el bono podría cotizar entre 70% y 80% de su valor nominal.

Trascendió que estaría incluida la deuda por obras viales y de ferrocarriles. Las hídricas, dijeron fuentes del sector, se saldaría al contado. Y las de viviendas fueron trasladados a las provincias. ¿Qué ocurrió? Si bien los atrasos en los pagos del sector han sido moneda corriente, cuando asumió el Gobierno Javier Milei la decisión inmediata fue paralizar toda la obra pública nueva y continuar con algunos proyectos que estaban en plena ejecución. “Pero también hubo atrasos en esas obras que el propio Gobierno nos dijo que continuáramos”, dijo un empresario a este medio.

Lo cierto es que ahora, a poco más de dos años de aquel comienzo de gestión, el equipo económico quiere comenzar a normalizar la situación para que también las empresas puedan utilizar ese dinero en financiar otras obras y que eso dinamice la actividad económica, ya que todavía no hay demasiadas señales de repunte.

El Ejecutivo está muy activo en licitar las concesiones de las rutas y seguirá por ese camino. Hasta ahora, están ya en marcha los procesos para los 9.000 kilómetros de rutas por donde transita el 80% de la población, pero el objetivo es continuar con otros 6.000 kilómetros, precisaron desde el Gobierno. En todos los casos, serán concesiones por lo que la financiación de las obras será privadas (propia o bancaria). También comenzará a revisar de qué manera reactivar las obras en viviendas, ya que es donde más mano de obra se genera, y de forma relativamente rápida.

El sector de la construcción festejó, el martes por la noche, los 90 años de vida de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), evento que reunió a figuras del ámbito político y empresarial. La celebración se realizó en el Teatro Colón, primero con un cocktail y luego con una exclusiva función de la obra Astor, Piazzolla Eterno. En ese contexto, funcionarios y empresarios tuvieron la oportunidad de dialogar sobre la marcha de la actividad y destacaron la necesidad de mantener la obra pública activa.

Al respecto, Gustavo Weiss, presidente de Camarco, explicó a Infobae en Vivo que el sector perdió miles de empleos y que las empresas deben adaptarse a un nuevo sistema económico. Señaló que, aunque la macroeconomía exige mayor orden y previsibilidad, el Estado sigue siendo clave para impulsar proyectos que reactiven la actividad y garanticen continuidad en el empleo. Weiss agregó que la obra pública constituye un motor de producción y que la falta de inversión afecta directamente a proveedores y contratistas vinculados a las compañías.

Sobre el empleo, el empresario recordó que el sector perdió “120.000 puestos de trabajo entre mediados del 2023 y mediados del 2024″ y que desde ese entonces, la actividad está amesetada y solo recuperó una muy pequeñísima parte de esa pérdida”.

Aunque las cifras oficiales del Indec muestran que la actividad total de la construcción había crecido durante 2025 (6,3% versus 2024), con algunos meses positivos que compensaron periodos de retrocesos, el indicador de demanda de insumos sugiere que el sector privado enfrentó una desaceleración en el comienzo del año.

Así, la actividad mostró un arranque con una caída mensual de 11,6% en la demanda de materiales en enero, según el índice que elabora el Grupo Construya. Ese dato también quedó 1,1% por debajo del mismo mes del año anterior, lo que reflejó menor dinamismo en las compras de insumos que suelen anticipar obra en desarrollo.

El índice incluye productos como cemento, ladrillos, acero y pinturas, y la baja mensual respondió, para los analistas, a un ajuste típico luego del cierre del año previo en un contexto aún cauteloso para la ejecución de proyectos.

Tras los recortes y cierres de plantas en los distintos sectores de la industria, golpeada de lleno por las importaciones y la caída del consumo, ahora se encienden luces de alerta en el sector financiero y de servicios profesionales.

Por un lado, la firma global PwC habría desvinculado entre 40 y 60 personas en los últimos días en la Argentina, según distintos posteos en redes sociales, donde incluso se habló de hasta 200 puestos afectados.

Por otra parte, el banco Santander cerró o está en proceso de cerrar unas 40 sucursales en los últimos meses y desde el sindicato remarcan que esta reducción podría impactar en unos 500 empleados.

