En la Argentina comparar precios nunca fue ni será una opción. Aun cuando la inflación comenzó a desacelerarse, el bolsillo sigue obligado a ejercitar una gimnasia diaria: mirar etiquetas, recorrer góndolas —físicas y virtuales—, aprovechar promociones y, sobre todo, comparar.

Lo que muestra un relevamiento de 13 productos de consumo masivo en cinco grandes cadenas de supermercados que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) realizado por iProfesional es que, si bien las diferencias se achicaron, todavía hay dispersiones que pueden convertirse en un ahorro significativo para quienes se toman el trabajo de buscar.

El recorrido abarcó a Carrefour, Coto, Jumbo, Vea y Día, cinco nombres que se reparten buena parte de las compras en el AMBA. Cada uno con su historia, su origen y su público objetivo.

• Carrefour, de origen francés, combina hipermercados y locales express. Apunta a un público amplio: familias de clase media que buscan variedad de marcas líderes y también alternativas de su propia línea, Carrefour.
• Coto, empresa argentina con fuerte implantación en Capital y el conurbano, se dirige al mismo segmento, con una clientela fiel acostumbrada a las ofertas semanales y al «Coto, yo te conozco» que aún resuena en el imaginario.
• Jumbo, propiedad del grupo chileno Cencosud, es la apuesta «premium»: locales más grandes, mejor ambientados y con una oferta que incluye productos importados o de alta gama. Su target son los sectores medios y altos que valoran calidad, incluso pagando un plus.
• Vea, también parte de Cencosud, juega en otra cancha: supermercados más populares, precios competitivos y una marca blanca, Cuisine & Co., que se convirtió en alternativa real frente a las líderes.
• Día, de origen español, tiene un anclaje fuerte en barrios populares, con locales más chicos, precios bajos y su marca propia como estandarte. Allí conviven las grandes marcas con segundas líneas que muchas veces cuestan la mitad.

Este mosaico de identidades explica buena parte de lo que aparece cuando se comparan los precios: un mismo paquete de arroz o un mismo pan lactal puede costar lo mismo en todos lados o, según el caso, hasta un 15% más.

Precios al detalle: de la yerba al detergente

Los valores corresponden a precios finales regulares, sin descuentos ni promociones, relevados en las páginas oficiales de cada cadena.

• Arroz Gallo Oro 1 kg: $2.500 en Jumbo, Carrefour y Vea; $2.550 en Coto; $2.570 en Día.
• Aceite Cañuelas 900 ml: $3.150 en Jumbo; $3.000 en Vea; $2.850 en Coto, Carrefour y Día.
• Yerba Mañanita 1 kg: $5.200 en Jumbo y Vea; $4.690 en Coto; $4.239 en Carrefour; $4.542 en Día.
• Café Nescafé Dolca 170 g: $11.225 en Jumbo; $11.225 en Vea; $10.610 en Coto; $10.240 en Carrefour; $9.554 en Día. Aquí, la brecha supera los $1.600.
• Pan Bimbo 610 g: $6.800 en Jumbo; $6.450 en Vea; $6.434 en Coto; $6.430 en Carrefour y Día.
• Detergente Cif 500 ml: $3.450 en Jumbo; $3.300 en Vea; $3.255 en Carrefour; $3.253 en Coto; $2.774 en Día.

Si se suman los trece artículos de la canasta, la diferencia total entre el supermercado más caro y el más barato puede superar los $5.000, suficiente para una compra extra de carne o verduras en la semana.

Cuando el precio es el mismo… pero no del todo

Hay productos donde las cinco cadenas coinciden: los fideos Matarazzo Tallarín N°5, por ejemplo, figuran a $1.750 en todas. Lo mismo la Coca-Cola de 1,75 litros sabor original, que se mantiene en $3.800 sin importar el supermercado.

Pero incluso en esos casos hay letra chica. Jumbo, que suele ubicarse en el segmento alto, ofrece la segunda Coca-Cola al 50%. Así, comprando dos, el precio por unidad baja a $2.850, más barato que en Día, Carrefour, Vea o Coto. Un recordatorio de que mirar promociones puede cambiar el resultado final de la compra.

El impacto de la inflación más baja

El fenómeno de la dispersión de precios fue más notorio cuando la inflación corría al 10% mensual: cada cadena remarcaba con distinta velocidad y la diferencia podía ser del 30% o más. Hoy, con la inflación más baja, esas brechas se achicaron.

