La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualiza cada 6 meses los topes a partir de los cuales se monitorean las operaciones

05/11/2025 – 18:16hs

En un contexto donde las transferencias y las billeteras virtuales ganan terreno día a día, muchos usuarios se preguntan qué sucede si reciben una suma importante de dinero en su cuenta bancaria. La respuesta está en los límites y controles que establece la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Cuando los fondos provienen de una fuente comprobable -como la venta de un vehículo o una propiedad, o el pago de un trabajo debidamente facturado-, no deberían presentarse mayores inconvenientes. Aun así, los bancos pueden aplicar retenciones preventivas hasta verificar la operación. En esos casos, basta con presentar la documentación que acredite el origen del dinero para destrabar la acreditación.

El panorama cambia cuando se trata de transferencias de alto monto sin justificación clara. En esas situaciones, el organismo recaudador puede observar la operación y requerir pruebas sobre el origen de los fondos para descartar movimientos irregulares, especialmente si se trata de cantidades significativas.

ARCA controla tus transferencias: a partir de qué monto vigila tu cuenta en noviembre 2025

En julio, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los topes a partir de los cuales se monitorean automáticamente las operaciones bancarias y virtuales. Esta revisión se realiza cada seis meses, en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según explicó el organismo, se trata de una «actualización semestral automática basada en el IPC elaborado por el INDEC, conforme a lo dispuesto en la Resolución General 5512/2024».

Superar esos montos puede activar alertas y dar lugar a controles más exhaustivos. Por eso, conocer los límites vigentes es fundamental para operar con seguridad, dentro del marco legal y sin demoras ni inconvenientes innecesarios.

A continuación, te damos a conocer los importes:

• Transferencias o acreditaciones: el umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Anteriormente, el límite para personas físicas era de $ 2.000.000.
• Extracciones en efectivo: el umbral se eleva a $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Antes se informaba desde cualquier monto.
• Saldos bancarios a último día del mes: se elevan a $50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Previamente, el límite era de $ 1.000.000
• Plazos fijos: se elevan a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Antes, el límite era de $ 1.000.000.
• Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: Se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas.
• Tenencias en sociedades de bolsa: el límite sube a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas.
• Compras de consumidor final: se elevan a $ 10.000.000 para ambos rubros. Anteriormente, se informaban a partir de $ 250.000 en efectivo y $ 400.000 en otros medios. Se podrán hacer compras de hasta $ 10.000.000 sin que nadie requiera información adicional.
• Pagos: el límite aumenta a $ 50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 millones para personas jurídicas.

Recomendaciones prácticas al realizar transferencias

• Conservá los comprobantes: facturas, contratos, recibos o cualquier documento que respalde la operación.
• Chequeá los límites vigentes: antes de enviar o recibir montos elevados, consultá los topes que ARCA monitorea.
• Informá a tu banco si es necesario: en algunos casos, avisar previamente puede agilizar la acreditación de fondos.
• Mantené coherencia con tus ingresos: las transferencias deben reflejar la actividad económica habitual del titular para evitar alertas innecesarias.
• Usá canales oficiales: realizá transferencias mediante bancos o billeteras registradas para garantizar trazabilidad y seguridad.

Con estas precauciones, se reduce el riesgo de demoras o retenciones y se facilita el cumplimiento con la normativa vigente, asegurando que las operaciones se realicen sin inconvenientes.

Qué información puede solicitar ARCA ante una transferencia dudosa

Cuando el organismo detecta una transferencia significativa cuyo origen no está del todo claro, puede iniciar un pedido de información adicional. Entre los documentos más comunes se encuentran facturas emitidas, recibos de honorarios, boletos de compraventa de inmuebles o vehículos, comprobantes de préstamos declarados o certificaciones contables.

El objetivo de ARCA es asegurarse de que los fondos tengan un origen lícito y que el contribuyente se encuentre al día con sus obligaciones fiscales. En caso de no poder justificar el dinero recibido, la operación podría quedar retenida o derivar en sanciones. Por eso, la recomendación de los especialistas es mantener en orden toda la documentación vinculada a movimientos de dinero de cierto volumen.