Despidos en PwC Argentina y la versión de la empresa

Por el lado de PwC, los testimonios comenzaron a multiplicarse luego de que circulara un telegrama de despido fechado el 24 de febrero, en el que se informaba la desvinculación «por cuestiones organizativas», bajo los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). También surgieron menciones a cesantías en el área que la compañía denomina internamente AC (Acceleration Center).

Los comentarios se sucedieron y se llegó a hablar de 200 despidos, aunque otras versiones indican que las desvinculaciones rondan entre los 40 y 60 empleados.

Fuentes de la compañía relativizaron la magnitud de los recortes. Señalaron que en Argentina cuentan con 6.300 empleados y que «nunca se hizo un ajuste mayor al 1% de esa dotación».

En un comunicado, la firma explicó que: «La dinámica propia del sector a nivel global redefine permanentemente las habilidades y servicios requeridos por los clientes. Como parte de ese proceso, algunas actividades dejan de ser necesarias y se suman otras nuevas de forma constante».

La empresa destacó que durante 2025 incorporó 750 personas y anticipó que sumará otras 750 este año, principalmente en el PwC Acceleration Center Buenos Aires (ACBA), que cuenta con más de 3.500 profesionales y brinda servicios a clientes de Estados Unidos y Canadá desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario.

Sin embargo, a nivel global la compañía reconoció en su último reporte fiscal -cerrado a fines de 2025- que recortó alrededor de 5.600 puestos de trabajo y dejó atrás su plan de contratar 100.000 personas hacia mediados de 2026.

El foco pasó a ser la eficiencia operativa y la inversión en Inteligencia Artificial, con un desembolso anunciado de u$s1.500 millones, lo que está transformando tareas que antes realizaban perfiles junior.

Puertas adentro del sector vinculan estos movimientos con el ajuste que vienen aplicando en todo el mundo las llamadas Big Four (PwC, Deloitte, EY y KPMG), en un contexto de mayores costos y redefinición de servicios.

Alerta en el sector bancario: despidos y cierre de sucursales en Santander

En paralelo, el gremio Asociación Bancaria encendió alarmas por retiros voluntarios masivos en el Banco Santander Argentina, en el marco de un proceso de cierre de sucursales.

De acuerdo con los últimos datos públicos del sector, la entidad pasó de operar cerca de 395 sucursales en 2022 a aproximadamente 297 hacia fines de 2025. Es decir, eliminó casi 100 puntos de atención en poco más de dos años, lo que representa una contracción superior al 25%. La magnitud del recorte no tiene parangón entre los principales bancos privados.

El repliegue tomó mayor velocidad en los últimos meses. Tal como informara iProfesional, la Asociación Bancaria alertó que el banco cerró o está en proceso de cerrar más de 40 sucursales en distintas provincias, lo que generó estado de alerta en el gremio. Desde el sindicato sostienen que la reducción no solo impacta en la atención a clientes, sino también en puestos de trabajo y condiciones laborales.

La Asociación Bancaria advirtió que el ajuste podría impactar en más de 500 personas, entre empleados propios y tercerizados, y sostuvo que los retiros voluntarios funcionan en la práctica como despidos encubiertos.

Desde el banco relativizaron las cifras difundidas por el sindicato. Reconocieron el cierre de 9 sucursales en lo que va del año y señalaron que no necesariamente implicaron desvinculaciones. También explicaron que se trata de «sucursales de última milla», donde la atención presencial perdió peso frente a los canales digitales.

Según la entidad, actualmente el 90% de las transacciones se realizan de manera digital y la concurrencia a sucursales cae 30% interanual, lo que enmarca el proceso en una transformación estructural del modelo de negocios más que en un ajuste coyuntural.

Lo concreto es que, entre eficiencia operativa, digitalización e inversión en IA, tanto en consultoría como en banca el mercado laboral atraviesa una etapa de reconfiguración. Aunque las empresas niegan despidos masivos, el repliegue en algunas áreas convive con nuevas contrataciones en otras, en un escenario de transición que genera preocupación en los trabajadores.