El estallido del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán generó una reacción inmediata en el mercado financiero argentino, y forzó al Gobierno a modificar sobre la marcha su estrategia, incipiente, para administrar la liquidez y la presión sobre el dólar. La coyuntura internacional se tradujo en un aumento de la volatilidad, lo que llevó a las autoridades económicas a intervenir en el mercado de pesos para mantener la cantidad de dinero a raya, según el análisis de operadores y economistas.

Desde que el 1° de enero pasado el programa económico entró en una nueva fase -con objetivo de compra de reservas, bandas cambiarias ajustadas por inflación y control de la cantidad de dinero- el objetivo del Banco Central (BCRA) es tantear las aguas del mercado monetario. Si Santiago Bausili logra comprar dólares para las reservas sin tener que esterilizar los pesos que emite cada vez que adquiere una divisa, la economía se remonetiza y genera un muy necesario respiro para la actividad económica. Si cada vez que compra un dólar, en cambio, tiene que sacar los pesos del mercado -con ayuda de las licitaciones del Tesoro o vendiendo títulos en el mercado secundario-, la ansiada relajación monetaria no llega. La semana pasada, tras una licitación del Tesoro que no renovó todos los vencimientos parecía el punto de partida de un intento de relajación: la guerra en Irán forzó a tomarlo con calma,

La jornada en la que se desató la tensión geopolítica registró un salto en el volumen operado de los títulos D30A6, instrumento que refleja la demanda de cobertura ante un salto del tipo de cambio oficial. El gráfico elaborado por IEB Research muestra cómo ese día la barra correspondiente a D30A6 superó ampliamente los valores de las ruedas previas y posteriores, para volver luego a niveles normales. Esta reacción puso en evidencia la sensibilidad del sistema financiero local ante shocks externos y la necesidad de maniobras oficiales para contener el impacto en la plaza cambiaria.

De acuerdo con el análisis de Nicolás Cappella, Sales Trader del Grupo IEB, el Banco Central (BCRA) actuó con intensidad en el mercado de dollar-linked en la jornada de mayor volatilidad generada por el conflicto internacional. “El día que absorbió fuerte con dollar-linked fue también el día que estaba todo más volátil por el conflicto de Estados Unidos e Irán. Por lo que estimo, hizo un control de daños y se puso a vender para controlar el dólar un poco. De todas maneras, como siempre, mete y saca liquidez de acuerdo con cómo lo vea oportuno, pero siempre mirando el nivel del dólar para que no impacte tanto en la inflación”, describió el operador en diálogo con Infobae. Según Cappella, las autoridades monitorean el nivel de pesos que el sistema necesita y ajustan su estrategia de absorción o emisión de acuerdo al contexto de expectativas de devaluación o shocks externos, como el que provocó la tensión bélica.

La operatoria de títulos dollar-linked reflejó este comportamiento de intervención puntual. La visualización de los volúmenes operados exhibe cómo la barra de D30A6 saltó abruptamente el día del conflicto, lo que sugiere una fuerte presencia oficial para responder a la escalada de la demanda de cobertura cambiaria. Luego de ese episodio, el volumen retornó a los valores previos y la dinámica volvió a la normalidad, según los datos de IEB Research.

La estrategia del Central durante ese período se apoyó en la flexibilidad para ajustar la liquidez disponible en el sistema financiero, considerando tanto las licitaciones de deuda como la operatoria en los mercados de cobertura cambiaria. Los funcionarios buscaron evitar que la volatilidad internacional se trasladara de manera directa a los precios internos y a la inflación.

Salvador Vitelli, head of research de Romano Gruop, aportó su perspectiva sobre la intervención oficial. “Las estadísticas de A3 no muestran que haya aumentado mucho la posición vendida del Banco Central, incluso está relativamente neutra. Si el Banco Central quiere salir a vender, debería abrir contratos y eso te hace saltar el interés abierto, que en este caso no fue así. En dólar futuro hay una incongruencia entre lo que dice la información y lo que se habla. En dólar linked sí hubo una fuerte participación; todavía no están las estadísticas monetarias de estos días para estimar por cuánto intervino, pero ahí se vieron ventas. Lo que va en contraposición de los pesos que se liberan en la última licitación. Si tu intención es retirar pesos, y solo tienes eso como intención, podés tomarlos en el mercado. Pero es un mercado que te está pidiendo cobertura, entonces lo que se está ofreciendo es el retiro de pesos y dar la cobertura del dólar linked principal a abril”, explicó Vitelli en declaraciones recogidas por Infobae.

