ECONOMIA
Un paro general funcional a Milei: adhesión floja, reconciliación con la base electoral y buenas noticias del exterior
En otra paradoja típica de la política argentina, el paro general convocado por la CGT le vino a Javier Milei como un alivio y no como una señal de preocupación. Primero, por la floja adhesión de la medida, algo que ya se daba por descontado debido a la actividad normal del transporte colectivo. Pero, además, porque este es el tipo de jornadas que le permiten a los «libertarios» polarizar con el kirchnerismo y revivir la mística de su base de apoyo electoral.
Entre la volatilidad de la economía y una sucesión de errores políticos, la imagen de Milei había sufrido una erosión. Una expresión elocuente de ello fue la sucesión de derrotas en el Congreso -entre las que destacaron el rechazo del Senado a los jueces de la Corte Suprema nombrados por decreto y la conformación en Diputados de una comisión investigadora por la estafa de la criptomoneda Libra-. En ese marco, el oficialismo no solamente recibió el ataque del kirchnerismo, sino también el de aliados del espacio de centro.
Por eso, un paro general convocado por una desprestigiada CGT le resultó funcional a Milei para reforzar la fidelidad de su base electoral. Le permitió, por ejemplo, al jefe de gabinete, Guillermo Francos, que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que se niegan a perder privilegios y por eso se oponen a la agenda reformista de Milei.
Es un efecto que ya se había vivido en la jornada violenta de la protesta por las jubilaciones, cuando la exhibición de fuerza de la ministra Patricia Bullrich despertó el elogio de los sectores partidarios de la «mano dura».
Y en la jornada del paro de la CGT, estaban dadas todas las condiciones como para que el gobierno saliera beneficiado: el funcionamiento normal de los colectivos y del comercio le permitían mostrar las imágenes de un día de trabajo normal.
Paro de la CGT: crisis de representatividad en el sindicalismo
Y tanto fue así que resultó indisimulable la fisura que se vive en el sindicalismo, tanto por la clásica disputa interna del poder como por la cada vez más evidente crisis de representatividad.
De hecho, el tema más comentado en los medios afines a la oposición fue la dificultad de convocar a un paro a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio.
La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen «changas» en la absoluta informalidad, lo que lleva a que el tradicional trabajo asalariado -con aportes jubilatorios y cobertura social- sea de apenas 46% del total.
Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas de los movileros de TV con la irrefutable frase de «si no voy a trabajar, no cobro el día».
Es decir, se acusa a la CGT de no haber encontrado la forma de llegar a los trabajadores de las nuevas ocupaciones de servicios derivados del cambio tecnológico, y de continuar aferrada a una agenda de derechos que representa a una porción cada vez menor del universo laboral.
Para colmo, hasta se constataron problemas en un sector altamente sindicalizado como el de los trabajadores estatales: hasta en provincias peronistas, donde el empleo público tiene peso determinante, se avisó que habría descuento para quienes adhiriesen.
Un paro de los gremios, pero con desgano
El resultado, entonces, fue el que todos preveían: paralización en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.
El propio Héctor Daer terminó admitiendo tácitamente esa situación al destacar que una victoria política de la jornada sindical había sido la paralización de Vaca Muerta, el nuevo motor de la economía nacional.
Las expresiones de los directivos de la CGT en la conferencia de prensa de evaluación eran elocuentes sobre la falta de motivos de euforia. Pero, sobre todo, el desgano que exhibieron los sindicalistas no estuvo tan provocado por la dispar adhesión, sino por la falta de convicción política que desde un inicio había marcado esta medida.
Es algo que queda claro si se compara este paro general con los dos previos. El primero se hizo en enero -una fecha inusual- y a pocos días de la asunción de Milei. El segundo en mayo, y ambos contaban con una agenda cargada de temas de peso: la reimplantación del impuesto a las Ganancias y las reformas contenidas en la primera versión de la ley Bases, que erosionaban ingresos financieros sindicales por las vías de los aportes salariales y por las obras sociales.
Es decir, había una determinación a dar una demostración de fuerza ante un gobierno recién asumido, que parecía dispuesto a tocar privilegios que datan de varias décadas. La situación deja en claro la realidad de la CGT: ya no representan a la base de la pirámide de ingresos, sino que su preocupación central estaba basada en los 800.000 asalariados del tope mejor pago, que quedaba afectado por el nuevo impuesto a las Ganancias.