Casi la mitad de los hogares urbanos del país presenta dificultades para acceder a servicios públicos esenciales. La Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente al primer semestre de 2025 señala que el 46,2% de los hogares no accede al menos a uno de estos servicios básicos: agua corriente, gas de red o desagües cloacales. Esto representa alrededor de 4,7 millones de hogares y más de 15,4 millones de personas.

El informe destaca que, si bien se han realizado ampliaciones de redes en distintas regiones durante los últimos años, el acceso efectivo sigue siendo desigual y depende tanto de la disponibilidad de infraestructura como de las posibilidades económicas de los hogares para conectarse.

En contraste, el 53,8% de los hogares sí cuenta con los tres servicios al mismo tiempo. Este grupo se concentra, principalmente, en los núcleos urbanos con mayor densidad de infraestructura consolidada, mientras que las carencias se observan con mayor frecuencia en periferias metropolitanas, ciudades medianas y pequeñas, y áreas de expansión urbana reciente.

El estudio detalla que el 90,6% de los hogares dispone de agua corriente mediante conexión a la red pública. Sin embargo, el 9,4% aún debe recurrir a otras fuentes de provisión. En algunas zonas, la alternativa es la perforación con bomba, mientras que en otras se depende de la recolección o abastecimiento a través de tanques comunitarios.

La situación del gas natural también muestra diferencias: el 65,7% de los hogares está conectado a la red domiciliaria, mientras que el 34,3% no cuenta con ese servicio y utiliza garrafas u otras fuentes, lo que implica costos más altos y menor estabilidad de suministro. En cuanto a los desagües cloacales, el 73,1% de los hogares cuenta con conexión a la red, mientras que el 26,9% utiliza cámaras sépticas, pozos ciegos o métodos alternativos.

Estas brechas en el acceso a servicios básicos se relacionan con el grado de consolidación urbana. En zonas de urbanización reciente, donde los barrios han crecido más rápido que las obras de infraestructura, la red puede estar disponible en la vía pública, pero las conexiones domiciliarias quedan pendientes. También influyen los costos asociados a la mano de obra y materiales, así como la regularidad o no de los terrenos, que puede impedir la tramitación de conexiones formales.

Respecto de la calidad de la vivienda, el 81,5% de los hogares reside en viviendas con materiales considerados de calidad suficiente. No obstante, el 12,8% habita en viviendas con calidad parcialmente insuficiente y el 5,7% en viviendas con materiales insuficientes. Este indicador evalúa principalmente los materiales utilizados en pisos, paredes y techos, así como la capacidad de estos elementos para proteger adecuadamente a los habitantes frente a condiciones climáticas y ambientales.

El informe también analiza la situación del hacinamiento. La mayoría de los hogares no presenta problemas graves de espacio, pero el 1,8% se encuentra en condiciones de hacinamiento crítico, definido como más de tres personas por cuarto. Más de un millón de personas viven en esta situación, que afecta la privacidad, el descanso y las posibilidades de estudio, especialmente para niñas, niños y adolescentes.

En materia de saneamiento, el 87,9% de los hogares presenta condiciones consideradas adecuadas, mientras que el 12,1% no cuenta con baño en condiciones apropiadas de higiene. Además, el 6,1% de los hogares no posee baño con descarga de agua, lo que compromete el desarrollo de prácticas básicas de cuidado y prevención de enfermedades. La disponibilidad de agua dentro de la vivienda es casi universal, con un 98% de hogares que acceden a ella en el interior, aunque no siempre mediante la red pública.

El entorno urbano también influye en la calidad de vida cotidiana. El 5,1% de los hogares se ubica a menos de tres cuadras de basurales, lo que puede generar problemas de contaminación, olores y presencia de insectos o roedores. Además, el 9% de los hogares está situado en zonas inundables y ha experimentado al menos un episodio de inundación en los últimos doce meses, lo que afecta tanto la habitabilidad como la seguridad de las viviendas.

Después de más de nueve meses de lluvias, anegamientos y caminos rurales intransitables, el Gobierno nacional anunció finalmente un operativo de emergencia para asistir a los bonaerenses afectados por las inundaciones. El anuncio, encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, promete el despliegue de recursos nacionales y la creación de un centro de operaciones en la ciudad de 9 de julio, en el corazón de la zona afectada.