Esto no significa que desaparecieron. El mercado minorista argentino es libre, y cada cadena define su política de precios según su estructura de costos, acuerdos con proveedores, posicionamiento y público. Para el consumidor atento, eso es a la vez un desafío y una oportunidad: implica dedicar tiempo a comparar, pero también la posibilidad concreta de ahorrar.

Otro dato del recorrido es el contraste entre las marcas líderes y las marcas propias. Día y Vea, por ejemplo, ofrecen paquetes de arroz o botellas de aceite con su etiqueta propia a precios sensiblemente menores que los de Gallo o Cañuelas. Y aunque no estaban en este relevamiento —centrado en productos idénticos—, conviene tenerlo presente: en algunos casos la brecha supera el 40 por ciento.

En el otro extremo, Jumbo empuja en sentido inverso: a la góndola de marcas tradicionales suma opciones prémium, importadas o gourmet, que elevan aún más el ticket final.

Lo que queda claro

El ejercicio de comparar demuestra que, aun en un escenario de menor inflación, los precios no son homogéneos. Hay diferencias mínimas en algunos rubros y diferencias notables en otros. Para una familia que compra con atención, esa búsqueda puede traducirse en varios miles de pesos menos cada mes.

La conclusión es clara: conviene comparar antes de comprar. Y si además se aprovechan las promociones, el ahorro se multiplica.

La República Argentina presentó anoche, en la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York, sus fundamentos de apelación contra la orden de entrega de las acciones de YPF.

La medida se da luego del fallo de primera instancia de 2023 de la jueza Loretta Preska que obligó al estado local a pagar USD 16.000 millones -cifra que escaló a más de USD 18.000 millones por los intereses que corren desde entonces– a Burford Capital, el estudio ingles que compró los derechos de litigio en esta causa y es el principal beneficiario.

El Estado local apeló ese fallo “madre” del que comenzará a haber presentaciones de las partes el mes que viene. Mientras tanto, y por que el sistema judicial así lo permite, Burford intenta cobrar accionando en el estrado de Preska. Así, entre otras medidas, pidió quedarse con las acciones que tiene el Estado (51%) en la empresa. Esa solicitud tuvo una serie de apelaciones y fallos, y Argentina presentó hoy los argumentos para no perder esa tenencia.

Son argumentos que Argentina ya había manifestado y que la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el cuerpo de abogados del Estado que encabeza Santiago Castro Videla y que lleva la defensa del caso, junto a estudios de EEUU, resumió de esta manera:

1. “Violación de la inmunidad soberana: la práctica y el derecho estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado en el extranjero está absolutamente protegida frente a embargos o ejecuciones. El Congreso norteamericano, al sancionar la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) en 1976, estableció excepciones a dicha inmunidad solamente para bienes situados en EEUU, nunca para bienes fuera de su territorio”.
2. “Interpretación errónea del derecho de Nueva York: se aplicó indebidamente la norma de ‘turnover’, que jamás fue diseñada para obligar a un Estado soberano a transferir activos desde su propio territorio».
3. Inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas (“FSIA”) al caso: las acciones de YPF no están ‘en los Estados Unidos’, nunca fueron ‘utilizadas en una actividad comercial en EEUU’ ni ‘en la actividad comercial que dio origen al reclamo’, requisitos exigidos por la FSIA.
4. “Violación del derecho argentino e internacional: la orden judicial fuerza a Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 exige la aprobación del Congreso por mayoría especial para cualquier transferencia de esas acciones. Además, contradice el principio de cortesía internacional (’comity’) y la doctrina del acto de Estado (’act-of-state doctrine’), pilares de las relaciones entre naciones”.

En resumen, entregar las acciones violaría la inmunidad soberana argentina e imposibilidad de aplicación porque las acciones no están en EEUU ni fueron usadas con fines comerciales. El escrito lo presentaron Carmine D. Boccuzzi y Rathna J. Ramamurthi, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

“El Gobierno de los Estados Unidos, en sus dos presentaciones previas en apoyo de la posición argentina, ya advirtió que la orden de entrega “no tiene precedentes” y que, de confirmarse, pondría en riesgo los intereses norteamericanos en el exterior al abrir la puerta a represalias contra activos de EE.UU. en otros países», dijo la PTN.

“La República Argentina confía en que la Corte de Apelaciones revertirá esta decisión y reafirmará el respeto a la soberanía de los Estados y a las normas fundamentales del derecho internacional”, cerró el organismo local.

