Tras el fallo histórico que revirtió la sentencia en primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno envió al Congreso de la Nación un proyecto para modificar la actual ley de expropiaciones, que endurece las condiciones para nacionalizar un bien.

Al referirse al caso de la petrolera en cadena nacional, Milei planteó que una resolución adversa del juicio le hubiera costado al país 18.000 millones de dólares y “tener que pagarlos habría representado un enorme obstáculo en el camino de nuestra recuperación económica”.

Bajo la perspectiva presidencial, la Argentina en su conjunto pagó un “precio inconmensurable” por la estatización de la compañía en 2012, a la que calificó como una “irresponsabilidad, en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico”.

“Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó, aproximadamente, 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso. Es decir, menos empresas menos trabajo más pobreza y más indigencia”, agregó.

Siguiendo esa línea argumental, el mandatario comunicó el envío de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones “para que la arrogancia de la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país”.

Y sumó: “También quisiera aclarar algo, para que no haya lugar a confusiones: el hecho de que nosotros estemos arreglando el desastre que nos dejaron, no significa bajo ningún punto de vista que tal desastre no existiera y todo lo sabemos muy bien. La virtud de nuestros equipos no nos puede hacer olvidar la impericia del pasado, porque si eso ocurre, estaremos condenados a repetir los mismos errores”.

La iniciativa apunta a reforzar la protección de la propiedad privada para incentivar la llegada de capitales y favorecer la expansión de la economía. Para ello, la propuesta oficial restringe las expropiaciones a situaciones “estrictamente excepcionales” y establece compensaciones más altas para los damnificados.

Según explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en una columna en Infobae, el proyecto oficial para cambiar la normativa vigente introduce una reforma a la ley 21.499 para definir con mayor claridad los supuestos, condiciones e indemnizaciones, eliminando zonas grises.

En tal sentido, el nuevo esquema fija que el valor de los bienes debe calcularse antes de que ocurra cualquier alteración provocada por la expropiación misma, incorpora el reconocimiento del lucro cesante y restringe la posibilidad de ocupaciones temporales fuera de lo habitual.

En su última conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había señalado que la “inseguridad jurídica” fue un factor que, a su juicio, desalentó la llegada de inversiones durante largos períodos. También afirmó que la falta de previsibilidad en la estabilidad de contratos y en la garantía de los derechos de propiedad afectó negativamente la generación de empleo y tuvo consecuencias tanto para propietarios como para inquilinos.

El proyecto para cambiar la ley de expropiaciones

La iniciativa oficial, que ya fue girada al órgano legislativo nacional, establece que la compensación por una expropiación solo cubrirá el valor real de mercado del bien y los daños que ocurran directamente por la expropiación. No se considerarán factores personales, sentimientos, ganancias que podrían haberse obtenido, ni el aumento de valor que pueda traer una obra futura. La indemnización incluirá el ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y los intereses correspondientes, pero no pagará por ganancias no obtenidas.

Además, el valor del bien se calculará según su precio de mercado antes de cualquier anuncio de expropiación, y ese valor se actualizará por inflación hasta el momento del pago usando el IPC. El organismo que expropia tendrá que pedir al menos dos valuaciones independientes y publicar en sitios oficiales tanto el precio como el informe con la metodología de cálculo. En caso de que se expropie una empresa que cotiza en bolsa, se tomará el valor de sus acciones antes de que se conozca la noticia de la expropiación.

Por otra parte, el proyecto de ley del oficialismo contempla que la compensación económica por expropiar un bien se pagará en efectivo, salvo que la persona expropiada acepte recibir otra forma de pago. El traspaso de la propiedad solo se hará cuando se pague la indemnización completa.

El monto a pagar por el Estado se definirá según el valor de la empresa al momento en que el dueño pierde la posesión. Para calcular la pérdida de valor por la inflación, se restará lo ya depositado en el juicio y se actualizará la diferencia hasta que se realice el pago total, según lo indica la ley. En estos casos, los intereses se calcularán al 6% anual, desde que se pierde la posesión hasta que se paga, sobre el valor total o sobre la diferencia, según corresponda.

