En medio de la polémica, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió a los funcionarios, varios pertenecientes al Palacio de Hacienda, que tomaron créditos hipotecarios del Banco Nación. Consideró que no hubo ninguna irregularidad y que incluso él mismo los incentivó a gestionar los préstamos.

Entre los funcionarios involucrados se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor de Caputo, quien mantiene una deuda inicial de $373.000.000 (unos USD 315.000) desde febrero de 2025, así como Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, que registra un crédito de $367.059.000 (USD 280.787) desde agosto de 2025.

“Los tomaron por recomendación mía. Yo le sugiero a todo el mundo que acceda a créditos hipotecarios porque considero que es una oportunidad única. En primer lugar, porque beneficia al país: el desarrollo del crédito hipotecario ha sido un motor de reactivación fundamental, incluso el más importante”, consideró el ministro.

“Además, es la mayor justicia social: ¿qué es más justo para alguien que tiene trabajo que tener su casa y no tener que esperar 40 años a ver si eventualmente puede ahorrar lo suficiente para pagarla cash?“, dijo en diálogo con LN+.

Caputo sostuvo que después las propiedades van a subir de precio y su consejo es apurarse y sacar un crédito hipotecario. “Hay sobre stock, entonces las propiedades no han subido tanto. Es una mega oportunidad”.

“En cuanto a los chicos, no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral. Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”, manifestó Caputo en relación a Núñez, Furiase y otros funcionarios que tomaron préstamos hipotecarios en el Banco Nación.

Asimismo, aseguró que “las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”.

“Federico Furiase, de hecho, fue a una sucursal y lo sacó como un ciudadano común, y todos han hecho lo mismo”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Dijo que “es absolutamente normal que los pidan en el Banco de Nación ya que nosotros, como funcionarios, cobramos en la entidad”.

“Si más funcionarios públicos pudieran sacar créditos, vayan y saquen, todos los que puedan, la gente común, cualquiera. Se lo recomendaría a todos”, remarcó.

El ministro señaló que el banco otorgó más de 27.000 préstamos y que los casos relacionados con funcionarios corresponden a “menos del 0,2%”.

Al mismo tiempo, hizo referencia a Leandro Massaccesi, reciente ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. El funcionario fue apartado luego de que se conociera que también había tomado un crédito en el Banco Nación, pero Caputo contó que ese no fue el motivo de su desplazamiento.

“Sandra me llamó para aclararme que no tuvo nada que ver con eso. De hecho, me dijo ‘tengo otros funcionarios que tienen crédito’”, relató.

Otros nombres que figuran en los registros como tomadores de préstamos hipotecarios en el Nación son Emiliano Mongilardi, director de YPF, con un crédito de $309.507.000 (equivalente a USD 207.766); y los diputados libertarios Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, quienes presentan deudas que oscilan entre $230 millones y casi $280 millones.

Noticia en desarrollo

Víctor Fera, dueño de los supermercados Maxiconsumo y fabricante de los productos de la marca Marolio, asegura que ahora sí. Los proveedores están marcando nuevas listas de precios con incrementos de precios por encima del promedio de los últimos meses por efecto de la guerra y la suba de los combustibles.

Los ajustes llegarán a las góndolas de las cadenas de supermercados y de los comercios minoristas en los próximos días.

Los ajustes no son desproporcionados, en relación con la dinámica inflacionaria argentina, pero sin dudas provocarán una nueva caída en el poder de compra de los asalariados.

Alerta inflación: dónde se ven los principales aumentos

Entre los productos finales, al menos a la hora de hablar de los alimentos, los incrementos se observan en los aceites, con alzas promedio de entre 5% y 7%. En este rubro ya hubo ajustes tanto en febrero como en marzo últimos, cuando los efectos de la guerra todavía no estaban en la calle.

También hay aumentos en el rubro lácteos, también en torno del 5% al 7% dependiendo los distintos artículos.

Y en general en los productos de almacén, con harinas y subproductos (con galletitas, tapas de empanadas y para tartas a la cabeza), con subas de hasta 10 por ciento.