La causa sigue con un movimiento de fechas que pidieron en conjunto Argentina y Burford, que deberá aprobar Preska.

Las próximas fechas según el “expedite briefing” solicitado por la República Argentina: el 14 de noviembre vence el plazo para la presentación de argumentos escritos de los demandantes; y el 12 de diciembre es el vencimiento de plazo para argumentos de réplica de Argentina y solicitud de fijar la audiencia de resolución ”lo antes posible».

Claro, esas fechas se cruzan con el comienzo de la cuestión de fondo, el fallo condenatorio de primera instancia, que decidirá si la decisión de Preska es correcta o no (Burford también apeló que en 2023 YPF se haya quedado afuera de la causa). Esa instancia comenzará a ser tratada por la corte de Apelaciones –aún no se sabe con qué jueces– el mes que viene, la semana posterior a las elecciones legislativas. Se espera que si hay un fallo en ese sentido, la resolución de la entrega de las acciones quede supeditada a él.

Se trata de una maraña judicial de fallos, apelaciones y presentaciones cruzadas que lleva una década, pero parece estar cada vez más cerca de una resolución. Como sea, Argentina ya avisó que no negociará con Burford y agotará todas las instancias de apelación, incluso hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de EEUU.

El gobierno volvió a festejar una licitación de deuda del Tesoro. Era algo que hacía mucho tiempo no le pasaba. Y, por cierto, no le faltaron argumentos, dado que con el «rolleo» de 130% logrado el viernes, renovó por completo la deuda por $5,6 billones que se vencía, y además reabsorbió liquidez por $1,7 billones.

«Datazo», fue el contundente comentario de Javier Milei cuando el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, publicó el detalle del resultado de la licitación.

El gobierno se encontraba en plena euforia porque, al mismo tiempo, se conocía el dato de que el Tesoro había comprado dólares por casi u$s1.350 millones. Esto implicaba no solamente la recuperación de lo que el Banco Central había vendido la semana anterior, sino también que la recompra se había realizado a una cotización de $1.326. Es decir, recompró $148 más barato de lo que vendió.

Era comprensible que, en ese ánimo de mostrar buenas noticias, el gobierno haya preferido no poner el foco sobre los datos no tan buenos, que también los hubo. Por ejemplo, que más de la mitad del dinero que le dieron los bancos -un 53,6%- fue para comprar bonos «dólar linked», que se ajustan igual al tipo de cambio oficial más un premio variable según la fecha de vencimiento.

Estos bonos no son, en general considerados un instrumento para obtener una gran renta, sino una forma de cobertura, porque ofrecen una especie de «seguro contra devaluación». Hasta hace pocos meses, cada vez que el Tesoro ponía en su «menú» estos bonos y luego había baja o nula demanda, lo festejaba ruidosamente, porque lo interpretaba una señal de confianza en la política cambiaria del gobierno.

Siguiendo esa misma línea de razonamiento, debería inferirse que el pasado viernes el mercado le dijo a Toto Caputo que tiene una expectativa alta de que el esquema de banda de flotación no continúe vigente después de la elección legislativa de octubre. De hecho, los $3,9 billones colocados en estos bonos son un récord absoluto desde la asunción de Milei.

Masiva demanda de cobertura en dólares

De hecho, uno de los bonos de mayor demanda fue el que tiene vencimiento al 31 de octubre -o sea, una semana después de la elección, a pesar de que no paga ningún premio. En contraste, el título «dólar linked» que vence en abril, tuvo una demanda mucho menor, a pesar de que ofrece una tasa de 2%.

Esto habla de una voluntad del mercado por tomar cobertura, algo que ya se había evidenciado el jueves, cuando sorpresivamente se generó un fuerte volumen de operaciones en el mercado de futuros A3. En algunos casos, como los contratos a mayo 2026, la suba de la cotización llegó al 70%. Y todas las posiciones correspondientes al año próximo se ubicaron, otra vez, por encima del techo de la banda de flotación. Hablando en términos de tasas, implicaría pagar hasta 60% anualizado por tomar el «seguro de devaluación».

Por un lado, fue una situación sorpresiva, dado que quienes habían tomado coberturas en las últimas semanas sufrieron grandes pérdidas -se estiman en $700.000 millones, que embolsó el Banco Central-. El dolor de esas pérdidas fue tan grande que hasta hubo quejas en el mercado en el sentido de que el estilo de intervención oficial estaba poniendo en riesgo la utilidad del mercado de futuros como herramienta financiera.

