El debate por la reforma laboral que se discute en el Congreso incluyó un artículo en la Ley de Impuesto a las Ganancias que establece un régimen especial para extranjeros que obtienen la ciudadanía argentina por inversiones relevantes en el país.

Esta modificación, parte del nuevo paquete legislativo, determina que estas personas no serán consideradas residentes fiscales únicamente por su naturalización, lo que genera interrogantes entre tributaristas que sospechan que la medida podría estar dirigida a beneficiarios concretos.

La semana pasada, la Cámara de Diputados abordó el proyecto de reforma laboral y el diputado de Unión por la Patria, Guillermo Michel, expuso el esquema normativo propuesto para quienes acceden a la ciudadanía a través de inversiones. De acuerdo con el artículo 194, la Ley de Impuesto a las Ganancias incorpora un agregado en el artículo 116: se aclara que las personas humanas extranjeras que obtienen la ciudadanía argentina por naturalización, gracias a inversiones relevantes, no serán consideradas residentes fiscales solo por ese motivo.

La norma precisa que, a efectos exclusivos del inciso b) del artículo 116, los extranjeros que adquieren la ciudadanía mediante inversiones continuarán siendo considerados de nacionalidad extranjera, salvo que ya fueran residentes permanentes al momento de obtener la ciudadanía. Así, se introduce una excepción en el tratamiento fiscal que, hasta ahora, equiparaba el estatus de los naturalizados con el de los ciudadanos nativos.

Noelia Girardi, gerente de Lisicki, Litvin & Abelovich, aportó una visión técnica. En diálogo con Infobae, Girardi explicó: “La norma establece que esa naturalización no implica, por sí sola, que la persona pase a ser considerada residente fiscal en Argentina”. Según la especialista, “tener ciudadanía argentina no significa automáticamente tener que tributar como residente. La residencia fiscal sigue dependiendo de otros criterios, como la permanencia en el país por más de 12 meses, y no del simple hecho de haberse naturalizado”.

El concepto de residencia fiscal resulta central para determinar la extensión de las obligaciones tributarias. En Argentina, los residentes fiscales tributan bajo el criterio de renta mundial, es decir, deben declarar y pagar impuestos por las ganancias obtenidas tanto en el país como en el exterior; los no residentes solo tributan por rentas de fuente argentina. Girardi advirtió: “Si la obtención de la ciudadanía implicara automáticamente adquirir residencia fiscal, un inversor podría quedar obligado a tributar por la totalidad de sus ingresos globales”.

La modificación, según la gerente de Lisicki, Litvin & Abelovich, “aporta previsibilidad y evita que la naturalización por inversión genere, en forma automática, una carga fiscal más amplia. De este modo, se fomenta y promueve la inversión extranjera, dado que quienes no configuren residencia fiscal seguirán tributando únicamente por lo que generen en Argentina”. Para la especialista, “este tipo de normativas contribuye a mejorar la competitividad dando claridad y certeza ante futuras inversiones”.

El texto del proyecto establece en su primer párrafo que “las personas humanas extranjeras que hubieran obtenido la ciudadanía argentina por naturalización en virtud de haber realizado inversiones relevantes en el país, en los términos del inciso 2 del artículo 2° de la Ley de Ciudadanía N° 346 y sus modificaciones, no serán consideradas residentes fiscales en los términos del inciso a) del presente artículo por el solo hecho de dicha naturalización”.

En el segundo párrafo aclara que, para la aplicación del inciso b), esas personas serán consideradas de nacionalidad extranjera. Solo recibirán la condición de residente fiscal quienes ya fueran residentes permanentes al momento de obtener la ciudadanía por inversión.

Martín Caranta, socio del departamento de impuestos del mismo estudio de Girardi, manifestó ciertas reservas: “Es raro. Sinceramente, no termino de entender qué fin tiene esa modificación. Lo que hace es demorar que tributen en Argentina como sujetos residentes. Es decir, por las ganancias del país y del exterior. Van a ser residentes fiscales cuando cumplan los 12 meses en el país”.

El debate se amplía con el aporte de Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios. El especialista detalló que, hasta ahora, si la persona es residente fiscal, tributa Ganancias por rentas en el país y en el exterior, mientras que los no residentes solo tributan por rentas de fuente argentina. Así, una persona de nacionalidad argentina naturalizada pasa a ser residente fiscal por obtener la ciudadanía. Pero con el cambio propuesto, podría perder la condición de residente fiscal si permanece doce meses en el exterior.

Domínguez describió el nuevo régimen: “Por el solo hecho de pasar a ser ciudadano argentino por naturalización, por haber realizado una inversión relevante, deja de estar en el inciso a) del artículo 116, deja de considerarse como si fuera un nacional argentino. Estas personas que se naturalizaron por inversión relevante, encuadran en el inciso b) y van a ser residentes fiscales si estuvieron 12 meses en el país. No es que estén exentos del impuesto a las Ganancias; ese extranjero que obtiene la ciudadanía argentina por naturalización o inversión relevante, lo que puede pasar es que no sea considerado residente y solo tributaría por la fuente de renta argentina y no las que tiene en el exterior”.