En general, las principales fábricas de alimentos persiguen la siguiente lógica: los mayores aumentos se aplican sobre los productos más premium, evitando hacerlo en los artículos más masivos. Y de menor margen de ganancia.

Así, por ejemplo, hay ajustes en los paquetes de fideos saborizados o con aditivos. O en variedades más costosas de realizar, como los moños. Y no en los más populares.

En su diálogo con iProfesional, el empresario Fera mencionó que los márgenes de utilidades de las empresas alimenticias se encuentran en mínimos históricos. Algo que revalidan fabricantes del sector, que hablan pidiendo el anonimato.

Los otros aumentos, más allá de los alimentos y la nafta

La suba del 22% en el precio de los combustibles en todo el país durante marzo es un costo imposible de eludir para los fabricantes.

«El problema es que no fue sólo el combustible», refuerza Fera.

En los últimos días hubo alzas en el polietileno -de hasta 17%-, en los envases de cartón, de hasta 15%, y en la urea de hasta 40%.

El director de una de las alimenticias líderes del país se sincera, en diálogo con iProfesional: «Los precios de los combustibles serán imposibles de disimular. Lo único que impide un traslado directo y rápido es que la demanda sigue muy floja, y nadie quiere perder mercado».

¿La inflación de abril bajará del 3%?

Hasta ahora, la mayoría de las consultoras económicas preveían un mes de abril más flojo en relación a la inflación proyectada.

Tanto Orlando Ferreres como Eco Go y EconView, por caso, observaban un índice por debajo del 3%. Básicamente por la tranquilidad cambiaria y la estabilidad en el mercado de las carnes.

La anunciada suspensión de los aumentos por 45 días en los surtidores iba en el mismo sentido de mayor calma en la dinámica inflacionaria.

Sin embargo, habrá que esperar a las próximas semanas para tener más certezas sobre la ola de aumentos en las góndolas, como efecto de las subas de los combustibles y en el impacto de segunda vuelta en los sectores dependientes.

Efecto cascada: cuáles son los sectores más castigados

Está claro que en una economía con alta sensibilidad al movimiento de los precios, el costo de la energía funciona como un nervio expuesto que recorre toda la estructura productiva.

Los recientes ajustes en los surtidores empiezan a generar una reacción en cadena en diversos sectores clave.

Según un reciente informe de la consultora Eco Go, la incidencia del combustible varía drásticamente según la actividad, pero en los rubros logísticos llega a representar una quinta parte del costo total.

Como era de esperarse, el servicio de transporte automotor lidera el ranking de exposición con un share de combustible del 20,6%.

Esto explica por qué cualquier movimiento en la pizarra de las estaciones de servicio se traslada de forma casi inmediata a las tarifas de fletes y, por carácter transitivo, al precio final de los bienes de consumo masivo que llegan a las góndolas.

Apenas un escalón por debajo se encuentra el transporte por vía aérea, con una incidencia del 20,15%.

En un contexto de revisión de subsidios y búsqueda de rentabilidad, las aerolíneas enfrentan el desafío de absorber estos costos o trasladarlos a pasajes, impactando directamente en el turismo y el transporte corporativo.

Sin embargo, el impacto no se limita al traslado de mercaderías.

El relevamiento de Eco Go destaca que rubros como las construcciones agropecuarias (13,26%) y a la fabricación de gases comprimidos y licuados (12,47%), que registran una dependencia estructural muy alta del valor de los combustibles.

Incluso la generación y distribución de energía eléctrica muestra un share del 11,15%, lo que evidencia que el aumento de los combustibles líquidos termina presionando la matriz energética nacional.

En el sector primario y la industria pesada, los números también son elocuentes. La pesca (5,68%), el transporte ferroviario (6,92%) y la eliminación de desperdicios (6,59%) sufren el impacto de forma directa.

En un nivel moderado, pero no despreciable, aparecen la fabricación de plásticos (4,0%) y la elaboración de productos de pescado (3,43%), demostrando que la energía es un insumo transversal que condiciona la competitividad de toda la cadena de valor argentina.