El especialista identificó una diferencia relevante entre la dinámica del mercado de futuros del dólar y el de bonos dólar linked. Mientras el primero no mostró un aumento significativo en la posición vendida oficial, el segundo sí exhibió una intervención importante por parte del Banco Central. Esto ocurrió en simultáneo con la decisión de soltar pesos mediante la última licitación de deuda pública, lo que introduce una tensión entre la absorción de liquidez y la necesidad de ofrecer instrumentos de cobertura ante la demanda del mercado.

La correlación entre el contexto internacional y los movimientos en el mercado local quedó reflejada también en el análisis de Christian Buteler, economista consultado por Infobae. “Las ventas de dollar-linked fueron producto de la suba del dólar que vino tras la guerra; se valorizó el dólar a nivel mundial y eso tuvo impacto en la Argentina. Y contuvo parte de esa demanda vendiendo esos instrumentos; además, eso no terminó afectando la tasa en pesos, que bajó con respecto a la semana pasada y con esta venta de dollar linked la tasa no volvió a subir”, señaló Buteler. Su mirada subrayó que la intervención oficial logró frenar la presión sobre la tasa en pesos, a pesar de la mayor demanda de cobertura cambiaria, y que la venta de instrumentos dollar linked se justificó en la reacción global al conflicto.

La operatoria del Central frente a la volatilidad generada por el conflicto internacional no resultó contradictoria con la estrategia de absorción de pesos mediante licitaciones programadas, de acuerdo con la visión de Nicolás Guaia, CEO de Max Capital. “No sé si es tan contradictorio, siendo que las licitaciones son cada dos semanas y equilibrar los agregados monetarios es difícil aun hasta haciéndolo intra día. Son estrategias complementarias. En los días de mayor demanda de dólares, es normal que se ofrezcan futuros y bonos dollar linked, para evitar vender dólares y continuar con el sendero de acumulación de reservas”, explicó. Según su visión, la utilización de futuros y bonos dólar linked en jornadas de tensión cambiaria permite responder a la demanda de cobertura sin afectar el proceso de recomposición de reservas internacionales.

El contexto que rodeó a las intervenciones del Banco Central incluyó además el impacto de la última licitación de deuda, que liberó pesos al mercado con el objetivo de bajar las tasas y limitar las expectativas de inflación, según informó Infobae en su análisis de la operatoria oficial. Las autoridades buscaron calibrar el nivel de liquidez en el sistema para responder a la demanda de cobertura sin perder de vista la necesidad de anclar las expectativas y mantener bajo control la inflación.

En la secuencia de acontecimientos, la jornada del conflicto en Medio Oriente marcó un punto de inflexión en la dinámica de intervención oficial. El salto en el volumen operado de D30A6, registrado por IEB Research, evidenció la magnitud de la reacción del mercado y la respuesta del Banco Central para evitar un traslado inmediato de la volatilidad internacional al precio del dólar en Argentina. El regreso a los volúmenes habituales en las jornadas siguientes mostró que la intervención resultó puntual y focalizada en contener el impacto del shock externo.

La coordinación entre la política de absorción de pesos y la intervención en los mercados de cobertura cambiaria constituyó el eje de la respuesta oficial ante el episodio de volatilidad global. Las declaraciones de los analistas consultados coincidieron en señalar que la estrategia del Banco Central combinó distintas herramientas para evitar una escalada en la demanda de dólares y sostener la estabilidad de la plaza cambiaria, aun ante un contexto internacional adverso.

