La presentación del Informe de Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial (WEF por su sigla en inglés) refleja la consolidación de los riesgos geopolíticos a nivel mundial, donde la confrontación geoeconómica emerge como la principal amenaza para este año tras subir ocho posiciones en las perspectivas de corto plazo. Asimismo, la percepción general de incertidumbre ha aumentado.

Sin embargo, este reporte omite las respuestas que las empresas deben adoptar frente a tales desafíos. En ausencia de un rumbo de acción claro que permita evitar o mitigar su impacto, el informe se convierte en un simple ejercicio de identificación de amenazas con escaso valor concreto.

Resulta necesario entonces explorar los canales de transmisión de estos riesgos internacionales hacia las organizaciones para desarrollar respuestas que agreguen valor real.

Veamos algunos ejemplos que permiten ilustrar esto. Todas las empresas dependen, directa o indirectamente, de insumos importados. No basta con identificar la sensibilidad geopolítica de un proveedor determinado; es imperativo cuantificar su impacto financiero mediante la definición de escenarios específicos.

Exploremos, por ejemplo, distintos escenarios para analizar estos posibles impactos: es posible proyectar la imposición de un nuevo arancel del 25% a mitad del contrato para evaluar cómo afecta la rentabilidad por unidad.

También puede evaluarse si nuevas restricciones de exportación obligarían a un cambio de proveedor y cuál sería el impacto resultante en los ingresos. Por último, podrían implementarse prohibiciones de pago que congelen cierta cantidad de capital en tránsito.

Es un primer paso hacia la cuantificación de un rango de resultados financieros. Con esta información, es posible definir si la empresa debe diversificar sus proveedores, negociar nuevas cláusulas comerciales o aceptar su exposición.

Gestionar riesgos consiste en generar conversaciones apoyadas en información valiosa. Para integrar estos escenarios en el planeamiento de negocio de 2026, las organizaciones deben superar las proyecciones determinísticas de valores fijos que suelen constituir los objetivos anuales.

Aunque es común realizar escenarios optimistas y pesimistas, estos suelen basarse en números estáticos que no capturan la complejidad de la realidad, la cual se representa mejor mediante proyecciones estocásticas construidas con rangos de posibles resultados y estimaciones de probabilidad.

Este análisis permite concluir, por ejemplo, “un plan de expansión en Asia tiene un 60% de probabilidad de generar ingresos de entre 15 y 20 millones de dólares bajo condiciones actuales” o que “existe un 25% de probabilidad de que nuevas restricciones reduzcan dicha cifra a un rango de 8 a 12 millones de dólares”, justificando así un “presupuesto de contingencia de USD 2,5 millones para activar mercados alternativos en caso de que se activen los disparadores”. Esto transforma el riesgo geopolítico de una amenaza lejana y difusa en un valioso y específico input de planeamiento estratégico.

Para completar la transición hacia la acción de los riesgos geopolíticos identificados, es posible utilizar disparadores (triggers). De esta manera, se abandona el monitoreo geopolítico pasivo en favor del establecimiento de umbrales de decisión ejecutables, sustituyendo la observación genérica por protocolos de respuesta inmediata.

Por ejemplo, la activación de planes de contingencia de suministro en un plazo máximo de 72 horas ante sanciones sectoriales, la activación de un proceso de cobranza más seguro ante sanciones observadas a bancos internacionales o la renegociación sistemática de precios al consumidor si los aranceles incrementan el costo de ventas por encima del 15 por ciento.

En conclusión, la mera identificación de las amenazas, si bien es un comienzo, no es suficiente para dotar a las organizaciones de herramientas válidas para lograr una mejor preparación que les permita alcanzar sus objetivos comerciales.

Se trata de prepararse mediante la cuantificación de los riesgos y la estimación del impacto de estos en los objetivos comerciales. De esta manera, la gestión de riesgo deja de ser un ejercicio teórico y formal y pasa a ser una herramienta de gestión estratégica.

El autor es profesor de Gestión del Riesgo en IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de enero del IAE, Escuela de Negocios de Universidad Austral

La deuda de la Administración pública está compuesta por obligaciones tanto en pesos como en monedas extranjeras, principalmente en dólares. Cuando se expresa el stock total en dólares, cualquier fluctuación de los tipos de cambio altera la medición (aun cuando no se haya emitido nueva deuda o pagado amortizaciones).