En aquel momento, se hizo una dura advertencia a los legisladores y gobernadores peronistas para que no acompañaran el regreso de Ganancias. Y las medidas de fuerza se tomaron en contra de la opinión de Cristina Kirchner y Sergio Massa, que aconsejaban ir tomando medidas más gradualistas, para recién ir al paro general cuando se sintiera a pleno el malhumor social por la suba de tarifas.
Ahora, en cambio, la situación luce completamente invertida: son los políticos los que quieren exacerbar la protesta y polarizar con Milei, mientras los sindicatos están negociando paritarias que, en la mayoría de los casos, les permiten una recuperación del salario.
El paro al Gobierno a contramano de las estadísticas
El problema de la CGT -y la oportunidad en bandeja para el gobierno- es que este paro ocurre «a destiempo» de las estadísticas. Hace pocos días se conoció el nuevo censo de pobreza e indigencia, que marca una caída de 15 puntos, por el efecto de la baja de la inflación.
El 38,1% de pobreza para el segundo semestre de 2024 no sólo implicó una mejora respecto del récord de 52,9% que se había registrado en el primer semestre del año pasado -tras el pico inflacionario ocurrido en el arranque de la gestión de Milei- sino que, además, supone también una mejora respecto de la marca que dejó el gobierno de Alberto Fernández, que había sido de 41,7 por ciento. Como le gusta recordar al gobierno y sus partidarios, la CGT no convocó nunca a una protesta en los cuatro años de la gestión de Alberto.
También se registró una caída de casi 10 puntos en el índice de indigencia -el que marca la cantidad de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria diaria para reponer nutrientes-, que ahora se ubica en 8,2%. También en este caso se mejoró el nivel heredado por la gestión peronista, que había dejado una indigencia del 11,2%.
Y a esto se agregan los datos de mejora de la actividad. En la jornada previa al paro se había difundido la estadística de febrero para la industria manufacturera -una mejora de 5,6% interanual y de 0,5% respecto del mes anterior. Y también la construcción, uno de los sectores que habían sido más golpeados por la recesión, mostró una recuperación de 3,7% interanual.
Favores de Estados Unidos y China para Javier Milei
Pero todo gobierno sabe que la verdadera forma de derrotar a un paro sindical es generar un hecho político que se transforme en la noticia del día y que termine opacando a la protesta.
Y lo tuvo, gracias a los dos contendores de la nueva Guerra Fría mundial: Estados Unidos y China.
Primero, el secretario de Finanzas estadounidense, Scott Bessent, confirmó su visita a Argentina para la semana próxima, algo que reavivó las versiones sobre una posible ayuda financiera bilateral -es decir, una línea crediticia separada de la que apruebe el FMI-, así como la concesión de beneficios en la nueva política arancelaria.
Y mientras el gobierno se ocupaba de que esa noticia subiera al primer puesto del ranking informativo en los medios y en las redes, apareció la otra novedad importante: el Banco Popular de China -equivalente al Banco Central- confirmaba la renovación por un año del swap de monedas -un tramo ya activado por u$s5.000 millones- que le permitió a Milei sostener las reservas.
En definitiva, una jornada a pedir de Milei: la CGT le ayudó a polarizar el escenario político justo cuando más lo necesitaba, y las buenas noticias del exterior lo ayudaron a disimular la volatilidad financiera de las últimas semanas.
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ECONOMIA
Jornada financiera: las acciones petroleras salvaron a la Bolsa del pesimismo global y el riesgo país superó los 600 puntos
Los indicadores de Wall Street volvieron a zona negativa este viernes, con un descenso en un rango de 1,7% a 2,2%, una tendencia que definió la suerte de las bolsas internacionales, aunque los títulos argentinos resistieron mejor a la tendencia.
El barril de petróleo Brent del Mar del Norte ganó 5,7% en el día, a USD 114 para los contratos con entrega en mayo, un máximo desde julio de 2022, ante la falta de avances en la escalada bélica en Oriente Medio.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 0,9% en pesos, a 2.793.846 puntos. En Wall Street, el ADR de YPF escaló 3,4% luego del fallo a favor de la Argentina por la estatización de la petrolera en 2012. Vista Energy ganó 2,6%, a USD 74,21 un récord histórico.
Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió 33 unidades para la Argentina, en los 615 puntos básicos, condicionado además por la suba de rentabilidad de los bonos del Tesoro de los EEUU, cuyo Treasury a diez años rinde 4,44% anual.
El dato saliente de la rueda fue el falló en favor de la Argentina de parte de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que anuló la sentencia que obligaba al Estado nacional a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF.
