Aunque la caída de la tasa de inflación mayorista de enero fue celebrada por e el gobierno (la destacó en redes sociales el propio presidente Javier Milei), lo cierto es que la inflación minorista (esto es, la de los precios que pagan los consumidores) lleva a enero 9 meses en ascenso y casi se duplicó del 1,5% de mayo de 2025 al 2,9% del mes pasado. La única excepción fue la repetición del 1,9% de variación mensual entre julio y agosto del año pasado.

En ese contexto y para volver al proceso de “desinflación” que el gobierno sigue reafirmando (según Milei, la tasa de inflación mensual debería ser en agosto inferior al 1%), el gobierno, además de sostener el equilibrio fiscal como meta irrenunciable, empezó a aplicar una política monetaria más astringente, a pesar incluso del proceso de acumulación de reservas internacionales por más de USD 2.200 millones que lleva adelante el Banco Central (y que implican la emisión de pesos con los que se compran esos dólares).

Economía recurrió a un apretón monetaria y a una retracción de casi $800.000 millones en la Base Monetaria (dinero en poder del público y depósitos en pesos de las entidades bancarias en el Banco Central).

“Expansiones de oferta de base monetaria sin contrapartida de mayor demanda pueden generar dificultades adicionales para lograr el objetivo de quebrar la tendencia de los últimos meses (…) nos encontramos ante la implementación incipiente de un esquema de roles en el manejo de la acumulación de reservas y de interacción en materia monetaria entre el BCRA y el Tesoro”, dice al respecto un informe de la consultora Quantum, que precisa que entre el último día de 2025 y el 10 de febrero pasado la base monetaria se contrajo en $779.000 millones, algo que consideró “un movimiento esperable considerando la estacionalidad en la demanda de dinero, que requiere una expansión de la oferta a fin de cada año para evitar alteraciones en la tasa de interés”.

Sin embargo, matiza el infome, el nivel y volatilidad de las tasas de interés de fines de 2025 y principios de 2026 refleja alteraciones en el mercado monetario, con señales de demanda excedente. Y nota al respecto que aunque las tasas de interés se fueron “acomodando, siguen siendo altas al compararlas con las del promedio de diciciembre 2025. La tasa promedio de la rueda simultánea (SIMU, operaciones de corto plazo donde participan el BCRA y las entidades financieras1) de febrero 026 está en niveles de 27,4% nominal anual, contra 20% de 2025, la TAMAR (tasa mayorista que mide el costo de fondeo de los bancos) pasó de 27,5 a 31,7% nominal anual y las tasas activas, como las de los adelantos, clave para las empresas subieron n 526 puntos básicos (esto es, 5,26 puntos porcentuales” en relación al promedio de diciembre.

El informe asocia esos movimientos de tasas a la decisión de absorber base monetaria en parte para para revertir el aumento estacional de fin de año y en parte para lograr la desaceleración de precios e incentivar la entrada de divisas. Para eso, explica, “e principal instrumento usado fueron fondos del Tesoro que tenía depositados en el BCRA. También tomar fondos en el mercado por montos superiores a los vencimientos de deuda en las últimas licitaciones”.

En datos precisos, la contracción de base monetaria (al 10 de febrero) se dio dio del siguiente modo:

• El BCRA la expandió en $2,43 billones por compras de divisas en el mercado de cambios.
• La absorción por compras netas de divisas que le hizo el Tesoro Nacional al BCRA, por $5,17 billones equivalentes. Ello está relacionado fundamentalmente al pago de los servicios de la deuda con el sector privado en enero ($3,4 billones) y el pago de intereses al FMI en febrero ($1,13 billones).
• Expansión por la baja de los depósitos del Tesoro en el BCRA, originados en la “distribución de utilidades” en 2025, por 1 billón de pesos
• Expansión por otros factores asociados a la cancelación de operaciones pasivas entre el BCRA y los bancos por otro billón de pesos.

De este modo, la compra de divisas por parte del BCRA y la esterilización de fondos excedentes del Tesoro –vía emisión de deuda superior a los vencimientos- definieron un sesgo monetario contractivo. Según Quantum, desaparecido el efecto estacional, se podría esperar expansión de la base por efecto de las compras de divisas que haga el BCRA. Las formas y contención de ese aumento de oferta dependerán de la evolución de los movimientos entre el BCRA y el Tesoro. De yapa, concluye, a estimular el aumento en la demanda de dinero también contribuirán tasas en pesos superiores a las expectativas de devaluación, con efecto en el tipo de cambio que se aprecia.

Esa receta podría revertir el ascendo de la inflación mensual, aunque complicar otro objetivo, por ahora postergado: reactivar el nivel de actividad económica.

El contexto económico de Argentina ha vuelto a poner en el centro del debate la precisión y la metodología de las estadísticas oficiales. Recientemente, el Gobierno nacional tomó la decisión de postergar de manera indefinida la implementación de la nueva fórmula para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida que estaba prevista para entrar en vigencia con los datos de enero.