A la vez, el texto determina que la indemnización que reciba el agente expropiado no estará sujeta a impuestos ni a otras cargas. Respecto a las ocupaciones temporales anormales, solo pueden ser ordenadas por el Poder Ejecutivo y deben ser compensadas por los daños que causen. Además, no pueden durar más de 60 días, ese plazo no puede extenderse ni repetirse.

Esta propuesta legislativa forma parte de un paquete que también incluye modificaciones al procedimiento de desalojo, al régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales y el sistema federal de manejo del fuego.

En un escenario marcado por la baja de tasas y crecientes interrogantes entre los operadores sobre el rumbo financiero de los próximos meses, la Secretaría de Finanzas logró una fuerte captación de fondos en su última licitación.

El organismo absorbió $11,4 billones del mercado, con un nivel de rollover del 138%, en una señal de respaldo que, al mismo tiempo, sirvió para medir el pulso inversor en la antesala del ciclo electoral.

Cómo le fue al bono en dólares de Luis Caputo en una licitación clave

Uno de los puntos más relevantes fue la colocación de un bono en dólares bajo legislación local con vencimiento en octubre de 2028, una emisión clave para evaluar el apetito del mercado más allá del corto plazo.

En total, se adjudicaron u$s150 millones en este instrumento «hard dollar» con una tasa real del 8,86%, un rendimiento que se mantiene relativamente cercano al que el país podría convalidar en el mercado internacional. Como referencia, un bono similar con vencimiento en octubre de 2027, también por u$s150 millones, había salido al 5,12%, lo que implica una diferencia superior a los tres puntos.

Al respecto, Luis Caputo se refirió en sus redes al «riesgo país con Tasa forward con riesgo kuka».

En un mensaje en X, el ministro de Economía señaló:

Licitación de hoy en dólares:

Bono con vencimiento en Octubre 2027:

• Cantidad ofertada: u$s466 MM
• TNA: 5,02%
• Riesgo país Milei: 117 pbs

Bono con vencimiento en Octubre 2028:

• Cantidad ofertada: u$s226 MM
• TNA: 8,5%
• Riesgo país a Octubre 28: 460 pbs
• Tasa forward con riesgo kuka: TNA 14,09%

Tal como anticipaban en la plaza financiera, el contexto de tasas reales negativas frente a la inflación y la posibilidad de ajustes en el esquema cambiario influyeron en las decisiones de los inversores. En ese marco, se observó una marcada preferencia por instrumentos ajustados por inflación. En particular, el bono CER con vencimiento en septiembre de 2028 concentró $4,78 billones, posicionándose como el título más demandado de la licitación.

El resto de la colocación se distribuyó entre distintos instrumentos en pesos y atados a variables financieras. Entre ellos, se destacaron las LECAP de corto plazo, que captaron $2,75 billones con una tasa efectiva mensual del 2,16%, y los bonos TAMAR, que sumaron $2,11 billones con un margen del 4,90%. También hubo participación en títulos dólar linked, aunque con menor volumen, por $0,26 billones.

En paralelo, el Tesoro avanzó con una operación de conversión de deuda que alcanzó el 24,21% del total emitido, permitiendo reordenar vencimientos hacia plazos más largos. Estas conversiones incluyeron distintos canjes hacia instrumentos ajustados por CER, con tasas que oscilaron entre el 6% y el 7,74%.

La mirada del mercado tras la licitación clave

Eric Ritondale, economista jefe de Puente, destacó la «fuerte Absorción y extensión de la curva en pesos y dólares». «La jornada de licitación confirmó la capacidad del Gobierno para capturar la liquidez excedente del sistema y extender los plazos de vencimiento de la deuda soberana hacia la próxima administración», sostuvo.

«El Tesoro adjudicó un total de $11,04 billones, alcanzando un ratio de rollover del 138,52% sobre los vencimientos de la fecha. Si bien descontábamos un rollover superior al 100%, este desempeño superó la expectativa inicial, validando que la liquidez del sistema es suficiente para asegurar financiamiento neto y mantener un sesgo contractivo, incluso extendiendo vencimientos hacia 2028. Las tasas de corte en los tramos más largos se ubicaron unos 30 pbs por encima del secundario». 

