Esta funcionalidad 100% online forma parte de la prioridad de AGIP de simplificar trámites y acercar soluciones ágiles a los contribuyentes de la Ciudad

05/08/2025 – 18:28hs

Más de 13.000 contribuyentes ya accedieron a un nuevo sistema de reintegros lanzado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), que permite recuperar saldos a favor por el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El trámite es completamente online, ágil y puede resolverse en tan solo 48 horas hábiles.

Según informó el organismo porteño, el monto promedio devuelto hasta ahora asciende a $785.000 por solicitud, y ya se reintegraron más de $10.000 millones en total.

Esta funcionalidad 100% online forma parte de la prioridad de AGIP de simplificar trámites y acercar soluciones ágiles y digitales a los vecinos de la Ciudad. Gracias a este procedimiento, quienes solicitaron la devolución recuperaron su dinero en 48 horas hábiles, con un monto promedio de $785.000 por contribuyente.

Paso a paso: cómo solicitar la devolución del saldo a favor por el pago de impuestos

El procedimiento se realiza desde la web oficial de AGIP, y para hacerlo hay que seguir los siguientes pasos:

1. Ingresá con tu usuario de Clave Ciudad y seleccioná el servicio «Cuenta Corriente Tributaria».

2. Dentro de la «Cuenta Corriente Tributaria», seleccioná en el menú «Operaciones» y luego la opción «Devolución SAF». También podrás acceder desde el dashboard.

3. Se realizarán en línea los controles de los requisitos para acceder a la devolución.

4. En caso de inconsistencias, se especificarán y podrás subsanarlas volviendo a generar la solicitud. Además, siempre está habilitado el trámite regular vía TAD (Trámite a Distancia).

5. Superado los controles, podrás visualizar el detalle del saldo.

6. Completá los datos de CBU de una cuenta en pesos, donde se depositarán los fondos. Se validará en línea que el titular de la cuenta sea el responsable del tributo o representante legal.

7. Revisá que la compensación sea correcta y confirmá.

8. Una vez confirmado, se generará el comprobante del trámite realizado, que podrás descargar.

Desde la AGIP destacaron que este nuevo sistema representa una mejora significativa respecto del mecanismo anterior, que podía demorar hasta tres meses a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Quiénes pueden acceder al reintegro

Para poder realizar el trámite, los contribuyentes deben cumplir con una serie de requisitos:

• Tener un saldo a favor igual o menor a $10 millones.
• Haber presentado todas las Declaraciones Juradas del impuesto.
• No registrar deudas judiciales ni como Agente de Recaudación, incluidas multas.
• No estar concursado ni en quiebra.
• No tener fiscalizaciones abiertas ni planes de pago vigentes.
• No estar adherido a regímenes de promoción económica o distritos especiales.
• No haber recibido una devolución por saldo a favor en los últimos 90 días.
• No tener deuda administrativa con AGIP.

Con esta nueva herramienta, la Ciudad busca agilizar el vínculo con los contribuyentes y facilitar la recuperación de fondos que, hasta ahora, quedaban inmovilizados durante largos períodos.

La mayoría de los sindicatos no pueden mejorar los ingresos de los asalariados, a pesar de la desinflación. El impacto de la caída del consumo

05/08/2025 – 19:00hs

A pesar de la baja de la inflación, la gran mayoría de los sindicatos firmaron paritarias que no logran ganar la carrera de los precios. Hay un único gremio que, por ahora, logró una mejora en el poder adquisitivo de los afiliados.

Se trata de SMATA, el sindicato de los mecánicos. De acuerdo a un relevamiento de la consultora Synopsis, ese gremio lleva una ventaja del 2,4% en relación a la inflación acumulada durante el período enero-junio del año.

De todo el lote relevado por la consultora dirigida por Lucas Romero, el otro gremio que no pierde contra la inflación es el de los bancarios (La Bancaria). El saldo, en ese caso, es cero. No pierde, pero tampoco gana.

«Los empleados bancarios ajustan mensualmente de acuerdo al índice de precios», cuenta Romero a iProfesional.