“La decisión representa un alivio financiero significativo para el país y tiene impacto directo en variables clave como el riesgo país, los bonos soberanos y la performance de YPF en Wall Street”, consideraron los expertos de IOL.
El petróleo Brent alcanzó los USD 114 el barril y reavivó las tensiones en los mercados bursátiles
“La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EEUU revirtió el fallo de USD 16.000 millones contra la República Argentina. Esta decisión elimina un riesgo contingente sobre el crédito soberano y detiene los esfuerzos de cobro, lo que fue recibido positivamente, brindando un soporte a las valuaciones soberanas el día viernes en un contexto de risk-off global”, evaluó el equipo de Research de Puente.
Los trader argentinos siguieron de cerca el desarrollo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que aviva temores inflacionarios globales, impulsa al dólar y refuerza las expectativas de un aumento de las tasas de interés.
En ese sentido, el presidente estadounidense Donald Trump extendió por segunda vez el plazo que vencía este viernes e Irán ahora tiene hasta el 6 de abril para reabrir el Estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de destruir sus plantas energéticas si no lo hace.
Rebotó el dólar
El dólar operó en alza este viernes, con una demanda más marcada tras el anuncio oficial de reducción de encajes bancarios a partir de abril, aunque la divisa terminó con pérdidas en un balance semana.
Con un discreto monto de USD 337,1 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista ascendió este viernes 14,50 pesos o 1,1%, a $1.382,50, para interrumpir una serie de tres caídas consecutivas. Vale subrayar que el jueves el tipo de cambio oficial tocó en $1.368 un piso desde el 14 de octubre de 2025.
El Banco Central comunicó este jueves que bajará los encajes a partir de abril, en pos de inyectar más liquidez en la economía y darle impulso a una actividad que crece solo en algunos sectores, poco intensivos en empleo. Los economistas prevén que la iniciativa favorecerá una reducción de las tasas de interés.
“Para evitar un impacto inflacionario, el organismo aclaró que la liberación de estos fondos no implicará necesariamente una mayor emisión, ya que los bancos podrán integrar esos recursos mediante la compra de títulos públicos”, afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.
El Banco Central informó que la banda superior del esquema cambiario se ubicó en los $1.649,13, que dejó al dólar oficial a 266,63 pesos o un 19,3% de ese límite para la libre flotación.
El dólar al público avanzó 15 pesos, a $1.405 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de la semana cedió cinco pesos o 0,4 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.404,43 para la venta y $1.353,61 para la compra.
El dólar blue volvió a operar a “contramano” del oficial, con baja de diez pesos o 0,7%, a $1.415 para la venta.
El Banco Central compró USD 48 millones en el mercado, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 176 millones, a USD 43.712 millones, con la ayuda de la suba de 2,6% de la cotización del oro, a USD 4,521.30 la onza.
El presente de debilidad para el dólar se produjo en simultáneo con las compras de constantes del Banco Central en el mercado de cambios, por más de USD 4.000 millones desde el 2 de enero, con una divisa que quedó casi a un 20% debajo del techo de las bandas y escasas expectativas de devaluación en el corto plazo, tal como se reflejó en los precios de los contratos de dólar futuro, donde la postura para fin de año se negoció a $1.671, un 22% por encima del precio presente.
North America
La Constitución Nacional le otorga al Poder Ejecutivo la facultad exclusiva de reglamentar las leyes que sanciona el Congreso Nacional cuando afirma: “Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”.
En 2010 se sancionó una Ley de Glaciares que no existe en ningún otro lugar del mundo y no por casualidad; la gran mayoría de sus artículos nunca fue reglamentada. Esto demuestra la poca seriedad, los escasos conocimientos y la verdadera intención espuria de quienes impulsaron la norma. El asunto no era la protección hídrica; el objetivo principal era prohibir la industria minera en cordillera. El contraste con Chile evidencia que dicho objetivo fue alcanzado de manera contundente.
Desde 2014, luego de escuchar a los principales glaciólogos del planeta y de comprender, a partir del conocimiento científico, la dinámica de los ambientes en altura y su relación con el agua, propusimos una reglamentación de la Ley 26.639. Nos enfocamos en el objetivo declarado: resguardar las consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas, expuesto en su primer artículo, dejando de lado las emociones.
