Aunque en el mercado de cambios se advirtió cierta presión al alza para el dólar -que subió en cuatro de los cinco días operativos-, la divisa se mantuvo a 4% del techo de las bandas, mientras que los activos bursátiles consolidaron sus precios en dólares más altos desde mayo.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires alcanzó el último viernes los 3.026.469 puntos, para anotar una suba de 9,6% en pesos y de 5% en dólares, según la cotización del “contado con liquidación” y en sintonía con la suba promedio de los ADR argentinos en Wall Street.

En noviembre el panel de acciones líderes terminó casi “plano”, con un alza de 0,8% en pesos, aunque cerca del récord histórico nominal de 3.181.450 puntos del 3 de noviembre.

Los bonos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una mejora de 1,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó tres unidades para la Argentina, en los 648 puntos básicos.

“Ni el revés electoral del oficialismo en Provincia de Buenos Aires ni la volatilidad de tasas lograron frenar el nivel de actividad. La economía volvió a expandirse en septiembre con el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC) avanzando 0,5% respecto de agosto. El indicador mostró nuevamente señales claras de mejora y creció 5% frente al mismo mes del periodo pasado. De esta forma, encadena su tercer incremento consecutivo y acumula 5,2% en lo que va del año”, indicó GMA Capital.

“Los precios de los activos se mueven con expectativas, no con hechos: las ganancias se logran con probabilidades, no con materializaciones. En este marco, todavía sin conocer el ‘paquete de reformas’ que presentará el gobierno en el Congreso, entendemos que buena parte de su aprobación se descuenta en el precio de los activos argentinos. En sentido contrario, si éste no pasara, sería probable que las variables financieras sufran algún tipo de ajuste. Así, hará falta ‘algo más’ para que el riesgo país caiga en zona de financiamiento”, evaluaron los analistas d ela gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

Los analistas de IEB explicaron que un riesgo país que no cede de la zona de los 650 puntos obedece a “la dilatación de los anuncios respecto a la forma en que se implementarán los pagos de deuda a afrontar en enero 2026 o incluso sobre planes de recompra de los mismos”.

A ello “se agregó la desmentida del ministro Luis Caputo respecto a que se hubiese considerado un potencial rescate con bancos internacionales de magnitud de USD 20.000 millones”, acotaron desde IEB.

Para los expertos de MegaQM, se trató de “una semana desafiante para el manejo de la liquidez. El BCRA bajó la tasa de referencia la semana pasada, ya que pasó de pagar 22% de Tasa Nominal Anual en la rueda de simultáneas a 20%. Lo hizo para ayudar al Tesoro con el ‘rolleo’ (renovación) de los vencimientos de deuda en pesos”.

“La licitación del miércoles 26 era desafiante, porque vencían títulos dollar linked que habían perdido atractivo. Además vencían bonos que eran utilizados para integrar encajes, cuya existía también acababa. Por eso el BCRA flexibilizó algunas normativas de encaje (el porcentaje de integración diario), pero extendió el vencimiento del canje especial que vencía a fin de mes. Con esas política conjuntas con el BCRA, el Tesoro logró ‘rollear’ más del 95% de los vencimientos que tenía esta semana y que alcanzaban a $14,5 billones. Con eso la liquidez se mantendrá estable la semana próxima», consideró MegaQM.

El dólar mayorista quedó a $1.451,50, para redondear una semana en la cual avanzó 26,5 pesos o 1,9 por ciento. Asimismo en noviembre ganó 6,50 pesos entre puntas, apenas 0,5 por ciento. El BCRA fijó un techo del régimen de bandas cambiarias en los $1.509,98, ahora 58,48 pesos o 4% por encima del tipo de cambio oficial.

El dólar al público ganó 25 pesos (+1,7%) a $1.475 para la venta en el Banco Nación, el mismo valor con el que terminó el mes de octubre. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras quedó negociado a 1.487,59 para la venta (alza semanal de $37,53 o 2,6%) y a $1.436,14 para la compra.