El CEO de SDC Asesores Tributarios ilustró el impacto del cambio con un ejemplo: “Podrías tener un argentino que tiene vivienda permanente en el país. Está del 1° de enero al 15 de agosto viviendo acá, y se va del 16 de agosto a fin de año a Estados Unidos, donde tiene otra propiedad. Esa persona, a los fines del impuesto a las Ganancias, es residente fiscal argentino. En cambio, supón un estadounidense que viene a la Argentina, obtiene la ciudadanía por naturalización. Hoy, es igual que si fuera un argentino nativo, sería residente fiscal argentino”.

Con la nueva normativa, esa persona sería considerada como extranjera a efectos fiscales. Si está en Argentina del 1º de enero al 15 de agosto y luego pasa el resto del año en Estados Unidos, no se lo consideraría residente fiscal argentino. Domínguez concluyó: “No hay duda de que ahí hay un tratamiento disímil, pero el objetivo de esto es fomentar las inversiones”.

De acuerdo con Domínguez, el nuevo marco legal apunta a incentivar que personas humanas extranjeras realicen inversiones relevantes para obtener la ciudadanía argentina por naturalización, sin que ello implique automáticamente tributar por sus rentas globales. Así, estos inversores solo pagarían impuesto a las Ganancias por las rentas generadas en Argentina, siempre que no permanezcan 12 meses en el país.

La reforma laboral y su vínculo con el régimen fiscal para inversores extranjeros provoca posiciones encontradas en el sector tributario, entre quienes valoran la previsibilidad y la promoción de inversiones, y quienes observan interrogantes sobre el alcance y la equidad del nuevo esquema.

El Ministerio de Economía oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA. La medida fue adoptada a través de la resolución 174/2026, una semana después de que el titular de la cartera Económica, anunciara la fase “B” de la Etapa II.

Esta iniciativa también comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

La Secretaría de Transporte tuvo a su cargo la propuesta de tramos de la red vial nacional a concesionar, la verificación del estado actual de los mismos y la elaboración de la documentación licitatoria y contractual. Los tramos comprendidos en esta etapa incluyen segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016.

También se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, los Formularios de Cotización, el Modelo de Contrato, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a cada tramo. Toda la documentación puede ser consultada y descargada por los interesados en la plataforma CONTRAT.AR. ( y hay tiempo hasta el “04/05/2026 a las 13:00 horas”.

En tanto para la presentación de las ofertas, la fecha límite es el 18 de junio, al mediodía.

La resolución detalla que “el llamado a licitación será publicado en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía por el término de siete (7) días, y en el sitio web del Banco Mundial denominado ‘DGMARKET’ por el término de tres (3) días corridos”. Para el procedimiento, el Gobierno ordenó la creación de una Comisión Evaluadora ad hoc, la cual estará integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, que ya fueron designados.

La semana pasada se lanzó una nueva licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias, correspondiente a la Etapa II-B. Así lo anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien especificó que la convocatoria es de alcance nacional e internacional y comprenderá cuatro corredores estratégicos. “Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, afirmó.

El proyecto sustituye al esquema deficitario vigente por un modelo sin subsidios, enfocado en, según lo mencionado por Caputo, alegando “más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”. Las obras se ejecutarán en la rutas nacionales 8, 33, 35, 36, 188, 193 y en los accesos A005 y A008, además de las 7, 9 y 12 que se mencionan también en la nueva resolución.

La fase II-B cubrirá Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis y estará dividida en cuatro tramos: el tramo Mediterráneo, de 672 kilómetros, que conecta el centro productivo del país; el tramo Puntano, de 720 kilómetros, definido como corredor de integración interprovincial y carga de larga distancia; el tramo Portuario Sur, que incluye 637 kilómetros hacia accesos portuarios y nodos logísticos; y el tramo Portuario Norte, de 528 kilómetros, orientado a fortalecer la conectividad con polos industriales y portuarios del centro del país.

Al igual que el reciente lanzamiento, la fase II se enmarca en el Proyecto Red Federal de Concesiones, que prevé la gestión de la operación y mantenimiento de los corredores viales por parte del sector privado. En su conjunto, prevé la concesión demiles de kilómetros de rutas nacionales, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva.

En la publicación en X, Caputo remarcó que la Etapa II-B se desarrollará bajo un esquema“sin subsidios”, con mayor competencia entre oferentes y reglas orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión vial.

La aprobación del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, aunque con la quita del artículo 44° sobre las licencias médicas, generó una serie de respaldos públicos por parte de los principales referentes del sector empresarial.