Los gremios estatales presentaron un pedido de recomposición salarial que incluye una suma fija millonaria por única vez. Conocé de cuánto es el bono

05/03/2026 – 22:35hs

La negociación salarial en el sector público nacional entra en una etapa de definiciones cruciales. En un escenario marcado por la persistente tensión entre las arcas oficiales y las necesidades de los trabajadores estatales, el Gobierno nacional formalizó la convocatoria a los gremios para retomar las paritarias. El encuentro, previsto para este viernes 6 de marzo, promete ser el punto de partida de una discusión que no solo incluye porcentajes de actualización, sino también pedidos extraordinarios de alto impacto.

La cita tendrá lugar en la sede de la Secretaría de Trabajo a partir de las 14 horas. Allí, las autoridades nacionales se verán las caras con los referentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Este llamado surge tras un prolongado cuarto intermedio que se mantenía desde diciembre del año pasado, período durante el cual el desfasaje entre los haberes y la inflación profundizó el malestar en las diferentes dependencias del Estado.

Los detalles del bono de 4 millones y el pedido de ATE

El eje central de la disputa se posa sobre una cifra que generó fuerte impacto: el pedido de una suma fija extraordinaria de $4.000.000. Esta exigencia, impulsada principalmente por la conducción nacional de ATE, busca funcionar como un mecanismo de compensación por la pronunciada caída del salario real que afectó a los empleados públicos en los últimos ciclos económicos. Según los representantes gremiales, este monto por única vez permitiría mitigar la pérdida acumulada frente al costo de vida.

Además del bono millonario, la propuesta que los sindicatos llevarán a la mesa de negociación incluye una recomposición salarial del 45%. El objetivo planteado por Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, es frenar lo que describen como una «destrucción» del poder adquisitivo. Para los gremialistas, la paritaria de este viernes no solo debe discutir los ingresos futuros, sino también reconocer el terreno perdido durante el último bienio para evitar que el personal de la administración pública nacional continúe bajo la línea de flotación económica.

Expectativas ante la reapertura de la negociación paritaria

La reapertura de este diálogo paritario es seguida de cerca por miles de trabajadores de la administración pública, quienes aguardan señales claras sobre sus ingresos de cara al mes de abril. Si bien el Gobierno ha mostrado voluntad al retomar las conversaciones, la distancia entre las pretensiones sindicales y las posibilidades fiscales del Ejecutivo sigue siendo el principal interrogante. Mientras los gremios apuestan a una fuerte recomposición para recuperar el consumo, el oficialismo busca equilibrar el presupuesto en un marco de austeridad.

Por su parte, la presencia de UPCN, liderada por Andrés Rodríguez, aporta otro matiz a la negociación. Aunque tradicionalmente mantuvieron un perfil diferente al de ATE, la magnitud del retraso salarial unificó, al menos en la urgencia, la necesidad de obtener respuestas concretas. El resultado del cónclave de este viernes será determinante para definir si se logra un acuerdo de paz social o si, ante la falta de una oferta satisfactoria, los gremios deciden realizar medidas de fuerza en todo el territorio nacional durante las próximas semanas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso una actualización significativa en el esquema de protección del ahorro privado. A través de la Comunicación “A” 8407, la autoridad monetaria determinó que, a partir del 1° de abril de 2026, el importe de la garantía de los depósitos bancarios se duplicará, pasando de los actuales $25.000.000 a un máximo de 50.000.000 de pesos. Esta medida, de carácter técnico y operativo, vuelve a poner en el centro del escenario un debate que marcó la agenda financiera durante la discusión de la reforma laboral: la asimetría de seguridad jurídica entre las cuentas bancarias y las billeteras virtuales.

La resolución adoptada por el BCRA establece el nuevo límite de cobertura para el capital depositado, incluyendo intereses, actualizaciones por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) en depósitos UVA, y diferencias de cotización. Según especifica el documento oficial, este techo de $50.000.000 rige por persona y por entidad, independientemente del número de titulares que posea la cuenta.