Esta determinación, que llevó a Marco Lavagna a renunciar a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se fundamentó en la intención oficial de esperar a que el proceso de desinflación se consolide, pero según la mayoría de los economistas generó un “ruido” innecesario en torno de los datos estadístics oficiales y en particular sobre los de inflación

En este escenario de postergaciones técnicas por motivos de oportunidad política, un análisis de la economista Rebecca Riley en la revista Finanzas & Desarrollo del Fondo Monetario Internacional (FMI), advierte los peligros de no modernizar las mediciones. Las estadísticas tradicionales, sostiene, están perdiendo la capacidad de captar la realidad de una economía reconfigurada por la tecnología y los activos intangibles, lo que sumerge a los responsables de las políticas en una peligrosa ceguera informativa.

La tesis central de Riley apunta a que las evaluaciones actuales de las economías mundiales podrían estar omitiendo billones de dólares en actividad económica. Según la experta, los parámetros para calcular el PIB y la inflación no logran adaptarse a la vertiginosa evolución de los modelos de negocio. Al respecto, el artículo es tajante: “Sin información precisa sobre el verdadero estado de la economía, las autoridades económicas se verán sumidas en la incertidumbre, sin saber cuándo pisar el acelerador para enfrentar una recesión o cuándo pisar el freno para ralentizar la inflación”.

Esta falta de precisión no es un detalle técnico menor, sino que afecta directamente la capacidad de los bancos centrales y las autoridades fiscales para guiar el crecimiento. La economista advierte que, aunque el mundo digital ofrece una abundancia de datos nuevos, los sistemas oficiales siguen anclados en conceptos antiguos. “Básicamente, los avances tecnológicos han reconfigurado nuestra economía, pero nosotros estamos tardando en reconfigurar nuestras estadísticas económicas, y eso crea un enorme punto ciego para quienes deben tomar decisiones”, señala la autora.

Uno de los pilares del análisis de Riley, y que resuena con especial fuerza en el debate argentino, es la necesidad de innovar en los índices de precios al consumidor. El método tradicional, basado en encuestas presenciales y seguimiento minorista, presenta signos de agotamiento. Riley destaca que “se trata de una labor costosa y cada vez más difícil porque las personas muestran menos disposición a responder a las encuestas”.

Ante esta realidad, la propuesta del FMI se centra en integrar fuentes de datos que ya existen en el sector privado pero que no siempre son aprovechadas por los organismos estatales. La economista detalla cómo la tecnología de consumo diario puede convertirse en la base de la estadística moderna:

“El mayor uso de códigos de barras y escáneres en los comercios minoristas y la prevalencia de datos en línea están cambiando las reglas del juego. Durante el último decenio, los organismos de estadística de los Países Bajos, Australia y el Canadá han incorporado gradualmente los datos de los puntos de venta en los índices de precios al consumidor”.

Para Riley, la incorporación de estos datos de escáner permite medir la evolución de los precios de una forma “más puntual y exacta”. Además, subraya que este enfoque ayuda a captar de mejor manera las experiencias heterogéneas de los consumidores en distintos puntos del país y con diversos niveles de ingreso, superando las limitaciones de los promedios generales que suelen ocultar realidades económicas divergentes.

El análisis de Riley también profundiza en por qué el PIB real y la productividad parecen estancados en muchas regiones a pesar de la innovación constante. La respuesta reside en la creciente importancia de los activos intangibles, como el software, las bases de datos y la cultura organizacional. En muchas economías avanzadas, la inversión en estos rubros ya iguala a la de bienes físicos, representando cifras que llegan a los billones de dólares. Sin embargo, “los cálculos oficiales de productividad y PIB no reflejan completamente esos activos intangibles”, afirma la autora.

A esto se suma el desafío de los servicios digitales gratuitos. El uso de motores de búsqueda, plataformas sociales y software de código abierto tiene un costo monetario nulo para el usuario, pero un valor económico inmenso. Riley cita investigaciones preliminares realizadas en el Reino Unido que sitúan el valor de estos servicios digitales de recreación en un 8% del PIB nominal. Al no haber una transacción monetaria, estos aportes al bienestar y a la actividad quedan fuera de las cuentas nacionales, distorsionando la percepción de la riqueza real generada por la sociedad.

La economista del FMI remarca que la economía de hoy, caracterizada por la abundancia de datos, requiere una reconfiguración total de las estadísticas para reflejar las nuevas realidades de la globalización y la digitalización. Aunque este año se espera una actualización del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) —la primera desde 2008—, el camino hacia la implementación efectiva es complejo debido a la necesidad de grandes inversiones iniciales y capacidades técnicas superiores.

Riley hace hincapié en que la obtención de estadísticas valiosas requiere superar la resistencia burocrática y financiar la modernización de los sistemas. “Es posible que se esté erosionando nuestra capacidad para vigilar la economía y tomar decisiones fundamentadas porque quizás hay billones de dólares de actividad económica que no se están contabilizando o que se están contabilizando sin suficiente detalle”, advierte.

