El sector del crédito para consumo en Argentina mostró una interrupción del ciclo expansivo en el último trimestre de 2025, luego de un período de crecimiento que comenzó a mediados de 2024. El crecimiento de la morosidad y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos trajeron un estancamiento de los préstamos hacia el final del año pasado, un escenario que podría extenderse en este año.

“La tendencia expansiva se ha detenido, exhibiendo señales de agotamiento que sugieren un escenario de mayor cautela para el 2026”, señaló un informe de Bastien Consultores, que caracteriza al último mes de 2025 como “un punto de inflexión”. En diciembre las tarjetas de crédito tuvieron un crecimiento marginal del 1.5% y se registró una caída real del -1.0% en préstamos personales.

La desaceleración sorprendió por su intensidad en diciembre, un mes habitualmente caracterizado por una mayor demanda crediticia vinculada al consumo estacional. Ambas líneas crediticias se conectan entre sí: ante la suba de la irregularidad, en los bancos impulsan la colocación de préstamos personales para cancelar deudas con tarjetas, cuyas tasas son más elevadas.

El informe identificó que la combinación de mayor morosidad de las familias y la debilidad de los ingresos reales incidió directamente en el cambio de tendencia. Los indicadores de cartera irregular alcanzaron niveles no vistos desde 2010: la morosidad en préstamos personales llegó al 9,9%, mientras que en tarjetas de crédito trepó al 7,7%. “La elevada morosidad actúa como freno natural: con préstamos personales en 9,9% de irregularidad y tarjetas en 7,7%, una proporción significativa de hogares ya no puede cumplir con sus obligaciones existentes, inhibiendo su capacidad para asumir nuevas deudas”, señaló el informe.

“A esto se agrega que los ingresos de las familias, si bien mejoraron respecto a los niveles de diciembre de 2023, no acompañaron el fuerte crecimiento que experimentaron los préstamos durante la fase de recuperación, generando un desbalance entre el stock de deuda acumulado y la capacidad de repago”, añadió.

La cautela del sistema financiero en la oferta de crédito también respondió a los cambios regulatorios instrumentados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el segundo semestre, apuntó el informe. El aumento de los encajes no remunerados y las sanciones más estrictas por incumplimiento de efectivo mínimo elevaron el costo del fondeo bancario, lo que llevó a las entidades a restringir la originación de nuevos préstamos.

Por el lado de la demanda, el informe ejemplificó la lenta recuperación de los ingresos familiares con un dato clave: los salarios del sector privado registrado se ubicaron un 20% por debajo del promedio de 2017, lo que limitó la capacidad de endeudamiento. Incluso con cierta mejora respecto a diciembre de 2023, los niveles de ingreso resultaron insuficientes frente al mayor stock de deuda acumulado en la recuperación.

No obstante esos factores, la desaceleración del crédito se dio tras una etapa de fuerte expansión. Entre marzo de 2024 y octubre de 2025, el saldo de tarjetas de crédito prácticamente se duplicó, mientras que los préstamos personales se cuadruplicaron en términos reales. Esta recuperación, según Bastien Consultores, “refleja una fuerte apuesta de las entidades por recomponer carteras tras años de contracción”. Sin embargo, el auge perdió fuerza hacia el cierre del año, evidenciando el agotamiento del efecto rebote y el surgimiento de nuevas restricciones.

El informe cuantificó que el saldo de tarjetas pasó de $18,30 billones a $21,69 billones en 2025, un aumento del 18,7%, mientras que los préstamos personales escalaron de $12,63 billones a $18,91 billones, es decir, un alza del 49,1%. En dólares, los saldos de tarjetas de crédito subieron desde USD 90 millones en enero de 2021 a USD 565 millones en diciembre de 2025, con un pico de USD 680 millones en febrero de ese año. La estabilización posterior, en torno a los USD 550-640 millones, mostró el cambio de etapa en la dinámica crediticia.

El ratio crédito/PBI cerró 2025 en el 13,6%, muy por encima de los niveles de los últimos años y también lejos de la promedio regional del 44%, lo que, según Bastien Consultores, deja margen estructural para una mayor expansión en el futuro, aunque persisten las restricciones de corto plazo. El informe precisó: “La principal limitante para un crecimiento genuino del crédito al consumo sigue siendo el poder adquisitivo”.