Prohibir la minería por el ínfimo consumo de agua que requiere -agua que incluso podría obtenerse del océano Pacífico- equivale a prohibir el uso de automóviles, colectivos y camiones que funcionan con nafta o gasoil por contaminar el aire
Prohibir la minería por el ínfimo consumo de agua que requiere -agua que incluso podría obtenerse del océano Pacífico- equivale a prohibir el uso de automóviles, colectivos y camiones que funcionan con nafta o gasoil por contaminar el aire con gases de efecto invernadero, que aumentan la temperatura del planeta y, en consecuencia, derriten glaciares.
Cuestionamientos y contexto
Vale analizar el significado de reserva estratégica: acciones que buscan reservar productos o artículos que gobiernos, organizaciones o empresas retienen del uso normal en función de una estrategia, ante eventualidades inesperadas. Así existen reservas de productos básicos como alimentos o petróleo, que en tiempos de escasez (por inundaciones, sequías, conflictos bélicos) permiten superar crisis temporales.
Sin embargo, no existe prueba teórica ni práctica de que los glaciares puedan convertirse en una reserva estratégica. Si dejaran de llover o nevar, ¿Cómo podrían utilizarse esas supuestas reservas? En los últimos cinco años, San Juan perdió un 27% de sus áreas glaciarias, y el aumento del caudal en sus ríos no pudo medirse por ser insignificante frente al volumen que aporta la nieve de invierno y su derretimiento en primavera.
Al parecer, los legisladores de 2010 omitieron decretar en la ley que el clima del país no aumente su temperatura y, con ello, evitar el derretimiento de gran parte de nuestros glaciares. Desde 1910, cuando comenzaron los registros de previsión anual del agua disponible en la provincia de San Juan, nunca se consideró el aporte hídrico de los glaciares.
Nuestros ríos responden a un régimen níveo térmico: dependen primero de la nieve, luego de escasas lluvias en un clima desértico y, finalmente, de reservas subterráneas
Nuestros ríos responden a un régimen níveo térmico: dependen primero de la nieve, luego de escasas lluvias en un clima desértico y, finalmente, de reservas subterráneas que hoy están amenazadas por la sobreexplotación agrícola.
Debate legislativo y participación pública
Si dejara de nevar, ¿de dónde saldría el agua que necesitamos? ¿Derretiríamos glaciares como en Fahrenheit 451 se quemaban libros? ¿Alcanzaría para un año de consumo ese descongelamiento? ¿Y luego? Así de absurdas son las premisas en que se fundamenta lo legislado. Las estulticias que a diario escuchamos aún tienen espacio en un país donde el respeto por la Verdad como valor en el debate prácticamente se ha perdido.
No era necesario reformar ninguna ley en el Congreso. Bastaba con que el presidente Javier Milei hiciera uso de sus facultades constitucionales. Seguramente Greenpeace, diversas ONG y la Pastoral Social celebrarían la discusión, mientras algunos estudios jurídicos quedarían agradecidos. Los argentinos comunes están hartos de simulaciones, espectáculos y el desprecio por las normas y la ciencia. Las consecuencias: la industria minera postergando el inicio de grandes proyectos, miles de empleos retrasados, compatriotas abatidos en la pobreza humana.
Un decreto que reglamentara el artículo de la ley de glaciares hubiera sido suficiente. Solo hacía falta precisar el criterio de “significancia hídrica”. Así de sencillo:
Artículo 1°: Se considerará reserva estratégica a todo glaciar y/o ambiente periglacial que contribuya a la recarga de cuencas hidrográficas de manera significativa. Se entiende por contribución significativa al aporte hidrográfico que represente al menos 1% del total del aporte hídrico a una cuenca determinada. El total se determinará por la suma anual, en porcentaje, de los distintos aportes a la recarga: precipitaciones de agua y nieve, derretimiento de glaciares descubiertos y de aquellos de roca o escombros en el permafrost.
Los legisladores de 2010 omitieron decretar en la ley que el clima del país no aumente su temperatura y, con ello, evitar el derretimiento de gran parte de nuestros glaciares
En 2010, en Uspallata, Mendoza, se realizó una audiencia pública por la Ley de Glaciares con más de 2.000 anotados que, en su mayoría, leían: “yo no le doy licencia social al proyecto San Jorge”. Ahora, son más de 80.000 inscriptos quienes participan; las órdenes de agrupaciones y corrientes ideológicas han surtido efecto. ¿Cuántos de ellos saben distinguir ambientes glaciarios, crióticos, permafrost o entender la importancia relativa de los aportes a una cuenca hídrica? Tal vez asistimos a un fenómeno nuevo de identificación colectiva con la causa, repleto de participantes que se autodenominan glaciólogos.