«La demanda por los instrumentos en dólares se mantuvo firme, en línea con lo esperado. El nuevo ARGBON 2028 (AO28) se adjudicó a una TNA del 8,52%, nivel que resultó alineado con nuestras previsiones, basadas a partir de la curva de los BOPREAL 2028. Al igual que dichos BOPREALES, el AO28 extiende su madurez más allá del actual mandato presidencial, reflejando una valuación coherente con ese tramo de la curva de BOPREALES. Por su parte, la reapertura del AO27 cortó a una TNA del 5,00%», agregó. 

Y subrayó: «La Secretaría de Finanzas logró convalidar tasas en línea con el mercado secundario, con una fuerte adjudicación en los tramos más largos de la curva indexada. El BONCER 2028 capturó ARS 4,78 billones, validando la estrategia oficial de desplazar vencimientos. En el tramo corto, la nueva LECAP a julio 2026 cortó con una TNA del 25,92% (correspondiente a una TEM del 2,16%)».

«La operación de conversión del TZX26 alcanzó un nivel de adhesión del 24,21%, logrando migrar más de ARS 2 billones hacia instrumentos con vencimientos en 2027, 2028 y 2029. Esta medida es consistente con el objetivo de descomprimir el perfil de amortizaciones de corto plazo y mejorar la estructura de la deuda en moneda local», resaltó.

Y concluyó: «Los resultados validan la estrategia del Tesoro de priorizar la absorción de pesos y la profundización del financiamiento local en dólares, convalidando rendimientos que guardan consistencia con los relativos de las respectivas curvas de bonos».

El resultado global refleja una estrategia orientada a extender plazos, diversificar instrumentos y sostener el financiamiento en moneda local, en un contexto donde el mercado sigue de cerca la evolución de las variables macroeconómicas y las señales del programa económico.

El Ministerio de Economía colocó USD 300 millones en dos bonos en dólares y adjudicó un total de $11,04 billones durante la última licitación de deuda. De esta manera, el oficialismo no liberó pesos al mercado y busca hacerse de dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda de julio por más de 4.200 millones de dólares.

La Secretaría de Finanzas anunció que recibió ofertas por $12,53 billones y terminó colocando $11,04 billones, lo que equivale a un rollover del 138,52% respecto a los vencimientos que operaban este viernes.

El interés del mercado se reflejó especialmente en los instrumentos en dólares, donde el Gobierno emitió dos títulos: el AO27, con vencimiento en octubre de 2027, por un monto de USD 150 millones a una tasa de 5%, y el AO28, con vencimiento en octubre de 2028, también por USD 150 millones y un rendimiento anual de 8,52 por ciento.

Ambos títulos en dólares concentraron la atención de los inversores, en un contexto donde el acceso a financiamiento en moneda extranjera resulta clave para la estrategia oficial. El nivel de demanda permitió al Gobierno captar el máximo previsto para cada bono y establecer referencias de tasas para futuras colocaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó a través de su cuenta de X que en la subasta de este viernes se recibieron ofertas por USD 466 millones para el bono con vencimiento en octubre de 2027 (AO27), con una tasa nominal anual (TNA) de 5,02% y de USD 226 millones para el título que vence en octubre de 2028 (AO28) con una TNA de 8,5 por ciento.

De acuerdo a los cálculos realizados por el titular del Palacio de Hacienda, la primera opción equivale a un riesgo país de 117 puntos básicos bajo la gestión Milei. En tal sentido, consideró que el riesgo país al décimo mes de 2028 es de 460 unidades y adjudicó la diferencia al “riesgo kuka”.

El bono AO28 prevé el pago total del capital al vencimiento, fijado para el 31 de octubre de 2028, y ofrece pagos mensuales. Al igual que el AO27, el límite total de colocación es de USD 2.000 millones, aunque en cada licitación no puede superar los USD 250 millones (USD 150 millones en la primera y USD 100 millones en la segunda ronda). Esta estrategia apunta a cubrir obligaciones cercanas y a fortalecer la disponibilidad de dólares en el sistema financiero local.

La evaluación entre el AO27 y el AO28 evidencia una mayor inclinación de los inversores hacia el primer bono, ya que su vencimiento se produce antes de las próximas elecciones presidenciales, lo que implica un riesgo político más bajo. El AO28, por su parte, implica asumir compromisos que trascienden el actual ciclo de gobierno.

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