El freno del ciclo expansivo tuvo impacto tanto en la oferta como en la demanda. Los bancos, enfrentados a una peor calidad de cartera y mayores exigencias regulatorias, endurecieron las condiciones. Al mismo tiempo, muchas familias, ya afectadas por la suba de la morosidad, vieron restringido el acceso a nuevos créditos.

“El crédito al consumo enfrenta un 2026 con condiciones macroeconómicas más favorables que en años anteriores, pero con una base de ingresos que aún no acompaña. Todo parece indicar que la velocidad de la recuperación dependerá menos de la disponibilidad de financiamiento y más de la capacidad de los hogares para tomarlo sin comprometer su situación financiera», concluyó el informe

A pesar del crecimiento real de los saldos, la sostenibilidad del proceso quedó en duda. El propio informe advirtió: “La ‘fase de rebote’ parece haber encontrado su límite estructural debido a dos factores críticos: el riesgo de cartera y la restricción de ingresos”. La liquidez bancaria mejoró hacia el inicio de 2026, pero la normalización de la morosidad y una mejora genuina en el ingreso real aparecen como condiciones indispensables para una nueva expansión.

El análisis de Bastien Consultores muestra que la expansión del crédito para consumo en 2025 fue uno de los datos positivos del año, aunque condicionado por el aumento de la irregularidad y la falta de recuperación de los ingresos reales. El informe resaltó que “la sostenibilidad del desarrollo futuro dependerá de la recuperación del ingreso real, la evolución de las tasas de interés, y la capacidad de las entidades financieras para equilibrar crecimiento con estándares prudenciales”.

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger publicó un largo y contundente mensaje en su cuenta de X para referirse a la licitación que la empresa india Welspun le ganó a Techint, la firma liderada por Paolo Rocca. La puja era por la provisión de caños para un gasoducto de 500 kilómetros, clave para el transporte y la exportación de gas natural.

La compañía india resultó adjudicataria del concurso para fabricar y suministrar los caños de acero del gasoducto que unirá Vaca Muerta con la provincia de Río Negro, donde el gas será licuado y exportado en barcos.

La oferta de Welspun fue de u$s200 millones, aproximadamente 40% más baja que la presentada por Techint.

A eso hizo referencia Sturzenegger en el duro mensaje contra Techint: señaló que, luego de ver las ofertas, la empresa argentina intentó mejorar la suya, diciendo que podía igualar el precio. Pero ya era tarde.

El mensaje de Sturzenegger sobre la licitación clave que perdió Techint

En un largo mensaje en redes, Sturzenegger hizo mención a la noticia, bajo el título: «Los tubos de Techint».

«Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a Grupo Techint, uno de los productores de caños más importantes del mundo. Me motiva compartir estas reflexiones, escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a Techint por ser productor nacional. A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos? Sin embargo, un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario. Veamos», comenzó su mensaje el ministro.

«Primero, Techint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones», continuó Sturzenegger.

«Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen», agregó. 

«Segundo. Recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación. Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza. Son los beneficios de la apertura económica.No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos, nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento», subrayó.

«Techint habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos»

En tanto, el ministro también se refirió a una supuesta mejora en las condiciones presentadas por Techint, luego de conocerse los números que ofrecía la empresa india. «Pero la cosa se pone más interesante porque aparentemente Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara», subrayó.

«¿Ahora cómo defendemos no darle el contrato a Techint? Porque con estas nuevas condiciones ya no corre más el argumento que los caños de afuera son más baratos. ¿No deberían entonces las empresas cambiar el proveedor y elegir el local? Voy a tratar de argumentar, por qué, a mi entender, tampoco deberían», sostuvo.

Y volvió a enumerar: «Primero, si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos«.

«Segundo, si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría ‘me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta’. ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Simplemente, no valdría la pena. Nuevamente, costos más altos», continuó.

Y concluyó: «Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego. Algo que le ha costado horrores a Argentina donde parece prevalecer el corto plazo aun si implica resignar todo el futuro. Es mucho más negocio para todos (incluso para Techint aunque hoy no lo vea así) que esta industria crezca competitiva y sana. El día que dejemos de mirar el próximo paso dejaremos de andar en círculos y empezaremos a andar en serio. Tenemos todo el futuro por delante».

