El Gobierno avanza en una reforma laboral que busca modificar de manera profunda el esquema actual de negociación colectiva y la estructura del sueldo. El objetivo central es vincular la remuneración con la productividad individual y no exclusivamente con los convenios colectivos.

Se sabe que la reforma laboral es una de las principales metas del gobierno de Javier Milei.  Así lo planteo desde sus inicios el Presidente. A mitad de este año, se realizó la primera reunión del Consejo de Mayo, el órgano multisectorial que creó para consensuar este tipo de proyectos que apuntan a grandes cambios estructurales.

Hoy fue el turno de Diputados, que tuvo una nueva jornada de debate del proyecto de Presupuesto para el año 2026 en la Comisión de Presupuesto que encabeza Alberto Bertie Benegas Lynch y en donde participó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para exponer los principales lineamientos de la futura reforma laboral que el Gobierno busca implementar en la segunda mitad del mandato de Javier Milei.

Durante la reunión, Cordero respondió a las críticas de la oposición sobre el aumento de la informalidad, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, y remarcó que «hace dos meses que estamos trabajando en una reforma laboral junto a los que firmaron el Pacto de Mayo».

Reforma laboral: qué pasará con el sueldo

El nuevo modelo, impulsado con el respaldo del PRO y la UCR, incorpora el concepto de «salario dinámico«, un sistema que permitiría a cada empresa negociar directamente con su representación sindical interna. De este modo, los acuerdos podrían adaptarse a la realidad de cada sector o firma, reduciendo los pisos salariales básicos y promoviendo una mayor diferenciación según desempeño y mérito.

En paralelo, desde la Secretaría de Trabajo aseguran que el país atraviesa una nueva etapa en materia de paritarias, marcada por la estabilidad monetaria y la menor incidencia de la inflación. «Al modificarse la matriz económica, la negociación ya no se trata de correr detrás de los precios», sostienen en el área laboral, donde remarcan que los acuerdos por incrementos mínimos responden a esa nueva dinámica.

El Gobierno también impulsa un plan de incremento salarial «dinámico», que busca acortar la brecha entre los salarios de convenio y los salarios reales. La meta, explican, es que los sueldos recompensen la productividad y el mérito, fomentando una estructura más competitiva.

Otro punto clave de la reforma es la eliminación de las multas laborales que habían sido dispuestas en la anterior normativa. Según explican desde la cartera laboral, esas sanciones no beneficiaban directamente al trabajador, sino al Estado. La nueva orientación apunta a incentivar la formalización y el crecimiento del empleo privado.

Asimismo, se trabaja junto a las cámaras empresariales para evitar que los incrementos salariales se trasladen a precios, buscando preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

En palabras de Cordero, «hay que proteger al sector privado, porque si no se lo protege, se retira».

Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei avanza con indemnización y despido 

Un tema clave con el que más se está avanzando es con el de indemnizaciones y despidos.

A finales de junio, la Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó el nuevo Sistema de Cese Laboral, un régimen alternativo al tradicional esquema de indemnización por despido. Este instrumento refleja el direccionamiento que el Gobierno le quiere dar al mercado laboral.

El sistema permite a los empleadores y trabajadores sustituir la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, así como otros rubros indemnizatorios. Se establecerá por medio del Convenio Colectivo de Trabajo y deberá administrarse a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos («FCI») o Fideicomisos Financieros («FF»).

La modalidad que busca impulsar Milei consiste en una suerte de seguro de despido o desempleo. Este esquema impactaría en los empleados que fueron contratados luego de la aprobación de la reforma laboral en julio del año pasado. En este cambio se toma como modelo el fondo de cese laboral de la industria de la construcción, donde el porcentaje del aporte llega al 12% del salario bruto del trabajador durante el primer año de duración del contrato y es del 8% a partir del segundo.

Este sistema supone que el empleador debe contribuir con una suma adicional acordada en una negociación entre la empresa y los sindicatos. El monto, plazos y modalidades de las indemnizaciones por despido dependerán de lo que se acuerde en este nuevo sistema.