El dólar blue, a $1.435 para la venta ganó en la última semana diez pesos o 0,7%, mientras que a lo largo de noviembre anotó una pérdida de diez pesos, para quedar como el más barato entre todas las franjas del mercado.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central finalizaron noviembre en USD 40.314 millones, con un descenso de USD 607 millones (-1,4%), principalmente por movimientos técnicos de los bancos propios de fin de mes. Estas divisas se reintegrarán a reservas con el inicio de diciembre.

“Es cierto que en estas semanas el Gobierno, si bien no compró muchos dólares (menos de USD 300 mm entre la elección y el jueves), sí aprovechó para bajar las tasas y reducir la exposición de privados al dólar oficial (cayó USD 6.000 millones desde la elección, contando futuros y Dólar linked). Pero no es menos cierto que casi no se compraron reservas en un mes en el que entre provincias y corporativos emitieron USD 4.200 millones offshore, algo que no se va a repetir siempre», evaluó la Consultora 1816.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta su prueba más delicada desde que asumió: la reforma laboral. En la Casa Rosada ya reconocen que el proyecto podría salir «acotado», quieren al menos la media sanción en diciembre, mientras la CGT endurece su posición, advierte por un diciembre conflictivo y los empresarios presionan para avanzar con cambios profundos.

Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales, «la negociación es delicada y promete un diciembre duro, porque hay que congeniar entre el Gobierno, los gobernadores, la CGT y las distintas entidades empresariales». El borrador del Pacto de Mayo sobre la «modernización laboral» fue directamente rechazado por la CGT.

«Así como está la reforma, no saldrá, pero nos sentamos a esperar para que el Gobierno negocie», señalan en la central obrera. En la Casa Rosada, admiten que si no logran los consensos necesarios con los diputados y senadores propios y aliados, Milei se conformará con «una reforma lavada».

Reforma laboral: el Gobierno avanza bajo presión de la CGT, empresarios y gobernadores

El rechazo frontal de la central obrera a los principales artículos del borrador oficial chocó de lleno con el respaldo explícito de sectores de la UIA, que ven en esta ley la oportunidad de modernizar los convenios, reducir la litigiosidad y recuperar competitividad. En el medio, las pymes quedaron atrapadas: coinciden en la necesidad de reformas, pero ven con alarma cierres masivos, caída de ventas y un Fondo de Cese laboral que «no cierra para nadie».

Implica, en rigor, un costo laboral más en el salario que ya paga un 50% en cargas sociales y la mayoría de las Pymes, cuando contrata, no piensan en despedir empleados sino en formarlos y mantenerlos en el tiempo.

Mientras tanto, en Washington observan el proceso como una señal de gobernabilidad: Milei quiere mostrar avances concretos antes de fin de año y el ministro de Economía, Luis Caputo, repite en su intimidad que «sin reforma laboral no hay 2026 posible«.

Esto es así porque el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, quiere ver señales de gobernabilidad de Milei para hundir las inversiones en el país sobre los recursos estratégicos: minería, cobre, litio, minerales críticos, uranio, energía nuclear y petróleo.

La CGT ya avisó que no acompañará ninguno de los puntos centrales que impulsa el Gobierno:

• convenios por empresa
• paritarias sostenibles
• salarios dinámicos
• banco de horas
• fondo de cese
• quita de la cuota sindical solidaria
• período de prueba de 3 a 6 meses
• regulación del derecho de huelga
• fin de la ultraactividad
• regulación de asambleas

El mensaje gremial es claro: si el Gobierno decide avanzar sin acuerdo, diciembre será un mes de «muy alta conflictividad».

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, lo sintetizó con crudeza: «Este año se perdieron 276.000 puestos de trabajo y cerraron 20.000 pymes. Todos los días hay cierres. Así no se puede debatir nada.»

La central exige una mesa tripartita formal con la CGT, el Gobierno y los empresarios. El problema: la reunión prometida no llega, el llamado se dilata y los borradores filtrados encienden todas las alarmas.