«El resto de los gremios, salvo SMATA, no logra recuperarse del salto inflacionario de marzo, cuando el IPC fue del 3,7%«, asevera el analista.

SMATA tiene acuerdos trimestrales, y esa estrategia le viene sirviendo para ganarle a la inflación. El arreglo que tuvo, evidentemente, resultó superior a la evolución del IPC; y ganó en medio de la desinflación.

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios «en blanco» durante lo que va de 2025

Salarios a la baja; consumo en rojo

El gráfico adjunto da cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios «en blanco».

Los ferroviarios (-10,7%), los salarios de los encargados de edificios (-8,0%) y de los agentes públicos (-6,0%) son los que más pierden en lo que va del año.

Por detrás siguen los sueldos de los trabajadores de la alimentación (-4,7%); los de la sanidad (-5,7%) también muestran datos negativos.

Las ventas planchadas a nivel minorista le ponen un límite contundente a la posibilidad de recomponer los márgenes. Ese límite, de acuerdo a distintas consultas formuladas por este medio entre compañías líderes del consumo masivo, estaba en torno de los $1.300.

Ese es el umbral que se superó en las últimas horas; y que puso en guardia a las compañías.

El rubro de los alimentos viene jugado a favor de la estrategia del Gobierno para mostrar un IPC más bajo. Fue clave, de hecho, en la medición de mayo y junio, que dio apenas el 1,5% y apenas 0,6% respectivamente.

En este contexto, otra vez una ruptura en la tendencia a la desinflación podría empeorar el horizonte de los asalariados.

Para julio, las principales consultoras económicas que monitorean la evolución de los precios semana tras semana esperan una inflación de entre 1,7% y 1,9%, pero con los alimentos yendo unas décimas por detrás de ese promedio.

Hasta el momento no hubo contactos entre Economía y distintas cadenas de supermercados, consultadas por iProfesional.

Tras las advertencias lanzadas por las empresas constructoras sobre las trabas y negativas de los bancos para financiar obras de las nuevas concesiones viales; la administración de Javier Milei salió a mejorar las condiciones del negocio de las rutas con peaje con un fondo estatal que fue previsto originariamente para las pymes y que ahora se utilizará como garantía contra un eventual congelamiento tarifario.

Se trata del «Fondo de Garantías Argentino» (FOGAR), que las empresas oferentes en las licitaciones de los 9.155 kilómetros de rutas nacionales podrán usar como respaldo y garantía de devolución de los préstamos que tomen en caso de que no se apliquen los aumentos de peajes incluidos en los contratos.

Aumento de peajes: Luis Caputo usa un fondo para Pymes como respaldo para concesionarios

La introducción de esa herramienta destinada a evitar que fracasen las concesiones en curso por falta de financiamiento junto con otros cambios que aligeran los requisitos de los pliegos licitatorios fueron comunicados por Martín Maccarone, quien viene desempeñándose como virtual «Secretario Coordinador de Infraestructura» del ministerio de Economía, sin haber sido nombrado hasta ahora en forma oficial para ese cargo.

Según explicó Maccarone, si durante el plazo de las concesiones el Estado llega a frenar o recortar los aumentos de peaje previstos en los contratos, el fondo de garantía cubrirá los montos afectados para que las concesionarias puedan devolver los préstamos tomados para las obras de rehabilitación y mejoras de las rutas.

El FOGAR es un fideicomiso público nacional que tiene como objetivo la inclusión financiera de las pymes y emprendedores particulares mediante el otorgamiento de garantías que permiten el acceso al financiamiento bancario.

Fue creado en el 2000 como «Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa —FOGAPYME—» y en 2018 pasó a tener su actual denominación de «Fondo de Garantías Argentino». Se alimenta con recursos que aporta el Estado Nacional y funciona como un fondo de segundo piso en forma directa con las entidades bancaria y financieras que conceden las líneas de créditos.