Desde 2014 lo hemos propuesto: era necesario reglamentar la Ley 26.639 con un instrumento constitucional y científico, pero las prioridades políticas se han impuesto sobre el conocimiento.
El autor es Diputado Nacional mandato cumplido y exsubsecretario de Minería de la Nación
Senado
Durante la primera mitad del mandato de Javier Milei se logró esquivar una hiperinflación inminente, ejecutar correcciones económicas y políticas de fondo, y alcanzar una buscada estabilidad en el proceso.
Estas medidas permitieron reencauzar la dinámica macroeconómica hacia una trayectoria de crecimiento después de quince años.
El cambio de paradigma fiscal se consolidó como núcleo del actual modelo de gestión: el equilibrio en las cuentas públicas eliminó la dependencia de la emisión para financiar gastos como salarios y jubilaciones, sustentando ahora esas erogaciones con la recaudación impositiva.
Esto facilitó un proceso histórico de desinflación que redujo la inflación desde máximos de más de treinta años hasta mínimos en ocho años.
Paralelamente, se avanzó con el cumplimiento del programa financiero y de las promesas de campaña -como la remoción del control cambiario, la eliminación de la brecha y el Impuesto PAIS, y la reducción de retenciones lo que impulsó una mejora reputacional visible en la caída del índice de riesgo país de más de 2.700 puntos básicos en la administración de Alberto Fernández hasta 600 pb en la actualidad. También es el nivel más bajo en ocho años.
Dudas sobre la continuidad de la mejora económica
El proceso de normalización tuvo una pausa: la mejora sostenida de los niveles de actividad, salarios y reducción de la inflación desde mediados de 2024 se detuvo a finales de 2025. Esta interrupción generó interrogantes sobre la trayectoria futura: ¿continuará mejorando la situación en los próximos veinte meses, o la fase de recuperación ya concluyó?
La incertidumbre sobre el rumbo económico se acentuó con el repunte de la inflación. Luego de alcanzar un mínimo de 1,5% en mayo de 2025, el índice subió a 2,9% en febrero de 2026. A pesar de que la inflación minorista pasó del 211% anual en 2023 al 31% en 2025 y la mayorista del 274% al 26%, en los últimos tres trimestres se observó una aceleración inflacionaria.
La incertidumbre sobre el rumbo económico se acentuó con el repunte de la inflación
Los procesos de desinflación no son lineales y requieren tiempo prolongado. Israel demoró más de diez años en alcanzar inflaciones de un dígito anual, y Chile, más de veinte. La situación argentina, que partió de una inflación cercana al 300%, difícilmente podía converger a un solo dígito anual en apenas dos años de manera directa y sin sobresaltos.
Obstáculos que ralentizaron el proceso desinflacionario
Existen dos factores principales que hicieron que la inflación no descendiera más rápidamente:
El primero fue el riesgo político durante las elecciones legislativas. El incremento del índice de riesgo país antes de los comicios reflejó el temor a una reversión del actual rumbo económico, lo que generó una caída en la demanda de activos argentinos y de dinero, desatando volatilidad, dolarización de portafolios -el índice de riesgo país subió de unos 650 a 1.400 puntos básicos en solo cuatro meses- y una depreciación del tipo de cambio del 30% en ese período.
Ese episodio quedó superado, al menos hasta el avance de 2027, cuando la incertidumbre electoral vuelva a ser relevante. El segundo obstáculo fue el programa financiero heredado. La deuda pública representaba el 100% del Producto Bruto Interno y el índice de riesgo país estaba por encima de 2.700 pb, junto a la deuda con importadores superaba los USD 50.000 millones que se resolvió utilizando los Bopreal. Hasta ahora, se ha encarado este desafío recurriendo a la colocación de nueva deuda para extender plazos y bajar tasas, y mediante la compra de dólares con fondos provenientes del superávit fiscal primario.
También se monetizó la economía mediante la reducción de los pasivos monetarios de corto plazo (antes llamados leliqs). La emisión de base bajó de un ritmo de 90% interanual a un 36% desde finales de 2023 a la fecha, aunque sigue en valores positivos, lo que contribuye a que la inflación no sea aún menor.
El pago de la deuda y la gestión del tipo de cambio
El Gobierno priorizó la acumulación de dólares y la extensión de plazos de deuda frente a una reducción más acelerada de la inflación. Entre 2026 y 2027, Argentina debe afrontar vencimientos por unos USD 35.000 millones.