Ayer, un dirigente sindical de alto nivel lo resumió, off the record, con una frase que recorrió todas las mesas políticas: «Nadie sabe nada. Están jugando por los medios. Lo que veo nunca pasó en mi vida. La política tiene que encontrar un liderazgo unipersonal y un marco de Justicia Social, Democracia y Trabajo. Así no hay diálogo posible.»

Si bien trascendió que el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con dos popes sindicales en secreto y les adelantó que hay espíritu de acuerdo, lo cual indicaría que la Casa Rosada está dispuesta a ceder muchas cosas, en el entorno del ministro no confirmaron ni desmintieron esa información.

Gerardo Martínez pateó el tablero del Pacto de Mayo

El jefe de la UOCRA endureció su postura y exigió primero discutir el modelo económico, no solo lo laboral.

«Hay destrucción de empleo por la apertura indiscriminada», advirtió Martínez, aludiendo a los casos Essen (30 despidos), Whirlpool (240), a lo que se sumó la metalúrgica Cramaco de Santa fé (35) y al derrumbe de la industria y de gran parte del comercio, como la cadena Frávega.

Ese mensaje cayó pésimo en el ala dura del oficialismo. Pero sectores dialoguistas, Santilli, el ministro de Trabajo, Julio Cordero, y los Menem (Lule y Martín), apadrinados por Karina Milei, piden frenar la escalada: «Si no se negocia ahora, no se negocia más».

UIA: apoyo al Gobierno, pero sin el fondo de cese laboral

Del otro lado del mostrador, la UIA -con Martín Rapallini a la cabeza- reclama aprobar cuanto antes una reforma que «modernice convenios de más de 50 años», reduzca la «industria del juicio» y extienda la competitividad.

Pero incluso entre los grandes empresarios apareció un cortocircuito inesperado: el fondo de cese laboral, impulsado por Federico Sturzenegger y defendido con moderación por Caputo, fue rechazado casi por unanimidad.

«No le cierra a nadie«, admitió una fuente del G6. Industriales, bancos, comercio y hasta la Sociedad Rural objetaron que el sistema encarece costos y desincentiva la contratación formal.

En paralelo, los bancos denunciaron que un artículo del borrador habilita que el pago de salarios pueda hacerse a través de «nuevas entidades», lo que interpretaron como un guiño a Mercado Pago. «Eso nos voltea las tasas y los créditos», advirtió un banquero.

En la última conferencia de la Unión Industrial Argentina, hubo dos voces que llamaron la atención del Gobierno y sonaron a alarmas. El dueño de Techint, Paolo Rocca, pidió una política de «industrialización».

Mientras tanto, Martín Cabrales, de Café Cabrales, leyó un mensaje del papa Leon XIV que pedía adherir a la Encíclica Rerum Novarum, donde la Iglesia sostiene que la empresa debe estar al servicio de la cohesión social y contemplar el bienestar de los trabajadores y no medir sus éxitos no sólo en función del resultado económico sino en la capacidad de generar nuevos propietarios que tengan lo necesario para su existencia.

En ese mensaje, puso como ejemplo «luminoso» como empresario al venerable siervo de Dios Enrique Shaw, que próximamente será canonizado como Santo, que «entendió que la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas».

Las pymes piden oxígeno: energía, logística, impuestos y un trato diferencial

CGERA y CAME se reunieron con la CGT y coincidieron en un diagnóstico común: sin alivio impositivo, sin financiamiento y sin un esquema productivo diferenciado, ninguna reforma laboral será sostenible.

Las pymes plantean:

• rechazo al fondo de cese laboral
• presión fiscal asfixiante
• tarifazos energéticos
• importaciones descontroladas
• infraestructura deteriorada
• burocracia paralizante

Piden una Gran Ley Pyme, distinta para los segmentos intensivos en mano de obra. Y advierten que muchas no podrán pagar aguinaldos y sueldos en 15 días.