Diversas entidades expresaron su acuerdo con la medida y subrayaron la necesidad de que el Senado trate la propuesta para convertirla en ley. Los dirigentes remarcaron la importancia de la baja de contribuciones patronales, la previsibilidad para la contratación de personal y la inclusión de incentivos para inversiones.

Si bien la Cámara Argentina de Comercio (CAC) es miembro del Grupo de los 6 (G6) y ya habían emitido un comunicado conjunto en las últimas horas, la entidad que preside Mario Grinman volvió a sacar un parte de prensa este viernes, en el que señaló que la media sanción de la iniciativa representa un paso relevante hacia la generación de condiciones más favorables para el empleo formal.

Según precisó, la reducción en los costos de contratación derivada de la baja de contribuciones patronales actúa como estímulo para la creación de puestos de trabajo, en especial en el sector formal. Además, destacó la incorporación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo pensado para cubrir los costos de eventuales desvinculaciones laborales, lo que podría alentar la incorporación de nuevos empleados sin los riesgos e incertidumbres previos.

Grinman valoró que la norma aporte mayor certidumbre para los empleadores, ya que ahora se podrán conocer de antemano los costos asociados a la extinción de un vínculo laboral y las tasas aplicables sobre eventuales créditos. Sostuvo que este avance elimina la discrecionalidad que existía hasta el momento, lo que beneficiará tanto a empresarios como a trabajadores. Entre los puntos resaltados por la cámara, también figuran adecuaciones al contexto actual, como la posibilidad de fraccionar vacaciones, la implementación de un banco de horas y la regulación de plataformas tecnológicas.

En su declaración, Grinman afirmó: “El resultado es positivo. Se han contemplado observaciones que desde el sector representado señalamos con claridad y fundamento”. De todos modos, subrayó que el cambio normativo debe complementarse con una macroeconomía estable: “Sabemos que no existe magia y que una norma por sí sola no bastará para resolver males que los argentinos arrastramos desde hace décadas. Pero sin dudas es un paso muy importante en la dirección correcta”. En este sentido, mencionó avances en las variables fiscales y monetarias durante los últimos dos años y manifestó su confianza en que el proceso de ordenamiento continuará.

El titular de la cámara también resaltó la importancia de las negociaciones colectivas, señalando que debe primar la mesura y la inteligencia en los diálogos entre empresarios y trabajadores. Pidió dejar de lado posturas radicalizadas de grupos minoritarios, ya que, según su visión, solo generan perjuicio para el conjunto. Valoró el rol de cámaras y sindicatos nacionales con experiencia en la resolución de conflictos y la profesionalización de los equipos que los componen.

Por su parte, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) valoró el avance del tratamiento legislativo y subrayó la importancia de que el proceso culmine con la sanción definitiva de la norma. Desde la entidad señalaron que comparten el objetivo de actualizar el marco normativo para fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad de los sectores productivos. Además, remarcaron el papel central de la industria de alimentos y bebidas como uno de los principales empleadores formales del país, con presencia en todo el territorio nacional.

Copal consideró que la reforma representa un componente necesario dentro de una agenda más amplia que también debe contemplar mejoras en tributos, logística y costos estructurales. Para la entidad, estos cambios son fundamentales para fortalecer la capacidad exportadora y garantizar la sostenibilidad de las empresas del sector. La organización también destacó el valor de los espacios de diálogo institucional que enriquecieron el debate parlamentario y reafirmó su disposición a seguir trabajando hacia consensos duraderos.

También el Consejo Agroindustrial Argentino celebró, vía redes sociales, la aprobación en Diputados de la norma de modernización y del capítulo correspondiente al Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI). El organismo remarcó que la norma incorpora elementos clave para alentar nuevas inversiones en el sector agropecuario y detalló que la posibilidad de invertir en riego agrícola y ganadería, junto con la habilitación de computar el IVA para industrias avícolas o porcinas, representa un avance para la actividad.

El Consejo anticipó que continuará trabajando para que los nuevos instrumentos legales incluyan beneficios para el resto de las empresas del agro y que la reglamentación traduzca en hechos los cambios legislativos, tanto en el plano laboral como en materia de inversiones.

Por su parte, el G6, compuesto por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), había difundido su posición antes del debate parlamentario.

En su mensaje, el G6 había reafirmado la necesidad de avanzar hacia una reforma laboral moderna que promueva la creación de empleo registrado, brinde previsibilidad y contribuya a mejorar la competitividad del sector productivo. Las cámaras convocaron a los dirigentes políticos y sindicales a construir acuerdos que permitan reducir la informalidad y fortalecer el desarrollo nacional. A su vez, remarcaron su disposición a participar en conversaciones y a buscar soluciones viables para el mercado laboral y el aparato productivo.