Como se observa en los datos publicados por la Secretaría de Finanzas, la deuda en diciembre de 2023 ascendía a USD 368.225 millones, compuesta en un 28% por deuda en pesos y un 72% en moneda extranjera.

Al cierre de 2025, la participación de la deuda en moneda nacional subió. Esta variación responde a que como gran parte de esa deuda en pesos es ajustable por inflación o capitaliza intereses a una tasa real generalmente positiva, y la inflación evolucionó por encima del tipo de cambio, el peso relativo de esa deuda sobre el total aumentó al ser expresada en dólares.

Un indicador más adecuado para analizar la evolución del endeudamiento es la deuda en relación al PBI, que permite limpiar la volatilidad cambiaria, aunque no está exento de distorsiones. En contextos de corrección cambiaria como el ocurrido en diciembre de 2023, esa proporción puede dar un salto abrupto: la deuda en moneda extranjera aumenta instantáneamente al expresarse en pesos al nuevo tipo de cambio mientras que el PBI tarda en corregirse ante el nuevo escenario.

Este fenómeno genera una sobreestimación inicial que se corrige en los meses siguientes. Esa proporción dio un salto en diciembre de 2023, pasando de 95,8% del PBI al cierre del trimestre anterior al 154,7%, producto del sinceramiento del tipo de cambio oficial (que es el utilizado por la Secretaría de Finanzas para calcular las estadísticas de la deuda pública). Recordemos que antes de esta normalización, el dólar mayorista se mantenía en niveles ficticios alejados de la realidad, con una brecha superior al 170%, subestimando el peso real de los pasivos sobre el PBI.

Por ello, la relación no debe analizarse como una cifra estática aislada, sino que representa una trayectoria dinámica. A pesar del techo alcanzado en diciembre de 2023, el indicador mostró una reducción sostenida y constante durante toda la gestión hasta alcanzar el 75,8% al finalizar 2025, lo que prueba una mejora en el proceso del endeudamiento. Superado el efecto inicial luego de la normalización cambiaria, la evolución posterior evidencia una tendencia de compresión.

Realizamos una simulación, donde el tipo de cambio acompaña linealmente a la evolución de la inflación, muestra que la tendencia de la relación deuda/PBI se mantiene descendente. Esto demuestra que la trayectoria a la baja no fue producto de un efecto contable.

Bajo la premisa de déficit fiscal cero, el PBI nominal creció por encima de la dinámica de la deuda, en un escenario donde no hubo emisiones netas para financiar el gasto corriente. La variación más significativa del stock fue consecuencia del proceso de saneamiento de la hoja de balance del Banco Central (BCRA), en el que el Tesoro asumió la carga de sus pasivos remunerados que alimentaban la inflación.

Para comprender por qué el stock total de la deuda expresado en dólares puede mostrar variaciones que no reflejan lo que realmente ocurre con la deuda, resulta necesario desagregar el análisis según moneda de pago de los compromisos: por un lado, la deuda pagadera en pesos, expresada en pesos; por otro, la deuda pagadera en moneda extranjera, medida en dólares.

Esta distinción permite observar la evolución propia de cada componente reduciendo las distorsiones de valuación.

Si se observa la deuda pagadera en moneda local expresada en pesos, se percibe un incremento nominal que no es resultado de déficit. El aparente incremento de la deuda es el reflejo del traslado de los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro, que no implica la colocación de nueva deuda.

Al considerar únicamente las obligaciones del Tesoro, es decir, la deuda pública de la Administración Central, excluyendo las contraídas por el BCRA parece que hubo nuevo endeudamiento durante el traspaso, cuando lo que ocurrió fue un proceso de saneamiento del balance del ente monetario.

Este proceso comenzó en mayo de 2024 con la emisión de Letras del Tesoro capitalizables (Lecap), a cambio de las Letras de Liquidez (Leliq) emitidas previamente por el Banco Central. Se transformó una deuda que generaba emisión e inflación en deuda del Tesoro respaldada por el superávit fiscal. El traspaso no implicó nuevas obligaciones para el sector público consolidado (Tesoro más BCRA), sino que las hizo explícitas, eliminó el déficit cuasifiscal y puso fin a la emisión endógena que alimentaba la inflación.