En diálogo con iProfesional el vicepresidente de la CGERA, Raúl Zylverstein, dijo que «sabemos lo que se filtra. Y en lo que no estamos de acuerdo es que una reforma de este tipo, se hace con todos los actores sentados en la mesa, y no 4 iluminados, entre gallos y medianoche».

Señaló que «esto debiera ser una gran Paritaria Nacional. Y no existe una reforma laboral, sin una reforma impositiva, y reemplazar la ley de Riesgo de Trabajo. Las modificaciones siempre son parches, y nunca suelen ser buenas. En general, no hay problema con la ley de Contrato de trabajo, pero hay que derogar la ley de empleo».

«Lo primero que queremos hacer es segmentar a las empresas pymes en toda la legislación, no puede ser que no haya una, o varias posiciones intermedias entre un cuentapropista a una multinacional», explicó el empresario de una curtiembre.

Santilli activa el operativo político y Karina Milei define todo

En Balcarce 50 reconocen que el éxito o el fracaso de la reforma dependerá de dos factores:

1. El apoyo de los gobernadores, negociado por Diego Santilli y la polea de transmisión sobre el Congreso, donde varios diputados de gobernadores provinciales se sumaron a La Libertad Avanza;

2. La decisión final de Karina Milei, árbitro del poder libertario.

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso condiciones durísimas a los gobernadores:

• Aprobación del Presupuesto 2026,
• Media sanción de la reforma laboral,
• Adhesión provincial a la Transparencia Fiscal,
• Luz verde al Plan Colchón (ingreso de dólares no declarados) 
• Una señal para EE.UU., que exige «orden institucional» antes de avanzar en cooperación financiera.

A cambio, el Gobierno ofrece ATN, obras, deudas, fondos retenidos y flexibilidades tributarias. Los gobernadores, a su vez, tienen un punto innegociable: recibir el 54% de la recaudación total que ronda los 7 billones de pesos. La pregunta del millón es cuánto de todo ello, que Santilli anota en su cuaderno, estará dispuesto a ceder Caputo. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que «por ahora el poncho no aparece».

Consejo de Mayo: el tablero de la disputa

La última sesión del Pacto de Mayo fue presidida por el jefe del gabinete, Manuel Adorni, y reunió al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, Martín Rapallini, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo y y el delegado de la CGT Gerardo Martínez, el único que no sonrió en la foto.

La CGT llegó con un mensaje duro: «Sin modelo económico, no hay reforma laboral.» El Gobierno apuesta a mostrar la adhesión de los 20 gobernadores del Pacto de Mayo como señal política hacia Washington y como herramienta para aislar a la CGT.

La advertencia dentro del Gobierno: «Sin leyes clave no hay 2026»

En el entorno presidencial resumen la situación con brutal sinceridad: «Todos necesitan algo, y nosotros necesitamos los votos. Es ahora o nunca.» Sin reforma laboral y sin Presupuesto, el plan económico del próximo año queda en el aire. El riesgo político es enorme.

La Casa Rosada quiere aprobar la reforma laboral -aunque sea «lavada»- antes de fin de año. Milei necesita mostrarle a EE.UU., al FMI y a los mercados una señal de gobernabilidad. La CGT, las pymes y los empresarios jugarán fuerte. Los gobernadores negociarán hasta el último minuto. Y Karina Milei definirá el texto final.

Diciembre será un mes clave. El margen de error es mínimo. La gobernabilidad del 2025 y la supervivencia del proyecto libertario dependen en gran medida de esta reforma, que siempre fue conflictiva en los gobiernos no peronistas, como los de Raul Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.

El Gobierno flexibilizó las restricciones cambiarias para inversores extranjeros que pretendan realizar transferencias de valores negociables al exterior. La disposición tiene como objetivo principal facilitar ciertas operaciones financieras, aportando un marco de mayor flexibilidad en contextos de reinversión de títulos públicos argentinos.