Se estima que hay más de cinco millones de hectáreas afectadas y que quedarán fuera del circuito productivo por varios meses.

«El equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses«, aseguró Adorni en conferencia de prensa desde la Casa Rosada. Según explicó Bullrich, el operativo se implementará a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que coordinará tareas con intendentes y productores. «Hemos decidido realizar un despliegue operativo que permita abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas», dijo la ministra.

Las medidas incluyen el envío de maquinaria de Vialidad Nacional para limpiar alcantarillas y drenajes, equipos del Ministerio de Defensa para instalar puentes provisorios y la presencia de fuerzas federales para asistir a la población. Bullrich confirmó además que este sábado los ministros viajarán a 9 de Julio «para ponerse al frente del Comité de Emergencia«.

Un operativo esperado demasiado tarde

El anuncio fue recibido con una mezcla de alivio y fastidio por los productores y habitantes rurales que, desde comienzos del año, vienen denunciando la falta de respuestas oficiales en los pueblos del interior bonaerense, donde las lluvias acumuladas superan ampliamente los promedios históricos y miles de hectáreas permanecen bajo agua.

En muchos partidos del noroeste y centro de la provincia —9 de julio, General Viamonte, Bragado, Carlos Casares, Trenque Lauquen y Pehuajó— la situación se volvió crítica desde el otoño. En esas zonas, productores y municipios debieron abrir canales por su cuenta o improvisar pasos para garantizar la llegada de alimentos, combustible o atención médica. Las entidades rurales y los consorcios camineros venían reclamando la presencia del Estado nacional desde hace meses.

El Gobierno bonaerense, por su parte, desplegó equipos propios para atender la emergencia, pero el nivel de saturación de los suelos y la extensión de las áreas afectadas desbordaron las capacidades provinciales. En ese contexto, la intervención nacional llega cuando buena parte de la cosecha fina ya se perdió y miles de caminos quedaron destruidos, imposibilitando también la siembra gruesa.

Fondos inmovilizados y prioridades cambiarias

La demora en la reacción oficial no fue solo logística. El Fondo de Infraestructura Hídrica —creado para financiar obras de drenaje y mitigación de inundaciones— tuvo más de $155.000 millones invertidos en plazos fijos y letras del Tesoro, en lugar de ser destinados a las zonas críticas. Esa situación se explica, en parte, por la decisión del Gobierno de priorizar la acumulación de reservas y la contención del tipo de cambio, lo que llevó a inmovilizar fondos que podrían haber financiado obras urgentes.

La falta de ejecución del presupuesto en obras hídricas fue uno de los puntos señalados por intendentes y dirigentes rurales, que aseguran que la emergencia actual no es solo consecuencia de las lluvias, sino de años de subinversión en canales, reservorios y mantenimiento de caminos rurales.

Una reacción política bajo presión

El desembarco del Gobierno en territorio bonaerense también tiene lectura política. La presencia de Bullrich y la coordinación de la Agencia Federal de Emergencias responden al creciente malestar en distritos que, en muchos casos, fueron claves en el voto al oficialismo. «El Estado nacional ha definido estar al lado de la gente«, insistió la ministra, al anunciar su viaje a 9 de Julio junto a otros funcionarios. Sin embargo, en el interior productivo la percepción es que el operativo llega tarde, y más como gesto político que como respuesta estructural.

La falta de caminos transitables no solo complica la producción, sino que también afecta la llegada de insumos, asistencia sanitaria y la escolaridad en zonas rurales. De ahí que el anuncio de un «plan de emergencia» sea recibido con escepticismo. «La emergencia ya lleva meses», repiten los intendentes.

Con el operativo anunciado, el Gobierno busca mostrar acción frente a una crisis que se hizo visible incluso en imágenes satelitales, con extensas áreas anegadas en el centro y oeste bonaerense. Sin embargo, el desafío será sostener esa asistencia en el tiempo y avanzar en obras que eviten nuevas catástrofes. La reactivación del Fondo de Infraestructura Hídrica y una mayor coordinación entre Nación, provincia y municipios aparecen como condiciones básicas para evitar que el problema vuelva a repetirse.