El acceso limitado a los mercados voluntarios de crédito obliga a acumular divisas en el Banco Central, apalancado además por las metas de acumulación de reservas acordadas con el FMI.
Reducir la inflación del 300% al 30% era urgente. Bajarla del 30% al 10% corresponde a una etapa de consolidación macroeconómica. Por ello, la administración optó por canjear deuda para extender plazos y reducir cupones, y comprar dólares en el proceso.
La acumulación de dólares también cumple con el objetivo de evitar una apreciación excesiva del tipo de cambio.
Reducir la inflación del 300% al 30% era urgente. Bajarla del 30% al 10% corresponde a una etapa de consolidación macroeconómica
El crecimiento de las exportaciones de energía y agro -con exportaciones récord de USD 87.000 millones en 2025- introduce presión para fortalecer el peso. Esto explica por qué el tipo de cambio se mantuvo en torno a $1.400 durante siete meses pese al aumento estacional de demanda de dólares y a una inflación mensual todavía próxima al 3 por ciento.
Además, la mayor oferta de divisas se proyecta para el segundo trimestre del año producto de la estacionalidad de las exportaciones, lo que sumará presión al tipo de cambio.
Permitir una apreciación pronunciada del peso perjudicaría al sector industrial y a economías regionales menos competitivas que el agro o la energía. Por eso, las compras de dólares actúan como freno de esa dinámica. El costo de esta estrategia es perceptible: la inflación desciende más lentamente, especialmente si continúa la inestabilidad internacional, lo que podría encarecer los combustibles y sumar presión inflacionaria.
La inflación desciende más lentamente, especialmente si continúa la inestabilidad internacional, lo que podría encarecer los combustibles y sumar presión inflacionaria
Otras prioridades del Gobierno incluyen llegar a 2027 con reservas elevadas y un programa financiero robusto. Esto reduce el riesgo de crisis de balanza de pagos y limita la exposición ante la incertidumbre electoral. Llegar con más dólares al período preelectoral se percibe como un factor de tranquilidad para los mercados.
El efecto neto es que la inflación demorará algo más en converger a valores cercanos a un dígito, pero se mantiene la solidez en el saldo de divisas y la estabilidad financiera.
En 2025, la economía creció 4% interanual, acompañada de máximos en consumo privado y actividad económica.
Perspectivas para la segunda mitad del mandato
Se proyecta un ritmo elevado de compra de dólares por parte del Gobierno. En lo que va de 2026 se han acumulado cerca de USD 3.300 millones y, considerando el ciclo favorable de precios de las materias primas y cantidades exportadas, junto a la mayor oferta estacional de divisas en el segundo trimestre, es plausible que la acumulación de reservas supere los USD 8.000 millones antes de terminar la primera mitad de 2026. Esta cifra cubriría una parte relevante de los intereses de deuda de este año.
Respecto a la inflación, la persistencia de tasas cercanas al 3% mensual al inicio de 2026 ubica el pronóstico anual en torno al 25%, por debajo del 31 registrado en 2025, aunque algo por encima de estimaciones previas. Si las condiciones se mantienen constantes, los valores bajarían aún más en 2027.
El superávit primario muestra perspectivas firmes de continuidad hasta el final del actual mandato, lo que marcaría una novedad en la historia fiscal reciente del país.
El superávit primario muestra perspectivas firmes de continuidad hasta el final del actual mandato, lo que marcaría una novedad en la historia fiscal reciente del país
Las exportaciones seguirían creciendo y el superávit comercial se consolidaría.
Los precios internacionales de las materias primas atraviesan una fase especialmente favorable (Bloomberg Commodity Index sube 28% interanual) y los incentivos para producir y exportar se fortalecieron luego de la reducción de retenciones, la eliminación de la brecha cambiaria y la desregulación económica.
Entre las reformas, destacan la eliminación del sistema barril criollo -que fijaba precios locales del petróleo por debajo del internacional- y de la 125 para el sector energético, que imponía retenciones móviles.
Un factor que podría reactivarse es la intermediación financiera: el restablecimiento de préstamos hipotecarios, debido a la caída de la prima de riesgo local y la normalización del sistema bancario, potenciaría el crédito y la actividad económica a partir del segundo semestre de 2026.
En este contexto, la actividad económica mantiene potencial de expansión igual o superior al 3% en 2026 y 2027, sustentada por el desarrollo del agro, la minería, la energía y el sector financiero.
El autor es Economista
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