A través de la Resolución General 1093, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estipuló que la nueva excepción permite a los no residentes superar el tope diario de $200 millones al transferir al exterior títulos públicos emitidos por el Tesoro Nacional, en la medida en que estos hayan sido adquiridos como resultado de la reinversión de los servicios de otros títulos públicos, pagaderos en pesos, cuyas fechas de amortización sean de al menos 180 días a partir de su emisión y que hayan sido suscriptos en colocaciones o licitaciones primarias.

Este cambio se estructura como un mecanismo destinado a fortalecer la confianza de los actores extranjeros y a brindar estabilidad a los movimientos de capital, en línea con la estrategia del organismo para proteger el funcionamiento del mercado de capitales argentino.

“Continuamos quitando restricciones, es un trabajo que hacemos de manera constante en línea con la política del Gobierno Nacional y los objetivos de nuestra gestión”, comentó Roberto Silva, el titular de la CNV. Y sumó: “Hace casi dos años nos propusimos como uno de los objetivos de corto plazo, impulsar la normalización del mercado de capitales, hoy lo seguimos cumpliendo, removiendo trabas innecesarias que obstaculizan la operatoria”.

El organismo de control había fijado anteriormente límites diarios para las transferencias de valores al exterior, buscando ordenar la operatoria y evitar presiones desestabilizadoras en el sistema financiero. El tope vigente establecía que cada operador podía transferir hasta $200 millones por día en títulos a entidades depositarias internacionales, tanto para residentes como para no residentes. Ante los recientes desafíos de liquidez y volatilidad en el mercado local, la CNV detectó la necesidad de implementar una excepción puntual y focalizada que permitiera distinguir transacciones genuinas de reinversión de otras operaciones, con el propósito de promover la reinversión de fondos en instrumentos públicos emitidos por el Estado nacional.

“La CNV sigue utilizando el conjunto de normativas que conforman el esquema de control de cambios local, conocido como cepo, para generar incentivos que faciliten el financiamiento del Tesoro en pesos. Aplica a la demanda de no residentes y al BONTE que ya se emitió en junio, buscando que reinviertan los servicios”, sintetizó Gabriel Caamaño, director de Outlier.

En concreto, esto implica que un inversor extranjero que cobre intereses o amortizaciones en pesos de bonos públicos nacionales y que decida reinvertir esos fondos en nuevos bonos emitidos por el Tesoro podrá transferirlos al exterior sin el límite diario, hasta el monto efectivamente reinvertido. Para lograrlo, será indispensable acreditar el origen de los fondos y demostrar, de acuerdo con la documentación exigida por la CNV, la trazabilidad de la operación desde la percepción de los pagos iniciales hasta la suscripción de los nuevos valores negociables.

La medida supone un cambio relevante para los actores internacionales, quienes en muchas oportunidades manifestaron la necesidad de contar con reglas claras y procedimientos ágiles para la toma de decisiones de inversión en mercados emergentes como el argentino. La CNV expone que “la excepción al límite diario no aplicará a otras operaciones que no cumplan con los requisitos de reinversión previstos por la resolución”, delimitando el universo de beneficiarios únicamente a inversiones canalizadas a través de este circuito de reinversión y adquisición en licitaciones primarias de instrumentos públicos.

Según los considerandos expuestos por la CNV, la decisión de flexibilizar el tope diario para estos casos obedece a la búsqueda de mejores condiciones para la reinversión de los flujos generados por servicios de títulos públicos nacionales, reconociendo el papel de los inversores no residentes en el desarrollo del mercado de capitales local. El organismo sostiene que esta herramienta apunta a fortalecer la posición argentina ante fondos internacionales y administradores de portafolios, otorgando una posibilidad concreta de reinvertir utilidades dentro del país sin la restricción habitual del límite diario, para después canalizar los fondos nuevamente al exterior si lo consideran necesario.

Esta dispensa operativa contribuye, por un lado, a estimular el flujo de capitales hacia el financiamiento del Tesoro Nacional, lo que podría repercutir en la demanda de títulos públicos en futuras licitaciones. Por otro, también satisface condiciones de competitividad que exigen los inversores internacionales para elegir mercados emergentes en escenarios globales de búsqueda de rendimiento y diversificación.