Depositar dólares en el banco es una práctica habitual, pero existen controles de ARCA que pueden activarse según el monto y el tipo de operación

06/04/2026 – 08:34hs

Depositar dólares en una cuenta bancaria es una práctica habitual dentro del sistema financiero argentino. Ya sea para guardar ahorros, realizar inversiones o concretar la compra de un bien registrable, como un inmueble, muchas personas utilizan esta vía para operar con moneda extranjera de forma segura y registrada.

Sin embargo, aunque se trata de una operatoria frecuente, estos movimientos no quedan exentos de controles. Tanto los bancos como ARCA aplican distintos criterios de monitoreo que pueden activarse ante determinadas situaciones. Por eso, conocer cómo funcionan estos mecanismos y cuáles son los límites vigentes resulta clave para evitar inconvenientes.

Qué aspectos se analizan al momento de depositar dólares

Al momento de realizar un depósito en dólares, uno de los factores centrales que analizan las entidades financieras es el origen de los fondos. En este sentido, es fundamental que las divisas provengan de operaciones realizadas dentro del circuito formal, ya que esto facilita cualquier eventual verificación.

Entre los casos más claros se encuentran los dólares adquiridos a través de canales oficiales, como el mercado cambiario regulado o mediante operaciones bursátiles. Estas transacciones quedan registradas en el sistema, lo que permite acreditar su origen sin mayores dificultades en caso de que se solicite información adicional.

Por ejemplo, aquellos adquiridos a través del mercado oficial o a través de operaciones bursátiles como el dólar MEP. Este tipo de operaciones quedan registradas en el sistema financiero, por lo que puede ser fácilmente verificado ante cualquier requerimiento.

También pueden justificarse los fondos provenientes del ecosistema cripto. En estos casos, el respaldo se logra a partir de comprobantes de compra y venta de activos digitales o stablecoins vinculadas al dólar, siempre que exista documentación que permita demostrar la operación.

La situación cambia cuando los dólares no tienen un respaldo dentro del sistema formal. Incluso si la persona cuenta con ingresos declarados en pesos, la falta de registros sobre la compra formal de moneda extranjera puede generar inconvenientes. Esto se debe a que no solo se evalúa la capacidad económica del contribuyente, sino también la trazabilidad de los fondos.

Ante este escenario, las entidades pueden considerar que el dinero proviene de circuitos informales, lo que aumenta las probabilidades de controles o pedidos de justificación. Por este motivo, la recomendación es operar siempre con fondos que puedan ser acreditados o que hayan sido regularizados previamente en programas de blanqueo.

Desde qué montos ARCA puede solicitar información

Además del origen de los fondos, existen parámetros cuantitativos que determinan cuándo una operación debe ser informada. En este punto, ARCA estableció distintos umbrales que obligan a bancos y entidades financieras a reportar movimientos dentro del sistema.

Para las personas físicas, las transferencias o acreditaciones bancarias se informan a partir de los $50.000.000, mientras que en el caso de las personas jurídicas el límite es de $30.000.000. Estos valores también se aplican a operaciones realizadas a través de billeteras virtuales.

Las tenencias en sociedades de bolsa también se encuentran bajo monitoreo, con los mismos límites que los plazos fijos para personas físicas y jurídicas. En paralelo, las compras como consumidor final pueden realizarse hasta $10.000.000 sin necesidad de aportar información adicional, mientras que los pagos se informan desde los $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

Si bien todos estos valores están expresados en pesos, cuando se trata de depósitos en dólares las entidades financieras convierten el monto al tipo de cambio oficial para determinar si se superan los umbrales establecidos. De esta manera, pueden evaluar si corresponde informar la operación.

En medio de la polémica, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió a los funcionarios, varios pertenecientes al Palacio de Hacienda, que tomaron créditos hipotecarios del Banco Nación. Consideró que no hubo ninguna irregularidad y que incluso él mismo los incentivó a gestionar los préstamos.

Entre los funcionarios involucrados se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor de Caputo, quien mantiene una deuda inicial de $373.000.000 (unos USD 315.000) desde febrero de 2025, así como Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, que registra un crédito de $367.059.000 (USD 280.787) desde agosto de 2025.

“Los tomaron por recomendación mía. Yo le sugiero a todo el mundo que acceda a créditos hipotecarios porque considero que es una oportunidad única. En primer lugar, porque beneficia al país: el desarrollo del crédito hipotecario ha sido un motor de reactivación fundamental, incluso el más importante”, consideró el ministro.

“Además, es la mayor justicia social: ¿qué es más justo para alguien que tiene trabajo que tener su casa y no tener que esperar 40 años a ver si eventualmente puede ahorrar lo suficiente para pagarla cash?“, dijo en diálogo con LN+.

Caputo sostuvo que después las propiedades van a subir de precio y su consejo es apurarse y sacar un crédito hipotecario. “Hay sobre stock, entonces las propiedades no han subido tanto. Es una mega oportunidad”.

“En cuanto a los chicos, no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral. Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”, manifestó Caputo en relación a Núñez, Furiase y otros funcionarios que tomaron préstamos hipotecarios en el Banco Nación.

Asimismo, aseguró que “las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”.