Otro hito fundamental en el saneamiento del balance del Banco Central fue la implementación de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) en julio de 2024. Con una emisión inicial de $20 billones, este instrumento permitió que el Tesoro asumiera el costo financiero de la esterilización que antes recaía en la autoridad monetaria, eliminando así una de las fuentes principales de emisión endógena. El proceso culminó un año después, en julio de 2025, cuando se dispuso el canje del stock total de las LEFI por una canasta de títulos públicos.

Esta transición significó el pasaje de un esquema de remuneración automática de saldos diarios hacia instrumentos de mayor plazo, consolidando el objetivo de transferir definitivamente al Tesoro la responsabilidad del costo de la política monetaria.

Como resultado, la variación neta de la deuda en pesos durante el período de enero de 2024 a diciembre de 2025 fue de $195 billones. El 68% de este incremento, $132 billones, respondió exclusivamente a ajustes de valuación ($125 billones de la deuda que ajusta por inflación y $7 billones de ajustes por tipo de cambio de la deuda denominada en dólares que paga en pesos). El 32% restante, $63 billones, se explicó por aumentos en el stock por emisiones y capitalización de intereses por un total de $537 billones y disminuciones por cancelaciones de capital (amortizaciones, bajas por canjes y recompras) que totalizaron $475 billones.

Adicionalmente, la estrategia de financiamiento permitió que el excedente captado en las licitaciones primarias de las nuevas Letras del Tesoro, por sobre los vencimientos del período, se transformara en un mecanismo adicional de saneamiento monetario. Estos excedentes de pesos fueron depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA, retirando pesos de circulación.

El Tesoro utilizó parte de esos fondos para comprar divisas destinadas al pago de compromisos en moneda extranjera, y también para recomprar títulos del Tesoro que se encontraban en la cartera del Banco Central.

Estas operaciones resultaron en el doble efecto de retirar pesos de circulación en la economía y dar de baja dichos títulos de los registros de la deuda pública, disminuyendo así el stock y la carga de intereses futuros. Este mecanismo continúa hasta el día de hoy.

Por el lado de la deuda en moneda extranjera, en los primeros dos años de gestión del gobierno de Javier Milei se muestra un desendeudamiento equivalente a USD 2.841 millones.

Al analizar los principales flujos de deuda, extraídos de las publicaciones de la Secretaría de Finanzas y de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), se observan operaciones de gran magnitud que, en la mayoría de los casos, se compensan entre sí. Esto responde a una estrategia de gestión de pasivos y saneamiento del balance del BCRA, por lo que el efecto sobre el stock de la deuda es prácticamente neutro.

A lo largo del período se identifican tres momentos de variaciones significativas en el stock:

1. Febrero de 2024: el Tesoro recompró bonos en dólares en poder del BCRA por USD 7.596 millones que salieron de circulación, financiados con el excedente de pesos de las licitaciones de títulos públicos, tras saldar los vencimientos correspondientes. Además, se cancelaron obligaciones contingentes con la CAF por USD 960 millones, que habían sido utilizados por la gestión anterior para cubrir vencimientos con el FMI.
2. Abril de 2025: tras alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI, se recibió un primer desembolso por aproximadamente USD 12.000 millones, por lo que el stock de la deuda en moneda extranjera aumentó en dicho mes. Continuando con la estrategia de saneamiento del Banco Central, en mayo, el Tesoro recompró con esos fondos Letras intransferibles del BCRA por USD 13.617 millones, lo que no solo compensó el aumento inicial, sino que la operación en su conjunto resultó en una disminución neta del stock de la deuda. Algo similar ocurrió con el segundo desembolso recibido en agosto del mismo año. Las Letras intransferibles al BCRA se emitieron originalmente entre 2010 y 2015 como mecanismo para captar reservas a cambio de títulos sin valor de mercado, que no se pueden vender y con rendimientos prácticamente nulos. Además, al estar valuadas a valor técnico en el balance del Banco Central, y no a precio de mercado, incrementaban ficticiamente las ganancias de la autoridad monetaria, lo que permitía justificar contablemente el giro de utilidades al Tesoro, es decir, más emisión. Actualmente, las letras vigentes ya no se contabilizan a valor técnico en el balance.
3. Diciembre de 2025: hubo dos canjes de tenencias del BCRA de títulos públicos en pesos a cambio de bonos en dólares (Bonar AL35 y AE38) por USD 8.534 millones. Las operaciones produjeron un cambio de composición del stock de deuda por moneda: disminuyó la deuda en pesos y aumentó la deuda en dólares, pero el efecto neto sobre el stock total fue nulo.