Además, los trabajadores podrán realizar aportes adicionales en el Sistema de Cese Laboral. No hay ninguna garantía mínima respecto del monto de la indemnización por despido.

El Sistema de Fondo de Cese se establecerá por medio del Convenio Colectivo de Trabajo y deberá administrarse a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos o Fideicomisos Financieros.

En el texto se establece la suscripción de cuotapartes provendrá exclusivamente de aportes de empleadores y/o trabajadores. Además, se limitará la concentración de inversiones por industria a un máximo del 30% del patrimonio neto del fondo, y no se permitirá invertir en valores emitidos por los propios empleadores aportantes.

En el sector porcino muestra preocupación por el fuerte aumento de las importaciones de carne de cerdo durante septiembre, que alcanzaron los 125 millones de dólares y 4.600 toneladas. A su vez, manifiestan rechazo por la competencia desleal.

Según advirtió la Federación Porcina Argentina (FPA), el 97,8% de la carne importada provino de Brasil, y la mitad correspondió a bondiola, uno de los cortes más populares en las mesas argentinas.

En términos equivalentes, las 2.000 toneladas de bondiola de origen brasileño representan 2 millones de kilos de carne porcina, o unos 500.000 capones, el mismo volumen que se produce localmente en un mes.

“Este ingreso masivo duplicó la oferta de bondiola en el mercado, afectando los precios y la rentabilidad de toda la cadena, en especial a los despostadores y distribuidores, que además de comercializar enfrentan una competencia creciente de productos importados de menor calidad, que viene congelada y contiene agua, lo que afecta la percepción del consumidor y la imagen del producto porcino en general”, expresaron desde la FPA.

La situación se agrava por la “competencia desleal” derivada del uso de ractopamina, que, según señala FPA, es un promotor de crecimiento que aumenta la productividad en un 6% y que está prohibido en más de 160 países, incluida la Argentina.

“Mientras nuestros productores sostienen un modelo natural y sustentable, deben competir en su propio mercado con productos más baratos elaborados bajo condiciones productivas no permitidas en el país”, asegura la entidad.

Para la FPA, la cadena porcina argentina atraviesa una etapa decisiva. El Plan Estratégico Porcino (PEP) prevé inversiones por más de USD 1.600 millones hasta 2032, con el objetivo de duplicar la producción, crear más empleo y sumar divisas genuinas.

En la actualidad, la actividad mueve más de USD 4.000 millones al año, genera alrededor de 72.000 puestos de trabajo directos e indirectos y registra un consumo per cápita superior a los 18 kilos anuales, con un crecimiento sostenido de entre 4 y 5% por año en la última década.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que el consumo aparente de carne porcina llegó a 573.000 toneladas en los primeros 8 meses del año, lo que implica un crecimiento interanual del 8,5%. Este resultado refuerza la posición del cerdo como la tercera fuente de proteína animal más consumida en el país.

Sin embargo, en FPA creen que hay trabajas estructurales para el desarrollo del sector.

En primer lugar, mencionan el régimen actual de IVA que, en los hechos, funciona como un “impuesto a la inversión”: los productores venden con una alícuota del 10,5%, pero compran insumos y bienes de capital con el 21%.

Señalan que el resultado son saldos fiscales inmovilizados y un sobrecosto cercano al 19%, que desalienta proyectos productivos y encarece cualquier inversión, desde genética hasta tecnología.

Asimismo, reclaman la falta de líneas de financiamiento adecuadas para la dinámica del sector. La actividad porcina requiere plazos largos, períodos de gracia y tasas compatibles con su ciclo biológico, condiciones que hoy la oferta financiera local no contempla.

“A esto se suma la demora en la firma del protocolo sanitario con China, que permitiría exportar subproductos como patitas, cabezas y menudencias. Estos productos, con escaso valor en el mercado interno, podrían exportarse a precios dos o tres veces superiores, mejorando la integración de la media res y generando nuevas divisas”, agregaron.