“Federico Furiase, de hecho, fue a una sucursal y lo sacó como un ciudadano común, y todos han hecho lo mismo”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Dijo que “es absolutamente normal que los pidan en el Banco de Nación ya que nosotros, como funcionarios, cobramos en la entidad”.

“Si más funcionarios públicos pudieran sacar créditos, vayan y saquen, todos los que puedan, la gente común, cualquiera. Se lo recomendaría a todos”, remarcó.

El ministro señaló que el banco otorgó más de 27.000 préstamos y que los casos relacionados con funcionarios corresponden a “menos del 0,2%”.

Al mismo tiempo, hizo referencia a Leandro Massaccesi, reciente ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. El funcionario fue apartado luego de que se conociera que también había tomado un crédito en el Banco Nación, pero Caputo contó que ese no fue el motivo de su desplazamiento.

“Sandra me llamó para aclararme que no tuvo nada que ver con eso. De hecho, me dijo ‘tengo otros funcionarios que tienen crédito’”, relató.

Otros nombres que figuran en los registros como tomadores de préstamos hipotecarios en el Nación son Emiliano Mongilardi, director de YPF, con un crédito de $309.507.000 (equivalente a USD 207.766); y los diputados libertarios Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, quienes presentan deudas que oscilan entre $230 millones y casi $280 millones.

Noticia en desarrollo

Tras la quiebra de Plunimar, la empresa que operaba el ex Aquarium Mar del Plata, decretada el pasado 20 de febrero, se abrió una fuerte controversia por el destino de los 66 animales que permanecen bajo resguardo judicial en el predio ubicado junto al Faro de Punta Mogotes.

El complejo, controlado por la multinacional mexicana The Dolphin Company, había cerrado sus puertas el 31 de marzo de 2025, luego de que fracasaran las negociaciones para renovar el alquiler del terreno. Desde entonces, el futuro de las especies quedó atado a la instancia judicial y a las regulaciones ambientales.

Hoy, dentro de las instalaciones permanecen un total de 66 animales, de los cuales 56 son pingüinos magallánicos, dos pingüinos rey, cuatro saltarrocas y cuatro lobos marinos.

Dado que la empresa está dentro de un proceso judicial, cualquier traslado —ya sea temporal o definitivo— requiere la autorización expresa del Juzgado Nacional en lo Comercial N°20, donde se tramita la quiebra de la firma.

El deterioro financiero de Plunimar se aceleró tras el cierre. Sin su fuente de ingresos principal por la venta de entradas desde marzo de 2025 y con el contrato de alquiler vencido, la empresa se declaró la cesación de pagos en enero de 2026, lo que derivó en incumplimientos salariales y una fuerte reducción de su capacidad operativa.

Poco tiempo después, el 20 de febrero de este año, la Justicia decretó la quiebra directa ante la imposibilidad de remontar la situación financiera de la empresa.

Actualmente, unos 12 trabajadores continúan en funciones, abocados exclusivamente a la alimentación, sanidad y seguridad de los animales.

El fin del contrato que desató la crisis

El conflicto del Aquarium se profundizó cuando fracasaron las negociaciones con los dueños del predio. El contrato de alquiler, vigente durante más de tres décadas -desde su fundación en 1993-, había expirado en 2022 y las renovaciones anuales se interrumpieron definitivamente en 2025. Según informó The Dolphin Company, los propietarios decidieron destinar las tierras a nuevos proyectos, lo que marcó el cierre del parque y el inicio del proceso judicial.

En ese contexto, los 66 animales quedaron judicializados como parte del activo de la empresa.

Antes de la quiebra, la compañía había intentado venderlos a instituciones de México, China y San Pablo, pero las operaciones no prosperaron por restricciones sanitarias y ambientales. El comercio internacional de fauna marina está sujeto a estrictos controles multilaterales, lo que limita este tipo de transacciones.

La situación generó también controversia por las condiciones en las que permanecen los animales. Luego de varias denuncias en las redes sociales, tanto la empresa, como el municipio aseguraron que el agua de los estanques proviene del océano y que se mantienen protocolos básicos de bienestar. Sin embargo, el destino del grupo —principalmente pingüinos y lobos marinos— dependerá de lo que defina la Justicia en las próximas semanas.

Polémica por el traslado de los animales

Al momento del cierre del tradicional parque acuático, The Dolphin Company comunicó que su intención es reubicar a “todos los animales nacidos bajo cuidado humano” en acuarios y zoológicos, tanto en el país como en el exterior. Sin embargo, estos traslados requieren autorización judicial y el cumplimiento de exigentes controles sanitarios.

El antecedente más relevante se dio a fines de 2025, cuando 10 delfines nariz de botella —Zaiko, Lara, Olivia, Isis, Aramis, Callie, Moro, Ares, Juno y Mako— fueron trasladados a un acuario en Hurgada, sobre el Mar Rojo, en Egipto.

Según consignó el medio 0223, cada ejemplar fue transportado en cajas especiales de tres metros, parcialmente llenas de agua, con asistencia de veterinarios y cuidadores durante todo el viaje.

La operación se concretó por unos USD 800.000, fondos que se destinaron al pago de salarios y al mantenimiento del resto de los animales, de acuerdo con lo que consta en el expediente judicial.