Otros movimientos relevantes del período incluyeron las amortizaciones de enero y julio de los bonos en Bonares y Globales en dólares y euros, y las renovaciones al vencimiento de Letras del Tesoro intransferibles al BCRA de enero de 2024, que no implicaron una variación significativa del stock, entre otras. El stock expresado en dólares también se vio afectado por un ajuste de valuación.

Dado que parte de la deuda en moneda extranjera está denominada en Derechos Especiales de Giro (DEG), la fluctuación de la canasta de DEG frente al dólar impacta en la valuación, lo que durante el período generó un incremento en el stock de la deuda medida en dólares por USD 877 millones, sin que ello implique nuevo endeudamiento.

Como resultado del conjunto de estas variaciones, el stock de la deuda en moneda extranjera disminuyó en USD 2.841 millones.

En suma, a pesar de que se evidencia un aumento nominal del stock de la deuda pública medida en dólares, los datos muestran que no hubo un proceso de endeudamiento para financiar desequilibrios fiscales, sino una reorganización de los pasivos del sector público en un marco de equilibrio fiscal.

La trayectoria descendente de la relación Deuda/PBI y el saneamiento del Banco Central reflejan una mejora en la solvencia del Estado y un cambio estructural en la forma de administrar la deuda pública, en un contexto de déficit fiscal cero.

El autor es economista, diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza La Pampa; la autora es economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

La nueva legislación laboral que sancionaron Diputados y Senadores busca actualizar la regulación de las relaciones laborales, que acumula varias décadas sin cambios significativos, incluso desde el retorno de la democracia.

La rigidez de la normativa laboral anterior, junto con los altos costos de contratación y la incertidumbre legal, se consolidó como un freno para la creación de empleo formal en la economía.

Desde 2011, el empleo privado asalariado registrado permanece estancado en torno a los seis millones de trabajadores, mientras que en ese mismo período el empleo público creció más de 36%, alcanzando un pico de tres millones y medio de asalariados estatales a fines de 2023.

Los datos muestran un contraste aún mayor al observar que entre 2011 y 2025, la población creció casi 15%, mientras que el empleo privado registrado no mostró incremento. En ese lapso, solo aumentaron el trabajo informal, el monotributo y el empleo público.

En números concretos, desde 2011 a la fecha la creación de empleo en la economía fue de 4 millones, de los cuales 2,1 millones corresponden a la informalidad, 900.000 al monotributo y 800.000 a empleados públicos.

Frente a este escenario, la reforma laboral propone modificar los incentivos que desalientan la contratación formal. La nueva ley legitima y generaliza prácticas habituales, como el fraccionamiento de vacaciones o los mecanismos de compensación horaria, que ya se acordaban voluntariamente entre empresas y trabajadores.

Un punto central del nuevo marco laboral es reducir la incertidumbre vinculada a la litigiosidad laboral.

Solo en 2025, se iniciaron más de 108 mil juicios laborales y se dictaron sentencia en unos 100 mil, quedando un stock de 310 mil causas judiciales abiertas en el fuero laboral.

El elevado riesgo derivado de la imprevisibilidad de las condenas laborales ha funcionado como un factor que desalienta la formalización, especialmente en pequeñas y medianas empresas. De todos los juicios iniciados en 2025 contra el sector privado, 32% afectó a empresas con más de 500 empleados, mientras que el 68% restante impactó en firmas de menor tamaño.

Para las pyme, el riesgo judicial es un componente relevante del costo de contratación.

La reforma aborda la imprevisibilidad judicial mediante dos mecanismos: definir la base indemnizatoria y sus provisiones, y establecer reglas claras de actualización y costas procesales.