La propuesta final es un llamado a la colaboración transnacional y multisectorial. Riley argumenta que los organismos estadísticos no pueden resolver estos vacíos por sí solos; necesitan acuerdos de intercambio de datos con el sector privado y marcos jurídicos actualizados. En conclusión, el artículo del FMI subraya que el rigor estadístico, la transparencia y el acceso igualitario a la información son las únicas herramientas capaces de disipar el “ruido de los datos” y permitir una gestión económica eficiente en el siglo XXI. Sin este esfuerzo coordinado, las autoridades seguirán operando con mapas obsoletos en un territorio económico que ya ha cambiado por completo.

Aunque el gobierno desconociera de antemano la oportunidad de la decisión del grupo Madanes de cerrar la fábrica de neumáticos de Fate situada en San Fernando, tuvo al menos indicios de que eso podía suceder cuando el 1 de septiembre del año pasado adjudicó a Aluar, la otra empresa del grupo familiar, un contrato de USD 4,5 millones en el marco de la licitación AlmaGBA de la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, para la instalación de grandes Baterías Estacionarias (conocidas como BESS, por su sigla en inglés: Battery Energy Storage System) que contribuyan a estabilizar el sistema de generación eléctrica en el Gran Buenos Aires reforzando las redes de Edenor y Edesur.

De hecho, Aluar instalará esas baterías en una fracción del terreno de Fate en San Fernando y poco antes del anuncio de cerrarla había informado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), una transacción por USD 27 millones para la compra de una parte menor del predio donde está instalada la planta de fabricación de neumáticos. La suma permitirá a Fate pagar las indemnizaciones y todos los costos asociados a su cierre.

A ese indicio se sumaban las cada vez más fuertes y explícitas declaraciones públicas del principal dueño de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla, por los conflictos sindicales con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (SUTNA), uno de los más duros del país, de orientación trotskista, y la durísima competencia de los neumáticos importados chinos, que se intensificó con la política cambiaria de los últimos dos años, con el precio del dólar corriendo a la zaga de la tasa de inflación, y la reducción del 36 al 16% del arancel a la importación de neumáticos.

Aluar participó de la licitación AlmaGBA y ganó un contrato por 30 MW en el nodo San Fernando, para abastecimiento de Edenor, a un valor de USD 12.590 por MW-mes.

La licitación inicial, anunciada por Resolución 67 de la Secretaría de Energía en febrero de 2025, era por 500 MW, pero dado que algunos precios ofrecidos eran hasta más del 10% inferiores al precio base se adjudicaron finalmente 667 MW a través de diez contratos adjudicados a Aluar, Central Puerto, Coral Energía, Genneia, MSU Green Energy, Rowing e YPF Luz, con una inversión total prevista de unos USD 540 millones en un plazo de 12 a 18 meses.

Los resultados se conocieron, como se señaló, el 1 de septiembre de 2025, hace casi seis meses. Siete contratos, por 500 MW de capacidad, fueron adjudicados para instalar baterías de abastecimiento a Edenor (incluido el de Aluar por 30 MW) y tres para abastecer centrales de Edesur por 167 MW.

En su balance 2025 Aluar informó la asignación de desembolsos de capital por USD 20 millones para ese proyecto, al que dedicará poco más de una hectárea de lo que eran instalaciones de Fate. Como el contrato es por potencia, más allá de cuánta se use, le generará a Aluar ingresos anuales por USD 4,5 millones, con lo que al cabo de diez años recibirá USD 45 millones, precisó el sitio especializado Post Energético.

El precio que Aluar cobrará por la energía de las baterías BESS superará largamente los USD 26 por MWh que cobra por la represa de Futaleufú, cuya concesión vence en junio de este año. Se trata de la central en la provincia de Chubut que abastece a la planta de aluminio emplazada en Puerto Madryn, a un precio diferencial por ser la producción de aluminio un proceso continuo y ultra-intensivo en consumo energético. En Futaleufú están asociadas Aluar y Genneia, la principal empresa de energía renovable de la Argentina, de la familia Brito.

Más aún, el gobierno lanzará una nueva licitación (ahora llamada AlmaSADI) para la instalación de baterías de almacenamiento en todo el país, cuyas condiciones están a cargo de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa). La nueva licitación sería por 700 MW de capacidad, según reportó en su momento Econojournal, otro sitio especializado, para reforzar nodos saturados del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Las baterías BESS ayudan a cubrir picos de consumo y pueden servir también como back up o reemplazo en caso de apagones masivos por fallas en las redes de transmisión o distribución.

En los últimos años, estas baterías se sumaron al boom de los vehículos eléctricos para contribuir a la demanda mundial de litio, lo que permitió que en la segunda mitad del año pasado el precio del mineral, del que la Argentina es el quinto productor mundial, pero en los próximos años podría escalar al tercer o segundo lugar en el ranking internacional de producción, saliera de un período de valores muy bajos que se prolongó desde fines de 2022 y principios de 2023, cuando el precio mundial había llegado a niveles récords y se puso de moda referirse al litio como “oro blanco”.