Tras la quiebra de Plunimar, la empresa que operaba el ex Aquarium Mar del Plata, decretada el pasado 20 de febrero, se abrió una fuerte controversia por el destino de los 66 animales que permanecen bajo resguardo judicial en el predio ubicado junto al Faro de Punta Mogotes.

El complejo, controlado por la multinacional mexicana The Dolphin Company, había cerrado sus puertas el 31 de marzo de 2025, luego de que fracasaran las negociaciones para renovar el alquiler del terreno. Desde entonces, el futuro de las especies quedó atado a la instancia judicial y a las regulaciones ambientales.

Hoy, dentro de las instalaciones permanecen un total de 66 animales, de los cuales 56 son pingüinos magallánicos, dos pingüinos rey, cuatro saltarrocas y cuatro lobos marinos.

Dado que la empresa está dentro de un proceso judicial, cualquier traslado —ya sea temporal o definitivo— requiere la autorización expresa del Juzgado Nacional en lo Comercial N°20, donde se tramita la quiebra de la firma.

El deterioro financiero de Plunimar se aceleró tras el cierre. Sin su fuente de ingresos principal por la venta de entradas desde marzo de 2025 y con el contrato de alquiler vencido, la empresa se declaró la cesación de pagos en enero de 2026, lo que derivó en incumplimientos salariales y una fuerte reducción de su capacidad operativa.

Poco tiempo después, el 20 de febrero de este año, la Justicia decretó la quiebra directa ante la imposibilidad de remontar la situación financiera de la empresa.

Actualmente, unos 12 trabajadores continúan en funciones, abocados exclusivamente a la alimentación, sanidad y seguridad de los animales.

El fin del contrato que desató la crisis

El conflicto del Aquarium se profundizó cuando fracasaron las negociaciones con los dueños del predio. El contrato de alquiler, vigente durante más de tres décadas -desde su fundación en 1993-, había expirado en 2022 y las renovaciones anuales se interrumpieron definitivamente en 2025. Según informó The Dolphin Company, los propietarios decidieron destinar las tierras a nuevos proyectos, lo que marcó el cierre del parque y el inicio del proceso judicial.

En ese contexto, los 66 animales quedaron judicializados como parte del activo de la empresa.

Antes de la quiebra, la compañía había intentado venderlos a instituciones de México, China y San Pablo, pero las operaciones no prosperaron por restricciones sanitarias y ambientales. El comercio internacional de fauna marina está sujeto a estrictos controles multilaterales, lo que limita este tipo de transacciones.

La situación generó también controversia por las condiciones en las que permanecen los animales. Luego de varias denuncias en las redes sociales, tanto la empresa, como el municipio aseguraron que el agua de los estanques proviene del océano y que se mantienen protocolos básicos de bienestar. Sin embargo, el destino del grupo —principalmente pingüinos y lobos marinos— dependerá de lo que defina la Justicia en las próximas semanas.

Polémica por el traslado de los animales

Al momento del cierre del tradicional parque acuático, The Dolphin Company comunicó que su intención es reubicar a “todos los animales nacidos bajo cuidado humano” en acuarios y zoológicos, tanto en el país como en el exterior. Sin embargo, estos traslados requieren autorización judicial y el cumplimiento de exigentes controles sanitarios.

El antecedente más relevante se dio a fines de 2025, cuando 10 delfines nariz de botella —Zaiko, Lara, Olivia, Isis, Aramis, Callie, Moro, Ares, Juno y Mako— fueron trasladados a un acuario en Hurgada, sobre el Mar Rojo, en Egipto.

Según consignó el medio 0223, cada ejemplar fue transportado en cajas especiales de tres metros, parcialmente llenas de agua, con asistencia de veterinarios y cuidadores durante todo el viaje.

La operación se concretó por unos USD 800.000, fondos que se destinaron al pago de salarios y al mantenimiento del resto de los animales, de acuerdo con lo que consta en el expediente judicial.