Luego de cambiar el régimen de subsidios energéticos, el Gobierno dispuso la prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional en lo relacionado con el servicio de distribución de gas, debido a que no se han podido resolver las cuestiones que llevaron a su declaración en un primer momento.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación del Decreto 49/2026 en el Boletín Oficial y extiende la declaración de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. La fecha límite anterior era julio de este año.

En línea con los argumentos del Gobierno, la decisión responde a la persistencia de los factores que motivaron la declaración original de emergencia, entre ellos la insuficiente capacidad de transporte para satisfacer la demanda interna y las exportaciones de gas natural, especialmente durante el invierno.

El decreto subraya que aún se encuentran en proceso las obras clave para ampliar la infraestructura, cuyo impacto solo será visible a partir del invierno de 2027. Mientras tanto, la importación de Gas Natural Licuado (GNL) se mantiene como un recurso esencial para garantizar la seguridad energética del país. Según el texto oficial, el abastecimiento a Buenos Aires y el litoral depende “indispensablemente” de la inyección de GNL en los meses fríos, ya que sin ese volumen importado no sería posible satisfacer la demanda residencial ni asegurar el funcionamiento de las centrales térmicas.

El documento menciona que la falta de inversión en la red de transporte es consecuencia, principalmente, de políticas tarifarias que no promovieron el desarrollo de infraestructura. A pesar de la intervención estatal a través de Energía Argentina Sociedad Anónima, que actuó como único importador de GNL, las autoridades señalan que esta medida no brindó soluciones eficientes y generó grandes erogaciones sin mejoras tangibles en el sistema.

En este contexto, el Gobierno prevé otorgar mayor protagonismo al sector privado, permitiendo a nuevos importadores acceder a la infraestructura de regasificación, actualmente limitada a la terminal ubicada en Escobar. El decreto sostiene que la comercialización del GNL deberá concentrarse en un único operador privado, bajo control de la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), hasta la entrada en funciones del nuevo ente regulador conjunto de gas y electricidad.

El Gobierno puso en marcha este mes un nuevo esquema de subsidios energéticos que, según la proyección oficial, dejará a los usuarios de ingresos bajos frente a incrementos superiores al promedio del sistema.

La estrategia oficial abandona la segmentación tarifaria por ingresos que regía desde 2022. El nuevo régimen, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), introduce un criterio binario: los usuarios serán beneficiarios o no, sin escalas intermedias. Este mecanismo se implementa a través de un único Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), que reemplaza el sistema anterior y reduce la cantidad de categorías y requisitos.

Para ser beneficiarios, los hogares deben acreditar ingresos que no superen tres Canastas Básicas Totales (CBT), según los valores que mide el Indec. Quienes excedan ese límite deberán abonar la tarifa plena, sin ningún tipo de bonificación estatal.

El nuevo esquema también extiende los subsidios a las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), integrando por primera vez a los hogares sin acceso a la red de gas natural. Así, se amplía la cobertura y se unifican los criterios en todo el país.

A partir de 2027, el volumen de gas subsidiado se limitará al período invernal, de mayo a septiembre. En el resto de los meses, todos los usuarios abonarán el consumo sin subsidios, independientemente de su nivel de ingresos.

Durante el invierno, los hogares de ingresos bajos y medios recibirán un subsidio del 50% sobre el precio del gas en el PIST. En 2026, se suma una bonificación extra de hasta el 25%, que se irá reduciendo de manera escalonada como parte del ajuste tarifario.

El efecto de estas modificaciones será inmediato: las tarifas medias de gas natural aumentarán este año alrededor de un 23% respecto a los valores de 2025. Los usuarios de menores ingresos sentirán el impacto con mayor fuerza, ya que deberán asumir una proporción mayor del costo del gas.

El Estado prevé una reducción en el gasto de subsidios al gas natural de aproximadamente el 44% interanual. Al mismo tiempo, la cobertura de las tarifas sobre el costo real del suministro alcanzaría el 83%. Esto significa que las facturas cubrirán más de cuatro quintas partes del gasto total, disminuyendo la intervención estatal en el sector energético.

El nuevo esquema busca simplificar los procedimientos, reducir el gasto público y acercar el precio final de la energía al costo real, en un contexto en el que la cobertura de los subsidios dejará de depender de la segmentación y se concentrará en los hogares que no superen el umbral de ingresos fijado por el Gobierno.