A las iniciativas presentadas por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE) contra la Ley de Modernización Laboral, se sumó la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que también avanzará con acciones judiciales contra la reforma, una vez que la norma sea promulgada oficialmente.

Desde la organización gremial que lidera Pablo Biró detallaron que presentará una medida cautelar ante la Justicia Nacional del Trabajo para suspender la aplicación de la ley de la reforma laboral, al considerar que varios de sus artículos son «manifiestamente inconstitucionales». Remarcaron que existen disposiciones que afectan de forma directa la actividad aeronáutica y que vulneran derechos colectivos esenciales, como el derecho a huelga y la realización de asambleas.

A través de un documento, subrayaron que «no permaneceremos pasivos frente a un intento de retroceso en derechos», advirtiendo que defenderán «con firmeza, en todos los ámbitos necesarios» los intereses y garantías de los pilotos.

Cuándo Pilotos concretará la presentación ante la Justicia 

Biró es uno de los referentes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que encabezan los dirigentes Abel Furlán (Unión Obrera Metalúrgica, UOM), Rodolfo Aguiar (Asociación Trabajadores del Estado) y Daniel Yofrá (Federación de Aceiteros). Además, participan gremios como Vialidad, Marítimos, Portuarios y Jerárquicos de Energía, y las conducciones de las dos CTA (de los Trabajadores y Autónomos).

Según fuentes de APLA, la presentación ante la justicia se concretará una vez que la ley sea promulgada, instancia que habilitará la presentación del recurso y el pedido de suspensión de su vigencia mientras se analiza el planteo de fondo. La misma estrategia será llevada adelante por la CGT y AGAE.

En pleno debate de la reforma laboral, Biró expresó: «Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a este proyecto porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva en nuestra actividad».

Qué significa la reforma laboral para la CGT

Sobre la ley de la reforma laboral aprobada por amplia mayoría en el Congreso, Cristian Jerónimo -uno de los cotitulares de la CGT- expresó: «No estamos dispuestos a resignarnos ni a rendirnos» frente a un gobierno que «lo único que le interesa es la especulación financiera y deja desguarnecidos a los sectores más pequeños de nuestro país». Sostuvo que la nueva normativa está dirigida a «una economía que excluye, y que lo único que prioriza es concentrar la riqueza en los que más tienen y romper la matriz productiva».

Destacó que «ojalá estuviésemos hablando realmente que incluye a todos esos trabajadores y trabajadoras que están en el sector informal», pero que, por el contrario, se va a profundizar una realidad en la que «todos los que están en el sector formal están perdiendo su trabajo».

Sobre la movilización que realizaron frente a Tribunales, dijo que sirvió para «demostrar el rechazo y el repudio a esta ley» y para rechazar que «todos los días nos levantamos con menos puestos de trabajo, con menos empresas», en el contexto de «una crisis social que es bastante crítica».

Jerónimo aseguró que «es responsabilidad de todos nosotros poder construir una alternativa que vuelva a enamorar a un conjunto y que vuelva a generar previsibilidad y esperanza para transformar los destinos de la Argentina» y aseguró que «la CGT es un actor preponderante para garantizar un proceso que le devuelva la dignidad a nuestro pueblo, que le devuelva el trabajo, que priorice la producción, el desarrollo y el trabajo, la inversión productiva y que cuide nuestros recursos naturales, nuestra soberanía».

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York programó para el 16 de abril una audiencia clave en el juicio por la expropiación de YPF, donde se discutirán tanto las apelaciones de entrega del 51% de las acciones a los beneficiarios del fallo por USD 16.100 millones como la solicitud de discovery sobre chats de funcionarios y ex funcionarios. En ese contexto, la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina recibió una confirmación inusual: el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó participar activamente en la audiencia para exponer oralmente en defensa de la posición argentina.

La intervención de la cartera judicial estadounidense constituye un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que pide formalmente un espacio para hablar en favor de la Argentina en el marco del proceso judicial que enfrenta al país con Burford Capital. El pedido oficial de la Procuración incluyó una solicitud para ampliar el tiempo de exposición, con el objetivo de que el representante estadounidense cuente con una mayor intervención durante la audiencia.

La decisión de Estados Unidos de presentarse “codo a codo” junto a la defensa argentina representa la segunda señal concreta de apoyo del país norteamericano en la causa tras el escrito presentado a fines de febrero ante la Corte de la jueza Loretta Preska para manifestar su oposición al pedido de los fondos demandantes de declarar al país en desacato y aplicar sanciones económicas.

La jornada del 16 de abril incluirá las apelaciones por el fallo de Preska que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF (turnover), la presentación realizada por la ONG Republic Action for Argentina (RAFA) y el discovery sobre chats de funcionarios y ex funcionarios.

Este nuevo movimiento del Departamento de Justicia no es un hecho aislado, sino la profundización de un giro estratégico que comenzó a visibilizarse a fines de febrero. En aquel entonces, la administración de Donald Trump ya había marcado la cancha ante la jueza Loretta Preska mediante un escrito de 29 páginas que funcionó como un “escudo” diplomático para la Casa Blanca.

En ese documento, Washington fue tajante al advertir que castigar a un Estado soberano en tribunales locales podría generar un efecto bumerán, afectando la reciprocidad que el propio gobierno estadounidense espera recibir en cortes extranjeras.

La disputa se centró en la fase de intercambio de pruebas o discovery. Los demandantes habían solicitado a la justicia neoyorquina la aplicación de multas coercitivas de USD 1 millón por día y la ejecución de “sanciones de preclusión”.