A principios de junio, el ministro de Economía, Luis Caputo le transfirió al FOGAR más de $1 billón remanentes de tres esquemas de asistencias creados durante la pandemia para avalar créditos a pymes, monotributistas y empresas adheridas al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Por medio de la resolución 734/25, Caputo ordenó el giro a las cuentas del FOGAR de los siguientes fondos: FAE MiPyMEs, $463.733 millones; FAE Créditos a Tasa Cero (PCA), $371.116 millones y FAE Programa ATP, $165.568 millones.

Además de poder acceder a la garantía de FOGAR, las empresas que se presenten en las licitaciones están habilitadas para conceder a los bancos y financiadores de las obras los «derechos emergentes» de hasta un 70% de la recaudación por peajes y de los ingresos de las explotaciones complementarias que tengan en sus áreas de concesión. También podrán «prendar y ceder fiduciariamente» sus acciones de la sociedad concesionaria que se constituya para la operación privada de las rutas.

Empresas como Mercado Libre podrían controlar parte de la obra pública

Otro cambio significativo en las reglas de juego que aprobó la gestión libertaria consiste en la posibilidad de que puedan competir empresas que no sean constructoras, ni tengan experiencia en obras viales mediante la presentación de avales y garantías de una compañía de seguros.

Al explicar el alcance de esa apertura, Maccarone señaló que «si viene Mercado Libre o Cargill y desea participar por una ruta, podrá hacerlo y el Estado solo le exigirá un seguro de caución equivalente al 30% del monto total de la obra. Con esto vamos a romper el ‘club de la obra pública’ y la que va a decir qué empresa puede o no participar será la compañía de seguro».

A esas modificaciones en las bases licitatorias se agregaron otras tres que apuntan a facilitar e incrementar los ingresos de los futuros concesionarios de los 18 tramos viales que pasarían a manos privadas.

Esos cambios —que regirán para las dos primeras concesiones de los tramos «Oriental» (Autovía de Mercosur) y «Conexión» (puente Rosario-Victoria)— establecen lo siguiente:

• En primer lugar, se elevó la «Tasa Interna de Retorno» que estaba estipulada en los pliegos iniciales para el armado de las ofertas del 10% al 15%.
• En segundo lugar, se incrementó un 16% la «tarifa básica tope» fijada para cada una de las estaciones de peaje de la autovía del Mercosur y del puente Rosario-Victoria que tendrán como referencia las empresas oferentes. En el caso de la autovía mesopotámica, la tarifa tope para un automóvil que era de $3.700 saltó a $4.300. En el puente que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, la tarifa tope de peaje pasó de $3.499 a $4.056.
• La tercera corrección alteró la cláusula que exigía terminar «todas las obras iniciales de puesta en valor» de cada tramo antes de empezar a cobrar los aumentos de peaje incluidos en las ofertas. Ahora, los ajustes tarifarios podrán adelantarse y aplicarse cuando concluyan los trabajos en las áreas más cortas en que se dividen las secciones del tramo que corresponden a cada cabina de peaje.

Mientras las empresas constructoras analizan si las nuevas condiciones son suficientes para poder presentar el 8 de setiembre ofertas por los dos primeros tramos en juego; el Comité Nacional de Defensa de Usuario Vial (Conaduv) salió a remarcar sus cuestionamientos a las privatizaciones viales que impulsa el Gobierno.

«El sistema de concesiones fue un fracaso antes y ahora también lo será. Salvo en los accesos metropolitanos, resulta inviable poder afrontar y mantener las obras en todas las rutas con el cobro de peajes por los bajos caudales de tránsito que tienen», destacó el coordinador de Conaduv, Ricardo Lasca.

Con respeto a los últimos cambios en los pliegos, señaló que «los funcionarios actuales ya no saben qué hacer para que alguien se presente en las licitaciones que no contemplan obras de ampliación como multitrochas, autovías y autopistas que mejoren las condiciones de seguridad vial y reduzcan los choques frontales en las rutas».

«Mientras Milei plantea, por un lado, que hay que bajar impuestos, por otro impulsa la instalación de más cabinas de peaje con tarifas más caras que representan un impuesto al tránsito y un incremento en los costos logísticos y de transporte que afectan a los usuarios y las economías regionales», advirtió Lasca.