La normativa también contempla un periodo de transición para la adecuación de los instrumentos físicos. Las entidades financieras podrán seguir utilizando certificados de depósito a plazo fijo que contengan la leyenda de garantía desactualizada hasta que se agoten los formularios. No obstante, para garantizar el derecho a la información del usuario, los bancos deberán aplicar un sello aclaratorio con el nuevo monto o, en su defecto, notificar al depositante por escrito en una hoja separada que deberá ser firmada en original y copia.

A partir de la entrada en vigencia en abril de 2026, todos los documentos representativos de operaciones pasivas —como comprobantes de cajeros automáticos y resúmenes de cuenta— deberán exhibir de forma visible la leyenda actualizada que confirma la cobertura de hasta $50.000.000 bajo el marco de la Ley 24.485 y el Decreto 540/95.

La actualización del monto cubierto por el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, administrado por la sociedad Seguros de Depósitos S.A. (Sedesa), reabre una discusión que parecía cerrada tras la aprobación de la reforma laboral. Durante el debate legislativo, uno de los puntos de mayor fricción fue la posibilidad de que los trabajadores pudieran optar por percibir sus haberes en cuentas de pago (CVU) operadas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP), comúnmente conocidos como billeteras virtuales.

Finalmente, la ley mantuvo la exclusividad de la acreditación de sueldos en cuentas bancarias. Sin embargo, el incremento de la garantía estatal refuerza el argumento principal que sostuvieron los bancos para frenar el avance de las fintech en este segmento: la disparidad en la protección ante una eventual insolvencia de la entidad.

Fuentes cercanas al sector bancarios señalan que esta nueva cifra de $50.000.000 acentúa la diferencia de riesgo. Advierten que, mientras un depositante bancario tiene asegurado el recupero de sus fondos hasta ese límite si la entidad enfrenta dificultades, los usuarios de billeteras virtuales carecen de un seguro similar, lo que expone sus ahorros a una pérdida total en caso de problemas financieros de la empresa tecnológica.

La disputa entre ambos sectores se ha canalizado a través de informes técnicos y comunicados oficiales que exponen visiones contrapuestas sobre la estabilidad del sistema.

Para los bancos, la ausencia del régimen de garantía de Sedesa en el ecosistema fintech no es un detalle menor. Un informe de la consultora CML&A, solicitado por la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA), sostiene que las cuentas de pago no solo carecen de seguro, sino que tampoco gozan del estatus de “pasivo privilegiado” ni de los procesos de resolución especial que la Ley de Entidades Financieras prevé para los bancos en caso de quiebra.

El sector tradicional subraya que, en las últimas tres décadas, el sistema de seguros permitió cubrir la totalidad de los depósitos en las 28 entidades financieras que cerraron en el país. En contraste, citan antecedentes internacionales y locales de fraude o default en empresas tecnológicas, argumentando que el riesgo de pérdida de fondos para el usuario de una fintech no es marginal.

Además, los bancos defienden que los flujos salariales son la “materia prima” esencial para el crédito productivo. Sostienen que, si esos fondos se desviaran masivamente hacia las billeteras virtuales, se resentiría la capacidad del sistema para otorgar préstamos a pequeñas y medianas empresas (pymes).

Por su parte, la Cámara Argentina Fintech rechaza que la seguridad sea el motivo real de la resistencia bancaria, atribuyéndola a un intento por preservar un “negocio cautivo” que lleva más de treinta años sin competencia. Como contraargumento, la entidad sostiene que las cuentas digitales están bajo la órbita de supervisión y auditoría del Banco Central.

El argumento central de las tecnológicas es que el 100% del dinero de los usuarios no “desaparece” del sistema, sino que se encuentra depositado en cuentas bancarias a la vista, segregado del patrimonio de la empresa. Aseguran que nunca se ha registrado un caso en el que un PSP regulado no haya devuelto los fondos a sus clientes.

Respecto al financiamiento, las fintech aclaran que los fondos depositados en sus plataformas terminan llegando a los bancos, aunque por mecanismos distintos. Asimismo, destacan que el crédito digital ha permitido la inclusión financiera de más de 6 millones de personas, utilizando capital propio en lugar de los depósitos de los usuarios para financiar dichos préstamos.