La ley determina que solo la remuneración mensual y habitual integra la base para calcular indemnizaciones por despido, excluyendo del cómputo el aguinaldo, las vacaciones, los premios o bonos no mensuales y las propinas, entre otros conceptos.

Uno de los pilares del nuevo esquema laboral es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya función es facilitar la provisión de fondos para afrontar el pago de indemnizaciones. El FAL estará compuesto por cuentas de capitalización individual específicas por empresa, y se financiará con un aporte mensual obligatorio del 1% sobre la masa salarial para grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas. La comisión por administración de los fondos no podrá superar el 1 por ciento.

Esta obligación no supondrá un mayor costo para el empleador, ya que será compensada con una reducción equivalente en las contribuciones patronales al sistema previsional, manteniendo así el costo laboral neutral para la plantilla vigente.

El FAL no sustituye el régimen habitual de indemnización, pero brinda previsión financiera para amortiguar el impacto de los despidos, especialmente para empresas de menor tamaño.

La norma elimina la discrecionalidad de los juzgados al actualizar montos en caso de litigio, estableciendo como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec, más un interés simple del 3% anual.

Para evitar que el proceso judicial se convierta en negocio para abogados o peritos, la responsabilidad por honorarios y costas no podrá superar el 25% del monto de la sentencia. Además, si se detecta una sobreestimación evidente de los montos reclamados, las costas recaerán sobre la parte demandante y su representante legal.

Para las mipyme, la nueva ley otorga la posibilidad de cancelar sentencias condenatorias en hasta 12 cuotas mensuales, mientras que las grandes empresas tendrán un máximo de 6 cuotas.

El proyecto también atiende el costo laboral combinado con la dificultad de generar empleo registrado. El instrumento central es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que prevé una reducción de los aportes patronales durante 4 años para cada nuevo empleo generado en el primer año de vigencia de la ley.

Durante ese plazo, la suma de los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen de Asignaciones Familiares se reduce desde 16,1% total al 2%, mientras que el aporte al Inssjp pasa de 1,5% a 3 por ciento.

Este esquema establece una reducción de 10,1 puntos porcentuales en las contribuciones patronales sobre el salario bruto durante 48 meses para las nuevas contrataciones, lo que representa un ahorro cercano al 43% respecto a la carga contributiva previa, excluyendo costos variables de ART y aportes sindicales.

También se crea, por seis meses, un Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), para incentivar la regularización de relaciones laborales no registradas previas a la promulgación. El PER contempla una condonación mínima del 70% de deudas por aportes e intereses, la extinción de acciones penales y sus multas, y el reconocimiento de hasta 60 meses de aportes previsionales para el trabajador.

La nueva legislación introduce modificaciones en la regulación sindical. Si bien no se avanzó sobre la eliminación de los aportes sindicales “solidarios”, se establece un tope del 2% de la remuneración, y para su deducción se exigirá el consentimiento expreso del trabajador no sindicalizado.

El cambio estructural más relevante es la prioridad del convenio gremial por empresa, por encima de los convenios colectivos sectoriales. De esta forma, un convenio intraempresa adecuado a la realidad económica de la firma tendrá prevalencia, incluso si el convenio sectorial es más favorable al trabajador.

Junto con la regulación de las asambleas sindicales, la penalización de acciones extremas como bloqueos o destrucción de bienes empresariales y el establecimiento de coberturas mínimas en servicios esenciales, la ley fija límites precisos al accionar de los sindicatos nacionales.

La ley aborda la alta informalidad laboral, que tiene su origen tanto en costos laborales directos como en la incertidumbre jurídica. Los regímenes FAL, RIFL y PER incentivan la formalización y la regularización del empleo no registrado, mientras que el Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI), incorporado en la misma norma, complementa estos objetivos.

El RIMI ofrece beneficios fiscales a partir de inversiones por USD 150.000 para microempresas y, junto con los demás regímenes, actúa como motor para el crecimiento del empleo registrado. A su vez, se apoya en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ya cuenta con más de USD 25.000 millones en inversiones aprobadas.

La norma busca así actualizar un marco legal que quedó desactualizado, promoviendo la formalización del empleo y fijando un esquema más previsible para empresas y trabajadores.

El autor es Analista económico y financiero de Econométrica y miembro de Fundación Apolo