¿Qué buscaban con esto? Que la jueza asumiera como un hecho que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas son simples “alter egos” del Estado, facilitando así el embargo de sus activos. Sin embargo, el respaldo de EE.UU. subrayó dos puntos que la defensa argentina, liderada por la Procuración del Tesoro, sostiene como banderas.

Por un lado, el Departamento de Justicia consideró que exigir comunicaciones privadas de altos funcionarios (como chats de WhatsApp o correos de Gmail) resulta incompatible con las normas de cortesía internacional.

Por otra parte, se destacó que el país ya entregó más de 115.000 páginas de documentación, demostrando voluntad de cooperar dentro de los límites de su inmunidad soberana.

Si bien en febrero la Casa Blanca intervino mediante una “presentación de interés espontánea” (sin llegar a ser un amicus curiae formal), lo que ocurrirá el 16 de abril escala la apuesta. Por primera vez, el apoyo dejará de ser solo de papel para convertirse en una defensa oral frente a los tres jueces de la Cámara de Apelaciones.

Para los analistas del caso, como Sebastián Maril, este patrón muestra que Estados Unidos ha decidido jugar un rol activo en temas específicos como la entrega de acciones (turnover) y el desacato, aunque todavía mantiene cautela respecto al fondo de la apelación principal por los USD 16.100 millones. Aun así, para la estrategia argentina, contar con el representante del Departamento de Justicia hablando “codo a codo” en la audiencia es un activo político y legal que busca inclinar la balanza en un momento de máxima tensión financiera.

En los supermercados como Carrefour, Coto y Jumbo, los repositores pertenecen al gremio de Empleados de Comercio y es por eso que reciben un sueldo en marzo en el marco del último acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias.

El esquema, según las escalas de sueldo del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 para el período comprendido entre diciembre de 2025 y abril de 2026, incluye sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000 para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, que dejarán de abonarse desde abril, mes en el que los básicos se integrarán plenamente. 

Por lo tanto, la suma de $40.000 se seguirá pagando mensualmente hasta marzo de 2026 y en abril, el pago correspondiente a marzo se incorporará definitivamente al salario básico y se establece una nueva suma fija no remunerativa de $60.000, que se abonará en los meses de diciembre de 2025, y enero, febrero y marzo de 2026. Al igual que la anterior, el pago de marzo se incorporará al básico en abril de 2026.

Cuál es el sueldo de un repositor de supermercado Coto, Carrefour y Jumbo en marzo 2026

Si bien los repositores cumplen una tarea clave en el funcionamiento cotidiano de supermercados y autoservicios, no cuentan con una categoría propia dentro de la escala salarial. El Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que abarca a todo el personal mercantil —desde cajeros y administrativos hasta vendedores, personal de maestranza y auxiliares—, no los reconoce de manera específica, sino que los encuadra dentro del agrupamiento de Auxiliares.

En términos prácticos, esto significa que los repositores cobran el salario básico asignado a las categorías Auxiliar A, B o C, de acuerdo con las tareas que realizan y las características del comercio en el que se desempeñan. Sus ingresos se ajustan conforme a las paritarias del sector mercantil, siguiendo la misma dinámica de aumentos que el resto de los trabajadores incluidos en ese encuadre.

Con el último aumento obtenido por el gremio liderado por Armando Cavalieri, un repositor de supermercado Coto y Carrefour cobrará como sueldo básico la siguiente suma, según la subcategoría a la que pertenezca, más el bono:

• Categoría A: $1.171.091
• Categoría B: $1.178.740
• Categoría C: $1.203.985

Todos los empleados de comercio, incluyendo los repositores, pueden recibir adicionales por horas extra, presentismo, antigüedad y otros beneficios. Por ejemplo, los empleados de comercio reciben un 1% adicional sobre su salario básico por cada año trabajado. Para calcularlo, se debe considerar tanto los montos remunerativos como los no remunerativos.

Empleados de Comercio: así quedó la escala salarial más bono para marzo 2026

A continuación, los salarios de bolsillo estimados para marzo 2026, por categoría, incluyendo básico y bonos:

Cajeros

• Categoría A: $1.171.091
• Categoría B: $1.176.448
• Categoría C: $1.183.333

Vendedores

• Categoría A: $1.171.091
• Categoría B: $1.194.044
• Categoría C: $1.201.690
• Categoría D: $1.218.519

Maestranza

• Categoría A: $1.155.795
• Categoría B: $1.156.852
• Categoría C: $1.169.560

Administrativo

• Categoría A: $1.167.268
• Categoría B: $1.171.860
• Categoría C: $1.176.448
• Categoría D: $1.190.218
• Categoría E: $1.201.690
• Categoría F: $1.218.519

Auxiliares Generales

• Categoría A: $1.171.091
• Categoría B: $1.178.740
• Categoría C: $1.203.985

Auxiliares Especiales

• Categoría A: $1.180.274
• Categoría B: $1.194.041

Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

Cuándo se volverá a discutir la paritaria

El acuerdo salarial firmado tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2026. Más allá de ese plazo establecido, las partes firmantes -la FAECYS en representación de los trabajadores y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA por el sector empleador- dejaron asentado el compromiso de volver a reunirse en marzo de 2026.

En ese encuentro se evaluará la evolución de las principales variables económicas registradas a lo largo del acuerdo, con especial atención al comportamiento de la inflación y su incidencia sobre el poder de compra de los salarios.

Esta cláusula de revisión habilita a sindicatos y empresarios a anticipar una eventual reapertura de la negociación antes del vencimiento del convenio, con el fin de introducir ajustes si el escenario económico así lo requiere.