“Hace años que pedimos que nos saquen el pie de encima. No queremos beneficios especiales, queremos reglas que nos permitan invertir, producir más y competir en igualdad de condiciones. Para eso, necesitamos que el Estado sea un aliado de la producción, no un obstáculo”, señaló Agustin Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina.

El sector también pidió avanzar con un plan de erradicación de la enfermedad de Aujeszky, en colaboración con la autoridad sanitaria para la adecuación de las normativas vigentes con financiamiento propio, que aún espera la aprobación definitiva.

La diferencia del valor de venta entre los departamentos a estrenar y los usados ya se encuentra en un 30%, la brecha más elevada registrada desde diciembre de 2015, cuando era de apenas un 7%, según detalló un relevamiento realizado por el portal de avisos Zonaprop.

De esta forma, el reporte revela una profundización de la brecha en el último año para llegar a ser la más amplia en casi una década, al puntualizar que «en los últimos doce meses, la diferencia entre ambos segmentos creció 8 puntos porcentuales».

Crece la brecha entre los inmuebles nuevos de los usados

El reporte arrojó que, en la actualidad, un departamento a estrenar se ubica en USD 2.898 por metro cuadrado y registra en 2025 un incremento del 5,2%. Por otro lado, un departamento usado tiene un valor de USD 2.219 por metro cuadrado, con un aumento anual del 3,32%.

Al analizar todos los segmentos del mercado, el estudio concluyó que los departamentos en pozo lideran los aumentos anuales, al precisar que «estos registran un alza del 8,29% en 2025 y el metro cuadrado se ubica en 3.033 dólares, superando en un 4,4% a las unidades a estrenar».

No obstante, desde el portal inmobiliario aclararon que «al tener en cuenta solo las propiedades listas para habitar, son las unidades nuevas las que muestran la mayor apreciación durante este año». Con respecto al costo de la construcción, indicaron que «aunque muestra una leve tendencia a la baja desde julio, se mantiene en niveles elevados» detallando que «el índice sigue un 94% por encima del de octubre de 2023 y cuesta casi tres veces más que en el piso histórico de octubre de 2020″.

En este sentido, detallaron que «este costo de base impulsa, por un lado, el alza de las unidades a estrenar y, por otro lado, incrementa la brecha de valores con los usados, que pasan a ser una opción más atractiva y económica para los interesados en comprar propiedades».

Los barrios más costosos y el mercado de alquileres

Puerto Madero lidera el ranking con la oferta más cara. Un departamento a estrenar en este barrio se ubica en 6.701 dólares/m2. Belgrano (3.774 dólares/m2) y Palermo (3.309 dólares/m2) completan el podio.

En contrapartida, Villa Riachuelo es el barrio más económico para la adquisición de unidades a estrenar. El metro cuadrado allí se ubica en 1.742 dólares. Le siguen Parque Avellaneda (1.830 dólares(m2) y Nueva Pompeya (1.855 dólares/m2).

Con respecto al mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el mismo atraviesa un 2025 con incrementos constantes en los valores expresados en dólares. Según explica otro informe elaborado por Zonaprop con base en los avisos publicados en la plataforma, un departamento de dos ambientes se alquila en promedio a 850 dólares mensuales. Este valor se traduce en una suba del 0,33% en septiembre y acumula un incremento del 19,46% en lo que va del año.

En términos interanuales, el auento de los valores en moneda extranjera es todavía más evidente: los alquileres crecieron 35,08% en los últimos doce meses. De esta forma, la tendencia marca un encarecimiento sostenido que repercute directamente en los inquilinos que deben afrontar contratos denominados en dólares.

El informe llega a la conclusión de que, a partir de diciembre de 2023, luego de la derogación de la Ley de Alquileres, se produjo un cambio en la forma en que los propietarios publicaban sus unidades. Durante varios meses, los avisos en pesos superaron a los que estaban en dólares, en un contexto de incertidumbre regulatoria. Entre mayo y junio de este año, cerca del 60% de las publicaciones en la plataforma estaban expresadas en moneda local.