Sin embargo, retornó una fuerte demanda y, por consiguiente, también la oferta. El BCRA volvió a intervenir, y recién cuando se formalizó la oferta de los bonos «dólar linked» para calmar el apetito por cobertura se produjo el desinfle de las cotizaciones en los futuros.

Las tasas siguen altas

El otro dato que el gobierno se esmeró en disimular fue la persistencia de tasas muy altas para el sector de bonos en pesos. El Tesoro debió convalidar una renta anualizada de 53% para los bonos con vencimiento a noviembre y de 63% para los que pagan a fines de enero.

Es cierto que implica una leve mejora respecto a la anterior licitación del 10 de septiembre, cuando la tasa había sido de 59,6%, pero igualmente el mercado sigue demostrando que ve un riesgo al optar por la permanencia en pesos, aun después de que el Banco Central haya hecho un recorte en la tasa por la línea para prestarles dinero a los bancos -cayó de 35% a 25%-.

Claro que es una tasa aceptable si se compara con el momento de pánico del mercado, cuando el Tesoro llegó a pagar un 75,6% tras el caos creado por el fin del régimen de las LEFIs que le daban refugio «overnight» a la liquidez bancaria. Pero, de todas maneras, el fondeo que consiguió Caputo sigue implicando una tasa de 3,6% mensual para corto plazo y de 4,16% mensual para las letras a cuatro meses.

En un contexto de inflación de 1,9%, estas tasas no parecen justificadas si no se incluye en el análisis la cuestión cambiaria: son cifras que transmiten implícitamente una expectativa devaluatoria.

Es definitiva, el Tesoro sigue absorbiendo liquidez a un precio alto, muy lejos de los tiempos del «Punto Anker», en los que comunicaba como un dato positivo los «rolleos» menores a 100%, porque eso implicaba una expansión del crédito al sector productivo.

La atención, ahora, está en si el BCRA afloja su dura política de encajes, que implica la inmovilización del 53% de los depósitos en el sistema financiero. Entre los directivos de los bancos hay una expectativa de que en el corto plazo se pueda bajar esos niveles, lo cual facilitaría un proceso de caída de las tasas.

Expectativa devaluatoria: mirando el vaso medio lleno

¿Es necesariamente una mala noticia el hecho de que el mercado se esté preparando para una devaluación? A primera vista, no, porque si hubo un reclamo hacia el gobierno en los últimos días fue, precisamente, que aprovechara el «efecto Bessent» para acumular reservas, lo cual implicaría pasar a un esquema de flotación cambiaria.

No es algo sobre lo que el gobierno haya dado señales, naturalmente, porque en pleno cierre de campaña electoral, cualquier amago de turbulencia podría traducirse en pérdida de votantes. De manera que no está claro si la expectativa es de un dólar más alto por efecto de un nuevo sistema de flotación o si se tratará de una crisis forzada por el mercado.

En todo caso, Caputo sí parece haber tomado nota del «clamor» para que, esta vez, aproveche el shock exportador del agro e intente captar la mayor parte posible de los u$s7.000 millones que ingresaron las empresas cerealeras.

Faltan dos días para que se termine de liquidar el grueso de esa exportación, por lo que el mercado estará atento a ver si la estrategia del ministro dio buen resultado. Caputo buscó «correr de la cancha» a posibles competidores en la compra de dólares.

Parte de esa estrategia fue, precisamente, absorber liquidez del mercado con las licitaciones, los altos encajes bancarios y la emisión de bonos dólar linked.

Y, además, se agregó la polémica medida de impedir el «rulo» por el cual quienes compraban dólares en el mercado oficial los revendían a una cotización más alta en el «contado con liqui». Hubo un inmediato efecto negativo: la brecha entre ambas cotizaciones saltó del 4% a un 11%.

Pero, en medio de la ola de críticas, Caputo pudo comprar dólares a un precio inusualmente bajo, lo cual da indicios de que, si su estrategia era que no hubiese más jugadores pujando por hacerse de dólares, el objetivo se logró.

En definitiva, las compras que el Tesoro logre hacer lunes y martes darán la respuesta final sobre si se trató de otra «masterclass» del ministro o de una regulación errónea que erosionó la confianza del mercado.